Tras el asesinato del colectivero Leandro Alcaraz, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario y el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo cruzaron opiniones en distintos medios acerca del dinero destinado al municipio.
La intendenta de La Matanza se reunió con un grupo de delegados de transporte y le reclamó al gobierno provincial y nacional que envíe más fuerzas de seguridad al municipio. “La inseguridad no sabe de grietas. Cuando un trabajador muere de forma tan dolorosa es porque el Estado llegó tarde o no llegó. Por eso estamos acá poniendo el cuerpo y dando la cara. Es muy triste el dolor de sus compañeros y familiares”, indicó Magario, quien aseguró que el Gobierno sacó a la Gendarmería de su municipio.
El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Cristian Ritondo, negó las acusaciones de Magario y aseguró: “pueden ir ahora mismo y van a ver a los gendarmes trabajando”. “Hay intendentes a los que se les entrega un fondo de dinero y en dos años no han gastado un peso. Es el caso de La Matanza, donde hay un problema de seguridad serio”, contraatacó Ritondo.
Cabe recordar que la ley 14.897, sancionada en 2017, estipula que los colectivos de pasajeros que tengan jurisdicción en la provincia de Buenos Aires deberán tener cámaras de seguridad que filmen en tiempo real y almacenen imágenes durante un cierto período. Sin embargo, la ley plantea que son las empresas las que deberán instalarlos, no el Gobierno. Según se indica, el objetivo de la norma es “prevenir episodios de violencia a bordo y servir para investigaciones judiciales o juzgamientos de causas penales“.
La intendenta de La Matanza se reunió con un grupo de delegados de transporte y le reclamó al gobierno provincial y nacional que envíe más fuerzas de seguridad al municipio. “La inseguridad no sabe de grietas. Cuando un trabajador muere de forma tan dolorosa es porque el Estado llegó tarde o no llegó. Por eso estamos acá poniendo el cuerpo y dando la cara. Es muy triste el dolor de sus compañeros y familiares”, indicó Magario, quien aseguró que el Gobierno sacó a la Gendarmería de su municipio.
El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Cristian Ritondo, negó las acusaciones de Magario y aseguró: “pueden ir ahora mismo y van a ver a los gendarmes trabajando”. “Hay intendentes a los que se les entrega un fondo de dinero y en dos años no han gastado un peso. Es el caso de La Matanza, donde hay un problema de seguridad serio”, contraatacó Ritondo.
Cabe recordar que la ley 14.897, sancionada en 2017, estipula que los colectivos de pasajeros que tengan jurisdicción en la provincia de Buenos Aires deberán tener cámaras de seguridad que filmen en tiempo real y almacenen imágenes durante un cierto período. Sin embargo, la ley plantea que son las empresas las que deberán instalarlos, no el Gobierno. Según se indica, el objetivo de la norma es “prevenir episodios de violencia a bordo y servir para investigaciones judiciales o juzgamientos de causas penales“.