30 mil desaparecidos - Numeros polémicos
Graciela Fernández Meijide comparte en este libro su intensa experiencia en la primera fila de la defensa de los derechos humanos en plena dictadura militar, luego de la desaparición de su hijo Pablo. Y destaca que los dos listados de la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Eduardo Luis Duhalde, suman, en total, 7.954 desaparecidos.
El general Viola, hombre fuerte del Ejército y futuro presidente de la dictadura, estaba plenamente confiado en que el gobierno militar podría ejercer control sobre los pasos a dar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El propósito de los organismos, en particular el de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, era hacer todo cuanto estuviera a nuestro alcance, para derrotar esa convicción.
Obtener repercusión sobre la cuestión de los desaparecidos dentro del país era casi imposible. Por eso para muchos de nosotros, no de todos en la APDH, los foros internacionales constituían una oportunidad muy importante de difundir los horrores que sucedían en el país y de presionar al gobierno para que cesara su plan criminal y brindara información sobre lo que ocurría con las víctimas.
Debido a eso le otorgamos una renovada importancia, desde mediados de 1978, a la acción de estimular a los familiares para que enviaran sus denuncias, con copias de los hábeas corpus, a la OEA y a las Naciones Unidas. Cuando algunos de ellos, por temor o por cualquier otro impedimento, no podían hacerlo, las enviábamos nosotros desde la sede de la APDH. A los denunciantes sólo se les demandaban datos imprescindibles de filiación, nombre, nacionalidad, edad, sexo, composición de la familia, profesión o trabajo y detalles sobre la denuncia –desaparición, detención arbitraria, tortura o asesinato– existencia o no de testigos y trámites efectuados ante instituciones de seguridad del Estado y la justicia del país. De acuerdo a los principios de la APDH, jamás requeríamos a la familia la ideología, ni la militancia política del afectado, y por lo tanto, tampoco se las especificaba en los documentos que salían al exterior.
Nuestro objetivo principal era consolidar un cuerpo de denuncias, serio y documentado, de tal magnitud que contribuyera a poner en juego, en el caso argentino, las intenciones declamadas de la nueva política de derechos humanos del presidente Carter. Por otra parte, la información que suministrábamos era una manera amigable de presionar a la CIDH de la OEA, para que insistiera en demandar al gobierno argentino su consentimiento para una inspección in loco.
Para lograr que la presentación del material reflejara con claridad la gravedad y alcance de lo que estaba sucediendo, acordamos en la APDH ordenar y clasificar los testimonios. Entre enero y febrero de 1979, leyendo hasta doce horas diarias, reorganicé alrededor de cuatro mil documentos que habíamos acumulado en nuestra sede. Los reuní bajo títulos tales como “Adolescentes detenidos-desaparecidos”, “Los niños desaparecidos”, “La familia como víctima de la represión” y otros similares. Cada uno de estos grupos fue distribuido a quienes se encargarían de la redacción de informes que luego serían capítulos de nuestro trabajo: Noemí Fiorito de Labrune, Augusto Conte, Alfredo Galetti y su mujer, Élida, Emilio Mignone, Carlos Axat yo misma y algunos otros. Se redactaron además, consideraciones descriptivas de la situación institucional, sobre todo en lo que respecta a la justicia, las cárceles, el trato en ellas y otras libertades avasalladas por la dictadura como la de pensar, escribir y publicar.
En mayo de 1979, un año después de la sorpresiva publicación de la lista de desaparecidos en el diario conservador La Prensa, su director, Máximo Gainza Paz, se negó a volver a publicarla –ahora actualizada con alrededor de dos mil nombres más– aduciendo “razones de oportunidad”. La Prensa fue un caso extraño en el panorama de los medios del país por esa época. Así como podía incluir en sus páginas el pensamiento –si así podemos llamarlo– bárbaro del general Ramón Camps, también le daba cabida a un periodista de cuño liberal como Manfred Schoenfeld que criticaba abiertamente los métodos represivos que avasallaban toda ley montados con alevosía en la mentira y el ocultamiento. Probablemente las razones de oportunidad invocadas por Gainza Paz tuvieran que ver con la intensa presión ejercida por el gobierno militar para intentar callar toda denuncia que pudiera volcar el juicio de la CIDH en su contra.
Ante la negativa del diario La Prensa –y por supuesto, de todos los demás medios– la APDH intentó imprimir una cantidad importante de ejemplares de la lista completa de desaparecidos para distribuirla en el país y en el extranjero. A tal fin se contrató a los talleres gráficos propiedad de la familia Alemann, editores del periódico en idioma alemán Argentinisches Tagleblatt. Los Alemann profesan el liberalismo en su faz económica pero en lo político adscribieron a la ultraderecha de la dictadura procesista, de la cual los hermanos Juan y Roberto Alemann fueron importantes funcionarios. Por ello no deja de ser sorprendente –en un caso parecido al del diario La Prensa– que hayan aceptado la impresión de la lista de los desaparecidos que habíamos elaborado hasta entonces. Ninguna otra imprenta había asumido ese riesgo pues las consecuencias para la vida y los bienes de sus responsables podrían ser terribles. Es obvio, entonces, que esa decisión no fue producto de la casualidad en un contexto, además, en el que estaba en juego la visita de la CIDH. Siendo improbable la intervención del azar o la aceptación del encargo por descuido, solo podemos inferir algunas hipótesis. Por caso, que la familia Alemann trató de jugar alguna clase de papel en la interna militar desatada alrededor de la visita de la CIDH a favor del sector de las palomas. Otra probabilidad es que impulsaran darle una impronta más legalista a la represión que se llevaba a cabo a través de un blanqueo de los secuestros y asesinatos bajo la figura de un estado de guerra y conmoción interna que los justificara. Este argumento fue usado años más tarde en la defensa de los altos mandos juzgados y condenados en el juicio a las Juntas Militares.
En agosto de 1979, las fuerzas de seguridad allanaron la editorial y secuestraron la lista y los ejemplares ya impresos a los que inútilmente se intentó recuperar con la interposición de un recurso de amparo. En la APDH se decidió utilizar nuestra propia pequeña estructura de prensa y publicamos un folleto cuyo título fue: Los 5. 580 desaparecidos.
Noticias desde el Viejo Continente
El 18 de setiembre de 1979, Enrique y yo viajamos a Europa. En Francia, nos encontraríamos con Pablo Nemirovsky, el novio de Leonora Zimmerman. Por otro lado, en Londres había concertado una entrevista en Amnesty Internacional con Tricia Feeney .
En cuanto llegamos a París, llamamos a Pablo Nemirovsky porque necesitaba hablar con él para terminar de hacerme un cuadro de lo sucedido con nuestro hijo. Cuando llegó al hotel donde nos alojamos, lo vimos triste, conmovido. Nos contó cuánto le costaba adaptarse a su nueva vida y cómo al principio lo obsesionaba la idea de volver y entregarse a cambio de Leonora. Además nos confirmó que Pablo, nuestro hijo, no formaba parte de la juventud guevarista en la que él, María, Leonora y Eduardo, habían militado y que en la época de los secuestros hacía tiempo que estaban totalmente desvinculados. Cuando se fue, tras un largo abrazo, salí a caminar por las calles de París y tengo el recuerdo de haber visto sólo a jóvenes. Jóvenes paseando, riendo, besándose, tocando música. No podía parar de llorar.
El 29 de septiembre, una semana después de la salida de la CIDH, el jefe del III Cuerpo del Ejército Luciano Menéndez, se sublevó. En París, con Hipólito Solari Irigoyen tratábamos de entender qué estaba pasando aunque no necesitábamos demasiados datos para inferir que la reacción estaba íntimamente relacionada con la invitación que el gobierno de Videla había cursado a la CIDH. Menéndez, un “halcón”, percibió claramente que se había abierto una puerta imposible de cerrar. Cuando nuestros hijos nos tranquilizaron al contarnos que el golpe había sido sofocado, confirmé a Tricia Feeney que viajaríamos a Londres donde nos quedaríamos unos días. Quería consultarme acerca de dos testimonios de argentinos sobre los que estaban trabajando en Amnesty.
En cuanto nos vimos, Tricia me contó que estaban tomando declaración a dos hombres que habían escapado de un centro clandestino de Argentina. Cuando me dio los nombres reconocí el de Horacio Guillermo Cid de La Paz porque su tía, Ethel Díaz, había presentado la denuncia sobre su desaparición en la APDH. Sabía por ésta que había salido del país aunque ignoraba en qué circunstancias ni por cuáles medios. No conocía, en cambio, el nombre del segundo, Oscar Alfredo González. Tricia me informó que llevaban unos días tomando el testimonio de ambos, se alivió al comprobar que, efectivamente, al menos uno era veraz y me ofreció encontrarme con ellos, pero no acepté esta última proposición. Estaba tan acongojada después de la entrevista con Pablo Nemirovsky que no sabía cuál podía ser mi reacción. Le propuse leer durante los cuatro días que permaneceríamos en Londres lo que ellos desgrababan y devolverles preguntas atinentes.
La última tarde que nos encontramos, Feeney me entregó una copia de declaraciones que se habían hecho públicas en el ámbito de la Asamblea Nacional Francesa y que acababa de recibir. Eran los testimonios de personas que, habiendo permanecido entre uno y dos años secuestradas en distintos centros clandestinos –la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en la Ciudad de Buenos Aires; La Perla, en la provincia de Córdoba y Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires- habían sido puestas en libertad con documentos en regla otorgados por el propio gobierno militar y trasladadas a México, Venezuela, Francia o Suiza. El relato sobre Campo de Mayo, con mapas muy detallados y exactos –como pudimos comprobar en 1984, durante la investigación de la Conadep–fue hecho por Juan Carlos Scarpatti; los de la ESMA por Sara Solarz de Osatinsky, Alicia Pirles y Ana María Martí y los de La Perla por Graciela Geuna, Liliana Callizo y Piero Di Monte. El abogado Eduardo Luis Duhalde, socio y amigo de Rodolfo Ortega Peña, refugiado en Europa después de que éste último fuera asesinado por la Triple A, había creado también en España la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU). Esta organización había recogido los testimonios de éstos y otros liberados y los había organizado.
Estos ex militantes montoneros que con coraje tomaron la decisión de abandonar el anonimato y quebrar el compromiso de silencio que seguramente habían contraído con sus captores-liberadores, denunciaron las circunstancias de sus propios secuestros, describieron las torturas que se practicaban para el interrogatorio de los prisioneros, dibujaron los planos de los lugares donde habían permanecido y, en muchos casos dieron nombres de los oficiales de las fuerzas armadas y de seguridad que “trabajaban” en esos centros. Abrieron ventanas que permitían, por primera vez, conocer las entrañas de los siniestros “chupaderos” como se llamaba a los centros clandestinos de detención y que confirmaban aquello que hasta entonces habían sido especulaciones, rumores, sospechas. Había sido inútil que los militares “despejaran el campo” como le había prometido Viola al embajador de Estados Unidos.
De todas esas revelaciones, por razones obvias, lo que más me impactó fue la información sobre el destino de otros secuestrados de los que dieron nombres, apodos o datos físicos que permitieron posteriormente identificarlos. En referencia a la mayor parte de éstos, explicaron el significado de la palabra “traslado”: el trágico destino final que podían ser los “vuelos de la muerte”, fusilamientos o, como en el caso de Norma Arrostito, envenenamiento. Todos estos testimonios mantienen una estructura bastante similar y dan cuenta de la muerte –con el eufemismo de “traslado”– de varios miles de detenidos, mujeres y hombres inermes. Por supuesto leí cada nombre esperando y temiendo encontrar el de nuestro hijo. No estaba, pero sí el de los hijos de varios padres y madres que trabajaban conmigo o a quienes había conocido tomándoles las denuncias en la APDH. Buscábamos la verdad y cuando la alcanzábamos, nos encaraba con nuestros afectos y los de las personas que nos rodeaban y nos enfrentaba con un problema de orden político. En este sentido, los organismos de familiares levantaban la consigna “aparición con vida” que sintetizaba la exigencia: “con vida los llevaron con vida los queremos”. Desafiaban a los militares con una demanda legítimamente intransigente –resistida en el ámbito de los partidos políticos y en algún sector de la APDH– que podría verse debilitada ante la evidencia de los asesinatos masivos. Ya había tenido lugar una discusión sobre este tema en Europa. Cuando empezaron a llegar las Madres, la consigna “aparición con vida” planteó una contradicción con la prédica de los refugiados cercanos a la Cadhu. Dice Duhalde: “Si hablábamos de detenidos con vida aunque fuera en cárceles desconocidas, clandestinas, ante los organismos de derechos humanos internacionales, no lográbamos el mismo eco que si denunciábamos un genocidio”. Los exiliados políticos que vivían en el exterior intentaban movilizar conciencias y lograr adhesiones de organismos internacionales y objetivamente, los testimonios de los liberados de ESMA, La Perla y Campo de Mayo –por coincidencia fortuita o decisión táctica– aportaron a esa estrategia que tal vez haya dado lugar en 1977 a la cifra de 30 mil desaparecidos.
Cifras en la actualidad
Al terminar su mandato, la Conadep había recibido 7.380 denuncias de desapariciones por razones políticas producidas entre el 24 de marzo de 1976 y 1983. ¿Por qué entonces el anexo al Informe Nunca Más incluye los datos de casi 9 mil personas desaparecidas? La diferencia numérica estriba en que, con ayuda de ONGs y de organismos nacionales, extranjeros e internacionales, se procesaron e incluyeron denuncias formuladas ante ellos y no formalizadas ante la Conadep. Con el paso del tiempo, la lista fue depurada. Seguramente se suprimieron nombres repetidos y errores que se habían cometido por el apremio del corto plazo otorgado.
Para actualizar las cifras, solicité en enero de 2009 en la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia de la Nación, la lista definitiva de desaparecidos. Con cortesía me contestaron que no “la están dando”. Sin embargo, respondieron afirmativamente cuando pregunté si podía tomar como válida la que la propia Secretaría exhibe en su página de Internet.
En ésta hay dos listados, uno con todos los datos, tal como en el anexo del Nunca Más, y otro con el nombre de víctimas de desaparición o ejecución sumaria de los cuales sólo consta el nombre o poco más. En el primero se detallan datos de filiación y lugar y fecha de la desaparición de 7.030 personas, en el segundo el nombre de otras 924.
Por otra parte, los muros del Parque de la Memoria exhiben los nombres de 8.875 personas desaparecidas por razones políticas desde 1969 a 1983.
Las que siguen son las cifras de personas desaparecidas recopiladas por Comisiones de la Verdad de países limítrofes: Brasil, 135 (Nunca Mais, Brasil); Uruguay, 33 en ese país y 111 en Argentina (Nunca Más, Uruguay); Chile, alrededor de mil (Informe Rettig, Chile).