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NO SABÉS A QUIÉN VOTAR? LEE ESTO



Teniendo en vista las próximas elecciones legislativas y viendo la falta de criterio que hay en algunos casos a la hora de elegir un candidato, me decidí a buscar las plataformas de cada uno de los partidos con "más chances" de ganar y clasifiqué sus propuestas según el área, así todo aquel que no sabe a quién votar o que cree saberlo, se decida de forma definitiva, basándose en argumentos coherentes.



PARTIDOS



Frente Para la Victoria (Néstor Kirchner y Daniel Scioli)




PRO (Mauricio Macri, Francisco de Narváez, Gabriela Michetti y Felipe Solá)




Buenos Aires para todos - Proyecto Sur (Fernando "Pino" Solanas)




Partido Obrero (Ramal, Biasi, Altamira, Kohn y Pitrola)




Coalición Cívica (Elisa Carrió, Margarita Stolbizer y Alfonso Prat-Gay)






PROPUESTAS


Ahora les presentaré las propuestas de cada partido, resumidas por mí (Puesto que "da fiaca" leerlas completas) según sus plataformas. Recuerden que la cantidad de propuestas no tiene que ver con la calidad de las mismas.



SEGURIDAD




FRENTE PARA LA VICTORIA

Reestructuración del programa Jefas y jefes de hogar hacia un mecanismo de inserción laboral de los beneficiarios en el sector productivo y utilización de las redes sociales (organizaciones no gubernamentales, iglesias y Fuerzas Armadas) en un Plan Alimentario directo para asegurar la comida en cada hogar argentino.

Nota: Este párrafo tiene como título "Estrategia de defensa alimentaria, laboral, educativa, sanitaria y de seguridad". Sinceramente, no se en que momento habla de seguridad.



PRO

Su propuesta abarca tres componentes que consideran deben ser abordados simultáneamente: las fuerzas policiales, la justicia y la situación carcelaria.

Teniendo en cuenta estos componentes, proponen:

1) Mayor presencia y capacitación policial. Aumento de sueldos y tecnologías para la Policía.

2) Incorporar fiscales preparados para los delitos complejos, mejorando las investigaciones. Poner en marcha la Policía Judicial para asistir en estas últimas.

3) Reducir la cantidad de armas en circulación. Deben censarse las armas registradas, verificar los permisos vencidos y elevar los requisitos para obtenerlas.

4) Coordinar y controlar la seguridad privada. Crear los canales necesarios para que la seguridad pública y la privada estén en permanente contacto y así mejorar la detección temprana de delitos y su correspondiente sanción.

5) Promover los juicios penales íntegramente orales, para agilizar y transparentar las decisiones judiciales.

6) Mejorar la estructura del Ministerio Público con más capacitación, más recursos humanos y mayor infraestructura. Es necesario crear unidades especiales para delitos complejos y drogas; unidades para causas con autores ignoradas y habilitar nuevos canales de denuncia.

7) Promover la informatización y digitalización de las cuestiones atinentes a la seguridad. La era de la información debe llegar a la administración de la Provincia de Buenos Aires mediante el acceso online a registros de antecedentes, pedidos de captura, reincidencias, huellas digitales, etc.

8) Implementar una política integral para jóvenes en conflicto con la ley. Es necesario crear espacios de contención y asistencia. Crear instituciones especializadas que asistan a la salud física y mental de los jóvenes y aplicar políticas de reinserción escolar y apoyo a las familias de bajos recursos.

9) Construcción de más cárceles, para solucionar la superpoblación.

10) Promover campañas de información para padres y alumnos en las escuelas, que informen qué derechos asisten a la población y cuáles son los modos de ejercerlos.



PROYECTO SUR

1) Aplicación de un Plan Integral de Seguridad Metropolitana que actúe sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.

2) Control y regulación estatal del sistema de seguridad privada. En la Ciudad hay más de 400 empresas de Seguridad Privada y la regulación existente no es suficiente. Esto fomenta el negocio de la inseguridad. Es necesario implementar un sistema de concesiones por zona territorial para desbaratar la lógica de competencia por la inseguridad del mercado de la seguridad privada.

3) Reducción del circulante de armas de fuego, controlando la fabricación y la transferencia y persiguiendo los depósitos y arsenales. En la Ciudad de Buenos Aires circulan más de doscientas mil armas de fuego. Esto, además de facilitar el acceso a las armas por parte de quienes podrían cometer delitos, fomenta la cultura de la violencia y del miedo, y produce más muertes y lesiones.

4) Plan de prevención social del delito en la Ciudad. Hay que llevar a todos los barrios de la Ciudad las experiencias que se han desarrollado de trabajo con jóvenes en conflicto con la ley penal. Abordaje integral que trabaje en la reinserción social a través del trabajo, la educación, la cultura. Fomentar las redes de protección social del estado hacia los sectores en riesgo. La política de Prevención Social del Delito pretende asumir la complejidad de los procesos que llevan al individuo a la comisión de un delito. De esta manera se apunta al trabajo focalizando sobre las causas que inducen al mismo.

5) Otra policía: con un gobierno civil que la dirija y con una división clara entre quienes desempeñen sus tareas en la calle para prevenir el delito y quienes se dediquen a la investigación de los hechos delictivos. Transferencia de los fondos existentes para que esto sea posible.

6) Creación de un Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, que permita un tratamiento diferenciado para los menores que delinquen. Que exija al Poder Ejecutivo protecciones y reparaciones adecuadas a los intereses del niño y del joven y de la sociedad. Que haga co-responsable al Poder Judicial en el tema de la infancia y juventud infractora. Que legisle sobre la necesidad legal, racional y sensata de que existan circunstancias procesales/constitucionales merituables para el dictado de la prisión preventiva. Que elabore un sistema de programas y recursos suficientes para implementar medidas alternativas al “encierro” que le permita al menor infractor tejer lazos sólidos, sanos y sin violencia y que incluya la obligación de la responsabilidad de sus actos. Necesitamos una justicia ágil, con presupuesto adecuado y participación popular que garantice ecuanimidad y visión plural respecto a la gravedad de los hechos.



PARTIDO OBRERO

1) Deben ser destituidas las cúpulas policiales de la Federal y de la Bonaerense, por sus múltiples y comprobados lazos con el delito organizado. Debe establecerse una fuerza de seguridad ciudadana construida sobre nuevas bases; sus cuadros deben ser reclutados y seleccionados bajo el control de organizaciones sociales y de derechos humanos.

2) Los libros de guardia y partes diarios de las comisarías deben estar sometidos al control de representantes electos; solamente así vamos a terminar con las zonas liberadas y con el gatillo fácil y los chicos muertos en las comisarías.

3) Planteamos la elección popular de los jueces, para que rindan cuentas periódicamente ante la población sobre sus fallos.

4) Es necesario que los bancos abran sus cuentas y que sean directamente nacionalizados para poner fin al lavado de dinero; lo mismo vale para los casinos y la especulación inmobiliaria.



COALICIÓN CÍVICA

Se debe desarrollar una política enérgica de transformación institucional:

1) Reorganización del sistema institucional y de gestión política de la seguridad interior y la creación de nuevos mecanismos de coordinación regional y cooperación internacional. Se convocará de inmediato al Consejo Federal de Seguridad y se propondrá a todas las provincias la declaración de un período de Emergencia de Seguridad, con los adecuados recursos presupuestarios y fuerte énfasis en las medidas de prevención, como patrullajes, prevención situacional y control de armas. Se realizará un amplio y exhaustivo inventario de los recursos -personal, equipamiento, capacidades- de las fuerzas federales y las policías provinciales.

2) Revisar la actual ley de seguridad interior, junto con los gobiernos provinciales, para adaptarla a las reformas constitucionales y garantizar la efectividad de todos sus órganos.

3) Separar definitivamente las funciones de seguridad del Ministerio del Interior, no sólo para desvincular la gestión político institucional del manejo de las fuerzas de seguridad sino para permitir una atención preferente y de alto nivel a la demanda social de seguridad, favorecer el rediseño institucional y generar una responsabilidad política clara, visible y controlable. Debe integrarse el sistema de inteligencia para generar un mecanismo mas firme de coordinación y de responsabilidad política.


4) Uniformidad en la recolección de datos estadísticos, con amplitud en las categorías de análisis, incluyendo la de género.

5) Reorganización completa de las fuerzas de seguridad federales y el convenio de cooperación con las policías provinciales. Se debe coordinar el esfuerzo de seguridad de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, tendiendo a una creciente complementación de sus roles, para evitar conflictos de competencias y superposiciones.

6) Reorganizar y modernizar los elementos tecnológicos al servicio de la investigación, en especial los que facilitan el manejo de grandes bases de datos. Mediante instrumentos presupuestarios y contratos específicos con las provincias y municipios, serán impulsadas la sistematización de la información disponible, las estrategias asociativas en materia de equipamiento y la capacitación permanente ínter jurisdiccional de los cuadros de las distintas agencias e instituciones.


7) Municipalización de los programas de prevención, mediante un mecanismo de cooperación del Estado nacional que no reemplace la acción local, y de real participación
ciudadana que no funcione como chivo expiatorio de las responsabilidades estatales. Para ello se requiere una fuerte política nacional para dotar a esos municipios de los instrumentos necesarios para hacerlo, un sistema de evaluación y seguimiento y un programa de transferencia ordenada de recursos.

8) Crear un Consejo Nacional de Prevención del Delito, que coordine las políticas provinciales, municipales y nacionales. Para ello, se propiciará la convocatoria en todo el país de Juntas o Consejos Comunitarios de Seguridad y Prevención, con criterios de inclusión y participación de vecinos, autoridades y funcionarios de las agencias y organismos que tienen competencia en la prevención y en la imposición de la ley.

9. Traspaso de las funciones de seguridad de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. No sólo permitirá mejorar el plan de seguridad para dicha ciudad, con efectos benéficos para toda la zona metropolitana y el resto del país, sino que facilitará también el rediseño y la reorganización de las fuerzas de seguridad federales, abocadas a las competencias estrictamente federales.


10.) Traspaso de la justicia ordinaria a la Ciudad autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. Junto con las funciones de seguridad, debe transferirse íntegramente la Justicia Penal Ordinaria. Esta iniciativa permitirá reorganizar la justicia penal federal bajo criterios modernos, que combinen medidas para dotar de eficacia a la investigación, sin menoscabo de las garantías individuales. La Justicia Penal debe transferirse con su correspondiente estructura orgánica y con el respectivo presupuesto.

11) Dictar una nueva legislación procesal y modificar la Ley del Ministerio Público, para que sean los/as fiscales quienes lleven adelante las investigaciones y tengan bajo su dirección a la Policía Federal de Investigaciones (como Policía Judicial).


12) Elección del Jefe de la Policía Federal por su capacidad y antecedentes, así como por su compromiso con el sistema democrático y los derechos constitucionales, cuya estabilidad no dependa del cambio del ministro del ramo ni del presidente. Debe ser nombrado con acuerdo del senado, a través de un sistema público que permita la participación de la sociedad civil.


13) Selección de Agentes de la Policía. Las designaciones en los cargos deben estar exentas de todo manejo político o partidario, haciéndose por cánones de excelencia y aptitud para las tareas. Deberán realizarse por concursos públicos y abiertos, contando con un jurado independiente y respetando las reglas del Sistema de Mérito con las particularidades propias.

14) Capacitación de los Agentes de la Policía. Se pondrá especial énfasis en el trabajo formativo para que el policía actué sin estereotipos ni prejuicios de clase, género, religión, nacionalidad, zona de residencia, orientación sexual o política y edad.

15) Se debe reorganizar la Policía Federal y mejorar su eficacia, para recuperar la confianza de los ciudadanos en ella. No es admisible que una inmensa cantidad de agentes se
dedique a tareas burocráticas o no policiales, que pueden ser cumplidas por otras áreas del Estado, o por agentes civiles de otras reparticiones.

16) Creación de una Policía Federal de Investigaciones. Respecto de las áreas de investigaciones de la actual Policía Federal, se debe crear una Policía u Oficina Federal de Investigaciones, bajo la dirección del Procurador General de la Nación, encargado constitucional de las investigaciones y de la política de persecución penal e institución autónoma, sujeta al control parlamentario. De este modo la Gendarmería y la Prefectura Naval se deben convertir en las únicas fuerzas de seguridad federales, aumentando su capacidad de custodia de las fronteras y territorios federales, su capacidad de auxilio a los sistemas de seguridad provinciales y de la ciudad autónoma, y generando una mejor distribución de recursos entre el sistema de seguridad interior y los sistemas de defensa nacional, siempre manteniendo la clara división de funciones entre ellos.

17) Creación de un sistema concesionario para el mercado de la seguridad privada, acentuando que la seguridad como bien de todos y de servicio público. Ello proporcionará: máximo control posible; depuración de las empresas de seguridad; evitar que se fraccione la idea de seguridad; evitar que la inseguridad se convierta en negocio; asegurar el mejor control de armas, tanto en manos privadas como de las empresas. Es necesario un adecuado control del funcionamiento de las agencias, así como también de las condiciones laborales y
capacidades de sus trabajadores.


18) Redefinición del modelo de formación de los/as agentes de seguridad tanto públicos como privados; como también de los niveles de conducción y dirigenciales de la política de seguridad. La integración de los servicios públicos y privados bajo un esquema común de estrecha colaboración, abre las puertas a nuevos incentivos para la carrera profesional y la especialización.

19) Creación de fuertes mecanismos de control y monitoreo internos y externos sobre las fuerzas de seguridad y el sistema de seguridad. Los controles internos deben abarcar control de resultados así como de legalidad de procedimientos. En cuanto a las fuerzas de seguridad, se deben crear oficinas de responsabilidad institucional, que respondan con eficacia a las prácticas de abuso que puedan existir entre sus miembros. En el plano externo, se deben combinar mecanismos de control ciudadano permanentes y para decisiones concretas, así como fortalecer el control parlamentario. Se debe construir un cuerpo de Auditoría de Control Policía, independiente, ajena al gobierno y externa a la fuerza, especializado y formado para auditar las conductas, procedimientos y actitudes de todo el personal policial. El objetivo es detectar irregularidades, ilícitos y/o abusos de autoridad perpetrados por los miembros de la policía. También debe facilitarse a la ciudadanía la posibilidad de hacer denuncias por mal desempeño de la Policía a esta Auditoría.


20) Desarrollo de un nuevo y más exigente sistema de control de armas: para intensificar el control permanente a través del registro, limitar la tenencia de armas y controlar la venta a través de sistemas muy estrictos de concesiones con responsabilidad. Por otra parte, se debe realizar una acción de emergencia para sacar de circulación armas y
combatir el mercado negro y el contrabando.

21) Promover la integración regional e internacional de la seguridad para combatir delitos globalizados tales como el tráfico de niños/as, la trata de personas, entre otros.

22) Dotar a los recursos humanos a quienes se asigna el cuidado de la seguridad, los recursos materiales, así como la capacitación y el entrenamiento adecuado. En este sentido, se consideran de utilidad, entre otros: simuladores de tiro para agentes que pasan largos periodos sin entrenamiento; sistema de comunicaciones y bases de datos para estar en conocimiento de todo delito, en todo el país, en tiempo real, que permita conocer el “mapa actualizado del delito” en forma permanente.; armas no letales ni lesivas, que paralizan a quien está por cometer un delito, sin provocarle daños; cámaras en lugares públicos estratégicos, que sirven para vigilar, probar delitos, controlar el correcto accionar policial y preservar vidas humanas.

23) Reorganización completa del sistema carcelario nacional como instancia de rehabilitación y reinserción social, integrando de un modo más eficiente los recursos entre las provincias y la Nación.




EDUCACIÓN




FRENTE PARA LA VICTORIA

Compromiso educativo con un mínimo de 220 días de clase efectivos para los alumnos de todo el país. Expansión de becas educativas para reducir la deserción y la repitencia. Nuevo sistema de formación docente. Reformulación del proyecto educativo en todos sus niveles y del sistema de ciencia y técnica para recuperar excelencia y garantizar idoneidad, con el objeto de ponerlo al servicio de toda la comunidad.



PRO

Su meta principal consiste en recuperar el valor de la educación como el mejor camino para nuestros jóvenes. Proponen:

1) Encarar la lucha contra la deserción escolar en todos los niveles detectando, mediante un “mapa de educación urgente”, a los chicos y familias más necesitadas para darles una solución INTEGRAL a sus problemas que contemple becas de estudio, asistencia en salud, asistencia social, asistencia jurídica y asistencia psicológica y familiar.

2) Implementar un sistema de becas “Estudiar es trabajar” cuyo principal objetivo será la reinserción de los jóvenes, que no estudian ni trabajan, en el sistema educativo.

3) Garantizar el cumplimiento de los 180 días de clases, que hace al derecho constitucional a ser educado.

4) Efectuar las reformas edilicias necesarias estableciendo la obligatoriedad de las salas para niños de 4 años en todos los jardines de infantes de la Provincia y sus municipios, lo que permitirá contener a un importante número de nuestros chicos.

5) Impulsar la reforma de los contenidos curriculares adaptándolos a las actuales necesidades y habilidades técnicas y laborales, de modo de preservar y reforzar la relación entre la educación y trabajo.

6) Fortalecer la educación rural, técnica y agropecuaria como fuentes del capital humano necesario para el crecimiento de ese mercado, de las familias del interior, del desarrollo y la productividad de sus negocios.

7) Establecer un título intermedio en las escuelas técnicas para contrarrestar la deserción en este tipo de educación. Certificarán los estudios adquiridos que tendrán validez al finalizar los años obligatorios de educación en otras instituciones educativas.

8) Promover inversiones que sirvan para construir nuevas escuelas y mejorar la infraestructura de las ya existentes con agencias específicamente creadas para monitorear licitaciones, adjudicaciones, gastos y cumplimiento de las fechas.

9) Propiciar reformas en la política educativa tendientes a lograr el desarrollo de la responsabilidad en el alumnado, destacando y premiando el mérito como virtud, sin descuidar que el proceso de aprendizaje se desarrolle en un ambiente de seguimiento, contención y continua tutoría en todos los niveles.

10) Implementar programas de alfabetización para las madres y padres después del horario escolar o a contra turno, para que puedan participar plenamente de la educación de sus hijos, integrando verticalmente el sistema educativo.

11) Incorporar herramientas de gestión y autoevaluación de las escuelas y sus directivos, realizando seguimiento directo de cada escuela para la mejora de su gestión escolar. De manera tal que, mejorando el rendimiento de los docentes, se logrará una mejor calidad educativa para los chicos.

12) Incorporar nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje y en la gestión escolar, manteniendo el sistema de la Cédula y el Mapa Escolar como fuente única de consulta de datos educativos en toda la provincia. Impulsaremos el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza con modelos de capacitación y seguimiento continuo para los docentes.

13) Fortalecer las cooperadoras escolares para que sean vistas como verdaderos centros de administración de recursos donde las madres, padres y/o tutores puedan cooperar e involucrarse en forma efectiva en la comunidad.

14) Crear una Dirección Provincial de Escuelas Rurales y de Islas para atender las necesidades concretas y específicas de estas escuelas.

15) Impulsar la jerarquización de los docentes en función de sus conocimientos, preparación y títulos, con salarios acordes a su nueva categoría.; efectuando una reingeniería de la estructura salarial, previendo que el 100 % del sueldo sea pagado “en blanco”.

16) Diseñar nuevos programas de capacitación para los docentes, creando, entre otras, las especialidades de Docente Rural y Director de Escuelas.

17) Promover una nueva estructura de cargos docentes para profesores del secundario, similar a los del nivel primario, sectorizando las zonas de traslado.

18) Crear el “Marco de la buena enseñanza” para que todos los docentes tengan una guía con métodos de enseñanza y herramientas para el buen desempeño. De modo que todos los docentes de la provincia, accedan a mecanismos, novedades, incorporación de los nuevos contenidos curriculares, de nuevas estrategias y tecnologías aplicadas para la buena enseñanza.



PROYECTO SUR

En esta ciudad la privatización de la educación ha avanzado enormemente y esto se combina con una desigualdad inaceptable para las posibilidades en términos de financiamiento e infraestructura que tiene. La mitad de los jóvenes estudiantes secundarios van a escuelas privadas y la otra mitad que estudia lo hace en escuelas públicas. Pero esto se agrava cuando las escuelas privadas secundarias casi duplican a las públicas y tienen muchísimas mejores condiciones de infraestructura. El saldo es que la deserción es mayor a medida que nos acercamos más a las condiciones de pobreza.

Entonces proponemos, fortalecer la educación pública aumentando los flujos de financiamiento para la construcción de escuelas públicas según una planificación de las diferentes regiones ciudadanas, mejorar las condiciones de infraestructura del conjunto, democratizar su gestión. Mejorar las condiciones de trabajo docente buscando su participación en la producción de conocimiento pedagógico, mejorando sus condiciones salariales y combatiendo a las causas del deterioro psíquico creciente. Avanzar en un proceso de democratización del sistema educativo a través de instancias que aumenten realmente el protagonismo de los educadores y la comunidad en las decisiones que hacen a las cuestiones sustanciales del funcionamiento educativo. Desarrollar una política precisa y consensuada de des-mercantilización de la educación, blanqueo de la distribución de subsidios, des-mercantilización de la capacitación docente, producción estatal de materiales didácticos. Una política de distribución justa de las posibilidades de acceso a la escuela pública. Más jardines maternales, universalización la escuela de jornada completa y becas para todos los chicos/as con necesidades básicas insatisfechas.

***


A lo largo de las distintas gestiones y gobiernos en la Ciudad de Buenos Aires, la subejecución del presupuesto para infraestructura escolar, es la constante. En 2008 se ha ejecutado sólo el 19.7% del presupuesto para infraestructura escolar ($ 246,9 millones, sólo se ejecutaron $ 48,7 millones), explicando entre otras cosas por qué más de sesenta escuelas no tuvieron gas durante el 2008. El monto no ejecutado no se trasladó al presupuesto 2009 y se presupuestan $209 millones, es decir un 15% menos. Todo esto enmarcado en la baja del presupuesto educativo del 25.5% en el 2008 al 23.7% en el 2009 que ocasiona disminución de subsidios a las Cooperadoras (ej. La Escuela 6 del DE 8, recibió en 2008, $22000 menos de Mantenimiento), y la disminución de entrega de útiles escolares (entre los útiles que se distribuyeron a cada escuela, por ejemplo, les otorgaron sólo 30 sacapuntas)

Si a esto le sumamos que se suspendieron las obras de construcción de los Polos Educativos de La Boca, Barracas y Saavedra y de al menos 4 escuelas secundarias (EMEM Claudia Falcone); que lo presupuestado en el rubro Becas Escolares alcanza sólo para 32.000 becas, cuando son necesarias para garantizar el derecho social a la educación, 60.000 y que como contrapartida, se eleva en un 21% el monto destinado a subsidiar la educación privada. Podemos entender que en la Ciudad de Bs. As. se continúa con políticas que atentan contra lo público como espacio de todos los porteños para la construcción de una ciudad más democrática, justa e igualitaria.

En esta ciudad la privatización de la educación ha avanzado enormemente y esto se combina con una desigualdad inaceptable en términos de financiamiento e infraestructura entre la zona sur y la zona norte. La mitad de los y las jóvenes estudiantes secundarios van a escuelas privadas y la otra mitad que estudia lo hace en escuelas públicas. Pero esto se agrava cuando las escuelas privadas secundarias casi duplican a las públicas y tienen mejores condiciones de infraestructura. El saldo es que la deserción es mayor a medida que nos acercamos más a las condiciones de pobreza. Si a esto le sumamos que no hay vacantes en los Jardines Infantiles (hay cerca de 8800 niñas y niños entre 45 días y 3 años sin vacantes) y que la superpoblación en las escuelas primarias es cada día más creciente en la zona sur de la ciudad, la consecuencia es que se profundiza la desigualdad en las posibilidades de acceso al conocimiento

Ante ello se propone:

1) Fortalecer la educación pública a través del aumento de presupuesto para educación a un 30% para:
· Construir escuelas públicas planificadamente en las diferentes zonas de la ciudad,

· Mejorar las condiciones de infraestructura del conjunto de las escuelas,

· Universalizar la Ley 2917 sobre “Becas Escolares” a todos los niveles del sistema educativo,

· Mejorar las condiciones de trabajo docente, acrecentando sus salarios; logrando una retribución acorde con su función social; combatiendo las causas del deterioro psíquico creciente; profundizando la capacitación docente y no docente en servicio y concentrando la carga horaria de los y las profesoras dentro de la misma institución educativa.

· Organizar el trabajo en la escuela a través de paritarias, contemplando cantidad de estudiantes por curso según modalidad y nivel, planificando tiempos y espacios concretos para construir consensos institucionales.

2) Avanzar en un proceso de democratización del sistema educativo a través de instancias que aumenten el protagonismo de los y las educadores y la comunidad (madres, padres, auxiliares) en las decisiones que hacen a las cuestiones sustanciales del funcionamiento educativo, democratizando su gestión.

Para esto proponen la creación de un Consejo de Educación de la Ciudad, que gobierne la Educación, donde participen los trabajadores y trabajadoras de la educación, la comunidad educativa, los movimientos sociales y gremiales con elección democrática de sus representantes y que esté presidida por el Ministro de Educación de la CABA.

Esta democratización también debe atravesar la formación docente, la capacitación y la selección de contenidos curriculares.

Para ello proponen:

* Democratizar el funcionamiento de los establecimientos del sistema educativo a través de Consejos de Escuelas.
* Promover la participación en la Escuela de Capacitación de los docentes, de la comunidad educativa y de los movimientos sociales.
* Concurso público y abierto, de antecedentes y oposición para el ingreso y la promoción en la carrera docente en las instituciones públicas terciarias.
* Publicar el Diseño curricular para la formación docente.
* Revalorizar y reconocer a las organizaciones sociales de Educación Popular, integrando el sistema de educación formal con la Educación Popular.

3) Desarrollar una política precisa y consensuada de des-mercantilización de la educación a través de:

· Creación de un régimen de regulación de la educación privada que establezca y controle los criterios de distribución de subsidios y la comprometa en las orientaciones pedagógicas definidas para la ciudad. Transparencia en el manejo de los fondos públicos y el cuidado hacia el sector docente.

· Protagonismo efectivo de la comunidad escolar en la organización del comedor escolar.

· Devolución y aumento de los subsidios a las cooperadoras escolares.

· Des-mercantilización de la capacitación docente y su consecuente democratización.

· Producción por parte del estado de materiales didácticos.

4) Una política de distribución justa de las posibilidades de acceso, permanencia y egreso de la escuela pública a través de una política de asignación de recursos económicos materiales con origen en el presupuesto del estado, que apunte a democratizar la distribución del capital cultural afín al desarrollo de una ciudad con justicia, con autonomía y con democracia. Para ello proponemos:

· Ampliar la oferta de jardines de infantes de jornada completa desde el maternal hasta la sala de 5 años.

· Universalizar la escuela de jornada completa.

· Hacer efectiva la ley de becas escolares, eliminado las trabas y restricciones para el otorgamiento.

· Entregar de útiles escolares y guardapolvos.

· Fortalecer y ampliar los proyectos pedagógicos específicos para la incorporación de los niños, niñas y jóvenes que están fuera del sistema educativo.

· Asegurar la habitabilidad de las escuelas a través de un plan de inversión en infraestructura, donde se garanticen todas las obras necesarias, para asegurar el derecho a la educación en espacios seguros, confortables, higiénicos y con el equipamiento adecuado. Esto debe armarse teniendo en cuenta el principio de igualdad para todas las zonas de la Ciudad.

· Abrir los establecimientos educativos a actividades destinadas a generar espacios de pertenencia y de interacción social, para facilitar la convivencia armónica de alumnos procedentes de contextos sociales, económicos y culturales heterogéneos en cada escuela.

· Garantizar la plena pertenencia a la comunidad educativa y el acceso, permanencia, reinserción y egreso al sistema educativo, evitando hacer políticas focalizadas que generen “escuela para pobres”.

· Crear Equipos de Orientación Escolar en la totalidad de los establecimientos educativos, fortaleciendo las tutorías y área de orientación vocacional en el nivel secundario.


Para asegurar la Accesibilidad proponemos:

· Garantizar la integración de personas con necesidades especiales en la Educación Común y la articulación entre la Educación Especial y Común permitiendo el pasaje de una a otra área de alumnos en todas las modalidades y niveles.

· Promover el diseño de un plan anual participativo sobre Accesibilidad en las escuelas en el que se identifiquen las necesidades prioritarias por establecimiento y especifique las partidas presupuestarias. Este diseño debe estar integrado por la comunidad educativa y cada distrito estará a cargo de su ejecución.

· Garantizar el cumplimiento de las normas de accesibilidad vigentes, la implementación de todas las etapas (planificación, proyección, ejecución y monitoreo) de construcción o remodelación de establecimientos educativos.


PARTIDO OBRERO

No a las leyes antieducativas y privatistas de Menem, la Alianza y Kirchner. Educación nacional única, estatal, gratuita y laica. No a los subsidios a la escuela privada. Aumento del presupuesto educativo, para infraestructura y para aumento de salario a los docentes.



COALICIÓN CÍVICA

Los ejes fundamentales de la política educativa que propone La Coalición Cívica son los siguientes:

1) Reasunción del papel del Estado como responsable de la distribución democrática del conocimiento.

2) Recuperación del Rol del Estado Nacional como conductor y articulador de las políticas educativas y de los contenidos básicos de los programas.

3) Mantener y potenciar el compromiso del Estado Nacional y el de todas las provincias con la educación pública y gratuita, pero modernizando la misma de tal modo de adecuarla a las necesidades actuales, para garantizar a todo el pueblo el acceso, en condiciones de igualdad, al saber y a la cultura nacional, latinoamericana y universal.

4) Logro de una alta calidad de la educación para todos y en todos los niveles y modalidades, abarcando los ámbitos de la escuela y del más allá de la escuela.

5) Inscripción de la formación educativa de la ciudadanía en una política cultural más vasta, que recree la memoria, la verdad, la justicia, la autenticidad y la belleza.

6) Fomento del diálogo intercultural e interreligioso profundo de todas las culturas y del nuevo laicismo, desde la base del sistema educativo.

7) Aumento de la inversión educativa que permita alcanzar el porcentaje del Producto Bruto Interno necesario (como mínimo el 6%) para asegurar la gratuidad e igualdad de oportunidades en todos los niveles, remuneraciones justas a los/as docentes y condiciones de trabajo dignas e igualitarias. Ello se logrará mediante: la convocatoria a una gran paritaria nacional; la provisión adecuada de infraestructura y equipamiento; el acceso a recursos didácticos y tecnológicos para todas las escuelas. El presupuesto educativo no podrá ser menor, en sus montos, al del año anterior tanto en términos relativos como absolutos.

8) Revisión de los criterios de asignación de recursos (incluyendo los aplicados a la reforma a partir de los '90) en función de prioridades que resulten de un proceso de participación real para el diagnóstico y establecimiento de objetivos consensuados.

9) Creación de un Fondo de Financiamiento para la Igualdad Educativa para favorecer las condiciones de igualdad de enseñanza y aprendizaje en todo el territorio nacional mejorando las condiciones del proceso educativo para todos/as los/as alumnos/as y docentes del sistema.

10) Profesionalización y revalorización del docente mediante el otorgamiento de salarios dignos, la apelación al ejercicio del compromiso social y de su autonomía como profesional, la capacidad de construir trayectos de formación que aseguren su desarrollo personal y el mejoramiento de sus condiciones profesionales.

11) Establecimiento de una relación numérica docente - alumno que asegure la atención y el seguimiento personal del alumno por parte de los docentes, evitando los cursos numerosos
que afectan la calidad educativa en cualquier nivel del sistema e implementando en inicial y primaria el trabajo docente por pareja educativa.

12) Implementación de compromisos federales, con el establecimiento de umbrales mínimos de financiamiento destinados al área educativa, junto con claros indicadores de evaluación de los modos de cumplimiento de las metas acordadas.

13) Recuperación de la escuela como espacio de constitución de la conciencia crítica, promoviendo la construcción de lazos sociales y la formación de ciudadanos/as con racionalidad moral, sobre la base del pleno y libre ejercicio de la ética de las convicciones.

14) Cumplimiento de la función y del papel pedagógico de la escuela, procurando que, a partir del Ingreso Ciudadano para la Niñez, sea la familia la responsable de la alimentación y subordinando las tareas administrativas y asistenciales (las que de hacerse en la escuela deberán estar a cargo de personal específico) a la enseñanza y el aprendizaje de los/as chicos/as.

15) Unificación de la estructura con Primaria de 6/7 años y secundaria de 5/6, universalización de la educación inicial para los/as niños/as de 3 años, obligatoriedad efectiva de toda la escuela secundaria, jerarquización de todas las modalidades. En relación al nivel Inicial - que configura una unidad pedagógica y organizativa - garantizar la oferta estatal real de educación para todos/as los/as niños/as de cuarenta y cinco días a cinco años.

16) Establecimiento de la jornada extendida o completa en las escuelas primarias de acuerdo a la demanda social.

17) Recuperación del rol de la educación técnica como modalidad de la enseñanza media que favorece el desarrollo de capacidades para el ejercicio de profesiones de múltiple valor productivo y vinculada a estrategias de reactivación económica.

18) Revisión crítica de la enseñanza media, su función y adecuación a las necesidades de los tiempos actuales y futuros.

19) Mejoramiento de la formación docente inicial (con ampliación a 4 años) y permanente, la que se orientará a la actualización constante de los conocimientos y de las formas de enseñar, a las herramientas necesarias para dar respuesta a la heterogeneidad que presentan los espacios educativos en el país y que incentiven la autoformación responsable de los docentes.

20) Instrumentación de planes de formación para supervisores y directivos de las instituciones educativas, como modo de asegurar el buen funcionamiento de las instituciones.

21) Democratización de la gestión educativa, en particular de los institutos de educación superior.

22) Creación de planes educativos específicos para modificar los problemas de deserción, exclusión, atraso y fracaso escolar, la que se apoyará necesariamente en la implementación de planes de gobierno vinculados a atender y mejorar las condiciones sociales, económicas, culturales, sanitarias de la población, condiciones que provocan los problemas antes enunciados;

23) Implementación de una Campaña Nacional de lucha para el éxito escolar destinado a niños/as y jóvenes en situación de pobreza y marginalidad que incluya políticas
educativas, sociales y estrategias curriculares y didácticas;

24) La educación de adultos y jóvenes debe recibir una atención preferencial para superar el diagnóstico de riesgo educativo que afecta a gran parte de la población. Debe
superar una perspectiva compensatoria, o parcial desde un enfoque centrado solamente en la preparación para un trabajo u oficio, construir espacios institucionales y educativos innovadores que aseguren tanto el logro de las acreditaciones de los niveles formales de educación como el enriquecimiento de los conocimientos y capacidades de los jóvenes y adultos para su participación plena, reflexiva, autónoma, en el mundo laboral, político, familiar, etc. Para ello debe plantearse:

- Una política educativa que otorgue protagonismo central al docente de adultos, restituya su especificidad (desdibujada actualmente) y le otorgue la calificación que su importancia requiere a nivel de las estructuras de conducción educativa.
- Un Plan Integral para asegurar el fortalecimiento de la educación de jóvenes y adultos/as, que analice la situación actual, defina prioridades, y brinde formación general y profesional a quienes no completaron la escolaridad primaria y secundaria.
- La consolidación de un sistema de educación permanente de trabajadores/as, para continuar la formación general y profesional ( incluyendo la capacitación en el mismo o en otro oficio); incluyendo a los trabajadores/as de las fábricas recuperadas y/o empresas sociales y de quienes están en situación social de exclusión; a las Pymes y a los/as emprendedores/as, incluyendo todos los aspectos del proceso productivo, y el desarrollo de competencias requeridas para incorporar las innovaciones tecnológicas adecuadas a una escala de producción sustentable y acorde con las demandas.
- La promoción de relaciones entre las instituciones educativas y del trabajo a través del Estado.




SALUD




FRENTE PARA LA VICTORIA

Reforma del sistema de salud con eje central en el hospital público, constituyendo el mismo el piso mínimo y la garantía de la prestación. Políticas sociales profesionalizadas, transparentes y sin ninguna clase de clientelismo político.



PRO

Objetivos prioritarios:

- Disminuir la Morbimortalidad Materna e Infantil: La tasa de mortalidad infantil en nuestra Provincia es muy alta, alrededor del 13 por mil. Esto significa que cada año en nuestra provincia, alrededor de 3.500 niños no llegan a cumplir el año de vida. El 50 % de estas muertes ocurren por causas que podrían evitarse mediante prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno. A su vez la tasa de mortalidad materna es de 2,6 por 10.000. Nuestra meta es reducir la tasa de mortalidad infantil a menos del 10 por mil (evitar el fallecimiento de unos 1.000 menores de 1 año cada año) y la tasa de mortalidad materna al 1,4 por 10.000.

- Reducir las Enfermedades Crónicas: Las dos principales causas de mortalidad en nuestra provincia son las enfermedades cardiovasculares y los cánceres.

- Aumentar la expectativa de vida de la población: Actualmente la expectativa de vida de la población es de 74 años, existiendo una brecha de 10 años con los países desarrollados. Nos planteamos, como consecuencia de las políticas adoptadas, elevar a 80 años la expectativa de vida ganando en promedio 6 años de vida para nuestra población.

- Disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles: En nuestra provincia cada año más de 4.500 personas se contagian de tuberculosis, existen más de 75.000 personas infectadas de SIDA, existe una alta proporción de Chagásicos, existe el riesgo de enfermedades reemergentes como: Dengue, Fiebre Amarilla y otras y todavía hoy fallecen niños de Tos Convulsa.

Para lograr sus objetivos prioritarios, proponen:

1) Incrementar la asignación de recursos para poder cubrir todas las necesidades fundamentales en materia sanitaria con un presupuesto mayor que contemple un sistema sanitario integral y eficiente.

2) Establecer un sistema público de cobertura de personas que contemple la responsabilidad de un equipo de salud, un sistema de referencia y contrarreferencia eficiente, en donde el turno del especialista y de los exámenes complementarios se gestione desde el primer nivel de atención y que contemple la gratuidad en la atención, el buen trato de los profesionales y la atención de calidad.

3) Poner en funcionamiento el Laboratorio Central para la producción pública de medicamentos y vacunas. El Estado debe garantizar la provisión de medicamentos esenciales y especiales para la población sin cobertura social. La población no puede verse impedida a acceder a medicamentos que afecten la continuidad de sus tratamientos.

4) Garantizar la provisión de insumos médicos para hospitales y centros de salud. Los centros de atención primaria de la salud, unidades sanitarias y salitas contarán con los insumos y servicios necesarios para su correcto funcionamiento.

5) Incrementar la dotación de profesionales de la salud, médicos y enfermeros, especialmente en áreas críticas como enfermería, pediatría, medicina general, anestesistas, terapistas y neonatólogos. Crearemos una Ley Sanitaria Única para todos los trabajadores del sector que contemple y cumpla con los concursos abiertos de ingreso y elimine los “contratos basura”.

6) Invertir en infraestructura y equipamiento sanitario nuevo y en mantenimiento preventivo.

7) Fortalecer los programas para: controlar la obesidad infantil, aumentar el porcentaje de vacunación, erradicar la desnutrición infantil, reducir la incidencia de parasitosis y controlar a las embarazadas.

8) Brindar cobertura odontológica a la población sin cobertura social. Fundamentalmente a las embarazadas y menores, a los jóvenes y a las personas con capacidades diferentes. Realizar programas de prevención, detección precoz y tratamiento oportuno de HIV y cáncer oral es fundamental para evitar la expansión de estas enfermedades.

9) Ampliar los turnos de atención de la consulta externa de 7 a 19 hs. en los hospitales y centros de salud. Estableceremos el sistema de turnos telefónicos y antedatados para eliminar las colas desde las 4 de la mañana como existe hoy.

10) Desarrollar, en conjunto con la Justicia, las Fuerzas de Seguridad y los servicios de atención y rehabilitación de ese sector de la sociedad planes de recuperación de personas con problemas de adicción. El objetivo será la recuperación y no la persecución.



PROYECTO SUR

Alimentar y curar
Es preciso erradicar el hambre y la desnutrición en la Argentina y garantizar el cuidado y tratamiento médico-odontológico a todos sus habitantes. No debe haber más ningún niño, joven, adulto o anciano desamparado ni viviendo en la calle. Ello es realizable con una amplia participación solidaria coordinada con las organizaciones sociales y las instituciones públicas. Los hospitales deberán entregar gratuitamente los medicamentos necesarios, a ser producidos por laboratorios universitarios y otras instituciones públicas argentinas.

Recuperación del medio ambiente
Riguroso control para eliminar la contaminación de la tierra, el agua y el aire. Suspensión definitiva de la minería a cielo abierto, de la deforestación y la devastación del monte nativo, con medidas para implementar su restauración y protección. Censo nacional de salud para determinar las enfermedades producidas por estos flagelos, sancionar responsabilidades y reclamar compensaciones.


PARTIDO OBRERO

Por un sistema de salud estatal único, gratuito y bajo control de los trabajadores. Expropiación de grandes laboratorios y sanatorios, que funcionen bajo control de trabajadores. Aumento del presupuesto para salarios e infraestructura del sistema sanitario nacional.

Legalización del derecho al aborto y garantía de su práctica gratuita en los hospitales públicos. Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.



COALICIÓN CÍVICA

La Coalición Cívica entiende que La Nación Argentina tiene que asumir un desafío: transitar un complejo camino que va desde un estado del campo de la salud
fragmentado, inequitativo y desigual, a un sistema de salud de cobertura universal financiado con impuestos generales.

Los ejes básicos del nuevo sistema que proponemos son:
• La sanidad como un servicio no contributivo.
• Sistema Universal de Salud, de acceso a toda la población, con cobertura asegurada de los servicios al momento del uso. Se desarrolla desde el hospital público, con
un sistema de información asistencial que permita mejorar el nivel de toma de decisiones.
• Descentralización de los servicios de salud con un concepto de integración federal.
• Servicios de calidad acreditados, normatizados y controlados, tanto en los servicios profesionales como en las instituciones y en la calidad de la tecnología.
• Priorizar tanto el sostenimiento y la mejora de la salud como la atención de la enfermedad.
• Centralización normativa y descentralización operativa.
• Distinción y distribución de los servicios de salud en el siguiente sentido: atención primaria en términos de prevención y promoción de la salud; atención secundaria,
comprendiendo la internación y la consulta especializada en establecimientos equipados a tales efectos; alta complejidad, accesible a toda la población con un sistema
de seguro de salud.

En función de dichos ejes, La Coalición Cívica define los siguientes objetivos a alcanzar en su gestión de gobierno en esta materia:

• Promover una reorganización del sector sanitario que permita construir un nuevo sistema de salud, basado en un real federalismo y con modelos de gestión acordes a
las necesidades actuales.
• Garantizar el acceso de la población a los beneficios de la salud bajo principios de universalidad, equidad, solidaridad, accesibilidad y viabilidad.
• Reconocer a la salud como una política de estado fundamental en el marco de los compromisos asumidos en los tratados internacionales de derechos humanos.
• Orientar el sistema a la promoción de la salud y prevención de las enfermedades y no sólo a la curación de la enfermedad.
• Establecer el modelo de gestión que, a partir de características generales y comunes, pero adaptadas a cada realidad regional forme el fundamento de los servicios
sanitarios en todo el territorio nacional.
• Integrar en el sistema al conjunto de los servicios públicos nacionales, provinciales y municipales, articulados según niveles, y con el sector privado y con las obras
sociales. El nivel nacional prestará asistencia técnica, desarrollará y financiará, total o parcialmente, entre otros, programas nacionales de protección y promoción de la
salud, de prevención de la enfermedad, de rehabilitación y educación para la salud y facilitará los roles de articulación y monitoreo.
• Establecer un espacio de relación permanente entre la Nación y las Provincias, y de consenso de políticas, normas y programas, definiendo a la federalización como
principio fundamental en el dictado de las mismas.
• Establecer un sistema de salud realista, con definición de prioridades sanitarias y ordenamiento de problemas a resolver.

Los principales objetivos prestacionales del Sistema serán:
• Establecer metas para lograr en un período razonable la extensión de los servicios a toda la población.
• Brindar atención integral de la salud, comprensiva tanto de la promoción y protección de la salud y la prevención de la enfermedad, como de la recuperación de la salud y
rehabilitación.
• Marcar las competencias de cada nivel, identificar las diferencias y estimular la efectiva atención en los tres niveles: atención primaria, segundo nivel y alta complejidad. Se
dará decidida prioridad a establecer incentivos para la solución de los problemas en el primer nivel de atención (atención primaria), mediante la aplicación del criterio de
“atención en terreno”.
• Coordinar desde el Ministerio de Salud de la Nación con todas las provincias las tareas de atención y prevención, para tener una conducción estratégica del sector que
pueda cumplir con los objetivos que planteamos para el sistema.
• Promover la integración en redes locales provinciales, y regionales, de complejidad creciente, enfatizando la atención primaria de la salud de los establecimientos
asistenciales públicos, con la participación de los privados también en ese primer nivel.
• Establecer y aplicar mecanismos de control y evaluación de la calidad médica de las prestaciones de atención de la salud según metodologías uniformes, acordes con el tipo
y nivel de complejidad de la prestación.
• Definir el producto hospitalario, esto es un indicador del producto que resulta de la atención del equipo médico que pueden ser los egresos y consultas o los grupos
relacionados por el diagnóstico.
• Fortalecer la política de medicamentos por denominación genérica formulando los estudios requeridos de acuerdo con normativas nacionales e internacionales, permitiendo
la participación activa de los médicos para poder avanzar en el tema.
• Fortalecer la independencia y autonomía funcional de la Anmat como entidad científica y técnica.

Las políticas enunciadas requerirán una sensible mejora en la asignación y el manejo de los de recursos, en particular de los aspectos legales y organizativos concernientes a
la gestión de la salud, de cara a lograr la implementación de un sistema integrado. Al respecto, implementaremos las siguientes acciones:


1) Promover la integración de toda la normativa existente en un nuevo marco legal que, con eje en las administraciones provinciales o regionales, contemple:
- Los derechos generales de la población a la protección de la salud.
- Los principios generales del sistema de salud.
- La estructura del sistema sanitario público.
- Las obligaciones y competencias de las diferentes estructuras organizativas públicas de la salud.
- La coordinación general del sistema nacional de salud.
- El rol de las actividades sanitarias privadas.
- Los aspectos relacionados con los productos farmacéuticos y la tecnología médica.
- Los recursos humanos necesarios y la formación de los mismos.
- La docencia e investigación en el sistema sanitario público.

2) Desarrollar un régimen laboral nuevo para los trabajadores que ingresan al sistema, en el cual se destaquen el mérito y los antecedentes.

3) Fortalecer el Hospital de día.

4) Concentrar actividades semejantes en determinados establecimientos (para tener economías de escala y de especialización), sin descuidar la cobertura de aquellas personas que viven en zonas alejadas a estos establecimientos.

5) Identificar y utilizar alternativas para la internación de casos sociales y/o judiciales (que no requieren servicios hospitalarios).

6) Desarrollar la capacitación de enfermería especialmente en temas de gestión.

7) Iniciar las reformas para construir un Nuevo Sistema Universal de Salud con un marco regulatorio previo donde, de manera formal, se definan los mecanismos de articulación. Esto requiere de clara asignación de responsabilidades y de tareas, entre jurisdicciones y entre instituciones. El nivel Nacional, Provincial y Municipal; y entre el sistema público y el sector privado.

8) Generar una transición ordenada que permita ir definiendo la dinámica de incorporación de nuevas normas de articulación así como mecanismos de reemplazo.

9) Valorizar la importancia de la información sanitaria y económica como fundamento del Sistema.

10) Desarrollar un programa de comunicación para definir acciones comunes entre instituciones.

11) Establecer acuerdos dentro del marco institucional para lograr la efectiva articulación con trabajos de investigación que han generado propuestas para el sector
salud dentro de un esquema democrático y participativo.

12) Asegurar la permanencia de un nivel técnico estable en todas las instituciones para dar continuidad a las tareas de articulación, independientemente de las decisiones políticas.

13) Creación de un seguro de alta complejidad para atender, en este nivel, a los beneficiarios de todas las instituciones.




CULTURA




FRENTE PARA LA VICTORIA

Estímulo al desarrollo de la cultura. Intangibilidad de los fondos para el desarrollo de las artes. Nueva ley de radiodifusión. Protección de las industrias de bienes culturales. Política de convenios entre el Estado, los medios de comunicación y editoriales nacionales para la producción y distribución de libros para que los jóvenes argentinos vuelvan a leer y a estudiar.


PRO

El acceso a la cultura y al conocimiento como derecho básico de todos los ciudadanos sin discriminaciones de ningún tipo es el principal objetivo. Defenderán el principio de acceso igualitario a la cultura y al conocimiento como derechos básicos para todos y cada uno de los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires sin distinciones. Incentivando, particularmente, el acceso de los sectores sociales más vulnerables. Para llevar adelante estos objetivos básicos, se propone:

1) Defender el acceso igualitario a la educación y a la cultura generando instancias de coordinación entre las políticas culturales y educativas, impulsando el fomento de la creatividad, la sensibilidad y el aprendizaje.

2) Garantizar la participación democrática de los ciudadanos en la formulación, el ejercicio y la evaluación de las políticas culturales públicas como sana práctica de gestión comunitaria y social. Favoreceremos, además, el carácter público y colectivo de la cultura, fomentando el contacto de la gente con todas aquellas manifestaciones que facilitan la convivencia: espectáculos en vivo, cine, fiestas, etc.

3) Impulsar programas y servicios públicos de interés cultural, luchando contra la exclusión y la discriminación y promoviendo la expresividad como una dimensión básica de la dignidad humana y de la inclusión social.

4) Promover la continuidad y el desarrollo de las culturas locales originarias, portadoras de una relación histórica e interactiva con el territorio. Garantizando, también, la libre expresión y participación de grupos étnicos e inmigrantes.

5) Potenciar el papel estratégico de las industrias culturales, por su contribución a la identidad local, la continuidad creativa y la creación de empleo permanente.

6) Implementar acciones de protección del patrimonio cultural por medio de inventarios, registros, catálogos y todo tipo de actividades de promoción y difusión tales como exposiciones, museos, itinerarios, etc.


PROYECTO SUR

1) Reparación de los derechos de los pueblos originarios
Reconocimiento del derecho de los pueblos originarios a la recuperación de sus territorios y a la protección y respeto de sus lenguas y tradiciones como base de su plena participación política, social y económica. Los aportes de nuestras culturas deben hacer de la diferencia la base de la igualdad y el mutuo enriquecimiento y no de la discriminación o el desprecio.

2) Democratización de la cultura y los medios de comunicación
Elaboración de un nuevo marco legal que posibilite la participación pluralista en los medios de comunicación de todos los sectores sociales para que sirvan de información y debate de los grandes problemas nacionales, de crítica cultural y de promoción de valores de solidaridad y conocimiento. Impedir el monopolio de las grandes empresas y revisar la prórroga de la concesión de las radios y canales de televisión a sus actuales beneficiarios. Sustancial aumento del presupuesto de cultura de la Nación. Creación de casas de la juventud y la cultura en los barrios y en todas las provincias. Impulso a las industrias culturales; en especial a la edición y difusión de libros. Cuota de pantalla en todas las televisoras para el cine argentino de ficción y documental. Sanción de una ley de música.
Estimular la creatividad cultural de las mayorías y posibilitar su acceso a todas las expresiones culturales, artísticas e intelectuales. Proteger a los creadores nacionales y la difusión de su producción.

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