Acorralado por el caso Odebrecht, Macri intenta destituir a la Procuradora Gils Carbó mediante un decreto que vulnera los preceptos jurídicos y constitucionales.
El cerco que se cierra en torno al presidente y sus ministros amigos por el caso Odebrecht es la razón por la cual busca deshacerse de Carbó y reemplazarla por un funcionario amigo. Ya había hecho lo mismo en la Procuración del Tesoro en donde designó a Saravia Frías, ex abogado de las empresas del grupo de la familia presidencial
Asi Macri se prepara para dar otro golpe contra las instituciones democráticas por decreto con el que buscará destituir a Alejandra Gils Carbó de su cargo de Procuradora General de la Nación, jugada con la que buscará tener el control total de los fiscales en momentos en que el caso Odebrecht va cerrando el cerco en torno suyo y de sus principales colaboradores de gobierno.
La maniobra del macrismo es a todas luces ilegal y anticonstitucional dado que el cargo de Procurador es absolutamente independiente del Poder Ejecutivo y sólo puede ser removido mediante el mecanismo constitucional de juicio político.
Para poder abrir esa instancia de juicio político debe mediar la comisión de un delito con una investigación abierta ante la justicia, de otro modo se podría solicitar la apertura del juicio por iniciativa propia de diputados o senadores sin causa que lo justifique.
Es por eso que el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano llevan adelante una investigación por "supuestos" delitos cometidos en la compra de un edificio en la calle Perón al 600, realizada en 2013 por 43,8 millones de pesos, en el que funciona una de las cuatro sedes de la Procuración. Ercolini y Taiano sostienen que la licitación para la compra del inmueble estaba digitada antes de ser pública para que se beneficiaran los que iban a cobrar la comisión aunque hasta el momento no se ha presentado ninguna prueba ni documentación que vale tales sospechas.
No obstante, en los pasillos de los tribunales federales corre la versión de que el juez estaría a punto de citar a indagatoria a Gils Carbó, como paso previo a la imputación del delito de administración fraudulenta y perjuicio contra el estado.
La procuradora ya anticipó que va a resistir cualquier intento de destitución mediante decreto y calificó a la intención gubernamental de ilegítima, absolutamente carente de validez e inconstitucional.
Mientras siguen apareciendo las evidencias del pago de coimas que involucran al propio Macri a través de las empresas familiares y de empresarios amigos directamente vinculados con la familia del presidente.
El cerco que se cierra en torno al presidente y sus ministros amigos por el caso Odebrecht es la razón por la cual busca deshacerse de Carbó y reemplazarla por un funcionario amigo. Ya había hecho lo mismo en la Procuración del Tesoro en donde designó a Saravia Frías, ex abogado de las empresas del grupo de la familia presidencial
Asi Macri se prepara para dar otro golpe contra las instituciones democráticas por decreto con el que buscará destituir a Alejandra Gils Carbó de su cargo de Procuradora General de la Nación, jugada con la que buscará tener el control total de los fiscales en momentos en que el caso Odebrecht va cerrando el cerco en torno suyo y de sus principales colaboradores de gobierno.
La maniobra del macrismo es a todas luces ilegal y anticonstitucional dado que el cargo de Procurador es absolutamente independiente del Poder Ejecutivo y sólo puede ser removido mediante el mecanismo constitucional de juicio político.
Para poder abrir esa instancia de juicio político debe mediar la comisión de un delito con una investigación abierta ante la justicia, de otro modo se podría solicitar la apertura del juicio por iniciativa propia de diputados o senadores sin causa que lo justifique.
Es por eso que el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano llevan adelante una investigación por "supuestos" delitos cometidos en la compra de un edificio en la calle Perón al 600, realizada en 2013 por 43,8 millones de pesos, en el que funciona una de las cuatro sedes de la Procuración. Ercolini y Taiano sostienen que la licitación para la compra del inmueble estaba digitada antes de ser pública para que se beneficiaran los que iban a cobrar la comisión aunque hasta el momento no se ha presentado ninguna prueba ni documentación que vale tales sospechas.
No obstante, en los pasillos de los tribunales federales corre la versión de que el juez estaría a punto de citar a indagatoria a Gils Carbó, como paso previo a la imputación del delito de administración fraudulenta y perjuicio contra el estado.
La procuradora ya anticipó que va a resistir cualquier intento de destitución mediante decreto y calificó a la intención gubernamental de ilegítima, absolutamente carente de validez e inconstitucional.
Mientras siguen apareciendo las evidencias del pago de coimas que involucran al propio Macri a través de las empresas familiares y de empresarios amigos directamente vinculados con la familia del presidente.