Está al caer el arreglo con los buitres. Es decir, con los que importan, los de “primera generación”, porque la oferta del gobierno ya le había venido bárbaro a los de “segunda generación” (los “me too”, o “yo también”) y a otros buitres de buitres que se sumaron hace poco.
La cosa no tiene mayores misterios: el gobierno de Macri necesita como el pan salir a endeudarse a lo bestia en el mercado internacional para sostener el déficit fiscal actual, y ese endeudamiento sólo es posible, en el mundo de las finanzas, una vez resuelto el capítulo default en el juzgado de Thomas Griesa. Los agujeros en las cuentas públicas que el kirchnerismo tapaba con emisión de pesos del Banco Central serán tapados por el macrismo, al mejor estilo años 90, con una generosa emisión de deuda.
Tanta buena voluntad de pago debía tener su premio, y fue así que Griesa, en una de sus escasísimas decisiones a favor de Argentina y no de los buitres, consideró que si el gobierno lograba levantar las trabas legales que hay para concretar la oferta que llevó Luis Caputo, el secretario de Finanzas, el juez “podría” (así, en potencial) otorgar el famoso “stay” necesario para alejar el fantasma del embargo y endeudarse de una buena vez. Además, por supuesto, de ponerse con un pago “en garantía”, que luego del acuerdo con el fondo de Paul Singer sería de unos 5.000 millones de dólares.
El ofrecimiento del gobierno argentino, como es sabido, es muchísimo más generoso que los términos de los canjes 2005 y 2010. Consiste en reconocer el valor de la sentencia de Griesa, punitorios incluidos, con intereses más moderados (3% en vez del 9%) y una quita del orden del 25%. El cálculo (optimista) del gobierno es que todo el chiste va a salir unos 15.000 millones de dólares. La idea es pagar en efectivo, con plata que presten bancos privados vía un bono.
Párrafo aparte merece el peronismo anti K, no K, semi K y ex K, que ya comprometió su apoyo al gobierno de Macri en el Congreso para votar la derogación de las leyes que hoy traban el acuerdo con los buitres bendecido por Griesa. Las mismas leyes que votaron eufóricamente como estandartes de la “defensa de la soberanía”. En esto, como en todo, esa gente aporta sus votos como moneda de cambio de dinerillos que les dé el Estado nacional para “gestionar” sus provincias.
Aclaración: no es necesario que el arreglo sea con el 100% de los buitres, en la medida en que Griesa otorgue el “stay”. Eso es lo único que le interesa al equipo económico de Macri, porque ésa es la llave que abre la puerta del endeudamiento; el resto se puede dejar para después.
No importa cómo lo vendan o disfracen el PRO, los radicales y casi todo el arco político de los partidos del régimen: este acuerdo es, sencillamente, la renovación en regla de la gran estafa de la deuda externa al pueblo argentino, con el argumento de “volver al mundo”, que no es otra cosa que volver a la “normalidad” de la Argentina capitalista dependiente de toda la vida. Desde ya, el circuito es clásico: se emite deuda en dólares para bancar el gasto público (los negociados no los contamos…); se atraen inversores extranjeros que aumentarán el déficit de divisas del país; se requerirá ajuste fiscal para honrar el servicio de deuda, que igual sólo se podrá cubrir con nueva deuda, y así crece la espiral que terminó como terminó en 2001. Dependerá sobre todo de la lucha de los trabajadores y sectores populares impedir el regreso de esa hipoteca.
Política de deseudeudamiento de la anterior gestión - Soberanía Económica
En el marco del proceso neoliberal que sufrió la Argentina a partir de 1976, la deuda externa tuvo un crecimiento exponencial que ubicó al país en una posición de dependencia con los organismos internacionales de crédito, la banca internacional, los mercados internacionales y los países centrales.
Como consecuencia, los distintos gobiernos – tanto los no democráticos como los elegidos a través de elecciones libres – debieron implementar políticas de ajuste, de achicamiento del Estado, la privatización de los servicios públicos, el recorte del presupuesto en seguridad social, la eliminación de los proyectos de infraestructura, y la liberalización y la apertura de la economía. Todas medidas impuestas a cambio de nuevos préstamos que sólo aumentaban el proceso de endeudamiento.
Durante la década del ‘90, la toma de deuda por parte del Estado argentino sólo sirvió para sostener la convertibilidad monetaria y para afrontar los vencimientos de los compromisos externos a través de la toma de más deuda. Estas medidas afectaron a la población, aumentando los índices de desempleo, la pobreza y la exclusión social.
En este sentido, en los primeros años de esa década, la tasa de desempleo se mantuvo en los dos dígitos (llegando a niveles superiores al 20%), mientras que la deuda externa creció ininterrumpidamente. El peor momento se registró en el año 2002 cuando, tras la devaluación derivada de la crisis de la convertibilidad, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 10,9% y los salarios reales 18,6%.
A partir de 2003, con la llegada del kirchnerismo, el Gobierno Nacional tomó la decisión política de desendeudarse para lograr la autonomía política. Este proceso, impulsado por el ex Presidente Néstor Kirchner y continuado por la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, puso fin a décadas de sobreendeudamiento de la Argentina. En los últimos doce años, el país realizó pagos de deuda por cerca de 190.000 millones de dólares de capital e intereses, de los cuales más de 100.000 millones fueron pagados en moneda extranjera.
El Gobierno Nacional asumió el cumplimiento de todos los compromisos de deuda como el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI), los juicios del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), la reestructuración de la deuda con el Club de París y los canjes de deuda de títulos públicos.
La deuda pública, que en 2002 consistía en 166% del PIB – y más del 95% de la misma era con el sector privado y los organismos multilaterales – pasó a representar 40% del PIB en 2013. La Argentina fue el país que más se desendeudó entre 2002 y 2014; el ratio deuda pública a PIB cayó 73%, mientras que para el promedio de los países se observó un incremento de 38%.
Las decisiones tomadas permitieron al Estado Nacional tener recursos para que la economía crezca, se desarrolle y se puedan generar políticas de inclusión social. Un país desendeudado implica que el Estado sea un actor central, dinamizador y genere una política estratégica para el crecimiento y el desarrollo.
El año pasado Argentina impulsó a través del G-77 más China una propuesta para que un grupo de expertos de Naciones Unidas discuta un esquema legal internacional para llevar adelante reestructuraciones soberanas y establezca mecanismos para restringir el accionar de los fondos buitre. La Comisión Ad Hoc delineó 9 principios básicos que deberían guiar las negociaciones. Los más importantes son:
- Se determina que cuando una reestructuración soberana reciba el visto bueno de una “mayoría calificada” como la alcanzada por Argentina en 2005 con el 76% de aprobación, el acuerdo y los acreedores que ingresan al canje no pueden ser afectados por “una minoría no representativa que deberá respetar las decisiones tomadas por la mayoría”.
- Se enfatiza que la decisión de encarar una renegociación de la deuda es un derecho soberano de los Estados que debe ser protegido de medidas abusivas como el accionar de los fondos buitre.
- Se establece que el deudor soberano y la totalidad de sus acreedores se comprometan “en una negociación constructiva para lograr la reestructuración de los pasivos con el objetivo de un rápido y duradero restablecimiento de un nivel sustentable de deuda y el pago de los vencimientos”.
- La transparencia, la imparcialidad, el tratamiento igualitario de los acreedores también fueron incluidos en el listado de principios junto con la necesidad de que las reestructuraciones sean sustentables.
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