Venezuela no se enfrenta a una hambruna, pero las mejoras en materia de pobreza y nutrición que se lograron entre 2003 y 2012 se han desgastado casi por completo y el bienestar de la población se está deteriorando drásticamente. Aún en medio de la aparente abundancia de hace unos años, estudios del Instituto Nacional de Nutrición y de UNICEF revelaron evidencia inquietante de desnutrición crónica. La decisión del gobierno de ocultar la verdadera situación negándose a publicar las estadísticas pertinentes hará que la crisis sea mucho más difícil de manejar.
A. Las “misiones” no abordan la pobreza
En la segunda mitad de 2013, según el INE, el 22,3 por ciento de los venezolanos vivían en situación de pobreza, y otros 9,8 en situación de extrema pobreza. Si bien no se han publicado cifras para 2014, el vicepresidente Jorge Arreaza anunció en la conferencia anual de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que la extrema pobreza había disminuido en un 5,4 por ciento, una cifra que contradice las conclusiones de varios estudios independientes recientes
. Señalando el deterioro de todos los indicadores relevantes (incluidos la inflación, el desabastecimiento, el desempleo, los recortes presupuestarios y la cobertura de salud), la organización de derechos humanos Provea estimó que para fines de 2015 habrá el mismo número de pobres que en el 2000 (casi once millones)[2]. Este cálculo se basó en un estudio (ENCOVI) realizado en 2014 por tres de las principales universidades, que señaló que el 48,4 por ciento de los hogares vivían en situación de pobreza. Los autores advirtieron que hasta un tercio de ellos habían caído en situación de pobreza recientemente y que, de no ser atendida, su situación podría tornarse estructural[3].
La principal herramienta del gobierno para hacer frente a la pobreza, uno de sus objetivos declarados cuando subió al poder en 1999, ha sido el conjunto de programas de bienestar social conocidos como “misiones”. Comenzando por la alfabetización y la salud, y concebidos inicialmente como medidas de emergencia, funcionan como un servicio de seguridad social paralelo con un claro sesgo partidario[4]. El gasto tiende a subir y bajar al ritmo del ciclo electoral[5]. En la actualidad suman varias docenas, y abordan cuestiones tan diversas como la educación superior y el medioambiente. Los mecanismos que emplean incluyen las transferencias directas en efectivo, las becas de estudio y los alimentos subsidiados a través de la Misión Alimentación[6].
Sin embargo, los expertos académicos advierten que han tenido un papel mucho menor en la reducción de la pobreza que el auge del precio del petróleo. Su periodo de mayor impacto fue entre 2004 y 2007, tras el cual entraron en una etapa de crisis no reconocida[7]. En 2005, por ejemplo, la red estatal de distribución de alimentos subsidiados Mercal registró casi el 10 por ciento del gasto en consumo de alimentos, pero para 2010, Mercal y PDVAL registraban tan solo el 5,6 por ciento entre ellos. En 2014, más de la mitad de sus sedes estaban inactivas, y más de medio millón de familias dejaron de usar Mercal entre 2013 y 2014[8]. De hecho, estos subsidios alimentarios son más bien indiscriminados en lugar de estar dirigidos a los más pobres. En 2014, tan solo el 11 por ciento de la población en situación de pobreza recibió algún tipo de beneficio de las misiones[9].
B. Desnutrición y obesidad
A medida que la economía caía en picado, para la primera mitad de 2015 el desabastecimiento de alimentos había alcanzado un estado de “crisis aguda”, agravado por la incapacidad del sistema de seguridad social estatal de mitigar sus efectos en los más pobres[10]. El gobierno sigue afirmando que “el 95 por ciento de los venezolanos come tres o más veces al día”[11]. Asimismo, en junio de 2015 la FAO otorgó a Venezuela un certificado de reconocimiento por haber “reducido a la mitad el número de personas que padecen hambre” (uno de los Objetivos del Milenio de la ONU)[12]. Sin embargo, la encuesta ENCOVI 2014 señaló que el 11,2 por ciento de los encuestados comían menos de dos veces al día, una cifra que se elevaba al 39 por ciento entre los más pobres[13]. Más de cuatro de cada cinco dijeron que sus ingresos no alcanzaban para cubrir sus necesidades alimentarias. Los investigadores afirman que es virtualmente imposible obtener estadísticas oficiales. No obstante, el aumento de la desnutrición y las muertes por causas relacionadas con la dieta, como la diabetes y la obesidad, se ha reconocido oficialmente, aunque se cree que probablemente se esté subestimando la dimensión del problema[14].
La mala alimentación está generando una combinación paradójica de desnutrición y obesidad, y también se manifiesta en forma de bajo peso al nacer y retraso en el crecimiento[15]. Un estudio de 10.000 niños entre cinco y dieciséis años realizado entre 2008-2010 por el Instituto Nacional de Nutrición (INN), concluyó que más de una quinta parte de ellos tenían sobrepeso o eran obesos, y más del 14 por ciento sufrían desnutrición[16]. Un informe de UNICEF publicado en 2013 estimó que 458.000 niños sufrían desnutrición crónica, lo que en el 16 por ciento de los casos había derivado en retrasos en el crecimiento[17]. En teoría, los niños que asisten a la escuela reciben alimentos mediante el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Sin embargo, tres ONG especializadas observaron “graves inconsistencias” en el envío y la entrega de alimentos, además de falta de higiene en la preparación y calidad y cantidades “precarias”. El programa, afirmaron, estaba en peligro de parálisis debido a las crecientes deudas contraídas con los proveedores[18].
C. Racionamiento y colas para obtener alimentos
A medida que la demanda de alimentos y otros bienes a precios controlados comenzaba a superar la oferta y era habitual ver largas colas fuera de los supermercados, las farmacias y otros comercios, el gobierno y el sector privado comenzaron a implementar varios tipos de racionamiento. Cada cliente podía comprar un monto limitado de productos (por ejemplo, dos kilos de harina de maíz) y solo podía hacerlo en el día de la semana correspondiente al último dígito de su cédula[19]. En junio de 2015, las cadenas estatales remplazaron el sistema de cédulas con uno centralizado de huellas dactilares, cuyo objetivo es restringir lo que cada persona puede comprar en un periodo determinado[20]. El gobierno culpó a la supuesta guerra del sector privado por las colas, y a principios de 2015 arrestó al CEO y directivos de la cadena de farmacias Farmatodo y a los directivos de una cadena de supermercados (Día a Día) y uno de sus abogados[21].
D. Sin pollo ni fruta en Caracas
Las personas mayores de bajos ingresos es tán entre las más vulnerables. “Es cierto, el gobierno tiene sus programas [de alimentos subsidiados]”, dijo Silvia Salavarría. “Pero yo tengo 85 años y soy hipertensa. Si hago cola durante horas, me puede dar un infarto”. Salavarría vive de una pensión mensual de Bs. 7.421,66 en el barrio carenciado de Isaías Medina Angarita, situado al oeste de la capital. Un kilo de pollo cuesta Bs. 800. “No recuerdo la última vez que comí pollo, mucho menos carne”, dijo. “Solía comprar manzanas, peras y uvas, pero ahora nunca compro fruta. Una sola manzana cuesta más de Bs. 80”. Otra mujer mayor la interrumpió para describir una receta para hacer que las pieles de plátano tengan gusto a carne de res deshilachada[22].
Muchas dependen de la ayuda de sus hijos o nietos. Salavarría tiene seis. Francisco Ríos (83), que tiene solo un hijo, vende encendedores en la calle para complementar su pensión. Pero cada vez que compra una caja de encendedores cuesta más. “Esta costó Bs. 1.800”, dijo. “Hace solo unos días costaba Bs. 1.350. La gente no quiere comprarlos al precio que necesito cobrar. Lo que más me duele es, ¿a dónde nos va a llevar todo esto?“[23].
E. Desabastecimiento en las zonas rurales de Venezuela
En Puerto Concha, una pequeña aldea de pescadores en la orilla sur del Lago Maracaibo, la gente está frustrada[24]. Los camiones que solían abastecer a los comercios locales con alimentos y otros productos básicos no llegan allí desde hace varios años. “La Guardia Nacional comenzó a acosarlos, y se dieron por vencidos”, dijo el dueño de un comercio. “La peor crisis que tenemos es que no podemos conseguir leche”, añadió la portavoz del consejo comunal local[25]. “No llega leche en polvo desde diciembre”. En Mercal, un kilo de leche en polvo – cuando la hay – cuesta Bs 17, y en PDVAL Bs 40, pero los vendedores ilegales que llegan en motocicleta cada noche la venden en el mercado negro por Bs 400-500. Una vez cada dos semanas, Mercal envía un “paquete familiar” subsidiado a las personas registradas, que incluye cuatro paquetes de arroz, dos de harina de maíz, una botella de aceite de cocina y dos paquetes de frijoles.
La alternativa es ir al supermercado privado Garzón o al PDVAL de Santa Bárbara, que están a al menos 45 minutos por carretera. Sin embargo, PDVAL solo sirve a 40 clientes por día, repartiendo números antes de abrir. Es difícil llegar a Santa Bárbara antes de que se agoten los alimentos. “El otro día salimos a las 7 de la mañana para ir a Garzón”, dijo un residente de El Paraíso, una comunidad aún más remota que no cuenta con transporte público. “Tras hacer cola durante más de una hora, llegamos a la puerta y no quedaba nada”.
La población local dice que, en gran medida, el problema es que los alimentos subsidiados se desvían hacia el mercado negro. “Es culpa de los jefes”, dijo la portavoz del consejo comunal local. “Los de adentro se están llevando los alimentos”. Se puede ganar mucho más dinero con el contrabando que con cualquier negocio legal. “Mi sobrino era taxista”, dijo un hombre de otro consejo comunal local. “Comenzó a trabajar para un distribuidor de alimentos privado, y en dieciocho meses se hizo rico. Dijo que solían recibir tres cargamentos de azúcar por semana de Caja Seca [un ingenio azucarero nacionalizado en 2009], que transferían a vehículos más pequeños y enviaban al otro lado de la frontera [a Colombia]”.