En los hogares de menores, niños son violados y golpeados

La internación y guarda de menores en La Pampa es una tierra de nadie con situaciones de castigos, abusos sexuales, embarazos de niñas, encierro y, sobre todo, de omisión de denuncias y de tratamientos. Un informe al que tuvo acceso La Arena enumera doce situaciones delictivas, de negligencia terapéutica y administrativas que, asegura, se producen en los hogares de Adolescentes Varones y de Mujeres y en el IPESA. Desde maltratos físicos, abusos sexuales y encierro con colocación de esposas, hasta falta de abordajes terapéuticos adecuados, encubrimiento de delitos de índole sexual y ausencia de actividades recreativas. Se apunta como principal causa la "irresponsabilidad de los directivos" y el desinterés de la Dirección de Bienestar Social ante el incumplimiento de la "verdadera misión" del sistema que es "la protección integral de los niños". La larga exposición escrita, -copias de la cual recibieron la jueza de menores Cristina Baladrón y el Secretario de Derechos Humanos, Rubén Funes- hace hincapié en la responsabilidad del director del IPESA, Carlos San Miguel, al que acusa de actuar con "impunidad" y con fuerte "respaldo político" pese a la evidencia de que suceden "hechos aberrantes" favorecidos por lo que denomina un "círculo nefasto de profesionales y operadores que actúan en complicidad con este director". Golpizas y abusos Consignando nombre y apellido de los menores, el escrito denuncia en primer lugar el caso de K.G. "brutalmente golpeado" por operadores del IPESA que estaban de turno a tal punto de dejarle las marcas de los borceguíes que usaban en la golpiza en el pecho. No obstante el operador que lo golpeó fue absuelto y sigue trabajando en el IPESA. En otro caso de violencia, dos operadores golpearon al menor C. pese a que estaba esposado y, enterado el director, no realizó la denuncia policial ni judicial que legalmente correspondía. Un grave caso de abuso por negligencia de operadores y profesionales ocurrió con el ingreso del menor M.I. con una historia de abuso de su familia biológica y de vecinos. Al llegar es puesto en una habitación con otro menor que lo abusa en el Hogar de Menores de la calle Pio XII omitiéndose la denuncia. Luego fue abusado en reiteradas oportunidades porque se desatendieron las sugerencias del plantel de operadores que pedía que se apartara al menor del resto. El abusador de este menor, T.C., podía repetir sus abusos, dice el informe, porque el equipo técnico lo encubría sin informarle al juzgado ni a la familia de la situación. Recientemente, T.C. abusó a otro menor, J.L.E., que había ingresado transitoriamente porque la familia sustituta que tiene su guarda debía enfrentar una operación quirúrgica de uno de sus miembros. Así, como en los otros casos, se cometió un doble delito, el del abuso y el de la omisión de la denuncia y encumbrimiento. El informe recuerda que la ley 26.061 en su artículo noveno no deja lugar a dudas sobre la conducta que se debe mantener ante estos hechos: "las personas que tomen conocimiento de malos tratos, o de situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, o cualquier otra violación a sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de aplicación de la presente ley". Nada de eso se ha hecho en los casos denunciados. Depósito "En realidad el IPESA es un depósito de niños que tienen pocas posibilidades de aprendizajes positivos dentro del Instituto". La causa, añade, radica en la "incapacidad del equipo de trabajo en diagramar o estipular alternativas viables y positivas para evitar este tipo de castigo". Además de encerrarlos, dice, se les colocan esposas -cuyo uso está prohibido en menores- por la ya mencionada incapacidad terapéutica y operativa del todo el personal que toma parte del castigo de los menores. "En el caso de los Hogares, añade, se ha llegado a tener a menores encerrados por más de una semana y hasta diez días esperando el traslado a algún instituto de rehabilitación de Buenos Aires". En esa situación los menores sufrían "síndrome de abstinencia" por su adicción a las drogas mientras eran mantenidos en un espacio de tres por dos metros, con una letrina donde debían hacer sus necesidades y a la vez bañarse encerrados. Por temor a sus brotes agresivos, el equipo técnico no les brindaba ayuda y permanecían encerrados. Fue el caso, puntualmente, precisa el informe, de los menores E. C. y K. G. El resto no la pasa mejor. Hacinados en dormitorios, niños y niñas deben compartir espacios reducidos durmiendo más de cuatro niños en una sola habitación a veces en el suelo o dos en una sola cama con lo que se fomentan conductas sexuales que no se pueden controlar. En ocasiones el personal que debe cuidarlos ha reclamado por esta situación, pero la respuesta que le dan los responsables es que "el juzgado ordena las internaciones sin tener cuenta la disponibilidad de cada hogar". Cómplices "Hemos sido cómplices de toda clase de aberraciones hacia los derechos adquiridos de los menores que están bajo nuestra responsabilidad, deberíamos haber denunciado esto cuando sucedió, pero la incapacidad de comprobarlo en algunos casos se nos hace tarea difícil". Así muestra el autor de la nota su frustración como partícipe de un estado de cosas que tiene como principales responsables a un equipo técnico que, principalmente en el trabajo con las niñas, demuestra "poco abordaje terapéutico y nula vinculación con las niñas", lo que ha dado como resultado que menores que han pasado "la mayor parte de su niñez y adolescencia dentro del hogar, en la actualidad son madres solteras aún viviendo dentro del hogar". En el medio suceden embarazos, mutilaciones, agresiones o, peor aún, decisiones de egresarlas y devolverlas al hogar desde donde fueron sacadas para resguardarlas física y sicológicamente, devolviéndolas así al lugar donde sufrían la situación de abandono por la que fueron ingresadas al sistema de guarda. También demuestra esta situación el caso de dos menores, J.B. y L.C. que no pueden ser contenidas y se escapan los fines de semana contando al volver "sus experiencias sexuales maratónicas" trayendo estupefacientes al hogar sin que nadie haga nada por impedirlo y así "la vida de estas menores se degrada cada vez más". En horario nocturno, estas y otras chicas del hogar "en calles céntricas o en las puertas mismas del hogar intercambian favores sexuales por dinero o cigarrillos o teniendo relaciones en un baldío cercano a la vista de todos los vecinos. Una de las chicas que realizaba estas "escapadas", P.A., mantuvo relaciones sexuales con un policía y quedó embarazada sumando un caso más a una "estadística de la vergüenza" que lleva al hogar a tener tres embarazos en un grupo de diez chicas. Justicia "¿Por qué nunca trascendió esta grave situación?" se pregunta el informe y responde: "porque nadie lo quiere saber o no conviene saberlo o que trascienda a la opinión pública". Pero como la "situación no da para más y estamos cansados de sostener a estos profesionales nefastos y a los directivos que se jactan de transparencia" es que creemos que deben comenzar "a responsabilizarse de sus acciones". El informe tiene el declarado fin de que se investigue hasta las últimas consecuencias la presunta negligencia de la ex responsable del Hogar de Varones, Mirta Moreno; de la responsable de los Hogares, Silvia Alvarez; de la sicóloga, Julieta Bono; de los operadores Gabriel Cruz y Florencia Bonpadre y, principalmente, del director del IPESA, Carlos San Miguel. También piden que la justicia llame a declarar al personal y operadores del IPESA, de los Hogares de Varones y Mujeres y al personal que ha sido desafectado de esos lugares. : Fuente, Diario la arena, la pampa