
El juez Ercolini pidió su detención por el pago de comisiones para la compra de trenes usados a España en 2005. También dispuso la captura de Manuel Vázquez, su presunto testaferro. El ex funcionario ya acumula tres condenas en su contra, entre ellas la causa por la tragedia de Once.

Ercolini pidió la detención del ex funcionario en el marco de una causa en la que se investiga el pago de comisiones para la compra, en 2005, de decenas de trenes usados a España y Portugal . La operación superó los 300 millones de pesos, pero la mayor parte de ese material ferroviario -en algunos casos con una antigüedad superior a los 20 años- nunca llegó a circular por las vías argentinas debido a su pésimo estado y quedó depositado en distintas playas ferroviarias del territorio nacional.

La Auditoría General de la Nación (AGN) presentó un informe en 2012 en el que advirtió sobre el pago de sobreprecios y sostuvo que el 44% del total del material adquirido no servía, mientras que en el caso de España ese porcentaje se incrementaba a 58%. El informe sostuvo que se compró material a España por 200 millones de euros y a Portugal por 20 millones de la misma moneda. El juez Ercolini, con el fiscal Federico Delgado, tiene a su cargo la causa presentada en 2013 por legisladores del radicalismo, en base al informe de la auditoria.

Ercolini pidió la detención del ex funcionario en el marco de una causa en la que se investiga el pago de comisiones para la compra, en 2005, de decenas de trenes usados a España y Portugal . La operación superó los 300 millones de pesos, pero la mayor parte de ese material ferroviario -en algunos casos con una antigüedad superior a los 20 años- nunca llegó a circular por las vías argentinas debido a su pésimo estado y quedó depositado en distintas playas ferroviarias del territorio nacional.

La Auditoría General de la Nación (AGN) presentó un informe en 2012 en el que advirtió sobre el pago de sobreprecios y sostuvo que el 44% del total del material adquirido no servía, mientras que en el caso de España ese porcentaje se incrementaba a 58%. El informe sostuvo que se compró material a España por 200 millones de euros y a Portugal por 20 millones de la misma moneda. El juez Ercolini, con el fiscal Federico Delgado, tiene a su cargo la causa presentada en 2013 por legisladores del radicalismo, en base al informe de la auditoria.


