El 27 de febrero de 1933, en Berlín, se incendia el Reichstag, el parlamento alemán. Un joven comunista holandés fue culpado del suceso por el gobierno de Adolf Hitler. Los historiadores más serios, una vez concluida la guerra, atribuyeron la planificación del suceso al entorno del nazismo. El historiador estadounidense William L. Shirer recoge una declaración jurada del general alemán Franz Halder, donde este afirma que Hermann Göring en el juicio de Nüremberg, se jactó acerca del incendio. Ese episodio fue el justificante del conocido como Decreto del Incendio del Reichstag, del 28 de febrero, por medio del cual los nazis obtuvieron poderes absolutos bajo una apariencia de legalidad.
Debemos mentar entonces al segundo instrumento jurídico del nazismo: la “Ley para solucionar los peligros que acechan al Pueblo y al Estado”, en alemán: Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich. Esta norma fue popularmente conocida como la Ley Habilitante de 1933, Ermächtigungsgesetz. Su aprobación por el Parlamento Alemán tuvo lugar el 23 de marzo de 1933. Ello, con la curiosa circunstancia de proceder a encerrar en campos de concentración a todos los diputados del Partido Comunista Alemán.
Las consecuencias de esta ley fueron gravísimas, pues el gobierno presidido por el canciller Hitler dispuso de libertad para aprobar toda clase de normas legales, inclusive yendo en contra de la propia Constitución vigente. Este documento provenía de la República de Weimar. La ley concedía al gobierno de Hitler el derecho a aprobar leyes sin la participación del parlamento, lo que supuso de facto el fin de la democracia, de la República de Weimar y de su Constitución.
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