Se trata de Eduardo Gutiérrez, titular del Grupo Farallon, una de las firmas aportantes a la sospechada organización de la vicepresidenta.
El juez federal Daniel Rafecas amplió el procesamiento del ex secretario de Obras Públicas, José López, e incluyó a su esposa Amalia Díaz, señalada como partícipe necesaria y a dos empresarios, Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, quienes están señalados como testaferros en la causa por enriquecimiento ilícito.
Gutiérrez es el titular del Grupo Farallón, una firma dedicada a la obra pública y privada, fundada en 1985, y que actualmente cuenta con más de 900 empleados, cuyos vínculos con López salieron a la luz a través del chalet que el ex funcionario kirchnerista ocupaba en el Tigre.
Sin embargo, apenas días más tarde, Gutiérrez volvió a ser noticia en la sección judicial de los diarios y portales de internet: su empresa figura como una de las principales aportantes a la Fundación Suma, que se encuentra en la mira del juez Ariel Lijo en la causa que investiga el origen de los fondos que le sustrajeron a la vicpresidenta de su domicilio la noche en que Mauricio Macri se proclamó ganador del balotaje.
Leer más: Las bolsas de Michetti : la Justicia confirmó que la Fundación no presentó balances
Es que tras conocerse las grandes sumas de dinero que se encontraban en efectivo dentro de "bolsas de papel madera" en su habitación y que, según la propia Michetti , eran parte de "donaciones", se encontraron diversas irregularidades alrededor de la Fundación: no registraba empleados pese a pagar sueldos por $165.000-según sus propios informes anuales- no estaba dada de alta ante AFIP y tampoco presentaba balances en la Inspección General de Justicia (IGJ).
El juez federal Daniel Rafecas amplió el procesamiento del ex secretario de Obras Públicas, José López, e incluyó a su esposa Amalia Díaz, señalada como partícipe necesaria y a dos empresarios, Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, quienes están señalados como testaferros en la causa por enriquecimiento ilícito.
Gutiérrez es el titular del Grupo Farallón, una firma dedicada a la obra pública y privada, fundada en 1985, y que actualmente cuenta con más de 900 empleados, cuyos vínculos con López salieron a la luz a través del chalet que el ex funcionario kirchnerista ocupaba en el Tigre.
Sin embargo, apenas días más tarde, Gutiérrez volvió a ser noticia en la sección judicial de los diarios y portales de internet: su empresa figura como una de las principales aportantes a la Fundación Suma, que se encuentra en la mira del juez Ariel Lijo en la causa que investiga el origen de los fondos que le sustrajeron a la vicpresidenta de su domicilio la noche en que Mauricio Macri se proclamó ganador del balotaje.
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Es que tras conocerse las grandes sumas de dinero que se encontraban en efectivo dentro de "bolsas de papel madera" en su habitación y que, según la propia Michetti , eran parte de "donaciones", se encontraron diversas irregularidades alrededor de la Fundación: no registraba empleados pese a pagar sueldos por $165.000-según sus propios informes anuales- no estaba dada de alta ante AFIP y tampoco presentaba balances en la Inspección General de Justicia (IGJ).