El presidente Mauricio Macri fue imputado ayer por el fiscal federal Federico Delgado, por no haber detallado en sus declaraciones juradas dos sociedades cuya información se develó en la investigación periodística conocida como "Panamá Papers".
Ante el juez federal Sebastián Casanello, el fiscal Delgado recogió la denuncia del diputado nacional neuquino del Frente para la Victoria Norman Darío Martínez, quien sostuvo que Macri fue director y vicepresidente de la firma "Fleg Tradin LTD", radicada en las Islas Bahamas desde el año 1998; y de la sociedad denominada "Kagemusha SA", inscripta en Panamá.
Son revelaciones a partir de la investigación conocida como "Panamá Papers" difundida por la investigación que realizó el "Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación" para poner al descubierto las múltiples caras de la fase financiera.
La investigación, que reunió a varios países y periodistas de distintas naciones, implica al estudio Mossack Fonseca el cual se especializó en inscribir sociedades "off shore" y en donde aparecían varios líderes mundiales y personas del espectáculo y del empresariado.
La denuncia contra Macri apunta a determinar si el armado de esas sociedades es parra "eludir impuestos o lavar dinero proveniente de actividades ilícitas".
"La labor del sistema judicial de nuestro país se ve acotada a límites precisos: los de la ley vigente. En este caso, se habrá que determinar, como primer paso, si el Señor Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada", según Delgado.
El fiscal federal recordó que el artículo 268 del Código Penal establece la pena de hasta dos años e inhabilitación especial perpetua para el que "maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables".
"Como primer paso hay que chequear si Mauricio Macri con intención y voluntad omitió no declarar esa participación societaria que le atribuye el denunciante", advirtió Delgado,quien dio el paso inicial al reclamar la apertura de una investigación en manos de Casanello.
En ese sentido, la fiscalía pidió investigar la denominada "vida social" de las empresas atribuidas a Macri y si bien reconoce que "ya hubo aclaraciones públicas" por parte del Poder Ejecutivo, advirtió que "el trabajo judicial es determinarlo".
La fiscalía reclamó que como medida de prueba "se obtengan los textos pertinentes de la agrupación de periodistas que dio a conocer los hechos" y se "requiera a la Administración Federal de Ingresos Públicos las declaraciones juradas de Mauricio Macri".
Asimismo, que la AFIP "detalle la dinámica tributaria y que especifique qué sujetos están obligados a declarar su participación en sociedades off shore".
También pidió a la Oficina Anticorrupción y a las Facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Torcuato Di Tella, "sobre el alcance de la obligación de declarar sociedades de esta naturaleza, a la luz de la ley de ética pública".
Ahora es Casanello quien determinará si abre una investigación y lleva adelante las medidas de prueba solicitadas por la fiscalía a cargo de Delgado.
Ante el juez federal Sebastián Casanello, el fiscal Delgado recogió la denuncia del diputado nacional neuquino del Frente para la Victoria Norman Darío Martínez, quien sostuvo que Macri fue director y vicepresidente de la firma "Fleg Tradin LTD", radicada en las Islas Bahamas desde el año 1998; y de la sociedad denominada "Kagemusha SA", inscripta en Panamá.
Son revelaciones a partir de la investigación conocida como "Panamá Papers" difundida por la investigación que realizó el "Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación" para poner al descubierto las múltiples caras de la fase financiera.
La investigación, que reunió a varios países y periodistas de distintas naciones, implica al estudio Mossack Fonseca el cual se especializó en inscribir sociedades "off shore" y en donde aparecían varios líderes mundiales y personas del espectáculo y del empresariado.
La denuncia contra Macri apunta a determinar si el armado de esas sociedades es parra "eludir impuestos o lavar dinero proveniente de actividades ilícitas".
"La labor del sistema judicial de nuestro país se ve acotada a límites precisos: los de la ley vigente. En este caso, se habrá que determinar, como primer paso, si el Señor Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada", según Delgado.
El fiscal federal recordó que el artículo 268 del Código Penal establece la pena de hasta dos años e inhabilitación especial perpetua para el que "maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables".
"Como primer paso hay que chequear si Mauricio Macri con intención y voluntad omitió no declarar esa participación societaria que le atribuye el denunciante", advirtió Delgado,quien dio el paso inicial al reclamar la apertura de una investigación en manos de Casanello.
En ese sentido, la fiscalía pidió investigar la denominada "vida social" de las empresas atribuidas a Macri y si bien reconoce que "ya hubo aclaraciones públicas" por parte del Poder Ejecutivo, advirtió que "el trabajo judicial es determinarlo".
La fiscalía reclamó que como medida de prueba "se obtengan los textos pertinentes de la agrupación de periodistas que dio a conocer los hechos" y se "requiera a la Administración Federal de Ingresos Públicos las declaraciones juradas de Mauricio Macri".
Asimismo, que la AFIP "detalle la dinámica tributaria y que especifique qué sujetos están obligados a declarar su participación en sociedades off shore".
También pidió a la Oficina Anticorrupción y a las Facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Torcuato Di Tella, "sobre el alcance de la obligación de declarar sociedades de esta naturaleza, a la luz de la ley de ética pública".
Ahora es Casanello quien determinará si abre una investigación y lleva adelante las medidas de prueba solicitadas por la fiscalía a cargo de Delgado.