Los aspectos institucionales que afectarán a la economía de todo el año 2018
El año comenzó con un fracaso importante para la actual administración, tal vez el más perjudicial desde que comenzó su gestión.
El ajuste de impuestos – llamado Reforma Tributaria – no tendrá efectos en la economía hasta 2019.
El costo político de la única reforma inmediata y de alto impacto -la Previsional- ha resultado muy elevado: pérdida de 10 puntos de aceptación al jefe del ejecutivo, disconformidad de gobernadores por la mayor asignación de esos recursos a Buenos Aires, una imagen deteriorada en el exterior por los disturbios mal controlados y un decreto tardío y forzado que no conforma a nadie para compensar solo a algunos jubilados.
La reforma laboral, la más importante porque generaba estabilidad jurídica y fuerte disminución de costos operativos en las empresas y facilitaba la productividad – aspecto clave – no pudo ser aprobada y no lo será durante toda la gestión de esta administración.
Como consecuencia del fracaso se ha decidido que el Congreso ya no será el lugar de decisión política durante el tiempo restante de mandato.
Casi como una señal para alejarse del foco de atención en su peor momento, entre Navidad y el 1 de febrero el jefe del ejecutivo prácticamente no estará presente, ya que tomó vacaciones y realizará una gira internacional (Moscú, Davos y Paris) que será la más importante del año algo que lo favorece porque en 40 días habrá estado solo 5 presente en la conducción del peor momento de su administración.
Administrar con poca participación de un Congreso que no ofrece garantías.
Es una decisión tomada que no se convocarán las sesiones extraordinarias del Congreso el 1 de febrero. Esto parecería indicar que se abandonó la reforma laboral, y cualquier otra reforma que no pueda hacerse con DNU.
Se evitarán los conflictos hasta el Mundial de Fútbol en junio evento que postergará ligeramente a la política y desde agosto, ya a un año de las PASO de la elección presidencial, comenzará una nueva, febril campaña electoral, muy perjudicial para la población y la economía.
El Congreso sólo será para proyectos obligatorios, como el presupuesto 2019. Una demostración evidente es que los cinco nuevos embajadores designados (EE.UU., Ecuador, Paraguay, Uruguay y ALADI), han sido nombrados en comisión y por decreto, eludiendo el acuerdo del Senado, y el gran esfuerzo para agilizar el estado que define temas centrales y que deberían ser leyes que el Ejecutivo debería presentar al Congreso, porque dejó caer la emergencia económica se hizo por DNU.
Por lo tanto, la reforma electoral, el voto electrónico y la derogación de las PASO, los temas centrales para esta administración son nuevas derrotas que deben ser tomadas muy en cuenta, como síntoma de cierta impericia que las oposiciones divididas no pueden capitalizar, por ahora.
Por último en materia institucional el ataque – muy loable y justificado -a las cabezas sindicales más repudiables – puede empujar al sindicalismo peronista, por temor, a formar parte del bloque opositor junto con el resabio duro de la administración anterior.
El nuevo enfoque de política monetaria
Se anunció una nueva política monetaria – financiera que apunta al crecimiento con mayor inflación. Ese cambio en la orientación económica, que casi podría calificarse de ideológico deja de lado al aumento de precios como el primer enemigo a vencer y concentra los esfuerzos en reducir el déficit, asumiendo los costos políticos que se han manifestado de inmediato.
El cambio de las metas de inflación anunciado a fin de 2017, que básicamente implica bajar el objetivo de 10 a 15 por ciento anual para 2018, es un nuevo episodio de prueba y error de una administración que recibió tierra arrasada, pero que cometió algunos errores por asumir con un plan incompleto y sin el suficiente ensamblaje. Los numerosos e inconexos ministerios son parte del problema; también el constante replanteo de las metas fiscales.
Estos vaivenes afectan la credibilidad, pero sin alcanzar a oscurecer los avances de gobernabilidad del último período. En este momento – consideran – es más relevante cumplir con la reducción del déficit fiscal que acertar en materia de inflación para que el volumen de la deuda pública se haga manejable.
Concretamente: decidieron retrasar un año el objetivo de alcanzar una inflación de un dígito, postergada ahora para 2020 (5%). Simultáneamente, se modificaron las metas para 2018 a 15% (desde 10% ±2%) y para 2019 a 10% (desde 5% ±1,5%). Tal como se presentan los primeros números en 4 meses ya se estaría superando la mitad del porcentaje previsto para 2018.
La política económica pragmática sin plan integrador y las elevadas tasas reales de interés comenzaban a amenazar la pequeña evolución del nivel de actividad, con lo que podría haberse afectado la recaudación impositiva, impidiendo la meta de un déficit primario en 3,2 puntos del PBI para 2018.
En la práctica, los anuncios de fin de año significan que la tasa real de interés será al menos tres puntos menor a la de diciembre, y que el tipo de cambio puede estabilizarse en un valor algo superior cercano a los $ 19 y creciendo con la inflación.
Una buena señal
El cambio hacia bajar el déficit recibió un primer espaldarazo porque el primario terminó 2017 en 3,9% del PBI, menos que el 4,2% previsto por el Gobierno. Se logró que los gastos fueron inferiores a la recaudación por 1ra vez desde 2004. No incluye el resultado con los intereses de la deuda, que subió hasta el 6,1% desde el 5,9% de 2016, sin embargo es muy relevante haber conseguido reducirlo, la tendencia es saludable.
El cambio indica y acepta que el proceso de bajar la inflación es más lento de lo esperado y que continuará siendo gradual y complejo, con una inercia elevada y fuertes ajustes de tarifas pendientes.
Todo lo anterior requiere que el Banco Central baje las tasas de interés, generando en consecuencia un dólar más caro pero lo que no se puede prever es si será en la forma gradual que aparenta. Si fuera asi esteriliza los cambios pretendidos generando conflictos en el seno de la administración.
Por otra parte habrá que ver como se superan los problemas monetarios del verano porque la nueva meta de inflación se instaló en el peor momento posible dado que diciembre/marzo son meses de alta inflación a lo que se les ha sumado expectativas de crecimiento anunciando aumentos de tarifas de todo tipo, un incremento del 12% de los combustibles, 6% de prepagas y un fuerte aumento en ABL tanto en CABA como en Buenos Aires. Por momentos el timming de esta administración no parece ser su fuerte.
No hay un cálculo fino sobre el impacto de liberar el precio de los combustibles y los ajustes preanunciados de las tarifas reguladas.
Hay un ligero descontrol en esa área y es probable es que la inflación de 2018 supere el 20%, lejos de la meta fijada, algo que puede costar caro a las aspiraciones de reelección, en especial si las paritarias resultan tan duras como ya se puede prever.
Macroeconómicamente, al terminar el verano se conocerá cómo resultaron las decisiones que pretendían disminuir el crecimiento generalizado de los precios sin ponerle techo a la reactivación.
La intención de reactivar la economía y bajar la inflación son objetivos contrapuestos y seguirán estando presente todo el año, pero el resultado del primer trimestre será muy negativo en términos inflacionarios y provocarán fuerte rechazo de la población.
La primera muy mala señal ya se conoce: diciembre volvió a mostrar una fuerte aceleración de la inflación, que alcanzó el 3,1% mensual a nivel nacional, convirtiéndose en el mayor registro del año. Los fuertes aumentos en los precios de servicios regulados (9,1% mensual) volvieron a impulsar la inflación del último mes.
El déficit fiscal a enero 2018 es el mismo que en el 2015
Tomado como porcentaje del PBI es el mismo déficit, nominalmente más bajo, con mejor distribución de gastos, mejor conducción y seriedad en el tratamiento, pero el mismo déficit. Se redujeron retenciones y ganancias, se redujeron subsidios energéticos y se aumentaron otros gastos como planes sociales, provincias y la fracasada Reparación Histórica.
El déficit primario sigue en $ 400 mil millones y el interés de la deuda que lo financia lo hacen aumentar $ 100 mil millones por año.
La única forma de una minúscula reducción del déficit primario en 2018 no será la reactivación sino que la AFIP y la inflación mantengan los ingresos y que los subsidios energéticos sigan bajando. No se puede esperar nada de las reformas y mucho menos que desde la administración bajen el gasto público al que – esperemos – no consideren un instrumento de competencia populista dónde el que más gasto público ofrece a los electores tenga mayores chances de ganar las elecciones.
Esta administración trata de cobrar cada vez más impuestos para redistribuir entre los llamados planes sociales. Las cifras son un tanto alarmantes: 8 millones de argentinos trabajan en blanco y 18 millones cobran del estado dinero que proviene de los que trabajan en blanco. Lo correcto sería analizar cuanta aceptación se pierde con impuestos hasta el límite a un sector minoritario y cuanto se gana por redistribuir esa presión entre un amplio sector que vota.
Si bien no hay números para respaldarlo, parece que esta administración para poder gobernar tiene que afectar al que puede trabajar para repartir entre los que trabajan a medias o no lo hacen. Es levemente inquietante que el jefe de gabinete se sienta cómodo afirmando que administración gasta más en planes sociales que lo que gastaba la anterior.
Como impacta el sistema previsional
Obviamente desequilibrado per se, ha sido destruido a causa de moratorias, fórmula de movilidad y Reparación Histórica. Un régimen previsional como el vigente – de aportes menos jubilaciones – genera un déficit de 3 puntos del PBI con un resultado de caja total de la ANSES negativo. El reciente cambio de la fórmula de la movilidad es el reconocimiento implícito de que el sistema previsional depende cada vez más del Tesoro, sin que se puedan siquiera imaginar soluciones de fondo. Este tema se irá agravando sin que entre en el radar de esta administración.
Los mercados de capitales.
Hubo mucho movimiento para financiar al sector público y también participó el sector privado. Las necesidades totales del sector público nacional (pesos y dólares) en 2018 superarán los US$ 40 mil millones de dólares – si se cumple lo que calcularon – y sería la necesidad más baja de los últimos tres años por los menores vencimientos de la deuda en dólares. Parte de los cuales se financiarán con emisión monetaria del BCRA, aproximadamente un 15%.
Habrá que renovar la deuda en pesos en el mercado local, con LETES en dólares y préstamos de bancos internacionales. Y seguir colocando bonos.
El dólar
El tipo de cambio real bajó porque subió 18% contra una inflación de 25% en 2017.
Los actuales 19 pesos por dólar es 15% más alto que el de noviembre de 2015 previo a la unificación cambiaria pero 18% más bajo que el de febrero de 2016 poco después de la unificación.
Es un tipo de cambio real idéntico al promedio del período 2012 – 2015 y 8% más alto que el del final de la Convertibilidad.
Es muy posible que la política monetaria utilice instrumentos del BCRA para que el tipo de cambio acompañe o supere a la inflación durante todo 2018 sin permitir otro atraso y desalentando el carry trade por lo cual sería razonable suponer un dólar de $22/23 al cierre de 2018.
La Balanza comercial:
El déficit de la cuenta corriente externa consumió 5 puntos del PBI por la fuerte baja de la exportación, un tipo de cambio real bajo y el crecimiento de la cuenta de intereses de la deuda.
De seguir asi en 2018 el déficit de la cuenta corriente externa consumirá más que los 5 puntos del PBI (más de US$ 30 mil millones).
La nueva política monetaria elevará el tipo de cambio pero habrá que vigilar los costos internos y las negociaciones salariales. Si se consolida la posibilidad de un crecimiento por encima de 2,5 % anual para 2018, esto puede facilitar paritarias que incluyan un componente de productividad sin sacrificar poder adquisitivo, los salarios pueden ayudar a anclar las expectativas de inflación, siempre que exista consenso alrededor de la expansión del PBI. Sin embargo, los componentes políticos y la oscuridad del residuo de la administración anterior pueden impedir casi cualquier cosa.
La expectativa de crecimiento es clave también para la inversión, que ha aumentado pero está lejos de ser adecuada: desde 2015, la tasa de inversión aumentó 0,4 % (de 19,4% a 19,8 % del PBI), pero el déficit de cuenta corriente del Balance de Pagos pasó de 2,3 % a 4,5 % del PBI en igual período. Es decir, sólo un 20% del financiamiento externo se destinó a la formación de capital, el 80% fue especulativo.
El origen del problema es la falta de ahorro nacional, por el elevado déficit fiscal. Es por eso que el Banco Central no puede hacer milagros en la lucha contra la inflación.
Factores de expansión y contracción monetaria en 2017
(en miles de millones de pesos)
Compra de divisas 266
Asistencia al Tesoro 143
Cuasifiscal y otros 201
Esterilización (Lebacs) 415