Organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, dirigentes de izquierda, peronistas y sindicales, la UOCRA, el Frente Popular Darío Santillán y otras agrupaciones de izquierda marcharon para repudiar el fallo de la Corte Suprema que aplica el beneficio del "2×1" para los genocidas. El cual favoreció a Luis Muiña, un represor condenado por delitos de lesa humanidad.
"No perdonamos, no nos reconciliamos. Cárcel común y perpetua a los genocidas", exigió el organismo en un comunicado a la vez que solicitó el acompañamiento de la sociedad "para que nunca más haya impunidad en la Argentina, porque lo que no se juzga y condena, se repite".
La convocatoria también fue adherida por Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros organismos, quienes confluirán a las 18 en el acto bajo la consigna de "Nunca Más Ningún Genocida Suelto".
"La reivindicación del terrorismo de estado y las políticas de reconciliación impulsadas por el Gobierno y la cúpula eclesiástica son funcionales a la política represiva desplegada a lo largo y ancho del país", se quejaron en un comunicado.
La Corte Suprema declaró aplicable el beneficio del 2x1 para las penas de prisión por delitos de lesa humanidad. La decisión fue aprobada por la mayoría con la firma de Elena Highton de Nolasco y los jueces designados por Mauricio Macri: Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.
(Carlos Rosenkrantz abogado del grupo Clarín es integrante de la Corte Suprema designado por Mauricio Macri.)
El beneficio del 2x1 fue incorporado en la ley 24.390 sancionada en noviembre de 1994 durante el menemismo. El artículo 7 de esa norma establecía que, transcurrido el plazo de dos años previsto en la ley, se debía computar doble cada día de prisión preventiva. La ley fue drogada en 2001.
"No perdonamos, no nos reconciliamos. Cárcel común y perpetua a los genocidas", exigió el organismo en un comunicado a la vez que solicitó el acompañamiento de la sociedad "para que nunca más haya impunidad en la Argentina, porque lo que no se juzga y condena, se repite".
La convocatoria también fue adherida por Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros organismos, quienes confluirán a las 18 en el acto bajo la consigna de "Nunca Más Ningún Genocida Suelto".
"La reivindicación del terrorismo de estado y las políticas de reconciliación impulsadas por el Gobierno y la cúpula eclesiástica son funcionales a la política represiva desplegada a lo largo y ancho del país", se quejaron en un comunicado.
La Corte Suprema declaró aplicable el beneficio del 2x1 para las penas de prisión por delitos de lesa humanidad. La decisión fue aprobada por la mayoría con la firma de Elena Highton de Nolasco y los jueces designados por Mauricio Macri: Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.
(Carlos Rosenkrantz abogado del grupo Clarín es integrante de la Corte Suprema designado por Mauricio Macri.)
El beneficio del 2x1 fue incorporado en la ley 24.390 sancionada en noviembre de 1994 durante el menemismo. El artículo 7 de esa norma establecía que, transcurrido el plazo de dos años previsto en la ley, se debía computar doble cada día de prisión preventiva. La ley fue drogada en 2001.