Luz y gas: se decide si siguen los subsidios que pararon aumentos
El Gobierno deberá establecer si continúa o no financiando parte del consumo de los usuarios. Esta semana vence la prórroga.
El Gobierno nacional definirá esta semana si prorrogará la vigencia de subsidios estatales a empresas energéticas con el objetivo de no aplicar aumentos sustanciales en las tarifas de luz y gas.
Según se informó oficialmente, el próximo jueves primero de octubre vencerá el plazo determinado por el Gobierno para la suspensión del cobro de tarifas de luz y gas que llegaron a miles de usuarios con aumentos de hasta el 430 por ciento.
La vigencia de los subsidios a los mercados eléctrico y gasífero insumió a las arcas estatales 493 millones de pesos en los últimos tres meses y el objetivo oficial es quitarlos definitivamente.
El Presupuesto 2010, que ya es analizado por el Congreso, contempla la reducción de los subsidios al sector energético en unos 5.000 millones de pesos.
La idea oficial es ahorrar fondos por esta vía para así contar con más liquidez de recursos al momento de pagar vencimientos de deuda, lo cual es respaldado por el Ministerio de Economía.
Si la administración de Cristina Kirchner decide ahora no prorrogar los subsidios a las empresas, las facturas de luz y gas volverían a registrar fuertes aumentos tarifarios.
Los principales problemas se registrarían en los próximos meses en torno a la energía eléctrica, debido al considerable aumento del uso de los acondicionadores de aire en el verano.
Por las altas temperaturas, también los meses de vacaciones dispersan el consumo de gas en todo el país y baja la presión, más aún en Capital Federal y la zona metropolitana.
El Gobierno había decidido suspender la quita de subsidios a las generadoras de energía tras la fuerte polémica social que se generó, con denuncias civiles y una decena de medidas cautelares en contra incluidas.
La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo estableció -por ejemplo- que a aquellos usuarios que decidan no pagar las subas las empresas prestadoras, no podían cortarles el servicio.
El 12 de agosto, la Presidenta ordenó al Ministerio de Planificación restituir el 100 por ciento del beneficio para los meses de junio y julio, y el 70 por ciento para agosto y septiembre.
En los pasillos del Congreso, numerosos diputados opositores
adelantaron que insistirán en la derogación del "tarifazo", porque
lo consideran "regresivo y abusivo".
Serán los legisladores de la Coalición Cívica (CC), quienes impulsarán la movida para sumar a sus pares opositores, con el
objetivo de alcanzar una ley que termine con el decreto 2067, que
impone los recargos.
El bloque del Unión-PRO, con Francisco De Narváez a la cabeza,
apoyará la iniciativa de la CC, mientras que en la UCR pretenden analizar el problema para ir eliminando los subsidios sin ajustar a los usuarios de golpe.
Mientras los legisladores preparan la ofensiva, las asociaciones de consumidores exigen una definición oficial inmediata que libere a los usuarios de las fuertes subas.
Los economistas y expertos, por su parte, reconocen que las tarifas están atrasadas pero responsabilizan al poder político por no haberlas ido actualizando a lo largo de los últimos seis años.
En línea con ese discurso, las empresas distribuidoras enviaron las nuevas facturas a los usuarios con inscripciones que rezaban las diferencias que pagarían si vivieran en Chile, Uruguay o Brasil por el mismo consumo.
El Gobierno deberá establecer si continúa o no financiando parte del consumo de los usuarios. Esta semana vence la prórroga.
El Gobierno nacional definirá esta semana si prorrogará la vigencia de subsidios estatales a empresas energéticas con el objetivo de no aplicar aumentos sustanciales en las tarifas de luz y gas.
Según se informó oficialmente, el próximo jueves primero de octubre vencerá el plazo determinado por el Gobierno para la suspensión del cobro de tarifas de luz y gas que llegaron a miles de usuarios con aumentos de hasta el 430 por ciento.
La vigencia de los subsidios a los mercados eléctrico y gasífero insumió a las arcas estatales 493 millones de pesos en los últimos tres meses y el objetivo oficial es quitarlos definitivamente.
El Presupuesto 2010, que ya es analizado por el Congreso, contempla la reducción de los subsidios al sector energético en unos 5.000 millones de pesos.
La idea oficial es ahorrar fondos por esta vía para así contar con más liquidez de recursos al momento de pagar vencimientos de deuda, lo cual es respaldado por el Ministerio de Economía.
Si la administración de Cristina Kirchner decide ahora no prorrogar los subsidios a las empresas, las facturas de luz y gas volverían a registrar fuertes aumentos tarifarios.
Los principales problemas se registrarían en los próximos meses en torno a la energía eléctrica, debido al considerable aumento del uso de los acondicionadores de aire en el verano.
Por las altas temperaturas, también los meses de vacaciones dispersan el consumo de gas en todo el país y baja la presión, más aún en Capital Federal y la zona metropolitana.
El Gobierno había decidido suspender la quita de subsidios a las generadoras de energía tras la fuerte polémica social que se generó, con denuncias civiles y una decena de medidas cautelares en contra incluidas.
La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo estableció -por ejemplo- que a aquellos usuarios que decidan no pagar las subas las empresas prestadoras, no podían cortarles el servicio.
El 12 de agosto, la Presidenta ordenó al Ministerio de Planificación restituir el 100 por ciento del beneficio para los meses de junio y julio, y el 70 por ciento para agosto y septiembre.
En los pasillos del Congreso, numerosos diputados opositores
adelantaron que insistirán en la derogación del "tarifazo", porque
lo consideran "regresivo y abusivo".
Serán los legisladores de la Coalición Cívica (CC), quienes impulsarán la movida para sumar a sus pares opositores, con el
objetivo de alcanzar una ley que termine con el decreto 2067, que
impone los recargos.
El bloque del Unión-PRO, con Francisco De Narváez a la cabeza,
apoyará la iniciativa de la CC, mientras que en la UCR pretenden analizar el problema para ir eliminando los subsidios sin ajustar a los usuarios de golpe.
Mientras los legisladores preparan la ofensiva, las asociaciones de consumidores exigen una definición oficial inmediata que libere a los usuarios de las fuertes subas.
Los economistas y expertos, por su parte, reconocen que las tarifas están atrasadas pero responsabilizan al poder político por no haberlas ido actualizando a lo largo de los últimos seis años.
En línea con ese discurso, las empresas distribuidoras enviaron las nuevas facturas a los usuarios con inscripciones que rezaban las diferencias que pagarían si vivieran en Chile, Uruguay o Brasil por el mismo consumo.