Veamos primero la notibomba que origino el lio
En Venezuela, Fuerzas Bolivarianas de Liberación estarían vinculadas con detonaciones de Capitolio
Este martes se reportó la detonación de artefactos en la esquina La Bolsa, que al parecer fueron activados por miembros de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL).
Oliver Blanco, director de comunicaciones de la Asamblea Nacional, indicó en Twitter que el estruendo provino de una caja sonora que contenía un documento de las FBL, que señala en un fragmento: “La operación ‘Continuemos el 23 de enero’, operación que consiste en la detonación de artefactos con fines propagandistas en las inmediaciones de la Asamblea Nacional (…) La derecha roja, que secuestra el proceso bolivariano y apostará por el capital, no ha comprendido la magnitud de esta derrota”.
El Ministerio de Interior, Justicia y Paz informó en la red social que funcionarios de seguridad controlan la situación.
Perooo
EN Italia le conocen como estrategia de la tensión, pero su nombre real es GLADIO
Daniele Ganser, profesor de historia en la universidad de Basilea (Suiza) y presidente de ASPO-Suiza, ha publicado un libro de referencia sobre «Los ejércitos secretos de la OTAN». Según afirma, a lo largo de 50 años, Estados Unidos organizó en Europa atentados falsamente atribuidos a la izquierda y a la extrema izquierda para desacreditarlas ante los electores.
Daniele GanserSilvia Cattori: Su libro dedicado a los ejércitos secretos de la OTAN [
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], se da a la tarea de explicar que la estrategia de la tensión [
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] y las False flag terrorism [
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] implican grandes peligros. Su libro nos informa cómo fue que la OTAN, durante la guerra fría –en coordinación con los servicios de inteligencia de los países de Europa Occidental y el Pentágono–, utilizó ejércitos secretos, reclutó espías en los círculos de la extrema derecha, y organizó actos de terrorismo que eran atribuidos a la extrema izquierda. Cuando uno se entera de eso, no puede menos que preguntarse qué puede suceder hoy en día a espaldas nuestras.
Daniele Ganser: Es muy importante entender lo que realmente representa la estrategia de la tensión y cómo funcionó durante aquel período. Eso nos puede ayudar a aclarar el presente y a ver mejor en qué medida se sigue aplicando. Poca gente sabe lo que significa esa expresión de estrategia de la tensión. Es muy importante hablar de ella, y explicarla. Se basa en cometer atentados criminales y atribuirlos a los enemigos .
El término tensión se refiere a la tensión emocional, a aquello que crea un sentimiento de miedo. El término estrategia se refiere a aquello que alimenta el miedo de la gente hacia determinado grupo.
Esas estructuras secretas de la OTAN habían sido equipadas, financiadas y entrenadas por la CIA y el MI6 , para combatir a las fuerzas armadas de la URSS en guerra, pero también, según la información de la que hoy disponemos, para cometer atentados terroristas en diferentes países. Es así cómo, desde los años 70, los servicios secretos italianos utilizaron esos ejércitos secretos para fomentar atentados terroristas con el objetivo de sembrar el miedo en el seno de la población y de acusar luego a los comunistas de ser los autores. Era la época en que el Partido Comunista tenía un poder legislativo importante en el Parlamento. La estrategia de la tensión estaba concebida para desacreditarlo, debilitarlo, impedirle acceder al poder ejecutivo.
« Nato’s secret armies » de Daniele Ganser Silvia Cattori: Aprender lo que eso quiere decir es una cosa. ¡Pero sigue siendo difícil creer que nuestros gobiernos hayan podido permitir que la OTAN, los servicios de inteligencia de Europa Occidental y la CIA actuaran como una amenaza para la seguridad de sus propios ciudadanos!
Daniele Ganser: La OTAN era el núcleo de esa red clandestina vinculada al terror. Estas fuerzas eran subestructuras clandestinas de la alianza atlántica, hoy en día claramente identificadas. Incluso hoy, cuando eso está comprobado, sigue siendo difícil saber qué hacía cada cual.
No existen documentos que prueben quién daba las órdenes, quién organizaba la estrategia de la tensión, de qué manera la OTAN, los servicios de inteligencia de Europa Occidental, la CIA, el MI6 y los terroristas reclutados en los círculos de extrema derecha se repartían los papeles.
La única certeza que tenemos es que dentro de aquellas estructuras clandestinas había elementos que utilizaron la estrategia de la tensión. Los terroristas de extrema derecha explicaron en sus declaraciones que eran los servicios secretos y la OTAN quienes los apoyaban a ellos en aquella guerra clandestina. Pero cuando se les piden explicaciones a miembros de la CIA o de la OTAN –cosa que yo he hecho durante varios años– estos se limitan a decir que pudo haber quizás algunos elementos criminales que escaparon a su control.
Silvia Cattori: ¿Esos ejércitos secretos estaban activos en todos los países de Europa Occidental?
Daniel Ganser: Mediante mis investigaciones, yo aporté la prueba de que esos ejércitos secretos existían no sólo en Italia, sino en todo el oeste de Europa: en Francia, en Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Turquía, España, Portugal, Austria, Suiza, Grecia, en Luxemburgo, en Alemania. Al principio se pensó que había una estructura de guerrilla única y que, por tanto, todos estos ejércitos secretos habían participado en la estrategia de la tensión, por consiguiente, en atentados terroristas. Pero es importante saber que no todos estos ejércitos secretos participaron en los atentados. Y comprender también lo que los diferenciaba, ya que tenían dos actividades diferentes.
Lo que hoy se ve claramente es que estas estructuras clandestinas de la OTAN, comúnmente llamadas Stay behind [ 5 ], estaban concebidas, al principio, para actuar como una guerrilla en caso de ocupación de Europa Occidental por parte de la Unión Soviética. Estados Unidos decía que esas redes de guerrilla eran necesarias para enfrentar la falta de preparación de la que habían adolecido esos países durante la invasión alemana.
Muchos de los países que conocieron la ocupación alemana, como Noruega, querían sacar lecciones de su propia incapacidad para resistir a la ocupación y se dijeron que, en caso de una nueva ocupación, debían estar mejor preparados, disponer de otra opción y poder contar con un ejército secreto en caso de derrota del ejército clásico. En el seno de aquellos ejércitos secretos había gente honesta, patriotas sinceros, que solamente querían defender su país en caso de ocupación.
Silvia Cattori: Si entiendo bien, estos Stay behind cuyo objetivo inicial era prepararse para una posible invasión soviética, fueron desviados de ese objetivo y utilizados para combatir a la izquierda. A partir de ahí, es difícil de entender, ¿por qué los partidos de izquierda no investigaron y denunciaron antes estos hechos?
Daniele Ganser: Si tomamos el caso de Italia, se ve que, cada vez que el Partido Comunista se dirigió al gobierno para obtener explicaciones sobre el ejército secreto que operaba en ese país bajo el nombre de código de Gladio [ 6 ], nunca hubo respuesta, bajo pretexto del secreto de Estado. No fue hasta 1990 que Giulio Andreotti [ 7 ] reconoció la existencia de Gladio y sus vínculos con la OTAN, la CIA y el MI6 [ 8 ].
Es también en ese entonces que el juez Felice Casson logró probar que el verdadero autor del atentado de Peteano, que estremeciera Italia en 1972 y del que hasta entonces se había responsabilizado a militantes de extrema izquierda, era [en realidad] Vincenzo Vinciguerra, miembro de Ordine Nuovo, un grupo de extrema derecha. Vinciguerra también habló de la existencia de este ejército secreto Gladio. Y explicó que, durante la guerra fría, aquellos atentados clandestinos habían causado la muerte de mujeres y niños [ 9 ]. También afirmó que este ejército secreto controlado por la OTAN tenía ramificaciones por toda Europa. Cuando esa información se dio a conocer, se produjo una crisis política en Italia. Y fue gracias a las investigaciones del juez Felice Casson que se supo [de la existencia] de los ejércitos secretos de la OTAN.
En Alemania, cuando los socialistas del SPD supieron, en 1990, que en su país –como en todos los demás países europeos– había un ejército secreto, y que aquella estructura estaba vinculada a los servicios secretos alemanes, hicieron un escándalo y acusaron al partido demócrata-cristiano (CDU).
Este último reaccionó diciendo: si ustedes nos acusan, nosotros diremos al público que ustedes también, con Willy Brandt, estuvieron implicados en esa conspiración. Aquello coincidía con las primeras elecciones de la Alemania reunificada, elecciones que el SPD esperaba ganar. Los dirigentes del SPD entendieron que no se trataba de un buen tema electoral, y finalmente dieron a entender que aquellos ejércitos secretos estaban justificados.
En el Parlamento Europeo, en noviembre de 1990, se elevaron voces para decir que no se podía tolerar la existencia de ejércitos clandestinos, ni dejar sin explicación actos de terror cuyo verdadero origen no estaba aclarado, que había que investigar. El Parlamento Europeo protestó entonces por escrito ante la OTAN y el presidente George Bush padre. Pero no se hizo nada.
Sólo se instrumentaron investigaciones públicas en Italia, Suiza y Bélgica. Son estos los tres únicos países que pusieron un poco de orden en cuanto a este asunto y que publicaron un informe sobre sus ejércitos secretos.
Silvia Cattori: ¿Cuál es la situación hoy en día? ¿Es posible que esos ejércitos clandestinos sigan activos? ¿Pudiera haber estructuras nacionales secretas que no estén bajo control de los Estados?
Daniele Ganser: Para un historiador es difícil contestar esa pregunta. No disponemos de un informe oficial país por país. En mis libros, yo analizo hechos que puedo probar.
En lo tocante a Italia, hay un informe que dice que el ejército secreto Gladio fue suprimido. Sobre la existencia del ejército secreto P 26 en Suiza, hubo también un informe del parlamento, en noviembre de 1990. Por tanto, esos ejércitos clandestinos, que habían almacenado explosivos en escondites a través de toda Suiza, fueron disueltos.
Pero en los demás países no se ha hecho nada. En Francia, aunque el presidente Francois Mitterrand había dicho que todo eso era cosa del pasado, se supo después que esas estructuras secretas seguían existiendo cuando Giulio Andreotti dio a entender que el presidente francés estaba mintiendo: «Usted dice que los ejércitos secretos ya no existen. Pero, durante la reunión secreta del otoño de 1990, ustedes los franceses estaban presentes. No diga entonces que eso ya no existe». Mitterand se disgustó bastante con Andreotti porque, después de esa revelación, no le quedó más remedio que rectificar su propia declaración. Más tarde el ex jefe de los servicios secretos franceses, el almirante Pierre Lacoste, confirmó que esos ejércitos secretos existían también en Francia, y que Francia también había estado implicada en atentados terroristas [ 10 ].
Ahora, veamos, que redes se udieron utilizar para el autoatentado.
partiendo de las antiguas pandillas falangistas "copei"y socialfascistas "derecha ADeca", las cuales nos dieron algunas sorpresas .
Alirio Abreu Burelli, Presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, tomó el auricular para recibir la llamada transferida desde la central y contestó con recelo.
– Aló, diga. ¿En qué puedo servirle?
– En nada, solo queremos decirle que ese trabajo que está haciendo no lo va a llegar a terminar porque lo vamos a reventar. (Clic)
El magistrado, con rostro sombrío, regresó la bocina a su lugar y quedó pensativo. Aquello debía ser una broma de muy mal gusto. Minutos antes recibió una llamada similar en la que le advertían del envío de un sobre conteniendo explosivo plástico. La persona que habló lanzó amenazas en contra del resto de los jueces si no ponían fin a “lo que estaban haciendo”.
“Lo que estaban haciendo” era la ponencia sobre antejuicio de merito en contra del ex presidente y senador vitalicio Jaime Lusinchi por el célebre caso de los vehículos rústicos marca Jeep, adquiridos con dinero de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores. Un caso que comenzó 5 años atrás.
Los “Jeeps” de Ciliberto
En julio de 1988 Venezuela estaba en campaña. La ciudadanía iba en camino a elegir al séptimo presidente del país luego de la dictadura. Entre la variopinta oferta electoral (que incluía a un brujo) se encontraba la del ex presidente Carlos Andrés Pérez postulada por el partido gobernante Acción Democrática.
El 11 de aquel mes, el ministro de Relaciones Interiores, José Ángel Ciliberto, dirigió un oficio al coronel Ramiro Zambrano, subjefe de la Casa Militar, mediante el cual hacía entrega de un lote de 15 vehículos rústicos que debían ser usados en las labores propias de la seguridad presidencial. Otros 5 rústicos serían entregados al día siguiente para completar un total de 20. El responsable de hacer la entrega a Casa Militar era el señor Jorge Mogna, director general sectorial de Administración y Servicios y adjunto a la secretaría de finanzas de Acción Democrática.
Pero aquellos vehículos jamás llegaron al destino previsto. Casi un año después, el 22 de junio de 1989, el coronel Ramiro Zambrano declaró que él nunca los llegó a ver en el palacio de Miraflores. ¿Y a dónde fueron entonces?
Se abrió una investigación y se determinó que la señora Blanca Ibáñez, secretaria privada del presidente Jaime Lusinchi, había hecho entrega (con la anuencia de éste) de un total de 337 mil dólares americanos, sacados de la partida secreta, al ministro Ciliberto con la orden de que comprara 65 rústicos marca “Jeep” para ser usados en la campaña electoral. La compra se justificaría con un supuesto uso oficial. La flotilla de automotores fue comprada a través de “Constructora El Pao, C.A.”, cuyo dueño, Omar Camero mantenía estrechos vínculos con el partido de gobierno. Los “Jeeps” según se supo fueron distribuidos por la señora Ibáñez a los secretarios de organización del partido en el área metropolitana de Caracas.
El 22 de junio de 1989 el Juzgado 21 Penal inició una averiguación por la presunta desaparición de los vehículos. Poco tiempo después, el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público solicitó el expediente para avocarse al caso, arguyendo que entre los acusados había altos funcionarios públicos. El 11 de julio del siguiente año se dictó auto de detención en contra de José Ángel Ciliberto, Jorge Mogna, Omar Camero y Blanca Ibáñez, al tiempo que se solicitó a la Corte Suprema de Justicia realizar un antejuicio de mérito para el ex presidente Jaime Lusinchi por su condición de senador vitalicio.
Entre 1990 y 1993 se presentaron dos ponencias, una redactada por el magistrado Román Duque Corredor y otra por la doctora Cecilia Sosa Gómez. Ambas fueron rechazadas en plenaria. En el segundo trimestre de 1993 se designó al doctor Alirio Abreu Burelli quien se encontraba dando los toques finales a su ponencia cuando recibió aquellas extrañas llamadas.
El sobre de “Pedro Carmona”
Estando ya en casa el viernes en la noche, el magistrado Abreu Burelli había olvidado el incidente de las amenazas telefónicas; estaba seguro de que aquello no podía ser sino la broma de algún desocupado. En su mente no cabía la idea de que alguien pudiera realmente atentar de forma criminal contra la dignidad de altos funcionarios. Venezuela no había sido nunca un país en el que las diferencias se arreglaran a bombazos. Con excepción de los magnicidios en contra de Juan Crisóstomo Gómez y Carlos Delgado Chalbaud más el frustrado atentado en contra del presidente Rómulo Betancourt (hechos ya lejanos en el tiempo), la vida pública de la nación había transitado por senderos más o menos sosegados, si se obviaban las tensiones sociales que con frecuencia eran arrinconadas fuera de los cauces de la legalidad.
Reflexionaba sobre estas cosas cuando llegó a sus manos un sobre que había sido remitido desde Los Teques por un tal Pedro Carmona, supuesto empleado de la telefónica estatal CANTV, a través de la compañía de envíos y encomiendas Aerocav. El magistrado tanteó el objeto dentro de la envoltura de papel manila; tenía el tamaño y el peso de una cinta magnetofónica casera. Recordó las amenazas recibidas y como no conocía al remitente entró en sospechas. Miró el paquete al trasluz y apreció unos filamentos; entonces y de manera insensata, hay que decirlo, decidió abrir el sobre por el extremo inferior.
Dentro, tal como le anunciaron había una bomba. Una pequeña espiral explosiva con una pila en el medio. Dispuso que el paquete fuera colocado en un rincón del jardín y se comunicó con el presidente de la Corte, Gonzalo Rodríguez Corro. Éste estuvo de acuerdo en que se diera aviso a las autoridades, pero de “forma discreta”. El paquete con la bomba “durmió” esa noche entre la grama y los gladiolos.
A las nueve de la mañana, el doctor Alirio Abreu Burelli (en otro acto de temeridad) tomó el sobre, lo subió a su vehículo y se dirigió con él a su despacho. Una vez en la Corte llamó a la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención -DISIP- desde donde enviaron comisiones para enterarse del asunto. Los funcionarios que llegaron acompañados por detectives de criminalística de la PTJ reconvinieron al magistrado, haciéndole ver la imprudencia que había cometido al manipular aquel paquete. – Si hubiese estallado con el carro en marcha, usted y quien sabe cuantas personas más hubieran volado por los aires – El hombre se limitó a decir que en realidad no le parecía verosímil que atentaran contra su vida ni la de sus colegas.
Resuelto el asunto de la bomba, el Presidente de la Sala Civil de la Corte reanudó su trabajo. Había prometido entregar la ponencia de antejuicio el lunes 19 de julio y estaba decidido a cumplir con su palabra.
El mal día de Hugo Betancourt
El 19 de julio de 1993 la ciudad amaneció ahogada en rumores, como ya era costumbre en aquella época.
Luego de una insurrección popular, dos golpes de estado, la suspensión y juicio de un presidente y la posibilidad cierta de iniciar otro a un ex presidente, el rumor se había convertido en un deporte nacional. No había conversación salpicada del “me lo dijo un primo del cuñado de la tía de un chofer que es amigo de la señora que plancha la ropa en la casa de un general”. “Esa señora oyó que esta semana “segurito” viene un golpe de estado”.
Por otro lado el Consejo Supremo Electoral había autorizado el inicio de la campaña presidencial. Participaban Rafael Caldera, Claudio Fermín, Oswaldo Álvarez Paz, Andrés Velásquez y el general retirado Nelson Ojeda Valenzuela. Inestabilidad y elecciones eran entonces el alimento de la hablilla popular. En la sede de la Corte Suprema de Justicia ubicada al norte de la capital, las cosas no eran distintas, solo que ahora se sumaba el extraño incidente ocurrido el fin de semana a uno de sus magistrados. Por todos los pasillos se comentaba el asunto del sobre bomba; sin embargo, y tal como lo había hecho el propio afectado, el resto del personal desestimó el asunto considerándolo un hecho raro y aislado.
Aproximadamente a las 12:15 minutos del mediodía, el señor Joaquín Merchán empleado del departamento de correspondencia tomó en sus manos un sobre de plástico color blanco que había llevado allí dos horas antes un mensajero de Aerocav. Vio que estaba dirigido a los miembros de la Sala Plena, así que paquete en mano subió al piso 1. Entró a la oficina correspondiente y saludó a los funcionarios que estaban presentes. Les hizo entrega del sobre y se retiró pensando en el almuerzo de aquel día.
El archivista Hugo Betancourt Zerpa y su compañero Tito de la Hoz recibieron el sobre, con ellos estaba el señor José Francisco Urbano, secretario del magistrado Sánchez Risso. La etiqueta decía que la ciudad de origen era Los Teques y quien lo remitía era un tal Pedro Carmona.
Betancourt Zerpa rompió el plástico y vio con extrañeza que dentro había otro sobre, éste de papel manila. Comentó el hecho con sus compañeros y comenzaron a bromear. -¡Cuidado! Mira que puede ser una bomba – decían, mientras hacían el ademán de pasarse el sobre unos a otros – Ábrelo tú – No mejor ábrelo tú -. La broma siguió hasta que Betancourt Zerpa decidió abrirlo. Tomó el paquete con su mano izquierda mientras que con la derecha se dispuso a romper una esquina del papel, no había terminado de rasgarlo cuando una terrible explosión cercenó sus dedos.
Aturdidos por el estruendo y los gritos de terror de Betancourt Zerpa, un grupo de empleados se acercó al lugar. Otros, enterados del suceso entraron en pánico abandonando el edificio en estampida. Hugo Betancourt y José Francisco Urbano, quien también resultó herido fueron trasladados en un vehículo de Venezolana de Televisión hasta el cercano hospital Vargas en donde fueron atendidos. A los pocos minutos llegaron al lugar los comisarios Orlando Jordán Petit, director de la Policía Técnica, Alexis Bolívar jefe nacional de investigaciones y Florencio García, de la División contra Homicidios. Por la Policía Metropolitana se hicieron presentes Juan Lizardi, de Inteligencia y Rafael Damián, jefe de operaciones. El lugar fue completamente evacuado y acordonado para facilitar la labor de recolección y pesquisa de la PTJ y la DISIP.
La tercera bomba
La noticia corrió por el país llevada en los Extras de los noticiaros radiales y televisivos que a esa hora emitían la edición meridiana. Al otro lado de la ciudad, en la calle Cumaco de Macaracuay, quinta Navidad, propiedad del presidente de la Corte, su domestica miraba con interés y atención lo que había pasado en el edificio donde trabajaba su patrón. – Fin de mundo – se dijo mientras giraba la perilla interruptora del viejo televisor de la cocina, apagándolo para continuar con sus oficios.
Un rato después la señora se dispuso a revisar la correspondencia y se topó con un sobre similar al que describieron en la televisión: Tamaño carta de papel manila, despachado por Aerocav y remitido por Pedro Carmona desde Los Teques. La mujer se santiguó, dejo el paquete donde mismo lo había hallado y llamó a la policía. De inmediato acudieron efectivos de la Brigada de Acciones Especiales de la PTJ y explosivistas de la DISIP que colectaron el sobre, lo sacaron de la casa y lo metieron en un contenedor especial para explosivos. Enterado del asunto, el doctor Gonzalo Rodríguez Corro regresó a casa para entrevistarse con la policía. Entre sorprendido y molesto declaró a los medios que estaban presentes.
– Esta es una acción delicada que representa un riesgo para mí y para mi familia. Le daré a este hecho una respuesta serena pero severa, como cabe de mi parte. Les solicito que den a esta noticia un tratamiento responsable y profesional por las graves implicaciones que trae consigo. Cooperaré al máximo en las investigaciones que lleven a cabo los cuerpos de seguridad orientadas a determinar el origen y las causas de estos atentados.
Luego se supo que este tercer sobre estuvo en casa de Rodríguez Corro desde el jueves anterior, sin que por fortuna, alguien lo hubiese tocado. Empezaba para el país la cobertura de un hecho sin precedentes. La palabra terrorismo tan ajena al vocabulario local, oída y leída solo en la sección de internacionales de los medios de comunicación, ahora se hacía tangible entre nosotros con toda su brutalidad y acritud, traída como se sabría más adelante por encumbrados personajes de la vida pública nacional.
Hugo Betancourt Zerpa
En la sala de urgencias del viejo hospital Vargas, Hugo Betancourt Zerpa y su compañero fueron atendidos con presteza. El primero tenía una horrible herida en su mano izquierda y el segundo severas lesiones en el rostro y en las piernas. Junto a Betancourt llegó un funcionario sosteniendo la carpeta de trabajo en la que habían quedado sus dedos mutilados, tenían la esperanza de que los médicos pudieran reinsertarlos pero el daño inferido por la explosión a nervios y tendones hacía imposible la recuperación. Había que amputar. Betancourt Zerpa estaba atribulado, no podía creer que su vida diera un giro tan terrible en apenas segundos. La mano que le amputaron era la izquierda y él era zurdo, era la que sabía usar. Temió por su futuro en un país en el que las personas con discapacidad eran echadas a un lado, pensó en su pequeña hija. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo se ganaría el pan?
En los días posteriores pasó ante él un desfile de altos funcionarios que iban a manifestarle su solidaridad y el compromiso de no dejarlo solo en tan duro trance. El primero en llegar fue el presidente de la Corte; luego pasarían a verlo el Ministro del Trabajo Luis Horacio Vivas, quien junto al presidente del Seguro Social, Gustavo Gabaldón lo impusieron de la Orden Primero de Mayo en su Primera Clase. Luego del acto protocolar prometieron ante las cámaras que el gobierno daría una amplia atención médica y social al señor Betancourt.
Sospechas
Reza un viejo axioma que la sospecha de un crimen recae sobre a quien interesa el crimen; así que el país volteó la mirada hacia el ex presidente Jaime Lusinchi. Hombre de rostro afable y sonrisa bondadosa pero de conocido carácter irascible, el senador vitalicio no había podido ocultar el malestar que le producía el estar a la puerta de un juicio. Menos aún el que se estuviera pidiendo la extradición de su ex secretaria privada y ahora esposa, Blanca Ibáñez quien salió del país a raíz del auto de detención en su contra.
Dos semanas antes de la tétrica aparición de las bombas hubo una reunión a puertas cerradas entre el presidente del Congreso, Octavio Lepage y el presidente de la Corte. En aquel encuentro, Lepage pidió a Rodríguez Corro información sobre el desarrollo del antejuicio y la correlación de fuerzas a favor o en contra del ex presidente. Un sector del partido Acción Democrática, afecto a Lusinchi necesitaba saber como vendrían las cosas. Según una fuente extraoficial citada por el periodista Luis Lira Puerta del vespertino El Mundo, Octavio Lepage habría tratado de suavizar las posiciones entre los magistrados que estaban a favor del antejuicio. Si aquel proceso se sancionaba el partido socialdemócrata se colocaría en una situación bastante comprometida pues ya uno de sus miembros más importantes, Carlos Andrés Pérez había sido suspendido de la presidencia de la república y se encontraba sometido a juicio.
El 30 de junio, el propio Jaime Lusinchi acudió ante la Secretaría de la Sala Plena para consignar un escrito de recusación en contra de los 15 magistrados de la Corte, en especial en contra de su presidente Gonzalo Rodríguez Corro. El escrito preparado por un equipo de abogados que lideraba el doctor Morris Sierralta alegaba que éste estaría chantajeando al resto de los integrantes del más alto tribunal del país movido por la manifiesta enemistad que sentía hacia Jaime Lusinchi y su esposa.
– Gonzalo Rodríguez Corro – declaró el ex presidente – sabe muy bien que el expediente enviado por el Tribunal Superior de Salvaguarda no tiene nada en mi contra. No hay allí ni un solo indicio serio, al igual que en el caso de mi esposa. Este señor se ha dedicado, en una forma que poco lo enaltece a chantajear a los otros magistrados invocando, para que se me condene, una supuesta presión de la opinión pública y una supuesta necesidad política de que se me someta a juicio.
El 19 de julio se anunció desde la Corte que la distribución de la ponencia sobre el caso del ex presidente Lusinchi que debió darse ese día se posponía para el siguiente debido al acto terrorista, pero – se anunciaba con énfasis – la perpetración de aquel atentado no detendría ni ese proceso ni el que se le adelantaba al presidente Pérez.
Esa misma tarde, el ex presidente Lusinchi manifestó que aquel atentado pudiera ser perfectamente una provocación para inducir odios y sospechas en su contra. Condenó el acto terrorista y fue enfático en señalar que aquellas insinuaciones le causaban un daño moral injusto. Dijo ser un hombre de paz, de ley, que como médico había sido siempre enemigo personal de la muerte. – Estamos ante una abierta manifestación extremista que debe ser investigada a cabalidad – aseveró finalmente.
Un día movido.
En la mañana del 20 de julio falleció el abogado defensor de Jaime Lusinchi, Morris Sierralta quien había llevado entre otros casos célebres los de Marcos Pérez Jiménez y Vinicio Carrera. El legendario litigante se había rendido luego de una larga y penosa enfermedad que sin embargo no lo alejó del trabajo, hasta el último momento estuvo diseñando la defensa del ex presidente. Tocaría ahora a su hijo, del mismo nombre, continuar la labor.
Por su parte las instituciones amanecieron unidas en una sola consigna: el rechazo al terrorismo y el apoyo irrestricto al trabajo que hacían los magistrados de la Corte Suprema. Ejecutivo Nacional, Fiscalía y Congreso coincidían en señalar la urgente necesidad de hallar y castigar a los culpables.
La policía ya tenía algunas informaciones; los tres sobres habían sido consignados el día jueves 15 de julio en la oficina de Aerocav de Los Teques por alguien que dijo llamarse Pedro Carmona y quien vestía uniforme de la CANTV. Fue atendido por la empleada Isolina Cansela de Pizzani. Ella procesó los paquetes y efectuó el cobro de 540 Bs. Cada sobre manila de tamaño carta tenía una carga explosiva de distinto poder que se componía de una mezcla de C4, fósforo y Gitachi. Los tres tenían un mecanismo eléctrico con un cordón prima detonante que se activaba por medio de papel aluminio cuando la persona abría el envoltorio.
En el paquete dirigido al magistrado Burelli el explosivo no estaba conectado a la batería, lo que significaba que había sido diseñado solo para amedrentar, el que se envió al doctor Rodríguez Corro estaba conectado y su poder destructivo era mayor, de haber estallado podía causar la muerte de una o dos personas. El que se envió a la Sala Plena contenía una menor carga explosiva, de allí que el daño más grave que se ocasionó fue la perdida del miembro superior izquierdo del funcionario que lo manipuló. Las características de ensamblaje delataban a manos expertas. Quien había fabricado aquellas bombas tenía un detallado y amplio conocimiento del tema. Aquel día se coló la especie de que en uno de los sobres se habían podido colectar huellas que al ser procesadas apuntaban a dos terroristas salvadoreños, luego se especuló sobre la posibilidad de que se tratase de viejos extremistas de izquierda, remanentes de las guerrillas de los años 60, pero en realidad, como se supo más tarde, el asunto apuntaba a otro lado. Pronto muy pronto el país se sorprendería.
Al finalizar la jornada se anunció la entrega del proyecto de sentencia en relación al antejuicio de merito que se seguía al ex presidente Lusinchi. El mismo planteaba que existían indicios para enjuiciarlo pues éste había incurrido en el delito de omisión de control. El documento de 89 folios entregado por Alirio Abreu Burelli basaba su planteamiento en los artículos 28 de la Ley de Contraloría y 9 del Reglamento Presidencial que establecían que los ministros tenían el deber de informar al primer mandatario acerca de los gastos de seguridad y defensa y el Presidente de velar porque ésos bienes fueran bien administrados; por tanto si se llegase a comprobar que un ministro había hecho uso indebido de los bienes, el Jefe de Estado no podía quedar exonerado de responsabilidad.
Aquella ponencia debía ser analizada por cada uno de los magistrados, quienes tenían un plazo no mayor a 15 días para decidir si la aprobaban o la rechazaban. Quedaba esperar entonces la plenaria que debía verificarse para los días 4 ó 5 de agosto a más tardar.
Espiral de violencia – Más bombas en la ciudad
El 21 de julio se menciona por primera vez que se estaría interrogando a ex altos jefes policiales por orden directa del Ministro del Interior, Carlos Delgado Chapellín. Ese mismo día los organismos de inteligencia de los Estados Unidos e Israel ofrecieron su ayuda para las investigaciones. En aquel momento se decía de todo, se hablaba de comandos argelinos, de grupos de la extrema izquierda venezolana, de terroristas salvadoreños o nicaragüenses y hasta se llegó a mencionar la posibilidad de que se tratara de una acción de la Triple A argentina o de Los Tupamaros del Uruguay.
Otros apuntaban a la posibilidad de que la cosa viniera por el lado de los grupos policiales vinculados con el presidente suspendido Carlos Andrés Pérez o del propio Jaime Lusinchi. En ese sentido, el Fiscal General Ramón Escovar Salom señaló que había personas dispuestas a desprestigiar la República y perturbar el gobierno del presidente interino Ramón J. Velásquez. – Es preciso – dijo – que el gobierno actúe con firmeza a fin de impedir que un grupo minoritario que pudiera estar vinculado con la corrupción, se interponga contra la aspiración de la mayoría de vivir en un país decente, estos hechos deben ser investigados y condenados con firmeza -.
En los días siguientes el país seguía a la expectativa, pero a falta de información certera la atención se desvió hacia otros temas. Un paro laboral en el servicio del Metro había provocado el caos en la capital, el candidato presidencial Claudio Fermín abría la ronda de inscripciones en el Consejo Supremo Electoral, los copeyanos acusaban de traidor al doctor Rafael Caldera por su alianza con los comunistas, el cantante Ricardo Montaner ganaba una demanda millonaria contra la casa disquera Sonorodven y los sectores más conservadores del país ponían el grito en el cielo al anunciarse que los Estados Unidos habían invitado a su territorio al candidato radical Andrés Velásquez; el embajador Michael Skoll se apresuró a aclarar que ellos no habían invitado a nadie sino que fue el propio Velásquez quien pidió ser invitado, petición que fue aprobada por el Departamento de Estado.
En los ministerios nadie quería saber de abrir correspondencias, un estado de tensión adormilada se apoderaba del país y sus instituciones hasta que el jueves 29 de julio una bomba, también del tipo C4 estalló en una estación de gasolina ubicada en Altamira. Lo que pudo haber sido una tragedia de incalculables proporciones se evitó gracias a que se activó el sistema de seguridad del establecimiento. Al día siguiente estalló un artefacto cerca de la embajada de Colombia, horas más tarde otro sobre-bomba era recibido en la Escuela de Enfermería de la Universidad Central de Venezuela ubicada en Sebucán. Un supuesto Movimiento Revolucionario José Antonio Páez se atribuía la autoría de los hechos.
A las seis de la tarde del viernes 31 de julio, una bomba fue lanzada contra un telecajero del Banco de Venezuela instalado en el edificio sede de la federación patronal –Fedecámaras –.
-Ahora si es verdad que se montó la gata en la batea. – Se decía – Esos locos andan poniendo bombas a diestra y siniestra. Ya no es solo contra la Corte sino contra todo el mundo. La adrenalina subió a millón, la gente sentía temor de viajar en el Metro o hacer uso del transporte público. Los cafés vieron mermada su clientela, pues no se sabía en donde pudiesen colocar la siguiente bomba. El 4 de agosto cuando los rumores habían alcanzado el cenit la policía publicó el retrato hablado de la persona que identificándose como Pedro Carmona llevó los sobres a Aerocav.
Los caminos que condujeron a Roma
El 9 de agosto de 1993 el juez 51 Penal Antonio Figuera Medina, cumpliendo un mandato expreso de la Corte Suprema de Justicia, allanó las oficinas del ex director de la DISIP Rafael Rivas Vásquez. Este allanamiento tenía relación con el caso de los 250 millones de la partida secreta, presuntamente usada de forma indebida por Carlos Andrés Pérez para gastos de seguridad de la presidenta de Nicaragua Violeta Chamorro. La acción judicial que fue apoyada por grupos especiales de la PTJ, DISIP, Policía Metropolitana y de la Guardia Nacional buscaba recabar documentos. Rivas Vásquez de dilatada carrera policial era un cubano radicado en Venezuela amigo de Orlando García, ex Jefe de Seguridad del presidente Pérez. Algunos periodistas lo vinculaban al clan anticastrista que planificó la voladura del avión cubano y el asesinato en los Estados Unidos de Orlando Letelier, canciller de Chile durante el gobierno de salvador Allende.
El martes 9 de agosto, con 11 votos a favor y 4 salvados la Corte declaró que sí había meritos para enjuiciar a Jaime Lusinchi. Cumplido aquel paso, correspondía el siguiente al Senado de la República que debería decidir el allanamiento de la inmunidad parlamentaria para que el Tribunal Superior de Salvaguarda pudiera iniciar juicio. El ex mandatario calificó la decisión de apresurada, arbitraria y carente de toda lógica racional. Sin embargo, sus compañeros de partido en la vocería del diputado Henry Ramos Allup anunciaron que Acción Democrática votaría a favor de allanarle la inmunidad. COPEI haría lo mismo, por su parte el tercer partido del estatus, Movimiento al Socialismo señaló que la Corte había dado otro buen ejemplo. Ellos también votarían por el allanamiento. El ex presidente Lusinchi advirtió que acudiría a los organismos internacionales de derechos humanos para denunciar que los suyos estaban siendo vulnerados.
En 1973 Maximiliano Monsalve Planchart era miembro de la escolta del entonces candidato presidencial Carlos Andrés Pérez. Cumplía sus funciones en el comando de campaña ubicado en la Torre Las Delicias, bajo las órdenes del ya mencionado Orlando García. Cuando Pérez llegó al poder, Planchart ingresó a la División de Personalidades de la DISIP pasando a formar parte de la guardia civil del Presidente de la República, siendo su jefe inmediato el cubano Rafael Rivas Vásquez. Durante el gobierno de Luis Herrera Campins, regresa a cumplir labores de seguridad en las oficinas privadas de Carlos Andrés. Vuelve a la DISIP cuando gana las elecciones el doctor Jaime Lusinchi ingresando al grupo especial de comandos que lideraba Henry López Sisco. El 29 de octubre de 1988 estaba entre los hombres que perpetraron la masacre de 14 pescadores de El Amparo, localidad fronteriza en el estado Apure intentándolos presentar como guerrilleros colombianos. En 1989 es declarado prófugo de la justicia al negarse a acatar una decisión de la Corte Suprema de Justicia, vinculada con aquellos sucesos. En 1993 vivía una clandestinidad sui géneris protegido por grupos vinculados al poder. A pesar de estar solicitado por la masacre de El Amparo, trabajaba como jefe de seguridad en una finca ganadera en el estado Barinas y seguía cobrando su sueldo de comisario de la DISIP por medio de una partida especial.
En la rueda de prensa de los ministros de Interior y de Justicia, ordenada por el presidente de la República, se informó además que el ex comisario Henry López Sisco, a quien se acusaba de mantener estrechos vínculos con Planchart viajaría desde Miami, donde vivía, con la intención de aclarar su posición frente a ese hecho.
El miércoles 11 de agosto, los reporteros que cubrían la fuente de sucesos permanecieron a la vera de la sede central de PTJ en espera de noticias. Adentro se interrogaba a los hacendados Flavio Freites y Héctor Scannone a quienes el ex comisario Monsalve Planchart había prestado servicios, como jefe de seguridad de sus hatos. Ambos llegaron a las diez de la mañana, fueron recibidos por Alexis Bolívar y tres fiscales del Ministerio Público. El interrogatorio se prolongo por 12 largas horas al término de las cuales abandonaron el edificio.
Aquel mismo día rindió declaración un sujeto que presuntamente había escondido a Planchart en su casa luego del estallido en la Corte Suprema. Aquella persona manifestó que en realidad no conocía al ex comisario pero que lo escondió a pedido de Henry López Sisco quien le habría dicho vía telefónica: “Guárdame a ese hombre allí porque se trata de algo muy delicado que estoy trabajando”. Por la misma vía se supo que Monsalve Planchart y López Sisco se habrían reunido en dos ocasiones antes del envío de los sobres, se estaba averiguando qué oficina utilizaron para esas conversaciones. Las investigaciones también determinaron que Planchart había hecho dos llamadas a su antiguo jefe a la ciudad de Miami, las diligencias encaminadas a capturarlo llevaron al allanamiento (sin éxito) de un apartamento en el edificio La Cima de la calle Guaicaipuro de Los Teques en el que aparentemente había estado viviendo.
Monsalve se quejó de lo que pasaba ya que “había descuidado su vida y a su familia para dedicarse con entrega a defender la democracia”. Acusó a los ministros Carlos Delgado Chapellín y Fermín Mármol León, así como al director de la PTJ, Orlando Jordán Petit de prestarse a una farsa que solo buscaba proteger a Carlos Andrés Pérez. – Estos señores – afirmó – no fueron capaces de mirar a las cámaras cuando me acusaron porque saben bien que soy inocente -. “Pueblo de Venezuela, yo soy inocente; Carlos Andrés Pérez y su entorno son los culpables”. Con aquella frase cerraba la declaración escrita.
Antes de salir, sus familiares pidieron al Fiscal que se garantizara la vida del ex comisario. Nuevas sorpresas asomarían en el panorama en los días sucesivos.
Aclaratorias, ventilador y detenciones
Las declaraciones vertidas en la carta enviada por el ex comisario Monsalve Planchart generaron rápidas reacciones. La mañana del 12 de agosto, el director de la PTJ rechazó las acusaciones y afirmó categórico que la institución a su cargo se había limitado a hacer un trabajo técnico científico que había arrojado unos resultados; los mismos señalaban a Monsalve Planchart. Por su parte Pastor Heydra acusó al periodista Rafael Poleo de estar detrás de la campaña de terror y de ser el autor intelectual de los sobres bomba. Se encendió el ventilador de las acusaciones; policías señalaban a políticos y políticos acusaban a policías y a otros políticos.
Había quien se preguntaba si era posible que un solo hombre pudiera haber orquestado todo aquello. Detrás de Monsalve tenían que estar poderosos sectores. Una persona en solitario, con un capital declarado de 14.000 bolívares como lo era el de Monsalve, no podía costear una operación como aquella.
Los interrogatorios
Demacrado y con visibles signos de cansancio llegó el ex comisario a la sede de la policía política en Los Chaguaramos. De rasgos negroides en rostro de indio, sus ojos metálicos miraban con atención el entorno. Sentía cierta confianza porque entre las condiciones que puso para entregarse estaba la de que lo fueran a buscar sus amigos. Días antes, éstos le habían mandado a decir que se cuidara pues se preparaba una acción para asesinarlo. En el trayecto a la sala de interrogatorios lo acompañaban dos fiscales del Ministerio Público y el propio director de la DISIP, Manuel Heinz Azpurúa.
Los funcionarios estaban plenamente seguros de la autoría material del interrogado, pero éste aún no lo reconocía; así que la estrategia se orientaba a llevarlo a confesar y luego a desmalezar el camino hacia los autores intelectuales; aquello pasaba por establecer quien había servido de intermediario en la operación y quienes fueron sus cómplices y encubridores.
En la primera parte Monsalve reafirmó lo dicho en la carta. Él era inocente. No era más que la víctima de un plan concebido por el entorno policial y político de Carlos Andrés Pérez para destruir a los grupos comandos de la DISIP. De manera curiosa, insistió en señalar como agentes comunistas a los cubanos Orlando García Y Rivas Vásquez, quienes eran más bien conocidos por su profunda aversión hacia el gobierno de Cuba y hacia los grupos políticos que defendían aquellas ideas. Las horas pasaban y seguían en aquel punto; el ex comisario se quejaba de lo que le hacían a él, un hombre de paz y de profundas ideas democráticas que había tenido que pasar 4 años escondido por el asunto de El Amparo y que ahora debía enfrentar aquellas injustas acusaciones. No era más que un chivo expiatorio al que buscaban liquidar para que no siguiera hablando.
Llegó la noche, los termos se vaciaron y llenaron varias veces. La sala tenía un espantoso olor a cigarrillos, pizza, sudor y cafeína. La tensión subía y bajaba. Policías y fiscales se turnaban para preguntar. Insistían en las pruebas.
– Monsalve, chico. En el sobre hay huellas de tu mano izquierda.
– Eso lo sembraron. Aquí mismo en Los Chaguaramos está mi ficha de trabajo con mis huellas. Seguramente alguien las tomó de allí. ¿Ustedes no ven que los que hicieron esto quieren culparme porque saben que trabajé en Comandos y que estoy solicitado por lo de El Amparo? Luego querían matarme para que no hablara, por eso fue que mandé la carta a Fiscalía.
Pasada la medianoche no se había logrado mucho. El hombre era terco. Sin embargo ya se notaban algunas grietas. El Monsalve que había empezado a declarar tranquilo y confiado, fue dando paso a uno reactivo e irascible. Ante la obstinación de sus ex compañeros sus ojos brillaban amenazadores, los espesos bigotes temblaban con la indignación. –Negro – le decían – No solo tenemos tus huellas, sino las declaraciones de testigos. Sabemos que te reuniste con López Sisco, él en este momento está declarando lo suyo. Habla para que salgamos de esto -.
En ese momento, quizás por cansancio o porque se sabía perdido, confesó.
Si, realmente había sido él el que fabricó las bombas, las había hecho porque le ofrecieron una buena paga y la eliminación de su expediente por la masacre de los pescadores.
– A comienzos de julio recibí una llamada telefónica de mi antiguo jefe Henry López Sisco, en ese entonces me dijo “Quiero que prepare unos sobres explosivos porque hay que darle un susto a unos magistrados de la Corte Suprema de Justicia”. Me convocó a una reunión en la oficina del abogado Álvaro Rotondaro ubicada en el local 11-D del edificio Easo, al este de Caracas. Allí en presencia del anfitrión me amplió los detalles de la operación y me ordenó entrar en contacto con su chofer, el detective de la DISIP, Juan Morales Pérez que era con quien debía entenderme a partir de ese momento. López Sisco me preguntó que si tenía C4 y le respondí que sí, que tenía una cierta cantidad escondida en el hato donde trabajaba. Delante de Rotondaro me advirtió que preparara varios sobres pero solo uno de ellos debía estallar.
– En esa primera reunión – continúa Monsalve – López Sisco me reveló que Jaime Lusinchi fue la persona que encargó el trabajo, pero solo me lo dijo aquella vez, en lo sucesivo nos referíamos al ex presidente como “la persona”. Me adelantaron 50 mil bolívares y yo sugerí que se le pidiera a “la persona” una mayor cantidad de dinero pues eso era algo que no cualquiera podía hacer. López Sisco me dijo que estuviera tranquilo pues mi labor sería muy bien recompensada.
– Días después me reuní con Morales Pérez, nos trasladamos a un apartamento que López Sisco tiene en San Antonio de los Altos y allí elaboramos los sobres bomba. Ya confeccionados, limpiamos el sitio y nos retiramos. Mi antiguo jefe, igual me pidió las llaves del apartamento y acudió personalmente a revisarlo para constatar que no habíamos dejado evidencias. Luego, con una maquina de escribir que habíamos comprado colocamos en los sobres los nombres y las direcciones de los destinatarios. Esa parte la hicimos a bordo de un Toyota Corolla alquilado en Nacional Rent a Car por la DISIP y asignado a Henry López Sisco. Fue en ese momento que cometí el error de dejar mis huellas en uno de los paquetes. La maquina de escribir la echamos al río Guaire y nos fuimos a la empresa de alquiler de autos para cambiar el Corolla por un Chevrolet Swift.
– El 14 de julio Morales Pérez y yo llegamos al número 34 de “Residencias Cima” en la calle Guaicaipuro de Los Teques pues en aquel apartamento habíamos guardado los sobres. Tomamos tres y nos fuimos a la oficina de Aerocav; dos cuadras antes de llegar, el chofer de López Sisco se bajó para llegar a pie a las oficinas de la empresa de encomiendas donde consignó las remesas con el nombre supuesto de Pedro Carmona. Por ese trabajo Morales Pérez recibió una paga de 4 mil bolívares.
– Enviados los paquetes – continuaba Monsalve Planchart – me trasladé a Caracas. Cuando estalló la bomba en la Corte, coloqué cargas explosivas en la estación de servicio de Altamira, cerca de la embajada de Colombia y en la sede de Fedecámaras para crear confusión en los investigadores. De allí me trasladé al hato de Flavio Freites en el estado Barinas donde permanecí oculto hasta el momento de entregarme. Debo reconocer que me puse nervioso cuando vi la rueda de prensa en la que los ministros me acusaban de ser el autor material de las bombas. Llamé por teléfono a López Sisco quien me pidió que me tranquilizara pues él me prestaría toda la ayuda que fuese necesaria.
Henry López Sisco y Jaime Lusinchi
Al enterarse de las acusaciones que hacía su antiguo subalterno, el comisario jubilado Henry López Sisco negó toda relación con aquel y con el episodio terrorista, sin embargo las tenía todas en contra pues su propio chofer, Morales Pérez, admitió que había participado en el plan por órdenes suyas y corroboró en todas sus partes las declaraciones de Monsalve. El ex jefe del Grupo Especial de Comandos quedó detenido.
La policía informó que la vuelta de López Sisco al país, se dio a instancias del FBI, luego de que se supo que estaba siendo investigado en Venezuela por actos terroristas. Según esa versión los agentes federales de los Estados Unidos se presentaron a su domicilio en Miami para sugerirle que viajara a Caracas. López Sisco les prometió que se vendría el día martes 10 de agosto. Como no lo hizo recibió una nueva visita del FBI y fue entonces cuando tomó el vuelo privado hasta el aeropuerto de La Carlota.
Derribadas todas las coartadas del viejo cabecilla policial, comenzó una oleada de allanamientos a lujosas residencias del este de Caracas que eran propiedad de poderosos personajes del mundo político y empresarial. Se realizaron inspecciones a compañías privadas de seguridad en las que se incautaron equipos de escucha que estaban siendo usados para espiar a funcionarios gubernamentales. El sábado 14 de agosto Monsalve Planchart arremetió nuevamente contra su ex jefe. Lo acusó de estar al servicio de grupos económicos y de la ultraderecha para un plan de desestabilización.
Primer Plano
La noche del domingo 15 de agosto, el programa Primer Plano conducido por Marcel Granier tuvo seguramente los mejores índices de audiencia en muchos años. El invitado era el ministro de Justicia Fermín Mármol León y el tema: Las conclusiones de las investigaciones en el caso de los sobres bomba.
El moderador abrió el programa diciendo que por primera vez en Venezuela había un presidente decente (refiriéndose a Ramón José Velásquez) en quien se podía confiar y del que cabía esperar que no cediera a chantajes de nadie para liberar a los culpables. Mármol León aseguró que esa posibilidad estaba descartada pues se tenía un gobierno serio, sin ataduras políticas ni presiones y que en nuestro país las cosas habían cambiado.
Prosiguió con una exposición de los elementos recabados en las investigaciones e informó de manera pormenorizada lo confesado por Monsalve Planchart. Reveló que había sido Henry López Sisco quien ordenó la fabricación de las bombas, pero que no se podía asegurar que fuera él el autor intelectual, pues evidentemente solo había actuado como intermediario. Sobre la autoría intelectual no quiso pronunciarse, solo dijo que detrás de todo aquello debía estar una persona que tuviera alguna querella con la Corte, eso basándose en la relación víctima-victimario. Dio el caso por cerrado a nivel policial. Correspondería ahora a los tribunales de la república tomar las decisiones.
Al día siguiente, lunes 16 de agosto, una fuente de la Policía Técnica Judicial reveló que Henry López Sisco sería enviado a una celda especial en el Retén de Catia, Monsalve Planchart iría a la cárcel de Santa Ana en el estado Táchira, pues primero que nada debía responder por el caso de la Masacre de El Amparo, mientras que Morales Pérez sería remitido al Internado Judicial de El Junquito. Por su parte el comisario Alexis Bolívar expresó que la PTJ aún no descartaba la participación en los hechos de la pareja Lusinchi – Ibáñez, seguían investigando a todas las personas mencionadas en el expediente, aunque reconoció que sería muy difícil establecer algo pues en toda su historia, la Policía Técnica solo había podido demostrar autoría intelectual en dos o tres casos.
El expediente con el caso de los sobres bomba fue enviado al tribunal 51 de Primera Instancia en lo Penal a cargo del magistrado Antonio Figuera Medina; pero realmente se encargaría de analizarlo la Jueza Accidental Lilián Belilty, debido a que el doctor Figuera Medina se encontraba de vacaciones.
Sin embargo aquellas detenciones no trajeron paz a la ciudadanía, pues el día 19 de agosto estallaba un carro bomba en el estacionamiento del Centro Ciudad Comercial Tamanaco, un caso que tiene cierta relación con el que tratamos hoy aunque obedecía a distintas motivaciones. Lo abordaremos en una próxima oportunidad.
¿Qué ha pasado hasta ahora?
El domingo 29 de agosto de 1993 los reclusos del retén de La Planta intentaron linchar a Juan Antonio Morales Pérez, el chofer de López Sisco, al que la prensa bautizó como el mensajero de la muerte. Sus familiares pidieron medidas de protección.
El 4 de octubre de 1993, el Juzgado Superior Décimo Noveno en lo Penal revocó los autos de detención a los procesados por el delito de Agavillamiento dejando firme la sentencia producida para los otros delitos.
En diciembre de 1993, le fue allanada la inmunidad parlamentaria al ex presidente Jaime Lusinchi, lo que posibilitaba su enjuiciamiento.
El 13 de julio de 1994 la Corte Suprema de Justicia condenó a penas de prisión y multas a José Ángel Ciliberto, Jorge Mogna y Blanca Ibáñez por el delito de peculado doloso. Unos meses después remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia.
El 27 de febrero de 1996 la Corte Suprema de Justicia declaró oficialmente prescrito el juicio por el caso de los rústicos que se le seguía al ex presidente Lusinchi.
El viernes 28 de noviembre de 1997 fueron liberados siete de los implicados en la masacre de El Amparo, a excepción de Maximiliano Monsalve Planchart quien debía seguir purgando condena por el caso de los explosivos.
El 28 de mayo de 1998 la Sala Penal de la Corte Suprema se constituyó para revisar la causa de los vehículos rústicos y emitió formalmente su decisión, la misma precisaba que los acusados eran culpables, pues los delitos estaban plenamente demostrados en autos, pero se hacía imposible la aplicación de pena alguna pues el caso llevaba dos años prescrito.
El 26 de noviembre de 1998, el archivista Hugo Betancourt a quien el gobierno había prometido una amplia atención médica y social tuvo que interponer demanda contra la República por los daños patrimoniales y morales sufridos en el ejercicio de sus funciones debido al estallido de un artefacto explosivo.
El 9 de octubre de 2001 la Sala Político Administrativa del ahora Tribunal Supremo de Justicia declaró parcialmente con lugar aquella demanda y condenó a la República Bolivariana de Venezuela a pagar al trabajador afectado la suma de treinta millones de bolívares, igualmente ordenó que se le asignara una pensión vitalicia fijada en treinta unidades tributarias mensuales.
El 10 de marzo de 2000 la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ratificó la decisión del Juzgado Superior Décimo Noveno en lo Penal del 4 de octubre de 1993.
Pese a la condena de 24 años el ex comisario Henry López Sisco volvió a la calle y estuvo entre las personas que protagonizaron l
En Venezuela, Fuerzas Bolivarianas de Liberación estarían vinculadas con detonaciones de Capitolio
Este martes se reportó la detonación de artefactos en la esquina La Bolsa, que al parecer fueron activados por miembros de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL).
Oliver Blanco, director de comunicaciones de la Asamblea Nacional, indicó en Twitter que el estruendo provino de una caja sonora que contenía un documento de las FBL, que señala en un fragmento: “La operación ‘Continuemos el 23 de enero’, operación que consiste en la detonación de artefactos con fines propagandistas en las inmediaciones de la Asamblea Nacional (…) La derecha roja, que secuestra el proceso bolivariano y apostará por el capital, no ha comprendido la magnitud de esta derrota”.
El Ministerio de Interior, Justicia y Paz informó en la red social que funcionarios de seguridad controlan la situación.
Resumen nivel 5: la an dice ser atacada por un grupo ultra, vincula oposición parlamentaria
Perooo
esta estrategia fue utilizada por los EEUU en italia, en donde las redes que antes funcionaban en nombre del reich aleman, hoy trabajan para la otan, esas redes son conformadas por gente de derechas, la cual recibe un sueldo a cambio de realizar acciones, que seran atribuidas a los opositores.
EN Italia le conocen como estrategia de la tensión, pero su nombre real es GLADIO
Daniele Ganser, profesor de historia en la universidad de Basilea (Suiza) y presidente de ASPO-Suiza, ha publicado un libro de referencia sobre «Los ejércitos secretos de la OTAN». Según afirma, a lo largo de 50 años, Estados Unidos organizó en Europa atentados falsamente atribuidos a la izquierda y a la extrema izquierda para desacreditarlas ante los electores.
Daniele GanserSilvia Cattori: Su libro dedicado a los ejércitos secretos de la OTAN [
1
], se da a la tarea de explicar que la estrategia de la tensión [
2
] y las False flag terrorism [
3
] implican grandes peligros. Su libro nos informa cómo fue que la OTAN, durante la guerra fría –en coordinación con los servicios de inteligencia de los países de Europa Occidental y el Pentágono–, utilizó ejércitos secretos, reclutó espías en los círculos de la extrema derecha, y organizó actos de terrorismo que eran atribuidos a la extrema izquierda. Cuando uno se entera de eso, no puede menos que preguntarse qué puede suceder hoy en día a espaldas nuestras.
Daniele Ganser: Es muy importante entender lo que realmente representa la estrategia de la tensión y cómo funcionó durante aquel período. Eso nos puede ayudar a aclarar el presente y a ver mejor en qué medida se sigue aplicando. Poca gente sabe lo que significa esa expresión de estrategia de la tensión. Es muy importante hablar de ella, y explicarla. Se basa en cometer atentados criminales y atribuirlos a los enemigos .
El término tensión se refiere a la tensión emocional, a aquello que crea un sentimiento de miedo. El término estrategia se refiere a aquello que alimenta el miedo de la gente hacia determinado grupo.
Esas estructuras secretas de la OTAN habían sido equipadas, financiadas y entrenadas por la CIA y el MI6 , para combatir a las fuerzas armadas de la URSS en guerra, pero también, según la información de la que hoy disponemos, para cometer atentados terroristas en diferentes países. Es así cómo, desde los años 70, los servicios secretos italianos utilizaron esos ejércitos secretos para fomentar atentados terroristas con el objetivo de sembrar el miedo en el seno de la población y de acusar luego a los comunistas de ser los autores. Era la época en que el Partido Comunista tenía un poder legislativo importante en el Parlamento. La estrategia de la tensión estaba concebida para desacreditarlo, debilitarlo, impedirle acceder al poder ejecutivo.
« Nato’s secret armies » de Daniele Ganser Silvia Cattori: Aprender lo que eso quiere decir es una cosa. ¡Pero sigue siendo difícil creer que nuestros gobiernos hayan podido permitir que la OTAN, los servicios de inteligencia de Europa Occidental y la CIA actuaran como una amenaza para la seguridad de sus propios ciudadanos!
Daniele Ganser: La OTAN era el núcleo de esa red clandestina vinculada al terror. Estas fuerzas eran subestructuras clandestinas de la alianza atlántica, hoy en día claramente identificadas. Incluso hoy, cuando eso está comprobado, sigue siendo difícil saber qué hacía cada cual.
No existen documentos que prueben quién daba las órdenes, quién organizaba la estrategia de la tensión, de qué manera la OTAN, los servicios de inteligencia de Europa Occidental, la CIA, el MI6 y los terroristas reclutados en los círculos de extrema derecha se repartían los papeles.
La única certeza que tenemos es que dentro de aquellas estructuras clandestinas había elementos que utilizaron la estrategia de la tensión. Los terroristas de extrema derecha explicaron en sus declaraciones que eran los servicios secretos y la OTAN quienes los apoyaban a ellos en aquella guerra clandestina. Pero cuando se les piden explicaciones a miembros de la CIA o de la OTAN –cosa que yo he hecho durante varios años– estos se limitan a decir que pudo haber quizás algunos elementos criminales que escaparon a su control.
Silvia Cattori: ¿Esos ejércitos secretos estaban activos en todos los países de Europa Occidental?
Daniel Ganser: Mediante mis investigaciones, yo aporté la prueba de que esos ejércitos secretos existían no sólo en Italia, sino en todo el oeste de Europa: en Francia, en Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Turquía, España, Portugal, Austria, Suiza, Grecia, en Luxemburgo, en Alemania. Al principio se pensó que había una estructura de guerrilla única y que, por tanto, todos estos ejércitos secretos habían participado en la estrategia de la tensión, por consiguiente, en atentados terroristas. Pero es importante saber que no todos estos ejércitos secretos participaron en los atentados. Y comprender también lo que los diferenciaba, ya que tenían dos actividades diferentes.
Lo que hoy se ve claramente es que estas estructuras clandestinas de la OTAN, comúnmente llamadas Stay behind [ 5 ], estaban concebidas, al principio, para actuar como una guerrilla en caso de ocupación de Europa Occidental por parte de la Unión Soviética. Estados Unidos decía que esas redes de guerrilla eran necesarias para enfrentar la falta de preparación de la que habían adolecido esos países durante la invasión alemana.
Muchos de los países que conocieron la ocupación alemana, como Noruega, querían sacar lecciones de su propia incapacidad para resistir a la ocupación y se dijeron que, en caso de una nueva ocupación, debían estar mejor preparados, disponer de otra opción y poder contar con un ejército secreto en caso de derrota del ejército clásico. En el seno de aquellos ejércitos secretos había gente honesta, patriotas sinceros, que solamente querían defender su país en caso de ocupación.
Silvia Cattori: Si entiendo bien, estos Stay behind cuyo objetivo inicial era prepararse para una posible invasión soviética, fueron desviados de ese objetivo y utilizados para combatir a la izquierda. A partir de ahí, es difícil de entender, ¿por qué los partidos de izquierda no investigaron y denunciaron antes estos hechos?
Daniele Ganser: Si tomamos el caso de Italia, se ve que, cada vez que el Partido Comunista se dirigió al gobierno para obtener explicaciones sobre el ejército secreto que operaba en ese país bajo el nombre de código de Gladio [ 6 ], nunca hubo respuesta, bajo pretexto del secreto de Estado. No fue hasta 1990 que Giulio Andreotti [ 7 ] reconoció la existencia de Gladio y sus vínculos con la OTAN, la CIA y el MI6 [ 8 ].
Es también en ese entonces que el juez Felice Casson logró probar que el verdadero autor del atentado de Peteano, que estremeciera Italia en 1972 y del que hasta entonces se había responsabilizado a militantes de extrema izquierda, era [en realidad] Vincenzo Vinciguerra, miembro de Ordine Nuovo, un grupo de extrema derecha. Vinciguerra también habló de la existencia de este ejército secreto Gladio. Y explicó que, durante la guerra fría, aquellos atentados clandestinos habían causado la muerte de mujeres y niños [ 9 ]. También afirmó que este ejército secreto controlado por la OTAN tenía ramificaciones por toda Europa. Cuando esa información se dio a conocer, se produjo una crisis política en Italia. Y fue gracias a las investigaciones del juez Felice Casson que se supo [de la existencia] de los ejércitos secretos de la OTAN.
En Alemania, cuando los socialistas del SPD supieron, en 1990, que en su país –como en todos los demás países europeos– había un ejército secreto, y que aquella estructura estaba vinculada a los servicios secretos alemanes, hicieron un escándalo y acusaron al partido demócrata-cristiano (CDU).
Este último reaccionó diciendo: si ustedes nos acusan, nosotros diremos al público que ustedes también, con Willy Brandt, estuvieron implicados en esa conspiración. Aquello coincidía con las primeras elecciones de la Alemania reunificada, elecciones que el SPD esperaba ganar. Los dirigentes del SPD entendieron que no se trataba de un buen tema electoral, y finalmente dieron a entender que aquellos ejércitos secretos estaban justificados.
En el Parlamento Europeo, en noviembre de 1990, se elevaron voces para decir que no se podía tolerar la existencia de ejércitos clandestinos, ni dejar sin explicación actos de terror cuyo verdadero origen no estaba aclarado, que había que investigar. El Parlamento Europeo protestó entonces por escrito ante la OTAN y el presidente George Bush padre. Pero no se hizo nada.
Sólo se instrumentaron investigaciones públicas en Italia, Suiza y Bélgica. Son estos los tres únicos países que pusieron un poco de orden en cuanto a este asunto y que publicaron un informe sobre sus ejércitos secretos.
Silvia Cattori: ¿Cuál es la situación hoy en día? ¿Es posible que esos ejércitos clandestinos sigan activos? ¿Pudiera haber estructuras nacionales secretas que no estén bajo control de los Estados?
Daniele Ganser: Para un historiador es difícil contestar esa pregunta. No disponemos de un informe oficial país por país. En mis libros, yo analizo hechos que puedo probar.
En lo tocante a Italia, hay un informe que dice que el ejército secreto Gladio fue suprimido. Sobre la existencia del ejército secreto P 26 en Suiza, hubo también un informe del parlamento, en noviembre de 1990. Por tanto, esos ejércitos clandestinos, que habían almacenado explosivos en escondites a través de toda Suiza, fueron disueltos.
Pero en los demás países no se ha hecho nada. En Francia, aunque el presidente Francois Mitterrand había dicho que todo eso era cosa del pasado, se supo después que esas estructuras secretas seguían existiendo cuando Giulio Andreotti dio a entender que el presidente francés estaba mintiendo: «Usted dice que los ejércitos secretos ya no existen. Pero, durante la reunión secreta del otoño de 1990, ustedes los franceses estaban presentes. No diga entonces que eso ya no existe». Mitterand se disgustó bastante con Andreotti porque, después de esa revelación, no le quedó más remedio que rectificar su propia declaración. Más tarde el ex jefe de los servicios secretos franceses, el almirante Pierre Lacoste, confirmó que esos ejércitos secretos existían también en Francia, y que Francia también había estado implicada en atentados terroristas [ 10 ].
Resumen nivel 5: La OTAN utiliza terroristas de extremada derecha, para que estoshagan atentados, de los cualesluego se culapra a grupos de la izquierda radical, para hacer que la gente crea que son malandros y le pida ayuda a los verdaderos autores del delito
Ahora, veamos, que redes se udieron utilizar para el autoatentado.
partiendo de las antiguas pandillas falangistas "copei"y socialfascistas "derecha ADeca", las cuales nos dieron algunas sorpresas .
Alirio Abreu Burelli, Presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, tomó el auricular para recibir la llamada transferida desde la central y contestó con recelo.
– Aló, diga. ¿En qué puedo servirle?
– En nada, solo queremos decirle que ese trabajo que está haciendo no lo va a llegar a terminar porque lo vamos a reventar. (Clic)
El magistrado, con rostro sombrío, regresó la bocina a su lugar y quedó pensativo. Aquello debía ser una broma de muy mal gusto. Minutos antes recibió una llamada similar en la que le advertían del envío de un sobre conteniendo explosivo plástico. La persona que habló lanzó amenazas en contra del resto de los jueces si no ponían fin a “lo que estaban haciendo”.
“Lo que estaban haciendo” era la ponencia sobre antejuicio de merito en contra del ex presidente y senador vitalicio Jaime Lusinchi por el célebre caso de los vehículos rústicos marca Jeep, adquiridos con dinero de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores. Un caso que comenzó 5 años atrás.
Los “Jeeps” de Ciliberto
En julio de 1988 Venezuela estaba en campaña. La ciudadanía iba en camino a elegir al séptimo presidente del país luego de la dictadura. Entre la variopinta oferta electoral (que incluía a un brujo) se encontraba la del ex presidente Carlos Andrés Pérez postulada por el partido gobernante Acción Democrática.
El 11 de aquel mes, el ministro de Relaciones Interiores, José Ángel Ciliberto, dirigió un oficio al coronel Ramiro Zambrano, subjefe de la Casa Militar, mediante el cual hacía entrega de un lote de 15 vehículos rústicos que debían ser usados en las labores propias de la seguridad presidencial. Otros 5 rústicos serían entregados al día siguiente para completar un total de 20. El responsable de hacer la entrega a Casa Militar era el señor Jorge Mogna, director general sectorial de Administración y Servicios y adjunto a la secretaría de finanzas de Acción Democrática.
Pero aquellos vehículos jamás llegaron al destino previsto. Casi un año después, el 22 de junio de 1989, el coronel Ramiro Zambrano declaró que él nunca los llegó a ver en el palacio de Miraflores. ¿Y a dónde fueron entonces?
Se abrió una investigación y se determinó que la señora Blanca Ibáñez, secretaria privada del presidente Jaime Lusinchi, había hecho entrega (con la anuencia de éste) de un total de 337 mil dólares americanos, sacados de la partida secreta, al ministro Ciliberto con la orden de que comprara 65 rústicos marca “Jeep” para ser usados en la campaña electoral. La compra se justificaría con un supuesto uso oficial. La flotilla de automotores fue comprada a través de “Constructora El Pao, C.A.”, cuyo dueño, Omar Camero mantenía estrechos vínculos con el partido de gobierno. Los “Jeeps” según se supo fueron distribuidos por la señora Ibáñez a los secretarios de organización del partido en el área metropolitana de Caracas.
El 22 de junio de 1989 el Juzgado 21 Penal inició una averiguación por la presunta desaparición de los vehículos. Poco tiempo después, el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público solicitó el expediente para avocarse al caso, arguyendo que entre los acusados había altos funcionarios públicos. El 11 de julio del siguiente año se dictó auto de detención en contra de José Ángel Ciliberto, Jorge Mogna, Omar Camero y Blanca Ibáñez, al tiempo que se solicitó a la Corte Suprema de Justicia realizar un antejuicio de mérito para el ex presidente Jaime Lusinchi por su condición de senador vitalicio.
Entre 1990 y 1993 se presentaron dos ponencias, una redactada por el magistrado Román Duque Corredor y otra por la doctora Cecilia Sosa Gómez. Ambas fueron rechazadas en plenaria. En el segundo trimestre de 1993 se designó al doctor Alirio Abreu Burelli quien se encontraba dando los toques finales a su ponencia cuando recibió aquellas extrañas llamadas.
El sobre de “Pedro Carmona”
Estando ya en casa el viernes en la noche, el magistrado Abreu Burelli había olvidado el incidente de las amenazas telefónicas; estaba seguro de que aquello no podía ser sino la broma de algún desocupado. En su mente no cabía la idea de que alguien pudiera realmente atentar de forma criminal contra la dignidad de altos funcionarios. Venezuela no había sido nunca un país en el que las diferencias se arreglaran a bombazos. Con excepción de los magnicidios en contra de Juan Crisóstomo Gómez y Carlos Delgado Chalbaud más el frustrado atentado en contra del presidente Rómulo Betancourt (hechos ya lejanos en el tiempo), la vida pública de la nación había transitado por senderos más o menos sosegados, si se obviaban las tensiones sociales que con frecuencia eran arrinconadas fuera de los cauces de la legalidad.
Reflexionaba sobre estas cosas cuando llegó a sus manos un sobre que había sido remitido desde Los Teques por un tal Pedro Carmona, supuesto empleado de la telefónica estatal CANTV, a través de la compañía de envíos y encomiendas Aerocav. El magistrado tanteó el objeto dentro de la envoltura de papel manila; tenía el tamaño y el peso de una cinta magnetofónica casera. Recordó las amenazas recibidas y como no conocía al remitente entró en sospechas. Miró el paquete al trasluz y apreció unos filamentos; entonces y de manera insensata, hay que decirlo, decidió abrir el sobre por el extremo inferior.
Dentro, tal como le anunciaron había una bomba. Una pequeña espiral explosiva con una pila en el medio. Dispuso que el paquete fuera colocado en un rincón del jardín y se comunicó con el presidente de la Corte, Gonzalo Rodríguez Corro. Éste estuvo de acuerdo en que se diera aviso a las autoridades, pero de “forma discreta”. El paquete con la bomba “durmió” esa noche entre la grama y los gladiolos.
A las nueve de la mañana, el doctor Alirio Abreu Burelli (en otro acto de temeridad) tomó el sobre, lo subió a su vehículo y se dirigió con él a su despacho. Una vez en la Corte llamó a la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención -DISIP- desde donde enviaron comisiones para enterarse del asunto. Los funcionarios que llegaron acompañados por detectives de criminalística de la PTJ reconvinieron al magistrado, haciéndole ver la imprudencia que había cometido al manipular aquel paquete. – Si hubiese estallado con el carro en marcha, usted y quien sabe cuantas personas más hubieran volado por los aires – El hombre se limitó a decir que en realidad no le parecía verosímil que atentaran contra su vida ni la de sus colegas.
Resuelto el asunto de la bomba, el Presidente de la Sala Civil de la Corte reanudó su trabajo. Había prometido entregar la ponencia de antejuicio el lunes 19 de julio y estaba decidido a cumplir con su palabra.
El mal día de Hugo Betancourt
El 19 de julio de 1993 la ciudad amaneció ahogada en rumores, como ya era costumbre en aquella época.
Luego de una insurrección popular, dos golpes de estado, la suspensión y juicio de un presidente y la posibilidad cierta de iniciar otro a un ex presidente, el rumor se había convertido en un deporte nacional. No había conversación salpicada del “me lo dijo un primo del cuñado de la tía de un chofer que es amigo de la señora que plancha la ropa en la casa de un general”. “Esa señora oyó que esta semana “segurito” viene un golpe de estado”.
Por otro lado el Consejo Supremo Electoral había autorizado el inicio de la campaña presidencial. Participaban Rafael Caldera, Claudio Fermín, Oswaldo Álvarez Paz, Andrés Velásquez y el general retirado Nelson Ojeda Valenzuela. Inestabilidad y elecciones eran entonces el alimento de la hablilla popular. En la sede de la Corte Suprema de Justicia ubicada al norte de la capital, las cosas no eran distintas, solo que ahora se sumaba el extraño incidente ocurrido el fin de semana a uno de sus magistrados. Por todos los pasillos se comentaba el asunto del sobre bomba; sin embargo, y tal como lo había hecho el propio afectado, el resto del personal desestimó el asunto considerándolo un hecho raro y aislado.
Aproximadamente a las 12:15 minutos del mediodía, el señor Joaquín Merchán empleado del departamento de correspondencia tomó en sus manos un sobre de plástico color blanco que había llevado allí dos horas antes un mensajero de Aerocav. Vio que estaba dirigido a los miembros de la Sala Plena, así que paquete en mano subió al piso 1. Entró a la oficina correspondiente y saludó a los funcionarios que estaban presentes. Les hizo entrega del sobre y se retiró pensando en el almuerzo de aquel día.
El archivista Hugo Betancourt Zerpa y su compañero Tito de la Hoz recibieron el sobre, con ellos estaba el señor José Francisco Urbano, secretario del magistrado Sánchez Risso. La etiqueta decía que la ciudad de origen era Los Teques y quien lo remitía era un tal Pedro Carmona.
Betancourt Zerpa rompió el plástico y vio con extrañeza que dentro había otro sobre, éste de papel manila. Comentó el hecho con sus compañeros y comenzaron a bromear. -¡Cuidado! Mira que puede ser una bomba – decían, mientras hacían el ademán de pasarse el sobre unos a otros – Ábrelo tú – No mejor ábrelo tú -. La broma siguió hasta que Betancourt Zerpa decidió abrirlo. Tomó el paquete con su mano izquierda mientras que con la derecha se dispuso a romper una esquina del papel, no había terminado de rasgarlo cuando una terrible explosión cercenó sus dedos.
Aturdidos por el estruendo y los gritos de terror de Betancourt Zerpa, un grupo de empleados se acercó al lugar. Otros, enterados del suceso entraron en pánico abandonando el edificio en estampida. Hugo Betancourt y José Francisco Urbano, quien también resultó herido fueron trasladados en un vehículo de Venezolana de Televisión hasta el cercano hospital Vargas en donde fueron atendidos. A los pocos minutos llegaron al lugar los comisarios Orlando Jordán Petit, director de la Policía Técnica, Alexis Bolívar jefe nacional de investigaciones y Florencio García, de la División contra Homicidios. Por la Policía Metropolitana se hicieron presentes Juan Lizardi, de Inteligencia y Rafael Damián, jefe de operaciones. El lugar fue completamente evacuado y acordonado para facilitar la labor de recolección y pesquisa de la PTJ y la DISIP.
La tercera bomba
La noticia corrió por el país llevada en los Extras de los noticiaros radiales y televisivos que a esa hora emitían la edición meridiana. Al otro lado de la ciudad, en la calle Cumaco de Macaracuay, quinta Navidad, propiedad del presidente de la Corte, su domestica miraba con interés y atención lo que había pasado en el edificio donde trabajaba su patrón. – Fin de mundo – se dijo mientras giraba la perilla interruptora del viejo televisor de la cocina, apagándolo para continuar con sus oficios.
Un rato después la señora se dispuso a revisar la correspondencia y se topó con un sobre similar al que describieron en la televisión: Tamaño carta de papel manila, despachado por Aerocav y remitido por Pedro Carmona desde Los Teques. La mujer se santiguó, dejo el paquete donde mismo lo había hallado y llamó a la policía. De inmediato acudieron efectivos de la Brigada de Acciones Especiales de la PTJ y explosivistas de la DISIP que colectaron el sobre, lo sacaron de la casa y lo metieron en un contenedor especial para explosivos. Enterado del asunto, el doctor Gonzalo Rodríguez Corro regresó a casa para entrevistarse con la policía. Entre sorprendido y molesto declaró a los medios que estaban presentes.
– Esta es una acción delicada que representa un riesgo para mí y para mi familia. Le daré a este hecho una respuesta serena pero severa, como cabe de mi parte. Les solicito que den a esta noticia un tratamiento responsable y profesional por las graves implicaciones que trae consigo. Cooperaré al máximo en las investigaciones que lleven a cabo los cuerpos de seguridad orientadas a determinar el origen y las causas de estos atentados.
Luego se supo que este tercer sobre estuvo en casa de Rodríguez Corro desde el jueves anterior, sin que por fortuna, alguien lo hubiese tocado. Empezaba para el país la cobertura de un hecho sin precedentes. La palabra terrorismo tan ajena al vocabulario local, oída y leída solo en la sección de internacionales de los medios de comunicación, ahora se hacía tangible entre nosotros con toda su brutalidad y acritud, traída como se sabría más adelante por encumbrados personajes de la vida pública nacional.
Hugo Betancourt Zerpa
En la sala de urgencias del viejo hospital Vargas, Hugo Betancourt Zerpa y su compañero fueron atendidos con presteza. El primero tenía una horrible herida en su mano izquierda y el segundo severas lesiones en el rostro y en las piernas. Junto a Betancourt llegó un funcionario sosteniendo la carpeta de trabajo en la que habían quedado sus dedos mutilados, tenían la esperanza de que los médicos pudieran reinsertarlos pero el daño inferido por la explosión a nervios y tendones hacía imposible la recuperación. Había que amputar. Betancourt Zerpa estaba atribulado, no podía creer que su vida diera un giro tan terrible en apenas segundos. La mano que le amputaron era la izquierda y él era zurdo, era la que sabía usar. Temió por su futuro en un país en el que las personas con discapacidad eran echadas a un lado, pensó en su pequeña hija. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo se ganaría el pan?
En los días posteriores pasó ante él un desfile de altos funcionarios que iban a manifestarle su solidaridad y el compromiso de no dejarlo solo en tan duro trance. El primero en llegar fue el presidente de la Corte; luego pasarían a verlo el Ministro del Trabajo Luis Horacio Vivas, quien junto al presidente del Seguro Social, Gustavo Gabaldón lo impusieron de la Orden Primero de Mayo en su Primera Clase. Luego del acto protocolar prometieron ante las cámaras que el gobierno daría una amplia atención médica y social al señor Betancourt.
Sospechas
Reza un viejo axioma que la sospecha de un crimen recae sobre a quien interesa el crimen; así que el país volteó la mirada hacia el ex presidente Jaime Lusinchi. Hombre de rostro afable y sonrisa bondadosa pero de conocido carácter irascible, el senador vitalicio no había podido ocultar el malestar que le producía el estar a la puerta de un juicio. Menos aún el que se estuviera pidiendo la extradición de su ex secretaria privada y ahora esposa, Blanca Ibáñez quien salió del país a raíz del auto de detención en su contra.
Dos semanas antes de la tétrica aparición de las bombas hubo una reunión a puertas cerradas entre el presidente del Congreso, Octavio Lepage y el presidente de la Corte. En aquel encuentro, Lepage pidió a Rodríguez Corro información sobre el desarrollo del antejuicio y la correlación de fuerzas a favor o en contra del ex presidente. Un sector del partido Acción Democrática, afecto a Lusinchi necesitaba saber como vendrían las cosas. Según una fuente extraoficial citada por el periodista Luis Lira Puerta del vespertino El Mundo, Octavio Lepage habría tratado de suavizar las posiciones entre los magistrados que estaban a favor del antejuicio. Si aquel proceso se sancionaba el partido socialdemócrata se colocaría en una situación bastante comprometida pues ya uno de sus miembros más importantes, Carlos Andrés Pérez había sido suspendido de la presidencia de la república y se encontraba sometido a juicio.
El 30 de junio, el propio Jaime Lusinchi acudió ante la Secretaría de la Sala Plena para consignar un escrito de recusación en contra de los 15 magistrados de la Corte, en especial en contra de su presidente Gonzalo Rodríguez Corro. El escrito preparado por un equipo de abogados que lideraba el doctor Morris Sierralta alegaba que éste estaría chantajeando al resto de los integrantes del más alto tribunal del país movido por la manifiesta enemistad que sentía hacia Jaime Lusinchi y su esposa.
– Gonzalo Rodríguez Corro – declaró el ex presidente – sabe muy bien que el expediente enviado por el Tribunal Superior de Salvaguarda no tiene nada en mi contra. No hay allí ni un solo indicio serio, al igual que en el caso de mi esposa. Este señor se ha dedicado, en una forma que poco lo enaltece a chantajear a los otros magistrados invocando, para que se me condene, una supuesta presión de la opinión pública y una supuesta necesidad política de que se me someta a juicio.
El 19 de julio se anunció desde la Corte que la distribución de la ponencia sobre el caso del ex presidente Lusinchi que debió darse ese día se posponía para el siguiente debido al acto terrorista, pero – se anunciaba con énfasis – la perpetración de aquel atentado no detendría ni ese proceso ni el que se le adelantaba al presidente Pérez.
Esa misma tarde, el ex presidente Lusinchi manifestó que aquel atentado pudiera ser perfectamente una provocación para inducir odios y sospechas en su contra. Condenó el acto terrorista y fue enfático en señalar que aquellas insinuaciones le causaban un daño moral injusto. Dijo ser un hombre de paz, de ley, que como médico había sido siempre enemigo personal de la muerte. – Estamos ante una abierta manifestación extremista que debe ser investigada a cabalidad – aseveró finalmente.
Un día movido.
En la mañana del 20 de julio falleció el abogado defensor de Jaime Lusinchi, Morris Sierralta quien había llevado entre otros casos célebres los de Marcos Pérez Jiménez y Vinicio Carrera. El legendario litigante se había rendido luego de una larga y penosa enfermedad que sin embargo no lo alejó del trabajo, hasta el último momento estuvo diseñando la defensa del ex presidente. Tocaría ahora a su hijo, del mismo nombre, continuar la labor.
Por su parte las instituciones amanecieron unidas en una sola consigna: el rechazo al terrorismo y el apoyo irrestricto al trabajo que hacían los magistrados de la Corte Suprema. Ejecutivo Nacional, Fiscalía y Congreso coincidían en señalar la urgente necesidad de hallar y castigar a los culpables.
La policía ya tenía algunas informaciones; los tres sobres habían sido consignados el día jueves 15 de julio en la oficina de Aerocav de Los Teques por alguien que dijo llamarse Pedro Carmona y quien vestía uniforme de la CANTV. Fue atendido por la empleada Isolina Cansela de Pizzani. Ella procesó los paquetes y efectuó el cobro de 540 Bs. Cada sobre manila de tamaño carta tenía una carga explosiva de distinto poder que se componía de una mezcla de C4, fósforo y Gitachi. Los tres tenían un mecanismo eléctrico con un cordón prima detonante que se activaba por medio de papel aluminio cuando la persona abría el envoltorio.
En el paquete dirigido al magistrado Burelli el explosivo no estaba conectado a la batería, lo que significaba que había sido diseñado solo para amedrentar, el que se envió al doctor Rodríguez Corro estaba conectado y su poder destructivo era mayor, de haber estallado podía causar la muerte de una o dos personas. El que se envió a la Sala Plena contenía una menor carga explosiva, de allí que el daño más grave que se ocasionó fue la perdida del miembro superior izquierdo del funcionario que lo manipuló. Las características de ensamblaje delataban a manos expertas. Quien había fabricado aquellas bombas tenía un detallado y amplio conocimiento del tema. Aquel día se coló la especie de que en uno de los sobres se habían podido colectar huellas que al ser procesadas apuntaban a dos terroristas salvadoreños, luego se especuló sobre la posibilidad de que se tratase de viejos extremistas de izquierda, remanentes de las guerrillas de los años 60, pero en realidad, como se supo más tarde, el asunto apuntaba a otro lado. Pronto muy pronto el país se sorprendería.
Al finalizar la jornada se anunció la entrega del proyecto de sentencia en relación al antejuicio de merito que se seguía al ex presidente Lusinchi. El mismo planteaba que existían indicios para enjuiciarlo pues éste había incurrido en el delito de omisión de control. El documento de 89 folios entregado por Alirio Abreu Burelli basaba su planteamiento en los artículos 28 de la Ley de Contraloría y 9 del Reglamento Presidencial que establecían que los ministros tenían el deber de informar al primer mandatario acerca de los gastos de seguridad y defensa y el Presidente de velar porque ésos bienes fueran bien administrados; por tanto si se llegase a comprobar que un ministro había hecho uso indebido de los bienes, el Jefe de Estado no podía quedar exonerado de responsabilidad.
Aquella ponencia debía ser analizada por cada uno de los magistrados, quienes tenían un plazo no mayor a 15 días para decidir si la aprobaban o la rechazaban. Quedaba esperar entonces la plenaria que debía verificarse para los días 4 ó 5 de agosto a más tardar.
Espiral de violencia – Más bombas en la ciudad
El 21 de julio se menciona por primera vez que se estaría interrogando a ex altos jefes policiales por orden directa del Ministro del Interior, Carlos Delgado Chapellín. Ese mismo día los organismos de inteligencia de los Estados Unidos e Israel ofrecieron su ayuda para las investigaciones. En aquel momento se decía de todo, se hablaba de comandos argelinos, de grupos de la extrema izquierda venezolana, de terroristas salvadoreños o nicaragüenses y hasta se llegó a mencionar la posibilidad de que se tratara de una acción de la Triple A argentina o de Los Tupamaros del Uruguay.
Otros apuntaban a la posibilidad de que la cosa viniera por el lado de los grupos policiales vinculados con el presidente suspendido Carlos Andrés Pérez o del propio Jaime Lusinchi. En ese sentido, el Fiscal General Ramón Escovar Salom señaló que había personas dispuestas a desprestigiar la República y perturbar el gobierno del presidente interino Ramón J. Velásquez. – Es preciso – dijo – que el gobierno actúe con firmeza a fin de impedir que un grupo minoritario que pudiera estar vinculado con la corrupción, se interponga contra la aspiración de la mayoría de vivir en un país decente, estos hechos deben ser investigados y condenados con firmeza -.
En los días siguientes el país seguía a la expectativa, pero a falta de información certera la atención se desvió hacia otros temas. Un paro laboral en el servicio del Metro había provocado el caos en la capital, el candidato presidencial Claudio Fermín abría la ronda de inscripciones en el Consejo Supremo Electoral, los copeyanos acusaban de traidor al doctor Rafael Caldera por su alianza con los comunistas, el cantante Ricardo Montaner ganaba una demanda millonaria contra la casa disquera Sonorodven y los sectores más conservadores del país ponían el grito en el cielo al anunciarse que los Estados Unidos habían invitado a su territorio al candidato radical Andrés Velásquez; el embajador Michael Skoll se apresuró a aclarar que ellos no habían invitado a nadie sino que fue el propio Velásquez quien pidió ser invitado, petición que fue aprobada por el Departamento de Estado.
En los ministerios nadie quería saber de abrir correspondencias, un estado de tensión adormilada se apoderaba del país y sus instituciones hasta que el jueves 29 de julio una bomba, también del tipo C4 estalló en una estación de gasolina ubicada en Altamira. Lo que pudo haber sido una tragedia de incalculables proporciones se evitó gracias a que se activó el sistema de seguridad del establecimiento. Al día siguiente estalló un artefacto cerca de la embajada de Colombia, horas más tarde otro sobre-bomba era recibido en la Escuela de Enfermería de la Universidad Central de Venezuela ubicada en Sebucán. Un supuesto Movimiento Revolucionario José Antonio Páez se atribuía la autoría de los hechos.
A las seis de la tarde del viernes 31 de julio, una bomba fue lanzada contra un telecajero del Banco de Venezuela instalado en el edificio sede de la federación patronal –Fedecámaras –.
-Ahora si es verdad que se montó la gata en la batea. – Se decía – Esos locos andan poniendo bombas a diestra y siniestra. Ya no es solo contra la Corte sino contra todo el mundo. La adrenalina subió a millón, la gente sentía temor de viajar en el Metro o hacer uso del transporte público. Los cafés vieron mermada su clientela, pues no se sabía en donde pudiesen colocar la siguiente bomba. El 4 de agosto cuando los rumores habían alcanzado el cenit la policía publicó el retrato hablado de la persona que identificándose como Pedro Carmona llevó los sobres a Aerocav.
Los caminos que condujeron a Roma
El 9 de agosto de 1993 el juez 51 Penal Antonio Figuera Medina, cumpliendo un mandato expreso de la Corte Suprema de Justicia, allanó las oficinas del ex director de la DISIP Rafael Rivas Vásquez. Este allanamiento tenía relación con el caso de los 250 millones de la partida secreta, presuntamente usada de forma indebida por Carlos Andrés Pérez para gastos de seguridad de la presidenta de Nicaragua Violeta Chamorro. La acción judicial que fue apoyada por grupos especiales de la PTJ, DISIP, Policía Metropolitana y de la Guardia Nacional buscaba recabar documentos. Rivas Vásquez de dilatada carrera policial era un cubano radicado en Venezuela amigo de Orlando García, ex Jefe de Seguridad del presidente Pérez. Algunos periodistas lo vinculaban al clan anticastrista que planificó la voladura del avión cubano y el asesinato en los Estados Unidos de Orlando Letelier, canciller de Chile durante el gobierno de salvador Allende.
El martes 9 de agosto, con 11 votos a favor y 4 salvados la Corte declaró que sí había meritos para enjuiciar a Jaime Lusinchi. Cumplido aquel paso, correspondía el siguiente al Senado de la República que debería decidir el allanamiento de la inmunidad parlamentaria para que el Tribunal Superior de Salvaguarda pudiera iniciar juicio. El ex mandatario calificó la decisión de apresurada, arbitraria y carente de toda lógica racional. Sin embargo, sus compañeros de partido en la vocería del diputado Henry Ramos Allup anunciaron que Acción Democrática votaría a favor de allanarle la inmunidad. COPEI haría lo mismo, por su parte el tercer partido del estatus, Movimiento al Socialismo señaló que la Corte había dado otro buen ejemplo. Ellos también votarían por el allanamiento. El ex presidente Lusinchi advirtió que acudiría a los organismos internacionales de derechos humanos para denunciar que los suyos estaban siendo vulnerados.
En 1973 Maximiliano Monsalve Planchart era miembro de la escolta del entonces candidato presidencial Carlos Andrés Pérez. Cumplía sus funciones en el comando de campaña ubicado en la Torre Las Delicias, bajo las órdenes del ya mencionado Orlando García. Cuando Pérez llegó al poder, Planchart ingresó a la División de Personalidades de la DISIP pasando a formar parte de la guardia civil del Presidente de la República, siendo su jefe inmediato el cubano Rafael Rivas Vásquez. Durante el gobierno de Luis Herrera Campins, regresa a cumplir labores de seguridad en las oficinas privadas de Carlos Andrés. Vuelve a la DISIP cuando gana las elecciones el doctor Jaime Lusinchi ingresando al grupo especial de comandos que lideraba Henry López Sisco. El 29 de octubre de 1988 estaba entre los hombres que perpetraron la masacre de 14 pescadores de El Amparo, localidad fronteriza en el estado Apure intentándolos presentar como guerrilleros colombianos. En 1989 es declarado prófugo de la justicia al negarse a acatar una decisión de la Corte Suprema de Justicia, vinculada con aquellos sucesos. En 1993 vivía una clandestinidad sui géneris protegido por grupos vinculados al poder. A pesar de estar solicitado por la masacre de El Amparo, trabajaba como jefe de seguridad en una finca ganadera en el estado Barinas y seguía cobrando su sueldo de comisario de la DISIP por medio de una partida especial.
En la rueda de prensa de los ministros de Interior y de Justicia, ordenada por el presidente de la República, se informó además que el ex comisario Henry López Sisco, a quien se acusaba de mantener estrechos vínculos con Planchart viajaría desde Miami, donde vivía, con la intención de aclarar su posición frente a ese hecho.
El miércoles 11 de agosto, los reporteros que cubrían la fuente de sucesos permanecieron a la vera de la sede central de PTJ en espera de noticias. Adentro se interrogaba a los hacendados Flavio Freites y Héctor Scannone a quienes el ex comisario Monsalve Planchart había prestado servicios, como jefe de seguridad de sus hatos. Ambos llegaron a las diez de la mañana, fueron recibidos por Alexis Bolívar y tres fiscales del Ministerio Público. El interrogatorio se prolongo por 12 largas horas al término de las cuales abandonaron el edificio.
Aquel mismo día rindió declaración un sujeto que presuntamente había escondido a Planchart en su casa luego del estallido en la Corte Suprema. Aquella persona manifestó que en realidad no conocía al ex comisario pero que lo escondió a pedido de Henry López Sisco quien le habría dicho vía telefónica: “Guárdame a ese hombre allí porque se trata de algo muy delicado que estoy trabajando”. Por la misma vía se supo que Monsalve Planchart y López Sisco se habrían reunido en dos ocasiones antes del envío de los sobres, se estaba averiguando qué oficina utilizaron para esas conversaciones. Las investigaciones también determinaron que Planchart había hecho dos llamadas a su antiguo jefe a la ciudad de Miami, las diligencias encaminadas a capturarlo llevaron al allanamiento (sin éxito) de un apartamento en el edificio La Cima de la calle Guaicaipuro de Los Teques en el que aparentemente había estado viviendo.
Monsalve se quejó de lo que pasaba ya que “había descuidado su vida y a su familia para dedicarse con entrega a defender la democracia”. Acusó a los ministros Carlos Delgado Chapellín y Fermín Mármol León, así como al director de la PTJ, Orlando Jordán Petit de prestarse a una farsa que solo buscaba proteger a Carlos Andrés Pérez. – Estos señores – afirmó – no fueron capaces de mirar a las cámaras cuando me acusaron porque saben bien que soy inocente -. “Pueblo de Venezuela, yo soy inocente; Carlos Andrés Pérez y su entorno son los culpables”. Con aquella frase cerraba la declaración escrita.
Antes de salir, sus familiares pidieron al Fiscal que se garantizara la vida del ex comisario. Nuevas sorpresas asomarían en el panorama en los días sucesivos.
Aclaratorias, ventilador y detenciones
Las declaraciones vertidas en la carta enviada por el ex comisario Monsalve Planchart generaron rápidas reacciones. La mañana del 12 de agosto, el director de la PTJ rechazó las acusaciones y afirmó categórico que la institución a su cargo se había limitado a hacer un trabajo técnico científico que había arrojado unos resultados; los mismos señalaban a Monsalve Planchart. Por su parte Pastor Heydra acusó al periodista Rafael Poleo de estar detrás de la campaña de terror y de ser el autor intelectual de los sobres bomba. Se encendió el ventilador de las acusaciones; policías señalaban a políticos y políticos acusaban a policías y a otros políticos.
Había quien se preguntaba si era posible que un solo hombre pudiera haber orquestado todo aquello. Detrás de Monsalve tenían que estar poderosos sectores. Una persona en solitario, con un capital declarado de 14.000 bolívares como lo era el de Monsalve, no podía costear una operación como aquella.
Los interrogatorios
Demacrado y con visibles signos de cansancio llegó el ex comisario a la sede de la policía política en Los Chaguaramos. De rasgos negroides en rostro de indio, sus ojos metálicos miraban con atención el entorno. Sentía cierta confianza porque entre las condiciones que puso para entregarse estaba la de que lo fueran a buscar sus amigos. Días antes, éstos le habían mandado a decir que se cuidara pues se preparaba una acción para asesinarlo. En el trayecto a la sala de interrogatorios lo acompañaban dos fiscales del Ministerio Público y el propio director de la DISIP, Manuel Heinz Azpurúa.
Los funcionarios estaban plenamente seguros de la autoría material del interrogado, pero éste aún no lo reconocía; así que la estrategia se orientaba a llevarlo a confesar y luego a desmalezar el camino hacia los autores intelectuales; aquello pasaba por establecer quien había servido de intermediario en la operación y quienes fueron sus cómplices y encubridores.
En la primera parte Monsalve reafirmó lo dicho en la carta. Él era inocente. No era más que la víctima de un plan concebido por el entorno policial y político de Carlos Andrés Pérez para destruir a los grupos comandos de la DISIP. De manera curiosa, insistió en señalar como agentes comunistas a los cubanos Orlando García Y Rivas Vásquez, quienes eran más bien conocidos por su profunda aversión hacia el gobierno de Cuba y hacia los grupos políticos que defendían aquellas ideas. Las horas pasaban y seguían en aquel punto; el ex comisario se quejaba de lo que le hacían a él, un hombre de paz y de profundas ideas democráticas que había tenido que pasar 4 años escondido por el asunto de El Amparo y que ahora debía enfrentar aquellas injustas acusaciones. No era más que un chivo expiatorio al que buscaban liquidar para que no siguiera hablando.
Llegó la noche, los termos se vaciaron y llenaron varias veces. La sala tenía un espantoso olor a cigarrillos, pizza, sudor y cafeína. La tensión subía y bajaba. Policías y fiscales se turnaban para preguntar. Insistían en las pruebas.
– Monsalve, chico. En el sobre hay huellas de tu mano izquierda.
– Eso lo sembraron. Aquí mismo en Los Chaguaramos está mi ficha de trabajo con mis huellas. Seguramente alguien las tomó de allí. ¿Ustedes no ven que los que hicieron esto quieren culparme porque saben que trabajé en Comandos y que estoy solicitado por lo de El Amparo? Luego querían matarme para que no hablara, por eso fue que mandé la carta a Fiscalía.
Pasada la medianoche no se había logrado mucho. El hombre era terco. Sin embargo ya se notaban algunas grietas. El Monsalve que había empezado a declarar tranquilo y confiado, fue dando paso a uno reactivo e irascible. Ante la obstinación de sus ex compañeros sus ojos brillaban amenazadores, los espesos bigotes temblaban con la indignación. –Negro – le decían – No solo tenemos tus huellas, sino las declaraciones de testigos. Sabemos que te reuniste con López Sisco, él en este momento está declarando lo suyo. Habla para que salgamos de esto -.
En ese momento, quizás por cansancio o porque se sabía perdido, confesó.
Si, realmente había sido él el que fabricó las bombas, las había hecho porque le ofrecieron una buena paga y la eliminación de su expediente por la masacre de los pescadores.
– A comienzos de julio recibí una llamada telefónica de mi antiguo jefe Henry López Sisco, en ese entonces me dijo “Quiero que prepare unos sobres explosivos porque hay que darle un susto a unos magistrados de la Corte Suprema de Justicia”. Me convocó a una reunión en la oficina del abogado Álvaro Rotondaro ubicada en el local 11-D del edificio Easo, al este de Caracas. Allí en presencia del anfitrión me amplió los detalles de la operación y me ordenó entrar en contacto con su chofer, el detective de la DISIP, Juan Morales Pérez que era con quien debía entenderme a partir de ese momento. López Sisco me preguntó que si tenía C4 y le respondí que sí, que tenía una cierta cantidad escondida en el hato donde trabajaba. Delante de Rotondaro me advirtió que preparara varios sobres pero solo uno de ellos debía estallar.
– En esa primera reunión – continúa Monsalve – López Sisco me reveló que Jaime Lusinchi fue la persona que encargó el trabajo, pero solo me lo dijo aquella vez, en lo sucesivo nos referíamos al ex presidente como “la persona”. Me adelantaron 50 mil bolívares y yo sugerí que se le pidiera a “la persona” una mayor cantidad de dinero pues eso era algo que no cualquiera podía hacer. López Sisco me dijo que estuviera tranquilo pues mi labor sería muy bien recompensada.
– Días después me reuní con Morales Pérez, nos trasladamos a un apartamento que López Sisco tiene en San Antonio de los Altos y allí elaboramos los sobres bomba. Ya confeccionados, limpiamos el sitio y nos retiramos. Mi antiguo jefe, igual me pidió las llaves del apartamento y acudió personalmente a revisarlo para constatar que no habíamos dejado evidencias. Luego, con una maquina de escribir que habíamos comprado colocamos en los sobres los nombres y las direcciones de los destinatarios. Esa parte la hicimos a bordo de un Toyota Corolla alquilado en Nacional Rent a Car por la DISIP y asignado a Henry López Sisco. Fue en ese momento que cometí el error de dejar mis huellas en uno de los paquetes. La maquina de escribir la echamos al río Guaire y nos fuimos a la empresa de alquiler de autos para cambiar el Corolla por un Chevrolet Swift.
– El 14 de julio Morales Pérez y yo llegamos al número 34 de “Residencias Cima” en la calle Guaicaipuro de Los Teques pues en aquel apartamento habíamos guardado los sobres. Tomamos tres y nos fuimos a la oficina de Aerocav; dos cuadras antes de llegar, el chofer de López Sisco se bajó para llegar a pie a las oficinas de la empresa de encomiendas donde consignó las remesas con el nombre supuesto de Pedro Carmona. Por ese trabajo Morales Pérez recibió una paga de 4 mil bolívares.
– Enviados los paquetes – continuaba Monsalve Planchart – me trasladé a Caracas. Cuando estalló la bomba en la Corte, coloqué cargas explosivas en la estación de servicio de Altamira, cerca de la embajada de Colombia y en la sede de Fedecámaras para crear confusión en los investigadores. De allí me trasladé al hato de Flavio Freites en el estado Barinas donde permanecí oculto hasta el momento de entregarme. Debo reconocer que me puse nervioso cuando vi la rueda de prensa en la que los ministros me acusaban de ser el autor material de las bombas. Llamé por teléfono a López Sisco quien me pidió que me tranquilizara pues él me prestaría toda la ayuda que fuese necesaria.
Henry López Sisco y Jaime Lusinchi
Al enterarse de las acusaciones que hacía su antiguo subalterno, el comisario jubilado Henry López Sisco negó toda relación con aquel y con el episodio terrorista, sin embargo las tenía todas en contra pues su propio chofer, Morales Pérez, admitió que había participado en el plan por órdenes suyas y corroboró en todas sus partes las declaraciones de Monsalve. El ex jefe del Grupo Especial de Comandos quedó detenido.
La policía informó que la vuelta de López Sisco al país, se dio a instancias del FBI, luego de que se supo que estaba siendo investigado en Venezuela por actos terroristas. Según esa versión los agentes federales de los Estados Unidos se presentaron a su domicilio en Miami para sugerirle que viajara a Caracas. López Sisco les prometió que se vendría el día martes 10 de agosto. Como no lo hizo recibió una nueva visita del FBI y fue entonces cuando tomó el vuelo privado hasta el aeropuerto de La Carlota.
Derribadas todas las coartadas del viejo cabecilla policial, comenzó una oleada de allanamientos a lujosas residencias del este de Caracas que eran propiedad de poderosos personajes del mundo político y empresarial. Se realizaron inspecciones a compañías privadas de seguridad en las que se incautaron equipos de escucha que estaban siendo usados para espiar a funcionarios gubernamentales. El sábado 14 de agosto Monsalve Planchart arremetió nuevamente contra su ex jefe. Lo acusó de estar al servicio de grupos económicos y de la ultraderecha para un plan de desestabilización.
Primer Plano
La noche del domingo 15 de agosto, el programa Primer Plano conducido por Marcel Granier tuvo seguramente los mejores índices de audiencia en muchos años. El invitado era el ministro de Justicia Fermín Mármol León y el tema: Las conclusiones de las investigaciones en el caso de los sobres bomba.
El moderador abrió el programa diciendo que por primera vez en Venezuela había un presidente decente (refiriéndose a Ramón José Velásquez) en quien se podía confiar y del que cabía esperar que no cediera a chantajes de nadie para liberar a los culpables. Mármol León aseguró que esa posibilidad estaba descartada pues se tenía un gobierno serio, sin ataduras políticas ni presiones y que en nuestro país las cosas habían cambiado.
Prosiguió con una exposición de los elementos recabados en las investigaciones e informó de manera pormenorizada lo confesado por Monsalve Planchart. Reveló que había sido Henry López Sisco quien ordenó la fabricación de las bombas, pero que no se podía asegurar que fuera él el autor intelectual, pues evidentemente solo había actuado como intermediario. Sobre la autoría intelectual no quiso pronunciarse, solo dijo que detrás de todo aquello debía estar una persona que tuviera alguna querella con la Corte, eso basándose en la relación víctima-victimario. Dio el caso por cerrado a nivel policial. Correspondería ahora a los tribunales de la república tomar las decisiones.
Al día siguiente, lunes 16 de agosto, una fuente de la Policía Técnica Judicial reveló que Henry López Sisco sería enviado a una celda especial en el Retén de Catia, Monsalve Planchart iría a la cárcel de Santa Ana en el estado Táchira, pues primero que nada debía responder por el caso de la Masacre de El Amparo, mientras que Morales Pérez sería remitido al Internado Judicial de El Junquito. Por su parte el comisario Alexis Bolívar expresó que la PTJ aún no descartaba la participación en los hechos de la pareja Lusinchi – Ibáñez, seguían investigando a todas las personas mencionadas en el expediente, aunque reconoció que sería muy difícil establecer algo pues en toda su historia, la Policía Técnica solo había podido demostrar autoría intelectual en dos o tres casos.
El expediente con el caso de los sobres bomba fue enviado al tribunal 51 de Primera Instancia en lo Penal a cargo del magistrado Antonio Figuera Medina; pero realmente se encargaría de analizarlo la Jueza Accidental Lilián Belilty, debido a que el doctor Figuera Medina se encontraba de vacaciones.
Sin embargo aquellas detenciones no trajeron paz a la ciudadanía, pues el día 19 de agosto estallaba un carro bomba en el estacionamiento del Centro Ciudad Comercial Tamanaco, un caso que tiene cierta relación con el que tratamos hoy aunque obedecía a distintas motivaciones. Lo abordaremos en una próxima oportunidad.
¿Qué ha pasado hasta ahora?
El domingo 29 de agosto de 1993 los reclusos del retén de La Planta intentaron linchar a Juan Antonio Morales Pérez, el chofer de López Sisco, al que la prensa bautizó como el mensajero de la muerte. Sus familiares pidieron medidas de protección.
El 4 de octubre de 1993, el Juzgado Superior Décimo Noveno en lo Penal revocó los autos de detención a los procesados por el delito de Agavillamiento dejando firme la sentencia producida para los otros delitos.
En diciembre de 1993, le fue allanada la inmunidad parlamentaria al ex presidente Jaime Lusinchi, lo que posibilitaba su enjuiciamiento.
El 13 de julio de 1994 la Corte Suprema de Justicia condenó a penas de prisión y multas a José Ángel Ciliberto, Jorge Mogna y Blanca Ibáñez por el delito de peculado doloso. Unos meses después remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia.
El 27 de febrero de 1996 la Corte Suprema de Justicia declaró oficialmente prescrito el juicio por el caso de los rústicos que se le seguía al ex presidente Lusinchi.
El viernes 28 de noviembre de 1997 fueron liberados siete de los implicados en la masacre de El Amparo, a excepción de Maximiliano Monsalve Planchart quien debía seguir purgando condena por el caso de los explosivos.
El 28 de mayo de 1998 la Sala Penal de la Corte Suprema se constituyó para revisar la causa de los vehículos rústicos y emitió formalmente su decisión, la misma precisaba que los acusados eran culpables, pues los delitos estaban plenamente demostrados en autos, pero se hacía imposible la aplicación de pena alguna pues el caso llevaba dos años prescrito.
El 26 de noviembre de 1998, el archivista Hugo Betancourt a quien el gobierno había prometido una amplia atención médica y social tuvo que interponer demanda contra la República por los daños patrimoniales y morales sufridos en el ejercicio de sus funciones debido al estallido de un artefacto explosivo.
El 9 de octubre de 2001 la Sala Político Administrativa del ahora Tribunal Supremo de Justicia declaró parcialmente con lugar aquella demanda y condenó a la República Bolivariana de Venezuela a pagar al trabajador afectado la suma de treinta millones de bolívares, igualmente ordenó que se le asignara una pensión vitalicia fijada en treinta unidades tributarias mensuales.
El 10 de marzo de 2000 la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ratificó la decisión del Juzgado Superior Décimo Noveno en lo Penal del 4 de octubre de 1993.
Pese a la condena de 24 años el ex comisario Henry López Sisco volvió a la calle y estuvo entre las personas que protagonizaron l