Se conoce como Masacre de Capilla del Rosario el fusilamiento de 16 combatientes de la Compañía del Monte "Ramón Rosa Jiménez" del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), hecho ocurrido entre el 10 y el 12 de agosto de 1974, a unos 15 kilómetros de la capital catamarqueña. Los guerrilleros fueron fusilados después de haberse rendido al ser descubiertos antes de copar el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada.
La guerra sucia de los ’70 comenzó en Catamarca
La llamada “Masacre de la Capilla del Rosario” fue ordenada por el segundo jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, general Antonio Vaquero. Las autopsias y testimonios acreditan que 16 guerrilleros fueron acorralados y asesinados salvajemente, luego de rendirse ante la superioridad numérica de su enemigo. La presencia de “tupamaros” en Catamarca. El líder del fallido intento de copamiento al RI 17, Hugo Irurzun, fue quien asesinó a Anastasio “Tachito” Somoza, el dictador nicaragüense asilado Paraguay. La investigación que hoy sigue y las posibles imputaciones que pueden surgir de ella.
Esta no es una afirmación antojadiza. Está respaldada por investigaciones históricas y por testimonios como el de Enrique Gorriarán Merlo y por Gustavo Plis Sterenberg, en su libro "Monte Chingolo". La llamada “Masacre de la Capilla del Rosario” marcó un antes y un después en la guerra subversiva en el país y abrió un cheque en blanco para el terrorismo de Estado que dejó entre otras heridas un saldo de 30 mil desparecidos en el país durante la última dictadura militar.
Pero la masacre ocurrida en el “Cañadón de los Walther”, como realmente se conoce al lugar ubicado al oeste de la ruta provincial Nº 1 y a unos 15 kilómetros de la capital provincial, se produjo un par de años antes de la dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 1976, en pleno gobierno constitucional, que tenía en la provincia a Hugo Mott como gobernador y en la Nación a Isabel Martínez de Perón como presidenta. Eran tiempos de la temible “Triple A”, que comandaba “El Brujo” José López Rega, una sombra temible encaramada en las espaldas de la primera magistratura.
Todo empezó el 9 de agosto 1974, cuando medio centenar de integrantes del ERP y del Partido Revolucionario de los Trabajadores iniciaron una temeraria operación armada que consistía en robar de los cuarteles del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca pertrechos de guerra. La operación se llevaría a cabo en forma simultánea con otra similar en la fábrica de pólvora de Villa María, Córdoba, que a diferencia de la intentona local tuvo relativo éxito y no terminó en desastre.
El grupo había partido del campamento base “La Horqueta”, de la compañía de monte “Ramón Rosa Jiménez”, en plena selva tucumana. Eran 47 jóvenes que no superaban los 30 años y estaban bajo el mando del santiagueño Hugo Alfredo Irurzún, cuyo nombre de guerra era “Capitán Santiago”.
Irurzún sobrevivió a la masacre y se convertiría luego en un icono de la guerrilla desplegada en América Latina, a tal extremo que participó activamente del atentado que años más tarde en Paraguay terminó con la vida del dictador nicaragüense Anastasio “Tachito” Somoza.
La misión del llamado “intento de copamiento” consistía en ingresar sorpresivamente a la base militar que contaba con una dotación de soldados que superaba el medio millar. El plan iba a contrapelo de lo que indicaban los reglamentos de la guerrilla que dictaban los movimientos del ERP, una idea que estaba destinada al fracaso total y absoluto.
La intentona
El grupo llegó a Catamarca a bordo de un ómnibus Mercedes Benz alquilado y en las proximidades de Banda de Varela el chofer fue reducido. Allí debía hacer contacto con una camioneta Chevrolet y un camión frutero en el que viajaba oculto el armamento para llevar a cabo la operación. Éste incluía fusiles FAL, escopetas Itaca y pistolas ametralladoras PAM.
En el lugar escogido para hacer base los guerrilleros comenzaron a cambiar sus ropas y en esos momentos fueron observados por dos jóvenes que pasaban circunstancialmente en bicicleta. Los saludaron y siguieron su camino. Y cometieron el primero error: dejaron ir a quienes los delatarían ante la policía minutos después.
Policías pertenecientes a la Dirección de Investigaciones y de la comisaría Tercera se trasladaron hasta el lugar a observar qué pasaba y entonces se produjo el primer enfrentamiento armado, que dejó un saldo de dos guerrilleros muertos y varios policías heridos.
El plan para robar las armas había comenzado a desandar el camino del fracaso. El repliegue fue inmediato y desordenado, en tres grupos que correrían distinta suerte. Irurzún y varios de guerrilleros emprendieron la huída por la ruta provincial Nº 1. En el camino despojaron de sus automóviles a una mujer y a un cura y en ellos llegaron hasta la base “La Horqueta”, en la selva del sur tucumano.
Otros guerrilleros se dispersaron y trataron de salir de la provincia por distintos medios. La mayoría, trece en total, fueron aprehendidos en la Terminal de ómnibus y en otros sectores del Valle Central. Siete años después serían sometidos a juicio, en un proceso judicial que como todos los llevados a cabo durante la dictadura militar vulneró el derecho de defensa en juicio: los condenados ni siquiera vieron la cara del juez que los condenó ni se les informó de qué estaban acusados. Sólo se les hizo saber que habían sido condenados.
Muerte en el cañadón
La tercera fracción del grupo que intentó la operación militar, entre 16 y 18 guerrilleros, quedaron al mando de Antonio del Carmen “Negrito” Fernández, un integrante del buró político del ERP-PRT cuya participación en una operación armada sería objeto de una severa autocrítica en el seno de la agrupación política de izquierda.
El reducido grupo quedó aislado en las lomadas adyacentes a la Capilla del Rosario. En un acto de ingenuidad, dos de sus integrantes bajaron hacia San José de Piedra Blanca a comprar pan y fueron detenidos y obligados mediante torturas a informar el lugar en el que se encontraban sus compañeros.
Cuando la policía se acercó a las proximidades de la Capilla del Rosario el oficial de policía Ramón Acevedo, que guiaba a las fuerzas de seguridad porque conocía la zona, cayó muerto de un balazo disparado por los miembros del ERP.
La muerte del policía Acevedo se transformó en la excusa ideal para tomar represalias desmedidas. En Catamarca confluyeron efectivos del RI 17 y del Tercer Cuerpo de Ejército con sus helicópteros y armamento sofisticado para la época. También participaron del ataque al grupo insurgente policías locales y de la Federal.
Los diarios de la época informaron sobre la refriega armada: 16 guerrilleros habían sido abatidos por el Ejército y otros tantos se encontraban detenidos. Entonces no se indagó cómo ocurrieron los hechos. Los vencedores fueron tratados como héroes de la Nación e incluso recibieron las felicitaciones de la entonces presidenta Isabelita.
Sin embargo, a partir de ese momento, sobrevoló el fantasma de la masacre. Las heridas que presentaban los guerrilleros fallecidos denotaban que habían sido masacrados. En los protocolos de autopsia confeccionados en aquella época tres médicos forenses indicaron claramente las lesiones que presentaba cada uno de los cadáveres: todas eran sugestivamente realizadas con armas de fuego en zonas frontales o vitales, a corta distancia e incluso varias en los miembros superiores, un claro indicador de que las víctimas habían intentado cubrirse con sus manos y brazos, protegerse ya inermes de una ejecución.
Investigación
Pasarían casi treinta años de aquel episodio. Recién entonces un grupo de miembros de asociaciones ligadas a la defensa de los Derechos Humanos en Catamarca presentó una denuncia formal en el Juzgado Federal de Catamarca en la que se solicitó formalmente que se investigue aquel episodio y, además, que se identifique a cinco cadáveres que habían sido sepultados como NN en el cementerio municipal.
Ana Radusky, Guillermo Díaz Martínez, Mirta Clérici y Jorge Alberto Perea, con el patrocinio de los abogados Martín Fresneda y Claudio Oroz presentaron una denuncia escrita ante el entonces juez federal interino, Pedro Armando Navarro, en la que se aseveraba la existencia de una masacre, producida cuando el grupo guerrillero ya había depuesto sus armas ante la superioridad numérica de las fuerzas armadas.
Durante los últimos años tanto Navarro como su sucesor, Ricardo Antonio Moreno, tomaron medio centenar de testimonios e incorporaron pruebas al expediente, como una colección de fotografías tomadas entonces. En las gráficas se observa el modo en que eran llevados los cadáveres y la presencia de helicópteros del Ejército (esto en algún momento fue negado por la ex autoridades que declararon), como así también algunas de las personas que participaron del acto represivo.
Asimismo, el Equipo Argentino de Antropología Forense exhumó los cuerpos de los cinco guerrilleros sepultados sin nombre en el cementerio municipal y logró identificar a uno de ellos: Dardo Rutilio Betancour Roth, un “tupamaro” uruguayo que se había sumado a la lucha armada clandestina en el país. Su cuerpo fue repatriado y ya descansa en tierras orientales.
Aunque todavía no fueron identificados mediante pruebas genéticas, los otros cuerpos pertenecerían a quienes en vida se llamaron Hugo Cacciavillani –también “tupamaro” uruguayo-, Alberto Rosales Sánchez o Cresencio Molina Ibañez y Francisco Scocimarro.
Símbolos de la impunidad del genocidio
Siete militares acusados por graves delitos de lesa humanidad en el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca, gozan de la impunidad que les depara una Justicia morosa.
Antes y después del 24 de marzo de 1976, Eduardo Carrizo Salvadores, Raúl Gallardo, Mario Nagakama, Eduardo Lucena, Darío Otero Aran, Enrique Dick y Rodolfo Mujica, entre otros, lucían sus informes de jóvenes oficiales en el ex Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. Ellos configuraron la represión ilegal del terrorismo de Estado en esa provincia. 35 años después están acusados en causas de crímenes de lesa humanidad, pero ninguna elevadas a juicio oral pese a las irrefutables pruebas. A más de cinco años de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final los jueces federales Pedro Navarro y ahora Ricardo Moreno han dilatado sus detenciones salvo las de Lucena y Otero Aran. Los demás, bien gracias… a la Justicia y Roberto Bendini.
Tal vez el título sea motivo de especulaciones o de que se cae en el tremendismo al realizar esa categórica afirmación. Un par de las causas que se instruyen en esa provincia lo demuestran fehacientemente. En la Masacre de Capilla del Rosario donde fusilaron el 11 de agosto de 1974 a 16 combatientes de la Compañía del Monte, el brazo armado del PRT, que se entregaron con vida tras rendirse y la desaparición de tres militantes de la Juventud Obrera Católica, los tienen a todos ellos involucrados según las denuncias de los organismos de derechos humanos y compañeros de militancia que se reflejaron en los diarios provinciales, nacionales y los medios alternativos.
En la primera causa, Eduardo del Valle Carrizo Salvadores y Mario Nagakama, son dos de los varios acusados entre miembros del Ejército Argentino, Policía Federal y Provincial, que ese día tras el frustrado intento de copamiento del regimiento por parte de integrantes de la Compañía del Monte, quienes en la abrupta retirada un grupo de ellos logró regresar a los cerros tucumanos, una docena fueron detenidos en la Ciudad y en sus inmediaciones, mientras 16 se entregaron con vida tras rendirse.
En diciembre del 2004 los organismos de derechos humanos de Catamarca y Córdoba solicitaron la apertura de la causa y en marzo el 2005 el juez Navarro la habilitó y las tareas de investigación quedaron a cargo del fiscal federal Santos Reynoso, quien tomó todos los recaudos, todos para dilucidar quienes fueron los asesinos. En ese contexto, convocó como testigos al personal militar y policial, todavía no como imputados, quienes dieron en particular estos últimos recitaron la historia oficial tras ver las fotos en las horas previas y posteriores a la represión: inocentes, nada que ver…
Pero las pruebas dicen lo contrario. Por ejemplo el entonces soldado Fernando Gambarella como se puede leer en las actas judiciales y publicadas por el diario “El Ancasti” del 8 de agosto del 2006 dijo que “… se rindieron y luego fueron masacrados por efectivos del Ejército y de la Policía” y en posteriores declaraciones que el capitán Carrizo Salvadores estaba al frente del operativo represivo y que los cuerpos fueron arrojados desde un helicóptero al lado de la Capilla del Rosario. Una acción en la que participó entre otros el teniente Nagakama, los que se jactaban ante los detenidos mientras los torturaba que “habían matado a sus compañeros”.
No mentía: las certificados médicos que obran en uno de los trece cuerpos del expediente se puede leer que el examen tomado a las pocas horas en la morgue judicial, por ejemplo que uno de ellos muestra “cuatro disparos de armas de fuego, tres en el cráneo con orificios de entrada en la región parietal posterior izquierdo…” y el cuarto disparo lo recibió en la parte posterior de la muñeca izquierda... LE DISPARARON DESDE ATRÁS, AL INTENTAR CUBRIRSE CON SUS MANOS ANTES DE SER EJECUTADO…
Cada uno de los 16 cuerpos tienen estos certificados médicos, pero no para el Defensor Oficial de Primer Instancia de la Justicia Federal Oscar del Campo que en un escrito de 36 páginas habla de “hipotéticos episodios” y de paso cuestionar la política del Gobierno nacional en materia de derechos humanos. Una excusa que le vino como anillo al dedo a la Justicia para demorar, demorar…
Se sucedieron las excusas y las chicanas de los abogados defensores de Carrizo Salvadores y Nagakama, quien dicho sea de paso se hacía mandar las citaciones a Paseo Colón 250, sede del Ejército Argentino. Una vez le preguntaron por orden de quien. “De arriba, de arriba” le respondió a un empleado y no era de Dios precisamente sino del entonces jefe del Estado Mayor General del Ejército teniente general Roberto Bendini, un protagonista de real incidencia en los cursos de acción de los juicios en esa provincia y hasta trascendió que avaló para que el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo Fellner en su segundo mandato ungiera a Carrizo Salvadores como jefe de policía de Jujuy, cargo que ostento hasta que durante una represión en el 2004 a trabajadores desocupados deparó dos victimas fatales.
Es que la mayoría de estos militares acusados gozan de la protección de Bendini.
Pruebas al canto: en la otra causa que se investiga la desaparición en abril de 1976 de Griselda y Francisco Ponce y de su sobrino Julio Genaro Burgos, quedaron con arresto a partir de febrero del 2007 en sus casas, uno frente a la mar, es decir Mar del Plata, el coronel Alberto Lucena, jefe del regimiento y del jefe de inteligencia capitán Darío Otero Oran en Posadas, Misiones, y no conforme con sus haberes montó una agencia de seguridad privada en esa ciudad. El supermercado “Libertad”, toda una paradoja o no, es una de las empresas que cuenta con la protección de Otero Arán.
¿Y los demás? Carrizo Salvadores ingresó al Juzgado como imputado y salió como testigo, mientras el teniente Raúl Gallardo es uno de los símbolos de la impunidad. Nunca jamás piso donde fue uno de los dueños de la muerte gracias a la Justicia Federal y a su entrañable amigo de armas Bendini, que intercedió para postergar las citaciones hasta el día de la fecha.
Gallardo ya en su grado de general fue eyectado de la superestructura militar no por las causas, sino por corrupción, oportunidad en que Horacio Verbitsky, Nora Veiras y Diego Martínez en Pagina 12, Martina Noailles de Critica de la Argentina reflejaron al igual que Prensa de Frente, Prensa Red, HIJOS de Córdoba, Red de Noticias DH entre otros del siniestro andar de Gallardo, Carrizo Salvadores, Nagakama y demás jóvenes oficiales del ex RI 17.
Una morosidad y una complicidad que tal vez, tal vez este miércoles 13 comienze la cuenta regresiva. A las 9 de la mañana, Carrizo Salvadores; y el jueves 14, Nagakama, están citados y de no mediar injerencia alguna deben prestar testimonio como imputados, entre otros militares y policías, de los asesinatos de los uruguayos Hugo Cacciavillani Caligari, Rutilo Bentacourt, Carlos Trinidad Da Silva, y de los argentinos Crescencio Ibáñez, Francisco Scoccimarro, Mario Lescano, Rodolfo Jerez, Luis López, Carlos Gutiérrez, José María Molina, Luis Billinguer, Juan Carlos Lescano, Héctor Moreno, Luis Rosales , Rogelio Gutiérrez y Antonio del Carmen Fernández el 11 de agosto de 1974, en nombre de la Memoria, Verdad y Justicia.
Entre los testimonios recogidos durante la investigación unos se destacan más que otros. El ex conscripto Fernando Gambarella claramente expuso que los 16 guerrilleros fueron acribillados a balazos luego de rendirse, cuando no tenían posibilidad alguna de defensa.
Mario Marca, un abogado tucumano que ejercía la profesión particular en Catamarca, en el estudio del entonces ministro de Gobierno Alberto del Valle Toro, brindó en la causa un testimonio revelador. Enterado de que un grupo de guerrilleros del ERP había sido acorralado en las lomadas adyacentes a la Capilla del Rosario intuyó que se iba a producir una masacre y corrió hasta el despacho del ministro para ofrecerse como mediador para evitar un seguro baño de sangre.
“Toro me aconseja que no me meta, que no sea pelotudo –el consejo de siempre-. Entonces yo insisto en que trate de hacer algo y se pone en contacto con el coronel (Eduardo) Cubas, jefe del Regimiento 17, y lo pone al tanto de lo que yo pedía. Entonces Cubas le responde que era imposible cualquier arreglo o mediación, porque el general (Antonio) Vaquero, segundo jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, ya había dado la orden de “aniquilar”. Y así ocurrió: fueron, los rodearon y los mataron”, recordaría Marca años después.
Al día siguiente el abogado fue detenido y pasó los siguientes nueve años en varias cárceles del país. Nunca se le informó sobre las razones de la detención ni fue sometido a juicio por delito alguno. Poco antes del advenimiento de la democracia recuperó su libertad y optó por el exilio voluntario.
Por estos días la causa transita etapas decisivas. El juez federal Ricardo Moreno está por fijar fecha para indagar a las dos únicas personas que todavía viven y a las que podría endilgárseles alguna responsabilidad en la masacre: los ex militares Mario Nakagama y Eduardo Carrizo Salvadores, quienes fueron sindicados por varios testigos como las autoridades militares que impartieron las órdenes directas de disparar sobre los guerrilleros rendidos, en el mismo teatro de los acontecimientos.
Los delitos que se investigan son considerados de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles para la ley penal. Mucho tiempo pasó desde aquel episodio trágico. El 12 de agosto pasado se cumplieron 33 años, demasiados quizás, aunque no tantos si lo que se busca realmente es conocer la verdad de lo sucedido. Y para castigar a los responsables.
"Yo no estaba"
"Yo no estaba", repitió el ex gobernador. Hugo Mott dijo que el Ejército se hizo cargo de la operación armada. "Durante mi gobierno jamás hubiese permitido que se cometan delitos de lesa humanidad", dijo. Pero poco después afirmó que el ejército pudo haber cometido una masacre con los guerrilleros... Aún cuando oportunamente asegurase que se había tratado de "un enfrentamiento".
@DIN, 27 de febrero de 2008 - El ex gobernador Hugo Alberto Mott admitió que no puede afirmar con certeza que el Ejército no haya masacrado a los 16 guerrilleros fallecidos en las serranías adyacentes a la Capilla del Rosario. Así lo informa en su edición de hoy el diario El Ancasti, de Catamarca (República Argentina). El ex mandatario declaró ayer por espacio de dos horas y media ante el juez federal Ricardo Antonio Moreno en relación con la causa iniciada para determinar si en aquel hecho, ocurrido el 12 de agosto de 1974, se cometieron o no delitos de lesa humanidad.
Mott concurrió antes de las 9 y en su declaración comentó lo que es público: cuando se produjo la masacre él y otros colaboradores se estaban en Buenos Aires. En tal sentido, explicó que toda la información que recibió sobre el tema se la brindó el entonces ministro de Gobierno, Alberto del Valle Toro, y el ministro del Interior de la Nación, Benito Llambi.
Sobre la información recibida, sostuvo que en todo momento se le informó que lo que existió fue un enfrentamiento armado producido luego de que medio centenar de integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) "intentara infructuosamente copar las instalaciones del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada".
Mott dijo que la operación fue abortada y que el grupo insurgente se "desbandó", por lo que una fracción quedó acorralada en el "Cañadón de los Walther", donde se ejecutó la orden "de reprimir".
Pero ante preguntas de la querella particular, Mott admitió que no podía afirmar con seguridad que no haya existido una ejecución de los guerrilleros inermes, tal como surge de otros elementos incorporados a la causa.
Mott se encargó de aclarar en todo momento que cuando ocurrió aquel acontecimiento histórico no estaba a cargo de la primera magistratura y comentó que tras arribar a la provincia visitó a los heridos en el hospital de urgencias y a los detenidos en el Instituto de Rehabilitación "Julio Herrera".
En un tramo de su declaración, Mott aseguró que no hubiera permitido jamás que durante su gobierno se cometan delitos de lesa humanidad, aunque a renglón seguido admitió que no podía aseverar que los guerrilleros no hayan sido masacrados.
En declaraciones públicas realizadas tiempo atrás a otro medio, el ex mandatario había afirmado que los 16 guerrilleros habían fallecido en el marco de un enfrentamiento armado, pero ayer no pudo sostener tal aseveración.
Fusilamiento de 16 guerrilleros en Catamarca
(Prensa De Frente, Boletín quincenal N° 49, Lucho Soria) En el mismo lugar donde los cerros se cubrieron de ayes de dolor por las balas asesinas del Terrorismo de Estado el 12 de agosto de 1974, en el mismo lugar donde días después los uniformados, rodeados por miembros de la Corte Suprema de Justicia y representantes de la Iglesia, celebraron los fusilamientos, ahora, 32 años después, se cubrieron con la consigna "Hasta la Victoria Siempre" y con las bellas palabras del poema "Por estos muertos, nuestros muertos, pido castigo".
Las voces que la pronunciaron en Capilla del Rosario, Catamarca, eran las de los familiares y los militantes de derechos humanos, tras la entrega del cuerpo del revolucionario internacionalista uruguayo Rutilo Betancour Roth, quien permaneció 32 años como NN tras ser fusilado por miembros del ejército argentino y de las policías provincial y Federal.Rutilo, más 15 combatientes de la Compañía del Monte "Ramón Rosa Jiménez" del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), fueron abatidos después de haberse rendido al ser descubiertos antes de copar el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada, mientras otros integrantes en lugares cercanos eran detenidos y otros regresaban a los montes tucumanos donde tenían sus bases operativas.
La presencia de Rutilo se daba en el contexto de las acciones de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), conformada por el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) "Tupamaros", de Uruguay; el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de Bolivia; el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), de Chile, y el PRT-ERP.
Dirigieron la represión el jefe de la policía catamarqueña, teniente coronel (re) Rolando Anello; el de la Federal, comisario Alberto Villar; el comandante del III Cuerpo de Ejército, general de brigada Ernesto Federico Della Croce, y el jefe del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada, coronel Eduardo Humberto Cubas (yerno del caudillo neoperonista Vicente Leonides Saadi).
Cubas y Anello se dirigieron a Capilla del Rosario junto con el comandante de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada, general José Vaquero. Según los testimonios, marcharon con más de 300 efectivos, los que tenían la orden de actuar según la consigna "el ejército no toma prisioneros". La orden fue cumplida al pie de la letra.
Los efectivos estaban armados con armas FAL, ametralladoras y morteros y se trasladaron a la zona en camiones Unimos, un diseño especial que tiene suspensión independiente en las cuatro ruedas, lo que les permite andar en las montañas casi con las mismas facilidades que una mula.
La impunidad en marcha
En rigor, lo de los fusilamientos y las torturas a los detenidos forma parte de una denuncia presentada a la Justicia Federal en agosto de 1974 por los familiares y los abogados Mario Marca, Ricardo Rípodas, Mario Marcolli, Mardonio Díaz Martínez, Silvio Frondizi y Alfredo Curuchet.
Marca, Rípodas, Marcolli y Díaz Martínez, posteriormente detenidos, permanecieron en prisión hasta 1984. Frondizi y Curuchet fueron asesinados por la banda paramilitar conocida como Las Tres A, creada por José López Rega.
La denuncia fue archivada en el contexto de la represión en el inicio del terrorismo de Estado, pero sí fueron juzgados y condenados por el fuero federal trece guerrilleros capturados en las inmediaciones de Capilla del Rosario.
Recién en diciembre de 2004, con la denuncia de Mirta de Clérici, Ana Radusky y Jorge Alberto Perea en representación de los organismos de derechos humanos de Catamarca y Córdoba, con el patrocinio de los abogados Claudio Orosz y Martín Fresneda (militantes de HIJOS) y Guillermo Díaz Martínez (a cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados catamarqueño e hijo de Mardonio), comenzó a instruirse en el Juzgado Federal de Catamarca la causa para determinar las circunstancias y autores de la llamada "Masacre de Capilla del Rosario" y para identificar los cuerpos que fueron sepultados en 1974 como NN en el cementerio municipal.
La reactivación de la causa no hizo más que corroborar las denuncias. Prensa De Frente tuvo acceso al expediente en el que se pueden leer, por ejemplo, las pericias médicas. La que corresponde a Norberto Carlos Rufino indica que presentaba "cuatro disparos de arma de fuego, tres en el cráneo con orificio de entrada en región parietal posterior izquierda, occipital y temporo-occipital izquierda, con salida en región frontal, cavidad orbitaria y región auricular derecha respectivamente". El cuarto disparo lo recibió en la parte posterior de la muñeca izquierda. Le dispararon desde atrás, al intentar cubrirse con sus manos antes de ser ejecutado.
En esa misma línea se inscribe la testimonial del entonces conscripto Fernando Gambarella. "Depusieron sus armas al verse en inferioridad numérica, pero igual fueron masacrados por efectivos del Ejército y de la Policía", dijo en su declaración.
Dos didácticas pruebas del fusilamiento de 16 guerrilleros, lo que fue negado por los genocidas, por el gobernador peronista Hugo Mott y por su vice, Antonio Saadi. Ellos dos, más el general Della Crocce y el coronel Eduardo Humberto Cubas y con la lógica presencia de monseñor Pedro Torres Farías, entre otros, celebraron en un acto público la represión. El diario "La Unión" de Catamarca, en su edición del 10 de septiembre de 1974, resume en su título que se exaltó "la acción del regimiento y de la policía provincial".
Con relación a Cubas cabe agregar que murió hace un par de años en un geriátrico porteño, abandonado por los suyos.
La lucha continúa
No hicieron lo mismo los familiares de las víctimas del terror de Estado y los militantes de los derechos humanos, quienes no padecen de amnesia y desarrollan una lucha de firmeza inclaudicable por la verdad y la justicia.
Con particular alegría protagonizaron el gesto de ir a Capilla del Rosario y, después de que las hermanas de Rutilo Betancour Roth recibieran un cuadro de la pintora Gabriela Vargas, la voz de Ana musitó el poema de Pablo Neruda:
Por estos muertos, nuestros muertos
Pido castigo.
Para los que de sangre salpicaron la Patria
Pido castigo.
Para el verdugo que mandó esta muerte
Pido castigo.
Para el traidor que ascendió sobre el crimen
Pido castigo.
No quiero que me den la mano
Empapada con nuestra sangre.
Pido castigo.
No los quiero de embajadores,
Tampoco en su casa tranquilos,
Los quiero ver juzgados,
En esta Plaza, en este sitio.
Pido castigo.
La represalia del ERP
El ERP había intentado asaltar el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. El asalto no llegó a concretarse puesto que los guerrilleros fueron denunciados precipitándose entonces varios enfrentamientos con la policía provincial y el Ejército. Un grupo de guerrilleros logró huir; otro, integrado por 14 combatientes, se rindió. Sin embargo, nunca aparecieron con vida.
Días después, en una conferencia de prensa, el PRT-ERP anunció que habían sido fusilados y que “esa acción fue deliberada e inspirada en el salvaje principio de que “el ejército no toma guerrilleros prisioneros” [...]. El Comité Central [...] tomó una grave determinación. Ante el asesinato indiscriminado de nuestros compañeros, nuestra organización ha decidido emplear la represalia. Mientras el ejército opresor no tome guerrilleros prisioneros, el ERP no tomará oficiales prisioneros, y a cada asesinato responderá con una ejecución de oficiales indiscriminada. Es la única forma de obligar a una oficialidad cebada en el asesinato y la tortura, a respetar las leyes de la guerra”.
Entre la publicación de esta “grave determinación” y los tres meses siguientes el PRT-ERP ejecutó, como respuesta a los fusilamientos de sus combatientes en Catamarca, a nueve oficiales del Ejército; éstos fueron:
-Coronel Jorge Oscar Gras, ejecutado 25 de septiembre de 1974 en Córdoba;
-Teniente 1º Luis Roberto Brzic, ejecutado el 25 de septiembre de 1974 en Rosario;
-Capitán Miguel Ángel Paiva, ejecutado el 2 de octubre de 1974 en Buenos Aires;
-Mayor bioquímico Jaime Gimeno, ejecutado el 7 de octubre de 1974 en Banfield;
-Tte. I Juan Carlos Gambande, ejecutado el 10 de octubre de 1974 en Santa Fe;
-Teniente Coronel médico José Francisco Gardón, ejecutado el 23 de octubre de 1974 en el hospital Municipal de San Miguel;
-Mayor Néstor Horacio López, ejecutado el 7 de noviembre de 1974 en Santa Fe;
-Teniente 1º Roberto Eduardo Carbajo, ejecutado el 12 de noviembre de 1974 en San Nicolás;
-Capitán Humberto Viola, ejecutado el 4 de diciembre de 1974 en San Miguel de Tucumán.
Durante el desarrollo del operativo de este último “ajusticiamiento” la hija menor del capitán Viola, María Cristina, de tres años de edad, resultó muerta y su hermana, María Fernanda, de cinco años, gravemente herida. Aunque no se hayan encontrado declaraciones partidarias públicas al respecto (54), la memoria militante afirma que a raíz del trágico saldo inesperado el PRT-ERP puso fin a esta represalia indiscriminada (y, en efecto, no se registraron en los meses siguientes ejecuciones de integrantes de las fuerzas represivas).
Sin embargo, en agosto de 1975 y a pocos días de haber propuesto un armisticio el PRT-ERP declaró una segunda represalia de este tipo. La misma fue anunciada el 12 de agosto en una conferencia de prensa y publicada en Estrella Roja hacia finales de mes. Sin mayores balances siquiera políticos de la represalia del año anterior y como si ésta hubiera sido en algo efectiva al menos en su propósito normativizador (“obligar a respetar las leyes de la guerra”), esta nueva determinación volvía a encontrar su fundamento en la intensificación del accionar represivo ilegal y el agravante de la incipiente generalización de un fenómeno que en lo sucesivo no haría más que incrementarse, el de la desaparición de militantes.
Esta vez, se advertía, la justicia perretista recaería sobre el amplio conjunto de fuerzas involucradas en la represión: “Considerando: que la oficialidad del Ejército contrarrevolucionario, los cuerpos represores de la Policía Federal y los demás cuerpos represivos especiales, se ensañan asesinando, o haciendo desaparecer a cuanto activista popular, militante revolucionario o persona del pueblo apresan, no respetando ninguna ley sobre el trato a los prisioneros y siendo ya incontables los ejemplos y casos de éstos, el COMITÉ CENTRAL “VIETNAM LIBERADO” RESUELVE: 1) iniciar acciones de ejecución indiscriminadas contra la oficialidad del Ejército contrarrevolucionario, los cuerpos represivos de la Policía Federal, los cuerpos especiales de represión y demás fuerzas represivas implicadas en asesinatos contra el campo del pueblo....”
Es muy probable que esta última represalia no se haya llevado a cabo. Ya sea por el alto índice de muertos, prisioneros y desaparecidos que a esas alturas registraban las filas perretistas, ya sea porque sus últimos esfuerzos militares se concentraran en el envío de nuevos combatientes al monte tucumano o en los preparativos del asalto al cuartel Viejo Bueno de Monte Chingolo (que tendría lugar en diciembre de ese año) lo cierto es, en todo caso, que parece registrarse una sola ejecución tras el anuncio de esta segunda represalia.
Amenazas a testigo en causa por desaparecidos (octubre 2006)
Uno de los testigos de la causa demominada 'Masacre de Capilla del Rosario', ocurrida durante la dictadura militar, fue amenazado de muerte telefónicamente, en tanto que familiares se manifestaron preocupados por las 'maniobras tendientes a reinstalar el miedo de la década negra'.
Mirta Clérici, integrante de la Asociación de Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas, quien es denunciante en la causa, confirmó que se denunció ante la Justicia y Policía Federal las 'amenazas y maniobras intimidatorias a un testigo' de la causa que investiga el juez federal de Catamarca, Ricardo Moreno.
'Estas situaciones nos preocupan, pero otros que están más preocupados que nosotros porque saben que la impunidad está llegando a su fin con la imprescriptibilidad y la reapertura de causas por los delitos de lesa humanidad', manifestó la mujer al confirmar las amenazas.
La desaparición de Julio Jorge López, las amenazas a jueces, fiscales y testigos 'son claras señales de quienes pertenecen a la impunidad, pero no vamos a bajar los brazos ante quienes quieren reinstalar viejas prácticas', añadió Clerici.
La mujer detalló que el testigo amenazado ya venía advirtiendo 'seguimientos y otras situaciones extrañas', cuyos detalles están en manos de la Justicia, agregó.
La identidad del testigo se mantiene en reserva, ya que se trata de un ex conscripto que habría aportado datos importantes datos sobre el hecho ocurrido en agosto de 1974, cuando 16 guerrilleros murieron en un enfrentamiento con militares en momentos que se aprestaban a copar la base del regimiento capitalino.
La denominada 'Masacre de Capilla del Rosario' ocurrió entre el 10 y 12 de agosto de 1974, a unos 15 kilómetros de la capital catamarqueña y, según la denuncia de familiares y organizaciones de Derechos Humanos, los guerrilleros fueron masacrados cuando ya habían depuesto las armas.
Esta causa fue abierta hace dos años y en agosto de este año comenzaron a declarar los testigos que, de aproximadamente 60 convocados, hasta el momento solo 10 aportaron sus testimonios.
A propósito de la muerte del capitán Viola y otras muertes ocurridas en Tucumán. Homenajes y olvidos, a 30 años del comienzo del genocidio
El 1º de diciembre de 1974 un comando de la organización guerrillera Ejército Revolucionario del Pueblo mató al capitán del Ejército Humberto Viola. En la acción también murió una pequeña hija del militar, María Cristina, de 3 años y resultaron heridas su esposa y otra niña de corta edad. El hecho ocurrió un día domingo, al mediodía, al llegar Viola y su familia a visitar a sus padres, domiciliados en pleno centro de San Miguel de Tucumán.
La acción guerrillera formaba parte de una política de represalia decidida por el ERP después de la masacre de Catamarca, ocurrida a comienzos de agosto. En esa oportunidad, una veintena de guerrilleros que habían fracasado en su intento de copar el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada, fueron fusilados después de entregarse a las fuerzas policiales y militares.
El ERP mató a Viola porque tenía información de que era uno de los jefes del primer grupo de tareas que desde hacía varios meses venía sembrando el terror en el campo y las ciudades de la provincia de Tucumán. Exactamente un mes antes, el 1 de noviembre, esa patota militar creada a instancias del entonces comandante de la Quinta Brigada de Infantería, general Luciano Benjamín Menéndez, había asesinado de un bombazo en su domicilio al secretario general de los trabajadores municipales de la ciudad de Famaillá, Juan de la Cruz Olmos. Además, durante casi todo el año que terminaba, había colocado artefactos explosivos en las casas de decenas de dirigentes, militantes y abogados a quienes acusaba de formar parte de la 'subversión'. También en sindicatos, locales partidarios, instituciones educativas, etc.
El capitán Viola era un oficial de Inteligencia integrante del Batallón 142 de esa especialidad. Sus integrantes crearon el clima de zozobra que sirvió para fundamentar la intervención militar en la provincia, decidida inmediatamente después de la muerte de Viola. La presencia de un reducido grupo guerrillero en las lejanas montañas del suroeste tucumano fue el pretexto para, un mes después, dar comienzo al Operativo Independencia.
Fragmento de Tucumán, el azúcar y la sangre (2007)
Al día siguiente de la muerte de Viola, la patota militar secuestró y asesinó a Berta Molina, esposa de Oscar Montenegro, un dirigente gremial de los vitivinícolas tucumanos que estaba enrolado en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y había sido el máximo dirigente del Frente Antiimperialista por el Socialismo, FAS. Berta 'Cuca' Molina de Montenegro había sido una de las más importantes dirigentes de la primera organización de familiares de presos políticos en los años de la dictadura de Onganía , Levington y Lanusse. Los militares que la secuestraron en represalia por la muerte del capitán Viola la llevaron hasta el Parque 9 de Julio de la capital Tucumana y allí, contra las alambradas del autódromo, la mataron a golpes.
Un par de días después del crimen de Berta Molina, su hijo Luis Montenegro, de 18 años y sin militancia política alguna, fue secuestrado en las inmediaciones de una de las esquinas más populosas de San Miguel de Tucumán, Avenida Mate de Luna y Avenida Alem. Salvajemente torturado, fue asesinado a balazos y su cadáver arrojado a un costado de la Avenida Solano Vera, en las afueras de la capital tucumana.
Una semana después, el ERP suspendió su campaña de represalia contra la oficialidad del Ejército, a raíz de la muerte de la hijita del capitán Viola.
Exactamente un año después de la muerte del capitán Viola, el 1 de diciembre de 1975, en pleno Operativo Independencia, los militares lo recordaron haciendo volar por los aires un automóvil con 7 personas, que estaban secuestradas, justo frente a la casa de los padres del militar.
Ayer hubo dos homenajes al capitán Viola: uno en el Círculo Militar, ofrecido por sus camaradas; el otro en la Cámara de Diputados de la Nación, rendido por un legislador del partido de Domingo Cavallo. Unos días antes, el comando general del Ejército, al recordar el día de la Inteligencia Militar, también homenajeó al capitán Viola. Algunos diarios y revistas, sitios on line, etc, también recordaron al capitán Viola. Una carta al director en Clarín habla de la necesidad de no ver la historia con un solo ojo. En ninguno de los recordatorios se menciona a Berta Molina y a su hijo Luis Montenegro.
Cuando asomaba la coordinadición represiva. Tupamaros asesinados en Catamarca en 1974
Las exhumaciones de cinco cuerpos NN en el cementerio de Catamarca, en Argentina, vuelve a poner sobre el tapete la colaboración represiva entre países del Cono Sur. En esa búsqueda de verdad también los archivos reconstruidos con paciencia arrojan luz sobre los servicios de inteligencia y los medios de prensa.
El 11 de agosto de 1974, un Comando del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) planeó ingresar al Regimiento de Tropas Aerotransportadas número 17, en la provincia de Catamarca a unos 12 kilómetros de la capital provincial, para hacerse de armamentos. La Unidad Militar contaba con una dotación de casi 800 hombres, un poderoso arsenal, y constituiría un golpe esencial para la guerrilla, teniendo en cuenta que era asiento de un Comando especialmente entrenado en lucha antiguerrillera.
Eran 42 guerrilleros que en el interior de un ómnibus escolar, similar a los transportes colectivos que recorren la ciudad de Buenos Aires, cambiaban sus ropas por uniformes de fajina militar a la hora de la siesta. Se trataba de la mítica Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, ese día al mando de Hugo Irurzun ("Capitán Santiago", el mismo que en 1979 hizo volar por los aires al ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza en las calles de Asunción del Paraguay. Atareados en los cambios de vestimenta, nadie se percató de que al costado de la ruta provincial 62 dos ciclistas pasaban junto a ellos sorprendidos de lo que veían y de inmediato dieron aviso a la policía del siguiente poblado rural sobre movimientos sospechosos, probablemente de guerrilleros.
Una hora más tarde llegó la policía y comenzó un combate donde cayeron policías y tres militantes del ERP, entre ellos presumiblemente el tupamaro Hugo Cacciavillani, alias "Vicente". En medio de la confusión, los guerrilleros decidieron dispersarse en dos grupos. El primero, al mando de Irurzun, logró huir con armamentos y patrulleros tras vencer la resistencia policial. El segundo grupo, al mando de Antonio "Negro" Fernández, intentó reorganizarse al día siguiente en el paraje Capilla del Rosario, hasta donde llegó el Ejército con 300 efectivos rastrillando la zona. Casi dos horas de combate dejaron a los irregulares sin municiones, y decidieron rendirse. Sin embargo, los 16 guerrilleros fueron fusilados simulando un enfrentamiento, pero sólo 11 cuerpos fueron entregados a los familiares que los reclamaron.
Los otros cinco fueron sepultados en una tumba NN en el cementerio de la capital provincial. Entre ellos estaría el segundo uruguayo, Rutilio Betancourt, alias el "Tupa".
TREINTA AÑOS DESPUÉS. Todo consta ahora en la causa que lleva adelante el Juez Federal de Catamarca Pedro Navarro desde diciembre último, cuando familiares y Abogados de organismos de Derechos Humanos de las provincias de Córdoba y Catamarca se presentaron solicitando una investigación sobre lo que ya se conoce como la Masacre de Capilla del Rosario.
"No sabemos de quiénes se trata y no podemos afirmar nada concretamente. Recién estamos por plantear al Juez que se designe médico para hacer la identificación por ADN óseo de los cinco cuerpos encontrados; ni siquiera podemos afirmar que se trate de fusilados", admitió a BRECHA el Abogado Martín Fresneda, representante de Elda Ida Roth y Elsa Betancourt Roth, madre y hermana, respectivamente, de Rutilio Betancourt. "Lo que hicimos hasta ahora es reconstruir la historia con documentos y testimonios de familiares. Sospechamos que cuando se entabla el primer combate con la Policía, caen tres militantes del ERP dentro del ómnibus y entre ellos estaría Cacciavillani. Esos mismos testimonios indican que el ERP cuando caía uno de sus militantes se comunicaba con los familiares para avisarles y evitar que el cuerpo desapareciera a manos de las fuerzas represivas. De ahí concluimos que entre los integrantes de la Compañía de Monte en esa operación estaba Rutilio Betancourt. Pero las exhumaciones de la semana pasada no implican identificar aún a ningún cuerpo", aclaró Fresneda. Diversas fuentes ligadas al ERP y algunos sobrevivientes de la fallida operación guerrillera confirmaron la presencia de los dos uruguayos. Betancourt y Cacciavillani eran militantes tupamaros que formaron parte de la Compañía de Monte aquel 11 de agosto.
PERÓN Y EL CÓNDOR. Las investigaciones de los Abogados, organismos de Derechos Humanos y familiares cuentan con el apoyo del Archivo Nacional de la Memoria y acaban de arrimar nuevas pruebas sobre la existencia del operativo Cóndor, aun antes de noviembre de 1975 cuando en Santiago de Chile se reunieron delegaciones militares de los países sudamericanos para dar forma a la coordinación represiva. Para analizar el caso del frustrado copamiento en Catamarca hay que tener en cuenta que en agosto de 1974 Argentina era el único país del Cono Sur que aún mantenía un gobierno constitucional, encabezado por Isabel Perón.
El diario provincial La Unión, de Catamarca, en su edición del 30 de agosto de 1974 recoge información publicada en Uruguay "por el matutino oficialista El País". Bajo el título "La muerte de un militante uruguayo en Catamarca es motivo de análisis", el matutino provincial informa que "los organismos de seguridad uruguayos denunciaron reiteradamente la permanente interdependencia existente entre las organizaciones extremistas que operan en el Cono Sur", y reproduce a continuación información del diario montevideano denunciando la cooperación entre los grupos argentinos ERP, fap y Montoneros, el eln boliviano, los tupamaros uruguayos y el MIR chileno, para constituirse en la Junta Coordinadora Revolucionaria.
"El pasado 30 de abril, las Fuerzas Conjuntas uruguayas – una vez más – exhibieron diversos materiales, armamentos, documentación, etcétera, incautados en procedimientos cumplidos en esos días en Montevideo", sigue La Unión. "Extraoficialmente pudo saberse, además, que más de un millar de ciudadanos uruguayos –requeridos (en Montevideo) por sus presuntas actividades subversivas – se encontrarían en territorio argentino desde que en 1972 el MLN sufrió una aplastante derrota a manos del Ejército oriental. La mayoría de ellos llegaron a Argentina procedentes de Chile, tras el golpe de Estado que depuso al régimen socialista de Salvador Allende. Antes, muchos de esos militantes revolucionarios habían tomado parte en expropiaciones, ocupaciones de fundos, atentados y otras acciones subversivas en territorio chileno con activistas del MIR. Derrocado Allende, los tupamaros huyeron preferentemente hacia la Argentina. Algunos lo hicieron como asilados, otros entraron ilegalmente. La mayoría, se asegura, continuaron su infatigable militancia integrándose a los cuadros de la organización declarada ilegal en la Argentina (léase ERP) y otras organizaciones de la extrema izquierda."
Es decir que la identificación de Cacciavillani o Betancourt entre los militantes muertos del ERP certificó para la inteligencia uruguaya que iba por el buen camino intercambiando información con la dictadura de Pinochet y los servicios del aún constitucional gobierno peronista argentino. No hay que olvidar que Juan Perón había muerto apenas un mes y medio antes de la Masacre de Capilla del Rosario, el 1 de julio, y que el 1 de mayo anterior había echado de la Plaza de Mayo a las formaciones especiales juveniles, es decir, los Montoneros, a quienes llamó "imberbes".
Querella particular de ciudadana uruguaya
La causa se inició porque se cree que 14 guerrilleros fueron fusilados. Una mujer uruguaya cree que uno de los cinco NN sepultados en el cementerio es su hijo, desaparecido desde entonces.
La madre de un guerrillero uruguayo supuestamente masacrado en el enfrentamiento de la Capilla del Rosario el 12 de agosto de 1974 se constituyó en querellante particular en la causa iniciada en el Juzgado Federal de Catamarca. Lo hizo con el patrocinio letrado de abogados representantes de asociaciones defensoras de Derechos Humanos de esta provincia y de Córdoba, y en la presentación se solicita al juez Pedro Armando Navarro una serie de medidas, especialmente la preservación del lugar donde están sepultados los cinco cadáveres pertenecientes a los guerrilleros no identificados.
Elda Ida Roth, de 91 años, es la madre de un joven uruguayo que actualmente figura como desaparecido durante la última dictadura militar en la Argentina. Ella cree que su hijo estuvo en Catamarca y que murió durante el intento de copamiento al Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada, un episodio ocurrido el 12 de agosto de 1974.
El escrito judicial fue presentado por Claudio Orosz, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Córdoba; Martín Fresneda, de la Agrupación "Hijos" filial Córdoba; y los letrados catamarqueños Guillermo Díaz Martínez y Pablo Gallardo, de la comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Catamarca. Junto a ellos estuvo Elsa Betancourt Roth, hermana del joven desaparecido, quien viajó desde Uruguay para acompañar a los abogados.
Entre otras medidas, se solicitó al juez Navarro que se preserve el lugar donde están sepultados los cinco cuerpos que en agosto de 1974 no fueron reclamados ni identificados, el cuadro Nº 24 del cementerio municipal. Según la denuncia que dio origen a la causa, las tumbas en las que están los NN son las número 23, 24, 26, 27 y 28 de la mencionada parcela.
También se solicitó la mayor celeridad posible para convocar al Equipo Forense Argentino, para que a más tardar en junio próximo se realicen las exhumaciones y las pruebas de ADN, a fin de determinar fehacientemente la identidad de los cuerpos sin identificar. Ahora el juez Navarro debe resolver si acepta la constitución de querellante particular de los familiares del joven supuestamente fusilado tras el enfrentamiento.
Según explicó Betancourt Roth, su hermano fue integrante del grupo "Tupac Amaru" de Uruguay y viajó hacia Argentina para realizar intercambio de experiencias con otros grupos de izquierda durante la década del '70. Explicó que cuando se produjo el fallido copamiento del RI 17 le llegaron a Uruguay recortes periodísticos de Argentina y que desde entonces está convencida de que su hermano cayó en ese enfrentamiento.
Abren una causa por fusilamientos a miembros del ERP
A raíz de una denuncia presentada por abogados y organizaciones de derechos humanos de Córdoba y Catamarca, el juez federal Pedro Armando Navarro hizo lugar al pedido del fiscal para promover acción penal contra integrantes del Ejército, sospechados de fusilar a 16 militantes del ERP en agosto de 1974 cuando ya se habían rendido y se encontraban desarmados. Entre los combatientes abatidos hay dos ciudadanos uruguayos, posiblemente pertenecientes al movimiento Tupamaro. Como cinco de los fusilados fueron enterrados en calidad de NN en el cementerio de la capital catamarqueña, la Justicia aceptó la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para que realice las tareas de excavación y de identificación de estos cadáveres.
La denuncia presentada en diciembre pasado por abogados de derechos humanos de Córdoba y Catamarca, tuvo eco en el juez federal Navarro, quien hizo lugar al pedido del fiscal Santos Reynoso de promover acción penal contra miembros del Ejército argentino y la policía catamarqueña, sospechados de haber fusilado a 16 integrantes del ERP cuando éstos se habían rendido, luego de un enfrentamiento entre esta organización y las fuerzas de seguridad en un paraje conocido como Capilla del Rosario, a veinte kilómetros de la capital catamarqueña, hecho sucedido entre el 11 y el 12 de agosto de 1974.
"Entre los combatientes fusilados se encontraban dos ciudadanos uruguayos, identificados como Hugo Cacciavillani, alias ‘Vicente’ y Rutilio Betancour, alias ‘Tupa’, que habrían pertenecido al movimiento guerrillero Tupamaro", contó a Página/12 Martín Fresneda, quien junto a Claudio Orozs, Guillermo Díaz Martínez, el Colegio de Abogados de Catamarca, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Archivo Nacional de la Memoria, representan en esta causa a las familias del país vecino.
"Nos hemos puesto en contacto con el gobierno uruguayo por este tema, y ellos están muy interesados en conocer qué paso. Hasta se comprometieron a pagar los costos de traslado de los cuerpos y otros gastos que pudiéramos necesitar", agregó Fresneda.
Aunque la acción penal se promueve contra autores desconocidos, tanto el juez como el fiscal ya tendrían identificados a los responsables de la masacre.
"A pedido de la policía, toman intervención el entonces comandante general del Ejército, general Leandro Enrique Anaya; el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, general Ernesto Federico Dellacroce; y el comisario de la Policía Federal, Alberto Villar. Pero la persona que dio la orden de ejecución, cuando los guerrilleros ya se habían rendido y entregado las armas, fue Juan José Vaquero", apunta Fresneda.
Para los querellantes queda claro que se trata de delitos de lesa humanidad, en los cuales se viola la Convención de Ginebra sobre el trato de prisioneros. "Estaban desarmados y no tuvieron un juicio justo como se merecían, si es que se comprobaba que habían atentado contra el Estado", remarcó el abogado que impulsa la investigación judicial.
Como de los 16 cadáveres sólo once fueron entregados a sus familiares y cinco permanecen enterrados en calidad de NN en el cementerio de la capital de Catamarca, los querellantes pidieron a la Justicia la intervención del EAAF para realizar las tareas de excavación e identificación, petición que fue aceptada por Navarro. Dichas tareas de exhumación comenzarían a realizarse a principios del mes que viene.
FUENTE:http://www.elortiba.org/capros.html
NI PERDON NI OLVIDO JUICIO Y CASTIGO A LA MILICADA