Por qué los presidentes argentinos son abogados?
Algunos se recibieron con diploma de honor. Otros, camuflados en la intrascendencia del montón. Y alguno que otro, de bochazo en bochazo, dada su mayor afición por las actividades extracurriculares -la obvia militancia política u ocupaciones menos trascendentales- que por los libros.
Federales, autonomistas, conservadores, radicales y peronistas. Veintidós de los 46 argentinos que, desde 1853, ejercieron la presidencia de la República tienen algo en común: eligieron la abogacía como profesión.
El porcentaje sería abrumadoramente mayor si se tomara para el recuento sólo a los que accedieron por vía constitucional. La segunda cantera de mandatarios no fue otra facultad, sino el Colegio Militar. Apenas cinco de ellos no accedieron por las botas, sino por los votos u otro mecanismo institucional. Y se trató de aquellos a los que la Historia reconoce tanta, o más, habilidad para la batalla política que para las armas: Justo José de Urquiza, Bartolomé Mitre, Julio Argentino Roca, Agustín P. Justo y Juan Domingo Perón.
Hábiles con la palabra y astutos para aprovechar cualquier vericueto del sistema. Profesionales entrenados para el litigio y la contienda, fogueados para la ardorosa campaña o el debate legislativo. Pero también, negociadores entrenados para la conciliación posterior. Pocos profesionales parecen tan aptos para la política profesional como los abogados.
Sin embargo, ese prolífico linaje de "presidentes de Ley" no es un invento argentino. Ya en su célebre El Político y el Científico -ponencia expuesta en 1919, que constituye uno de los "palotes" para cualquier aprendiz de politólogo-, el sociólogo alemán Max Weber explicó que, a partir del espíritu jurista que iluminó la política desde la Revolución Francesa, "la figura del abogado moderno va estrechamente unida con la moderna democracia".
"La importancia de los abogados en la política occidental desde que se constituyeron los partidos políticos no es, modo alguno, casual", sentenció.
dijo:La política, a través de partidos representativos, explicó, significa una "empresa de interesados". "La función del abogado es la de dirigir con eficacia un asunto que los interesados le confían", una misión para la cual, observó Weber, el profesional del Derecho es el más capacitado.
Desconfianza social
Pero esa masiva incursión en los asuntos públicos tuvo su costo, al menos, en la Argentina. En 2004, una encuesta encargada por el Colegio de Abogados de Buenos Aires develó que sólo un 14 por ciento de la gente tenía confianza en la profesión. Un prestigio similar al que, entonces, gozaba la Policía Federal (14 por ciento) y bastante menor al reconocimiento social que obtuvieron los médicos (84 por ciento), los ingenieros (75 por ciento) y los docentes (71 por ciento).
dijo:"Para el ciudadano común, la abogacía es percibida como un canal de acceso a la política y a las funciones de gobierno", una de las explicaciones que, durante la presentación de los resultados, barajó el responsable del trabajo, Manuel Mora y Araujo.
Arsenales dialécticos lanzados con la habilidad de quien sabe acomodar argumentos a favor de su causa. Hábil manejo de lo que el Código Electoral dice (y no dice) para judicializar la campaña y sus plazos. Artimañas de distinto calibre, de dudosa legitimidad pero lícitas al fin, para esmerilar contrincantes. Por estos días, los políticos de ley parecen estar en su juego.
Sin embargo, otras podrían ser las reglas en 2011. Entre quienes calientan motores para la próxima carrera hacia la Casa Rosada, hay dos ingenieros (el vicepresidente Julio Cobos y el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri), un médico (Hermes Binner) y dos ex deportistas: uno, devenido en productor agropecuario (Carlos Reutemann) y el otro (Daniel Scioli), con estudios en Marketing, especialidad acorde a su origen en el mundo comercial.
En todos los casos, gente cuyo background profesional los emparenta poco con las tradicionales formas de hacer política.
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