Juntada Taringuera ?

La ampliación de la Ley Nacional contra la Discriminación (Nº23.592, del año 1988) que están llevando adelante varios legisladores oficialistas de la Cámara Baja (como Diana Conti, Carlos Heller y Andrés Cuervo Larroque) volvió a poner en debate no sólo la amplitud del término discriminación sino hasta dónde se puede aplicar la ley para preservar los derechos de algunos sin que la sombra de la censura comience a proyectarse. Básicamente lo que se plantea es la ampliación de lo que se considera un acto discriminatorio, con la obligatoriedad de que las plataformas de internet deban dar de baja comentarios que se consideren ofensivos, porque la responsabilidad no recaerá sólo en la persona que realice el comentario sino también en el medio que permita su publicación. Hablamos entonces de diarios digitales, blogs, revistas on line, redes sociales, etcétera. La ley anterior ya había establecido las penas a aplicarse, que van de un mes a tres años de prisión. En varias oportunidades me he manifestado en contra de que en ciertos contenidos periodísticos se habiliten los comentarios de los lectores. No puede desconocerse que la agresión –potenciada por el hecho de que muchos de ellos se esconden en el anonimato– ha escalado a niveles impensados. El bullying que se hace a personas conocidas o desconocidas y la violencia o humor con que algunos comentan, por ejemplo, un caso de violación o un homicidio, hablan a las claras de que muchos utilizan la posibilidad de comentar ciertas notas para abrir las compuertas de su resentimiento o bronca. No hay intención de debate, de diálogo, de intercambio de ideas, sino la oportunidad de manifestar de manera agresiva o vulgar un juicio que a veces ni siquiera tiene que ver con el contenido esencial de la nota periodística. Fue, por ejemplo, lo que pasó con esta columna que escribo los sábados. Son casos muy puntuales, que el medio puede llegar a debatir y regular puertas adentro. Pero con el afán de proteger a las personas de este tipo de aberraciones, pueden llegar a cometerse otras. Moderador en apuros Muchos medios digitales no tienen moderadores, esas figuras que supuestamente deben velar que los debates digitales no se desmadren. Estos “filtros” o no existen o son periodistas que alternan su trabajo con “darles una mirada” a los dichos generados por los lectores, sobre todo en notas que se saben “urticantes” para la opinión social (como los casos que nombré antes) . El inconveniente es que la ampliación de la ley plantea extender el concepto de discriminatorio a aquellos actos que tengan por pretexto “etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, posición económica, condición social, de salud, discapacidad, caracteres físicos o por cualquier otra circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo”. La mayoría son inobjetables, pero al referirse a la opinión política, gremial o ideología, algo hace ruido. Muchas veces referentes del oficialismo se han manifestado en contra de ciertos medios periodísticos por los comentarios de los lectores. Ahora podrán pedir no sólo que esos comentarios se borren, sino penas para quien los escriba y quien los publique, lo cual es una forma de manejar y silenciar las voces opositoras. Digo opositoras porque desde el poder K no han dudado en hacer campaña por las redes sociales para defenestrar a los políticos que osen ponerse en la vereda de enfrente, siendo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, uno de los más creativos a la hora de la descalificación. Extraño de que de ellos surja un proyecto de ley para regular los comentarios que muchos de ellos no han podido hacer por sentido común. Obvio que del otro lado, los opositores no se quedan atrás en eso de devolver golpes (Lilita Carrió, por ejemplo). La existencia del moderador ya no podría cuestionarse y sería esencial (lo cual no está nada mal). Pero quedaría librado a su exclusivo criterio zanjar disputas que se adivinan complejas antes de llegar a ser sancionados. Y ya que de ideologías hablamos, ¿qué nos impide pensar que militantes de distintos partidos reclamen, ofendidos, que se retiren comentarios sobre sus respectivos líderes –sin que los hayan agraviado de modo alguno– cuando en realidad lo que se desea es eliminar la objeción? El insulto siempre es muestra de pocas habilidades para debatir. La sociedad más equitativa que estamos tratando de construir no necesita de censuras previas para que lo logremos. Necesita más educación y tiempo para ver los resultados. Pero la mayoría de los candidatos no está dispuesto a invertir en eso.