Todas las propuestas, incluidas las de los opositores garantizan la continuidad de los beneficios genuinos del modelo de redistribución que ha logrado un alto grado de inclusión social durante el gobierno de Néstor Kirchner.
En forma directa o indirecta todas las propuestas apuntan a corregir el desmanejo de la segunda parte del gobierno Kirchnerista, donde - para intensificar la ideología y mantenerse tanto como resulte posible en el poder - el círculo que dirige la Sra. Fernández y que a la vez la controla - ha llevado adelante un conjunto pragmático de acciones que desordenaron peligrosamente la economía que será muy complejo corregir manteniendo la línea.
No se trata de saber qué es lo que deberá hacer la nueva administración, sino como lo hará y cuando
Es redundante continuar enumerando las debilidades macroecómicas que deben ser corregidas, no obstante hemos destinado un segmento de este informe de coyuntura para dejarlas expuestas y permitir a nuestros clientes tomar decisiones en la dirección que las correcciones posibles indiquen.
La actual administración tiene asegurada su continuidad por falencia opositora, pero en caso de intentar prolongar la misma línea que narra una inclusión con desarrollo comprobará de la peor manera que es simplemente imposible, como se verá en otro segmento de este informe mediante un modelo econométrico que se incluye cuyos supuestos son del propio gobierno y fue publicado por Página 12. (1).
Los supuestos que hemos asumido
El control de los tres poderes desde el ejecutivo continuará asegurado debido a que cualquiera que sea la dimensión de su éxito en las elecciones la actual administración ya cuenta con inmodificable quorum y mayoría propia en el Senado. Allí es donde se definen las designaciones más importantes y desde donde se traban cualquier iniciativa de la oposición.
Así lo dijo (y escuchamos en directo) el candidato de la actual administración el 14 de octubre en el coloquio de IDEA cuando afirmó ser ¨… el único que eventualmente contará con “respaldo legislativo y de los gobernadores” para impulsar las leyes de Cristina Kirchner…¨
Para lograrlo esa nueva administración ejecutiva seguirá contando con la Ley de Emergencia Económica que permite al Poder Ejecutivo (debido a la supuesta “emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria existente en el país”) continuar con facultades extraordinarias, que corresponden al Congreso Nacional y cuyos aspectos más opinables son:
• Establecer el sistema que fije la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras.
• Pautar retenciones a la exportación de hidrocarburos, productos agropecuarios y retenciones a cualquier exportación.
• Fijar tarifas y renegociar los contratos de los servicios públicos prestados por empresas privadas.
• Regular los precios de la canasta básica.
La actual administraciónentiende haber logrado una década exitosa, pero ello no impedirá al nuevo Ejecutivo mantener vigente la ley de emergencia económica conservando poderes amplios en los puntos neurológicos de la economía, a lo que se le debe agregar el uso de los decretos de ¨necesidad y urgencia¨ vehículo utilizado para anular al Poder Legislativo en el momento y por la causa que el Ejecutivo se le ocurra.
En un medio ambiente político democrático pleno las facultades que esta ley delega en el Ejecutivo deberían retornar al Congreso, ya que el texto fue aprobado en 2002, en un contexto excepcional que se contrapone con la coyuntura de crecimiento económico actual que el mismo ejecutivo afirma repetidamente haber superado.
La Constitución prohíbe la delegación al poder ejecutivo de las facultades del Congreso en su artículo 76, “salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública pero exige un plazo de duración que en este caso parece levemente extenso ya que la ley de emergencia ha sido renovada durante 12 años y ha permitido al Ejecutivo tener un control personal en cuestiones que deberían ser debatidas en el Congreso.
Esto ha facilitado la centralización en la toma de decisiones, debilitando la práctica institucional y alejando a todos los potenciales inversores.
Los números macro que deja esta administración Fte. Gobierno Nacional
Las reservas de divisas y el porqué de su importancia
Las verdaderas reservas están compuestas por las divisas de libre disponibilidad atesoradas por el Banco Central producto del superávit acumulado de la balanza comercial y por préstamos obtenidos mediante Bonos a plazo cierto y no exigibles hasta su madurez.
Esta administración – en cambio - toma en cuenta como Reservas un intercambio de monedas con China que puede cancelarse sin aviso y sin plazo, agrega los encajes bancarios por los depósitos de los particulares, añade a las reservas los depósitos del público – que pueden desaparecer porque son a la vista y que dieron origen al corralito - con lo cual alcanza a conformar un total ¨publicado de US$ 27.760 millones que como es posible observar en el cuadro que sigue, resulta de sumar US$ 1.470 millones reales y disponibles, con los encajes, depósitos swaps exigibles y pagos retenidos a los importadores y deuda impaga a los holdouts, todos rubros que no pertenecen al Banco Central.
El superávit comercial que ha desaparecido y la falta de acceso a los mercados de capital han hecho caer las reservas de la Argentina a niveles precarios. El intercambio de divisas de $ 11 mil millones con China ha permitido informar reservas de $ 27.7 mil millones, la realidad es que la nueva administración recibirá reservas netas tan mínimas como $ 1.5 mil millones.
Para resolver este problema, habrá que volver a la emisión de deuda algo que es posible pero una vez acordado con los tenedores de bonos en litigio.
Tras pagar el BODEN 2015 y por las grandes ventas en el mercado local para abastecer el mercado del dólar libre y contener su precio, las reservas reales de libre disponibilidad del Banco Central quedaron por debajo de los US$2.000 millones, apenas el 7,1% de las declaradas nominalmente.
Desde diciembre de 2014, las reservas reales del BCRA cayeron US$12.365 millones.
En agosto y con US$ 6.000 millones más que hoy esta administración informó que las reservas no eran suficientes para levantar el cepo y aconsejó: "Para hacerlo, primero habría que acumular más reservas".
¿Cuánto, habría que acumular? ¿A cuánto debería estar el dólar para hacerlo?
No hay una cifra cierta porque depende de la confianza que logre generar la nueva administración.
Porque son tan importantes las reservas?
Porque esta administración no goza de confianza en los mercados, tanto los operadores como los particulares en condiciones de hacerlo (y son muchos) se lanzarían a comprar dólares en forma inmediata si se levantaran las restricciones. Al precio de venta oficial actual la demanda es inelástica y la regularización del mercado cambiario imposible.
Por todo lo anterior, y por la potencial fuerte recesión que se insinúa dados los precios internos, una devaluación es absoluta y totalmente inevitable. Por eso hemos iniciado el informe diciendo… No se trata de saber qué es lo que deberá hacer la nueva administración, sino como lo hará y cuando…
Devaluar y liberar el mercado como acciones aisladas son promesas electorales totalmente inverosímiles. Se requiere un programa previo de recuperación de reservas que requerirá a cualquier nueva administración un proceso de reorganización completo de las cuentas públicas que modifique variables que van desde los precios internos hasta las relaciones internacionales para obtener financiación, previo acuerdo con acreedores en default.
Será – con cualquier administración – un proceso prolongado lograr la liberación del mercado cambiario (si se desea volver al mundo civilizado, algo que está por verse) y que requerirá de fuerte apoyo de la oposición, situación deseable que en esta etapa de agresiones electorales luce como ligeramente compleja de lograr.
Por todo lo anterior tanto las empresas como los particulares y más que nadie los políticos continuarán dolarizando sus carteras y sus ahorros.
Los otros problemas de la Macroeconomía
La situación es tan compleja que hace necesario realizar fuertes cambios en la política monetaria, con la energía subvencionada y revisar a fondo el proteccionismo comercial.
Nuevamente: no se puede discutir lo que hay que hacer, sino con qué rapidez y en qué medida se deben aplicar las correcciones.
La lógica exige la necesidad de lanzar un ataque en todos los frentes y hacia todos los problemas, ya que no es posible resolverlos de a uno.
El déficit fiscal (se recauda mucho menos de lo que se gasta) es la raíz de los problemas económicos de la Argentina, no ya de este gobierno que ha llevado el gasto al paroxismo, sino una especie de maldición tradicional y aceptada y que fuera reconocida y controlada solo por Néstor Kirchner en vida.
El desequilibrio de las cuentas públicas es realmente muy alarmante.
El déficit primario neto de recursos extraordinarios acumulado en los últimos 12 meses equivale a 4,0% del Producto, cuando en 2014 esta relación era de 3,6% y de 2,4% en 2013.
Igualmente preocupante es el déficit financiero “ajustado” de los últimos 12 meses que equivale a 5,8% del Producto, cuando en 2014 era un 5,2% y en 2013 3,6%. Lejos de revertirse, esta tendencia se profundizará en lo que resta del año, siguiendo la estacionalidad del gasto que tiende a acentuar el desequilibrio de las cuentas públicas sobre el final del año.
Este creciente desequilibrio de las cuentas públicas ocurre a pesar de la marcada desaceleración que muestra el gasto en subsidios económicos.
Con un crecimiento de 60%, las trasferencias al sector privado (en gran parte subsidios a la energía y el transporte) tuvieron un peso significativo en la expansión que registró el gasto en 2014.
En lo que va de 2015, sin embargo, en un contexto de mayor estabilidad en el tipo de cambio oficial y tras la fuerte caída que experimentó el precio del petróleo a fines de 2014, el gasto en subsidios pasó a mostrar una desaceleración significativa.
Aprovechando la coyuntura se impulsó un fuerte crecimiento en otras partidas del gasto, por lo cual muestra una desaceleración moderada, pasando de un crecimiento de 43% en 2014 a 39% en el acumulado a julio de 2015, desaprovechándose así una buena oportunidad para moderar el desequilibrio fiscal.
Si el gasto neto de subsidios hubiera mostrado un comportamiento (medido en términos reales) similar al observado en 2014, lo cual implica crecer a un ritmo de 1% en lugar de hacerlo un 8% como efectivamente ocurrió, el deterioro de las cuentas públicas hubiera resultado menos grave.
En ese caso, el gasto primario estaría creciendo en términos nominales un 32% en lugar de 39% y el déficit primario ajustado se estaría ubicando en un 3,3% del PBI, experimentando incluso una reducción respecto a 2014. Pero no ocurrió.
Gran parte del gasto va hacia transporte y subsidio a la energía algo que se debe reducir para que se puedan atacar otras variables. Eso no será un cambio fácil de hacer desde un punto de vista político.
La inflación.
Ese déficit arroja leña al fuego de la inflación. Además de una reforma en la política monetaria, la próxima administración tendrá que ofrecer estadísticas reales, porque las actuales siguen siendo un subregistro de la inflación a pesar del lanzamiento de un nuevo índice de precios al consumidor del año pasado bajo la presión de organismos internacionales y de todos los potenciales prestamistas.
El cuadro muestra una disminución desde un borde cercano al 40% hasta un 27.5% anual proyectado para Octubre. La disminución se produjo a pesar de la enormidad de la emisión monetaria porque el nivel de actividad interna cayó fuertemente.
Para la nueva administración la inflación será el termómetro de su gestión y no un objetivo primordial, de hecho solo refleja la conducta general de la administración.
La sobrevaluación del peso
Debido a las elecciones la actual administración ha estado utilizando el peso como un ancla de la inflación y del valor del dólar libre, manteniéndolo sobrevaluado. El peso se ha devaluado 10% por ciento este año frente a una devaluación del 31 por ciento en Brasil nuestro mayor comprador.
Tema central a resolver junto con la desaparición del superávit comercial justamente a causa de la pérdida de competitividad que está en el nivel más bajo histórico.
A causa del default de 2003 argentina basó en un superávit comercial el acceso a dólares. Ese superávit se ha reducido gradualmente, cayendo un 95% respecto al año anterior a US $ 51 millones en agosto.
Obviamente este es el mayor problema.
La credibilidad
La actual administración presentó un Presupuesto 2016 con ajustes en el gasto público, recortando subsidios económicos y obra pública. Pero la situación es tan grave que, de manera disimulada propone ajustes sobre prestaciones sociales y salarios públicos con aumentos menores a la inflación real.
Ese Presupuesto será aprobado sobre tablas, como desde 2006, a pesar de estar formulado con supuestos de crecimiento económico e inflación irreales. Esto desacredita las instituciones más importantes de la República. En los países gobernados en forma civilizada, el Presupuesto es el instrumento central de rendición de cuentas a los ciudadanos por el uso de los recursos públicos y la planificación de las acciones futuras.
Pero a la actual conducción económica le resulta imposible dejar de reconocer que la situación fiscal es insostenible. No pueden esconder un déficit fiscal de $138 mil millones que se pretende reducir en el año 2016 a $94 mil millones, esto es bajarlo en 32%.
Para lograr semejante reducción, proponen los siguientes ajustes:
• Aumentar la recaudación impositiva y de cargas sociales un 25%. (ya muestran inflación esperada)
• El gasto en jubilaciones subirá 25%, las asignaciones familiares el 20%, los salarios públicos el 19% y la obra pública sólo un 11%.
• Los subsidios económicos a la energía, transporte y empresas públicas disminuirán en términos nominales un -2%.
Estos datos muestran que se está proponiendo que la nueva administración aplique el ajuste fiscal cuya necesidad se negó sistemáticamente durante la década ganada.
Salvo las jubilaciones, que legalmente están protegidas por la ley de movilidad, en el resto de los gastos sociales se prevén aumentos por debajo del incremento de la recaudación.
Particularmente visible es el reducido aumento nominal en el presupuesto asignado a obra pública y la reducción en valores nominales de los subsidios económicos.
El ajuste fiscal proyecta licuar gastos a través de aumentos en los precios. El Presupuesto señala que para el año 2016, además de un déficit fiscal de $94 mil millones, se proyecta emitir $68 mil millones.
Por lo tanto, el desequilibrio fiscal llegaría a los $162 mil millones equivalente al 2,5% del PBI. Como la cantidad de monedas y billetes en poder del público asciende a aproximadamente 9,3% del PBI, el nivel de déficit fiscal proyectado representa un 27% del dinero circulante. Esto significa que, si ese déficit se financia con emisión monetaria, el piso de inflación para el año 2016 será del 25%.
Parte de este déficit se puede financiar con emisión de títulos públicos, algo que tiene limitaciones, porque es necesario regresar a tomar préstamos en los mercados internacionales, previa regularización la situación con los fondos buitres, y un plan económico consistente que de confianza.
Para hacer esto es inverosímil evitar un ajuste con una importante de licuación de gastos por la inflación y la devaluación.
La nueva administración tendrá que asumir los problemas de quienes llevaron el desequilibrio fiscal hasta este extremo. Terminó la bonanza internacional. Ahora se avecinan tiempos convulsionados.
La devaluación y la licuación de jubilaciones, salarios y gasto social forman parte esencial de la herencia que el actual gobierno le deja al próximo.
La imposibilidad material de lograr ¨crecimiento e inclusión con desarrollo¨ con el modelo socioeconómico actual., según informan los economistas del gobierno y publicaron en Página 12.
El modelo socioeconómico ha tenido como objetivo el crecimiento con inclusión.
Esta inclusión se ha relatado en las políticas la Asignación Universal por Hijo, , las becas universitarias, los planes FINES, Pro.Cre.Ar, PROGRESAR, la promoción y defensa del trabajo y las medidas de emergencia adoptadas como ofrecer jubilación anticipada al 50% del pago hasta la edad jubilatoria y la duplicación de las indemnizaciones durante tres años.
Sin embargo, en casi todos los casos las partidas presupuestarias no llegaron a destino, como en Salud Pública y Educación siendo la mayoría carcomida por los desvíos de la corrupción.
Quien gobierne continuando o haciendo real la inclusión, dejando de lado el relato deberá asumir que su meta deseable será que su gobierno en 2020 concluya con una tasa del 4%, o menor de desempleo real, sin contar los Planes Sociales a pseudo desocupados.
¿Cuál debería ser el ritmo de crecimiento del PIB durante los próximos cuatro años para lograr este objetivo?
Los cálculos econométricos indican que la tasa necesaria de crecimiento del PIB sería del 5,6% anual. Por tanto, desde 2016 hasta 2020, el crecimiento del PBI nunca debería estar por debajo de 5.6% si se pretende cumplir seriamente con el proceso de inclusión social.
Es cierto que un modelo econométrico suele tomar cifras y torturarlas hasta que confiesen lo que uno quiere, pero éste no es el caso.
En 2001 el desempleo alcanzó 21,5% con una población urbana de 32,2 millones mientras que para el 2010 la tasa de desocupación había disminuido al 7,9% con 40,1 millones de habitantes, siempre considerando como ocupados a un 10% de la población que recibe planes sociales.
Considerando la tasa de crecimiento poblacional entre 2000-2010, en 2020 la población en nuestro país superara los 45,5 millones de habitantes. De ellos la urbana (si se mantiene la proporción actual entre urbana y rural) pasará de 36,1 millones en 2010 a 41,12 millones en 2020.
La existencia de cuatro millones más de habitantes urbanos supondrá que, de mantenerse la misma tasa de actividad que en el periodo 2010-2015, de 46%, la población económicamente activa pasará de 16,6 millones de personas en 2010 a 18,2 millones en 2020.
Durante la década, se deberán haber creado 2,6 millones de puestos de trabajo para que la tasa de desempleo sea realmente el 7,9% eliminando los planes sociales del cómputo.
En el período 2010 -2014 la población creció 1,7 millones, la Población en edad activa 528 mil personas y el empleo 596 mil totalizando 15,9 millones de trabajadores a fin del 2014.
Como en el periodo 2010-2014 el PBI aumento 12,8% el resultado fue un estancamiento del desempleo.
Sin embargo la elasticidad Producto empleo (es decir los puntos que debe aumentar el PBI para aumentar 1% el empleo) fue de 3,38, es decir, que el PBI debió crecer un 3,38% para que el empleo lo haga el 1 por ciento.
Si observamos esta misma relación, para el período 2004-2008, encontramos que la elasticidad producto empleo era de 3,17.
Esto significa que con menor crecimiento del PBI se lograba un punto porcentual de crecimiento del empleo. Este comportamiento indica que a medida que el PBI crece la creación de empleo es más difícil.
Es lógico: cuando el sistema económico crece utilizando la capacidad instalada ociosa (2003-2009) rápidamente se genera empleo pues basta con crear la demanda efectiva mediante fomento al consumo para que se vuelvan a utilizar las instalaciones disponibles en las empresas.
Pero, cuando el sistema económico funciona cerca de su capacidad instalada y sin nuevas inversiones, como ocurrió entre 2010 y 2014 para aumentar empleo es indispensable aumentar la capacidad productiva , o lo que es lo mismo el número de fábricas, de usinas eléctricas, de rutas, puertos y de la completa estructura que requiere el crecimiento con inclusión.
En otras palabras, hace falta una enorme inversión.
Proyectando estas relaciones, es decir la tasa de actividad, elasticidad PBI empleo (2010-2014) y la tasa de crecimiento de la población (2000-2010) se obtiene una conclusión definitivamente avalada por algo que no miente: los números.
El PBI debería crecer 3,74% anual para que a fines del 2020 se mantenga inalterable la actual tasa de desempleo sea cual fuera esta. Pero, la misma tasa para mayor población implica que, bajo este supuesto de crecimiento, 100 mil argentinos más estarán desempleados razón por la cual dicho crecimiento deberá situarse por encima del 5,6% si se quiere realmente hacer algún tipo de inclusión.
Estas proyecciones contienen dos supuestos: el primero presume que en los próximos seis años no ocurrirán cambios tecnológicos demasiado importantes como para alterar la elasticidad producto empleo.
El segundo que las políticas de Estado con respecto a la asistencia del mercado de trabajo se sostendrán en términos técnicos y en la proporción correspondiente al crecimiento de la población.
Si cualquiera de los mismos cambiase, modificaría la elasticidad producto empleo que utilizamos para las proyecciones haciendo que la tasa de crecimiento necesaria para mejorar las condiciones de la estructura ocupacional de la Argentina debiera ser uno o dos puntos superior al que estimamos.
Claramente: el próximo gobierno sea cual fuere tiene que mantener un alto grado de participación y apoyo al mercado laboral financiando a las empresas PyME y a los emprendimientos si quiere alcanzar la inclusión que el modelo de desarrollo propone.
Si se continúa oprimiendo al sector privado con la tasa impositiva y en lugar de hablar de rentabilidad y competitividad con planeamiento y eficiencia, volveremos a vivir un fracaso.