Nuevo enfoque económico propuesta asimétrica y gradualista

Posted by Informe Económico periódico sobre Argentina. La coyuntura actual El crecimiento económico se mantiene. El PBI llegaría a 2,8% de incremento para 2017. El crecimiento alcanza a la mayoría de los sectores incluyendo el industrial, y se aceleró la expansión del crédito. La confirmación del buen momento de esta administración quita algo de la incertidumbre sobre los cambios a realizar y podría haber un mayor dinamismo de la inversión privada, tal vez impulsando el crecimiento a 3.5% para 2018. Que en líneas generales haya un leve crecimiento de la actividad no indica que los desajustes macroeconómicos hayan siquiera comenzado a corregirse: el estado tiene un déficit fiscal enorme, inelástico y creciente de casi 9% del PBI, la balanza comercial es negativa al punto de llegar a perderse casi us$ 6.000 millones de diferencia entre importaciones y exportaciones sin posibilidades de corregirse en 2018 en que llegará a us$ 8.000 millones. La inflación no cede y será casi de 24% en 2017 y las tasas utilizadas para contenerla restringen el crédito al sector privado. La financiación del déficit con crédito externo mantiene bajo el dólar y genera fuga de divisas al mismo tiempo que dificulta las exportaciones que ya tienen caída de precios y costos internos de producción elevados por la enorme presión impositiva. Una combinación que manejada por la administración anterior hubiera resultado explosiva, en este momento resulta muy preocupante y no será resuelta en menos de cinco años mientras el crecimiento cierto deberá esperar. Screenshot_1 La evaluación macroeconómica suele desplazar a un enfoque microeconómico que refleje los problemas diarios de las empresas medianas y pequeños emprendimientos que en última instancia son los más desprotegidos. El aumento del costo del crédito hace que las grandes empresas compradoras y distribuidoras trasladen el costo financiero a sus proveedores llevándolos a reducir sus inventarios al mínimo y a bajar sus márgenes y su personal en blanco a la menor expresión. Esto mantiene una fuerza de trabajo estimable en un 30% que cobra en negro y se pierden aportes y contribuciones. En todos los sectores excepto el agroexportador esta situación – además de la carga impositiva – genera inflación reprimida que es la que presiona la inflación núcleo hacia arriba. Inflación La inflación de octubre se desacelera respecto a septiembre. El IPC presentó un incremento de 1.5%. La inflación acumulada en 2017 es 19.4%. Aumentaron Bebidas Alcohólicas y Tabaco 3%, Comunicación 5.3% e Indumentaria 2%. La inflación núcleo baja 1.3%, y el promedio de tres meses es 1.5%. Acumula en 17.6% en 2017. Para noviembre se llegará 1.4%. La baja del precio de los Combustibles (-1.5%), modera el aumento de octubre. En diciembre habrá una variación de 2.0%, con inflación anual en 22/24%. A pesar de la baja no se afloja la política monetaria porque el mercado mantiene cierta expectativa inflacionaria. Las propuestas económicas post triunfo electoral El éxito electoral y un claro diagnóstico de los problemas a resolver que ha realizado y presentado la actual administración horas después de recibir respaldo electoral, indican que han decidido enfrentar los desafíos de corrección macroeconómica y estructurales de la economía en forma gradual y sin correr riesgos políticos, excepto con la reforma previsional. Dejan de subestimar la macroeconomía y eso genera algo de certidumbre dando lugar a un pragmatismo con el que se evalúan estos primeros dos años Las modificaciones anunciadas parecen bien orientadas y son el primer paso de un largo camino, que arranca desde un lugar muy difícil, con muchos obstáculos a superar. La macroeconomía no está en absoluto consolidada para conseguir estabilidad duradera y necesita reformas mucho más profundas que las anunciadas para iniciar un crecimiento sostenido a mediano y largo plazo. Lo que se ha decidido presentar es muy gradual y no llega al fondo del problema: una reforma sobre cómo repartir los recursos entre la Nación y las Provincias; una reforma impositiva neutral en 2018 con costo fiscal creciente en los años sucesivos para que las provincias disminuyan sus cargas una reforma previsional que modifica la fórmula de la movilidad jubilatoria como elemento vital para reducir el déficit fiscal primario en 2018 y evitar la quiebra del sistema a mediano plazo una reforma laboral que aspira a blanquear parte del empleo en negro y reducir la litigiosidad. Las tres primeras se negocian todas juntas con los gobernadores. La reforma laboral tiene como escollo principal a los sindicatos. Si se modifican sin un contexto los impuestos nacionales y provinciales, se crea el impuesto por única vez al revalúo de activos, se cambia el reparto de recursos entre Nación y Provincias, se altera la fórmula previsional y se recortan subsidios energéticos nadie puede racionalmente imaginar siquiera si mejorará o no la situación fiscal y la competitividad. Esta administración necesita bajar impuestos porque el sector privado está impedido de crecer de forma genuina porque el tamaño del gasto público pasó de ser 25% cuando comenzó la administración anterior a 43% hoy. Si no se baja el gasto público, no hay forma de bajar los impuestos. Es por eso que la reforma tributaria que propuso el gobierno no parece útil, simplemente no conseguirá bajar impuestos. Será un modificar constante e imprevisible de recursos y gastos en función de cómo opere el déficit. Eso sin tomar en cuenta algún Acto de Dios que modifique el medio ambiente condicionante. La visión de esta administración en cuanto a los gastos a favor de la población. Cualquier reforma que se diseñe desnuda la visión de la administración que las propone y revela el pensamiento de la coalición gobernante. Sus iniciativas muestran que esta administración tiene un buen diagnóstico, con demasiados problemas no resueltos y ha elegido un conjunto de reformas livianas que entrarían en vigencia muy lentamente y con limitaciones durante cuatro años. Si bien el diagnóstico parece correcto, enfrentan demasiados problemas no resueltos aun: según ellos no se puede bajar el gasto público que debe crecer tanto como la inflación. Esto es así porque asumen que la situación argentina actual es de una fuerte desigualdad en la distribución de la riqueza, un alto nivel de pobreza (30% de la población) y una crisis de la infraestructura. Por eso esta administración siguió aumentado las prestaciones sociales y la obra pública durante dos años, compensando con el aumento de tarifas. Ahora tratarán de corregir limitando el gasto social. Como no se puede bajar el gasto social y poder gobernar al mismo tiempo, esta administración encaró una reforma impositiva más que lavada para bajar la presión tributaria global, donde todos los cambios entrarían en régimen en forma gradual en un plazo de cuatro años. La reforma impositiva aspira a reducir la presión recién en 2021/2022, pero en 2018 habrá mayor presión tributaria porque no es posible reducir los impuestos debido a la inacción de 2016 y 2017 y la necesidad de bajar gradualmente el déficit fiscal primario. Las restricciones presupuestarias condicionan las reformas y sus resultados, que aún son difícilmente estimables hasta no conocerse el texto final de las leyes. La reforma laboral es algo más agresiva y con resultados probables más positivos en el corto plazo. El cambio de la forma de ajuste de la movilidad jubilatoria y de auxilio al 30% de la población con menos recursos laborales resulta el más significativo de este paquete de reformas porque en conjunto esos gastos sociales representan el 57% del total del gasto público y es – hasta el momento – inelástico a la baja y elástico a la suba porque se ajusta en forma indexada con inflación y recaudación pasada en un contexto donde se reduce la inflación. Para la administración de las cuentas públicas resulta imprescindible desactivar esa inelasticidad, sin embargo para la población afectada resultará en una caída de ingresos de más de $ 80.000 millones en un año. Cabe preguntarse si se ha calculado bien hasta qué punto afectará a la demanda agregada porque los cálculos previos de esta administración en varios aspectos clave de la economía han demostrado apresuramientos con sus consecuentes errores y posteriores rectificaciones. Este año, la tasa de inflación bajará de 38,4% (2016) a 24%. Las jubilaciones se ajustaron por la fórmula 28%. Si no se cambiara nada el 2018 sería igual: la inflación se estima será 17%, mientras que la movilidad de las jubilaciones puede llegar al 23%. Cambiar la fórmula utilizando la inflación ahorra $ 10.000 M por cada punto menos que aumenten las jubilaciones. Con 8 puntos de diferencia estimados para 2018, el ahorro teórico máximo llegaría a $ 80.000 M, pero casi con seguridad se va a negociar algo con la oposición, que tiene un plato servido para negociar. Pero no se mencionan los otros gastos sociales. Si agregamos la evolución del gasto social sin incluir las jubilaciones y las pensiones, esto es educación, salud y vivienda en valores constantes de 2016, aumentó 2,4 veces en términos reales durante 2017. En dólares, el gasto social adicional total aumentó de U$S 28000 millones en 2001 a U$S 80000 millones en 2016, o sea que se multiplicó casi por 4. Pero desde el 2003, cuando empezó la administración anterior hasta el 2016 el gasto social aumentó 6,6 veces en dólares. Por lo tanto si la solución a la pobreza es aumentar los planes sociales, hoy no habría pobres. Este gobierno no ha logrado revertir la cultura de la ayuda en vez de la cultura del trabajo y seguirá según las cifras del presupuesto 2018 tal como puede verse en los siguientes cuadros. Como afectarían las reformas en el corto plazo El conjunto de reformas puestas a discusión contiene un correcto diagnóstico que deja de lado la demanda agregada y cambia el foco a fomentar la oferta y procura estabilizar la macroeconomía. Esta administración considera que los subsidios y planes, más las jubilaciones (tanto las genuinas, como las concedidas indiscriminadamente sin aportes y las sorprendentes jubilaciones de privilegio, que no se pueden modificar) resultan poco importantes políticamente y que se debe esperar que sea el crecimiento económico el que mejore la situación de ese segmento. Consideran que deben licuarse algo en que todos los técnicos estarían de acuerdo si el gasto público no fuera de 45% del PBI y no hubiera mayor inflación y que la licuación no abarcara a millones de consumidores en su gran mayoría por debajo del límite de la pobreza. Pero no es el caso sino lo contrario. Una administración que considera imprescindible contener el gasto social y aumentar la obra pública simultáneamente, debería generar una reforma fiscal sin precedentes, no la tímidamente anunciada. Es el sistema impositivo integro lo que se debe modificar, seguir emparchando es delegar al futuro la resolución de uno de los más complejos problemas del país. Está claro que el gasto social instalado durante 8 años de populismo sin control sostenido con emisión monetaria ha generado jubilaciones y pensiones que pasaron de ser el 5.2% del PBI en 2008 al 9 % en la actualidad por la fórmula de cálculo de ajuste utilizada. Se aumentó en los dos últimos años en 1.4% del PBI el gasto social llevando todo hasta 10% del PBI. Es decir que desde 2008 a la actualidad el gasto total del ANSES que son jubilaciones y todos los compromisos de gasto social aumentó 5% del PBI haciendo crecer más de 120% el déficit total del estado. Sin cambios, en cinco años los jubilados consumirían 10% del PBI por eso se requiere y solicita discutir un cambio de la fórmula de movilidad, para que los jubilados no afecten tanto el déficit. Cabe preguntarse sobre este tema si se han analizado adecuadamente todas las alternativas posibles, como reducir la planta de empleados públicos que son casi 8.000.000 en todo el país, o reducir los gastos del poder legislativo que consumen $ 50.000 millones anuales entre sueldos y adicionales de legisladores y los miles de asesores con que ellos operan, o reducir el número incongruente de Ministerios en todas las provincias, como – simple ejemplo – la Dirección de Bicicletas y bici sendas a cargo de una Directora General en CABA y como ese muchos más cargos creados para favores políticos y el omnipresente nepotismo. Los ajustes fiscales propuestos no son en absoluto ambiciosos. Hasta hoy se sigue tomando endeudamiento externo para financiar el déficit fiscal pagando tasas elevadas como un bono a 10 años que retribuye 6% anual mientras Colombia (en estado de guerra contenida) paga 4.5%, México 3.2% y Brasil en carne viva por la corrupción paga 4.2%, y esta administración paga 6.5% con una relación de deuda/PBI muchísimo más baja que el de esos países. Esta administración paga más porque el país ha defaulteado y no tiene ninguna ley para controlar a la dirigencia política y por eso los inversores asumen – con toda razón – que el país seguirá endeudándose y naturalmente prestan solamente a tasas más elevadas. No poner un límite legal explícito al endeudamiento externo público, espanta a los inversores. Pero eso no figura en la agenda legislativa. Inexplicablemente. Para que el gradualismo continúe asegurando gobernabilidad el financiamiento externo es clave, pero para conseguirlo hay que asegurar que la deuda se va a honrar y eso solo se logra con normas fiscales que aseguren la transparencia y previsibilidad de las cuentas públicas y mejoren la credibilidad del país en los mercados, quienes desde la asunción de esta administración han ofrecido solo palabras, especulación, carry trade y ninguna inversión genuina. Ningún inversor real (excepto los que se garantizan con extracciones de recursos) ha puesto el dinero donde puso sus palabras.