La Agresión Terrorista
Larvada en sus inicios, al comienzo de la década del sesenta y abiertamente desembozada en la década siguiente, la agresión terrorista buscaba la destrucción de bienes materiales y de personas para que, mediante el terror que dichas acciones pudieran generar, tomar el poder político, a fin de imponer un régimen marxista-leninista, totalmente ajeno a nuestro tradicional estilo de vida.
Capacitada para producir aquellas acciones intimidatorias, la agresión terrorista estaba integrada mayoritariamente por personal nacional, entrenado en Cuba, Siria, Palestina y Argelia, o bien, dentro del propio país, con instructores foráneos. Disponía, también, de armamento y equipos provistos por la URSS, a través de Cuba, así como fabricados localmente en fábricas clandestinas, o fruto de ataques a organismos militares y policiales. De la misma manera, estaba financiada con fondos provenientes de la URSS, o con el producido de los asaltos perpetrados contra entidades bancarias, o el botín resultante de los secuestros extorsivos (el más notorio fue el de los hermanos Born, por un monto de sesenta millones de dólares).
La magnitud de dicha agresión, fue aumentando con el transcurso del tiempo, hasta llegar a una medida no conocida en nuestro país. Así pasamos del terrorismo sistemático y selectivo, que producía el secuestro y muerte de personas aisladas, o la ocupación de pequeñas localidades, hasta llegar a verdaderas acciones de combate como lo fueron la toma por asalto de unidades militares, que debían ser recuperadas por unidades vecinas, o las operaciones bélicas libradas contra la guerrilla rural en Tucumán, donde el enemigo intentó crear una “zona liberada”.
A mediados de la década del 70, los elementos terroristas habían proliferado bajo distintas denominaciones, a los que se sumaban efectivos de custodia de los dirigentes sindicales (verdaderas patotas armadas que, más que proteger intimidaban) así como los integrantes de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) una suerte de milicia clandestina que operaba bajo la conducción del Ministro de Bienestar Social, José López Rega.
Dentro de esta especie de “far west” vernáculo, en el cual el Estado había perdido el monopolio de la fuerza, se destacaban por su número, organización y entrenamiento, dos agrupaciones distintas a saber: el Ejército Revolucionario del Pueblo, encabezado por Santucho, brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores, de tendencia trotskista; y Montoneros, encabezado por Firmenich, brazo armado de la izquierda justicialista y, más específicamente, representativo de la Juventud Peronista.
Ambos, a su vez, actuaban bajo la forma de guerrilla rural, como en el caso de Tucumán, con la intención de crear una “zona liberada” en dicha provincia, aprovechando las facilidades que a tales fines ofrecía la geografía lugareña; o bien como guerrilla urbana, en cuyo marco un joven cumplía durante el día su cometido normal como hijo, estudiante u obrero y, durante la noche, con una pastilla de cianuro en el bolsillo y un arma escondida entre sus ropas o entre las mantas de un coche cuna conducido por su pareja -generalmente embarazada y usada a modo de escudo humano- asaltaba, secuestraba, o colocaba bombas.
En cuanto al grado de violencia desatada por el agresor, no está demás recordar lo expresado por “The Times” de Londres, en un artículo reproducido por el diario “La Nación” de fecha 2 de diciembre de 1977, en el que decía: “...Se ha olvidado en el extranjero que cuando los militares argentinos lanzaron su campaña contra el terrorismo, la sociedad y el Estado estaban al borde del colapso, que el terrorismo comenzó al final de los años 61 y había alcanzado proporciones que hacen los secuestros en Alemania Occidental y los disparos a las piernas de Italia como juego de niños contra la sociedad. Cuando la respuesta vino, mucha sangre se había derramado como para esperar demasiada cautela en la misma... Los terroristas italianos y germanos occidentales no pueden ser comparados con la fuerza y la ferocidad de los dos grupos argentinos, ambos actualmente casi aniquilados... Cuando Amnesty Internacional publicó su informe de 92 páginas sobre la represión en la Argentina, un editor de un diario inglés de aquí comentó: si ellos hicieran un informe sobre las atrocidades terroristas, probablemente sería mucho más voluminoso”.
Vale recordar también que, en su largo pontificado, el Papa Juan Pablo II puso luz sobre distintos temas que desde el Concilio Vaticano II eran tergiversados. Entre ellos, cierta apología de los partisanos, los maquis, la guerrilla, y otras formas de terrorismo.
Con claridad, el Papa Wojtyla expresó sobre el particular lo siguiente:
“El terrorismo piensa que la verdad en la que cree o el sufrimiento padecido son tan absolutos que lo legitiman a reaccionar destruyendo incluso vidas humanas inocentes”.
“Pretender imponer a otros con la violencia lo que se considera como la verdad, significa violar la dignidad del ser humano y, en definitiva, ultrajar a Dios, del cual es imagen”.
“Las injusticias existentes en el mundo nunca pueden usarse como pretexto para justificar los atentados terroristas. Si nos fijamos bien, el terrorismo no sólo instrumenta al hombre, sino también a Dios, haciendo de él un ídolo del cual se sirve para sus propios objetivos”.
“El terrorismo se basa en el desprecio de la vida del hombre. Precisamente por eso, no sólo comete crímenes intolerables, sino que, en sí mismo, en cuanto recurre al terror como estrategia política y económica, es un auténtico crimen contra la humanidad”.
A modo de anécdota puedo expresar que, dentro de esa orgía de violencia, en mi condición de Comandante en Jefe del Ejército, fui objeto de seis atentados contra mi vida, los cuales llegaron a materializarse sin que, gracias a Dios, cumplieran sus designios. El primero de ellos, ocurrido el 16 de marzo de 1976: preveía la voladura del automóvil que me conducía a la sede de mi comando, con cargas explosivas accionadas por control remoto, colocadas en un automóvil aparcado en la playa de estacionamiento aledaña al edificio; y fue comandado por Verbitsky, quien resultó posteriormente enjuiciado por la dirigencia de la organización Montoneros, en razón de haber abandonado el lugar de los hechos sin antes comprobar los efectos producidos por la operación, así como asegurado el repliegue del personal a su cargo, según lo determinaban los manuales respectivos.
La Legítima Defensa
En el mes de enero de 1975, la señora de Perón, a cargo de la Presidencia de la Nación, dictó un Decreto por medio del cual ordenaba el 8
empleo de las Fuerzas Armadas para combatir al terrorismo hasta su aniquilamiento, pero geográficamente limitado a una zona de operaciones en la Provincia de Tucumán, acción que dio en llamarse “Operación Independencia”.
Esta limitación geográfica no dejaba de ser una ventaja para el oponente, ya que les permitía a los terroristas que actuaban dentro de la zona de operaciones, recibir reemplazos de personal, así como refuerzos de armamento y equipo provenientes de otras zonas del país, lo que dilataba la posibilidad de lograr su aniquilamiento en corto plazo.
Para entonces, el país vivía un clima agobiante, signado por la angustia que soportaba la sociedad, ante la dimensión que adquiría día a día la agresión terrorista.
Ante ese desasosiego y la radicalización que adquiría el enfrentamiento iniciado por los grupos terroristas, en los primeros días del mes de octubre de 1975, el Doctor Luder, provisionalmente a cargo de la Presidencia de la Nación (la señora de Perón se hallaba en Ascochinga, en uso de licencia por razones de salud) convocó a una reunión de gabinete para determinar qué hacer frente a la dimensión que había cobrado el accionar subversivo. A dicha reunión fuimos invitados los Comandantes Generales, quienes debíamos exponer nuestros puntos de vista sobre el particular.
Por ser un problema típicamente terrestre, correspondía al Ejército la responsabilidad primaria y, en esa condición, con el acuerdo de mis camaradas de las otras dos Fuerzas debí exponer. En extrema síntesis, dije entonces que, habiéndose agotado la instancia de represión a cargo de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, sin lograr restablecer el orden alterado; y ante la inoperancia de la Justicia (por temor no había dictado ninguna condena desde el 25 de mayo de 1973 hasta la fecha, a pesar de la magnitud de los hechos producidos por los elementos terroristas); parecía llegado el momento de apelar, como último recurso, al empleo de las Fuerzas Armadas a fin de combatir al terrorismo subversivo.
La decisión de emplear a las Fuerzas Armadas para cumplir con ese cometido implicaba, de hecho, reconocer un estado de guerra interna con sus consiguientes secuelas, ya que las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para reprimir (nodisponían de balines de goma, ni escudos, ni bastones, y, fundamentalmente, carecían de entrenamiento para cumplir esa función) ya que estaban organizadas, equipadas e instruidas para combatir; es decir para hacer la guerra, donde se muere o se mata.
En atención a ello, se propusieron cuatro cursos de acción, en grado creciente de libertad de acción. El primero, muy pautado, garantizaba que no se cometieran errores o excesos, pero hacía suponer una prolongación “sine die” del conflicto. Entendíamos por excesos, delitos comunes que pudiera cometer personal militar al amparo de la guerra a desarrollar. Vale recordar que al término del Proceso de Reorganización Nacional, se hallaban cumpliendo condena más de doscientos cincuenta uniformados, acusados por haber cometido delitos de esa naturaleza.
Los cursos de acción segundo y tercero, eran un gradiente mayor de libertad de acción. El curso de acción cuarto (que resultó seleccionado) preveía el despliegue de las Fuerzas Armadas, así como de las Policiales y las de Seguridad -estas dos bajo el control operacional de las primeras- en la totalidad del territorio nacional; y, a partir de ese despliegue disperso, nada fácil de controlar, actuar simultáneamente en la búsqueda del enemigo para combatirlo donde fuera hallado. Cabe destacar que el agresor actuaba en la clandestinidad, dentro de una organización celular difícil de penetrar, que imponía una paciente tarea de inteligencia para localizarlo.
Debo rendir homenaje al coraje cívico demostrado por el Doctor Luder en esa ocasión quien, sin hesitar, seleccionó este curso de acción que era el más riesgoso en cuanto a la posibilidad de que ocurrieran errores o excesos, pero que garantizaba la derrota del terrorismo en no más de un año y medio de lucha. Es más, ante un pedido de intervención por parte de uno de los ministros asistentes, el Doctor Luder manifestó tener decidida su resolución y con ello cerró el debate.
Esta firmeza del Doctor Luder no fue la misma cuando, al deponer como testigo en el juicio a las Juntas, se limitó a hacer una interpretación semántica del término aniquilar, sin reparar que los reglamentos vigentes a la fecha, definían con precisión, el alcance de dicho término. Más grave aún, olvidó, fuera de todo tecnicismo doctrinario, que la acción de aniquilar constituía la interpretación más acabada de lo que expresara el General Perón, en la carta dirigida a la Guarnición Militar de Azul, luego del intento de copamiento del que fuera objeto. De dicha carta se rescata la siguiente frase, referida a los terroristas atacantes:
“que el reducido número de psicópatas que va quedando sea exterminado uno a uno para el bien de la República”.
Larvada en sus inicios, al comienzo de la década del sesenta y abiertamente desembozada en la década siguiente, la agresión terrorista buscaba la destrucción de bienes materiales y de personas para que, mediante el terror que dichas acciones pudieran generar, tomar el poder político, a fin de imponer un régimen marxista-leninista, totalmente ajeno a nuestro tradicional estilo de vida.
Capacitada para producir aquellas acciones intimidatorias, la agresión terrorista estaba integrada mayoritariamente por personal nacional, entrenado en Cuba, Siria, Palestina y Argelia, o bien, dentro del propio país, con instructores foráneos. Disponía, también, de armamento y equipos provistos por la URSS, a través de Cuba, así como fabricados localmente en fábricas clandestinas, o fruto de ataques a organismos militares y policiales. De la misma manera, estaba financiada con fondos provenientes de la URSS, o con el producido de los asaltos perpetrados contra entidades bancarias, o el botín resultante de los secuestros extorsivos (el más notorio fue el de los hermanos Born, por un monto de sesenta millones de dólares).
La magnitud de dicha agresión, fue aumentando con el transcurso del tiempo, hasta llegar a una medida no conocida en nuestro país. Así pasamos del terrorismo sistemático y selectivo, que producía el secuestro y muerte de personas aisladas, o la ocupación de pequeñas localidades, hasta llegar a verdaderas acciones de combate como lo fueron la toma por asalto de unidades militares, que debían ser recuperadas por unidades vecinas, o las operaciones bélicas libradas contra la guerrilla rural en Tucumán, donde el enemigo intentó crear una “zona liberada”.
A mediados de la década del 70, los elementos terroristas habían proliferado bajo distintas denominaciones, a los que se sumaban efectivos de custodia de los dirigentes sindicales (verdaderas patotas armadas que, más que proteger intimidaban) así como los integrantes de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) una suerte de milicia clandestina que operaba bajo la conducción del Ministro de Bienestar Social, José López Rega.
Dentro de esta especie de “far west” vernáculo, en el cual el Estado había perdido el monopolio de la fuerza, se destacaban por su número, organización y entrenamiento, dos agrupaciones distintas a saber: el Ejército Revolucionario del Pueblo, encabezado por Santucho, brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores, de tendencia trotskista; y Montoneros, encabezado por Firmenich, brazo armado de la izquierda justicialista y, más específicamente, representativo de la Juventud Peronista.
Ambos, a su vez, actuaban bajo la forma de guerrilla rural, como en el caso de Tucumán, con la intención de crear una “zona liberada” en dicha provincia, aprovechando las facilidades que a tales fines ofrecía la geografía lugareña; o bien como guerrilla urbana, en cuyo marco un joven cumplía durante el día su cometido normal como hijo, estudiante u obrero y, durante la noche, con una pastilla de cianuro en el bolsillo y un arma escondida entre sus ropas o entre las mantas de un coche cuna conducido por su pareja -generalmente embarazada y usada a modo de escudo humano- asaltaba, secuestraba, o colocaba bombas.
En cuanto al grado de violencia desatada por el agresor, no está demás recordar lo expresado por “The Times” de Londres, en un artículo reproducido por el diario “La Nación” de fecha 2 de diciembre de 1977, en el que decía: “...Se ha olvidado en el extranjero que cuando los militares argentinos lanzaron su campaña contra el terrorismo, la sociedad y el Estado estaban al borde del colapso, que el terrorismo comenzó al final de los años 61 y había alcanzado proporciones que hacen los secuestros en Alemania Occidental y los disparos a las piernas de Italia como juego de niños contra la sociedad. Cuando la respuesta vino, mucha sangre se había derramado como para esperar demasiada cautela en la misma... Los terroristas italianos y germanos occidentales no pueden ser comparados con la fuerza y la ferocidad de los dos grupos argentinos, ambos actualmente casi aniquilados... Cuando Amnesty Internacional publicó su informe de 92 páginas sobre la represión en la Argentina, un editor de un diario inglés de aquí comentó: si ellos hicieran un informe sobre las atrocidades terroristas, probablemente sería mucho más voluminoso”.
Vale recordar también que, en su largo pontificado, el Papa Juan Pablo II puso luz sobre distintos temas que desde el Concilio Vaticano II eran tergiversados. Entre ellos, cierta apología de los partisanos, los maquis, la guerrilla, y otras formas de terrorismo.
Con claridad, el Papa Wojtyla expresó sobre el particular lo siguiente:
“El terrorismo piensa que la verdad en la que cree o el sufrimiento padecido son tan absolutos que lo legitiman a reaccionar destruyendo incluso vidas humanas inocentes”.
“Pretender imponer a otros con la violencia lo que se considera como la verdad, significa violar la dignidad del ser humano y, en definitiva, ultrajar a Dios, del cual es imagen”.
“Las injusticias existentes en el mundo nunca pueden usarse como pretexto para justificar los atentados terroristas. Si nos fijamos bien, el terrorismo no sólo instrumenta al hombre, sino también a Dios, haciendo de él un ídolo del cual se sirve para sus propios objetivos”.
“El terrorismo se basa en el desprecio de la vida del hombre. Precisamente por eso, no sólo comete crímenes intolerables, sino que, en sí mismo, en cuanto recurre al terror como estrategia política y económica, es un auténtico crimen contra la humanidad”.
A modo de anécdota puedo expresar que, dentro de esa orgía de violencia, en mi condición de Comandante en Jefe del Ejército, fui objeto de seis atentados contra mi vida, los cuales llegaron a materializarse sin que, gracias a Dios, cumplieran sus designios. El primero de ellos, ocurrido el 16 de marzo de 1976: preveía la voladura del automóvil que me conducía a la sede de mi comando, con cargas explosivas accionadas por control remoto, colocadas en un automóvil aparcado en la playa de estacionamiento aledaña al edificio; y fue comandado por Verbitsky, quien resultó posteriormente enjuiciado por la dirigencia de la organización Montoneros, en razón de haber abandonado el lugar de los hechos sin antes comprobar los efectos producidos por la operación, así como asegurado el repliegue del personal a su cargo, según lo determinaban los manuales respectivos.
La Legítima Defensa
En el mes de enero de 1975, la señora de Perón, a cargo de la Presidencia de la Nación, dictó un Decreto por medio del cual ordenaba el 8
empleo de las Fuerzas Armadas para combatir al terrorismo hasta su aniquilamiento, pero geográficamente limitado a una zona de operaciones en la Provincia de Tucumán, acción que dio en llamarse “Operación Independencia”.
Esta limitación geográfica no dejaba de ser una ventaja para el oponente, ya que les permitía a los terroristas que actuaban dentro de la zona de operaciones, recibir reemplazos de personal, así como refuerzos de armamento y equipo provenientes de otras zonas del país, lo que dilataba la posibilidad de lograr su aniquilamiento en corto plazo.
Para entonces, el país vivía un clima agobiante, signado por la angustia que soportaba la sociedad, ante la dimensión que adquiría día a día la agresión terrorista.
Ante ese desasosiego y la radicalización que adquiría el enfrentamiento iniciado por los grupos terroristas, en los primeros días del mes de octubre de 1975, el Doctor Luder, provisionalmente a cargo de la Presidencia de la Nación (la señora de Perón se hallaba en Ascochinga, en uso de licencia por razones de salud) convocó a una reunión de gabinete para determinar qué hacer frente a la dimensión que había cobrado el accionar subversivo. A dicha reunión fuimos invitados los Comandantes Generales, quienes debíamos exponer nuestros puntos de vista sobre el particular.
Por ser un problema típicamente terrestre, correspondía al Ejército la responsabilidad primaria y, en esa condición, con el acuerdo de mis camaradas de las otras dos Fuerzas debí exponer. En extrema síntesis, dije entonces que, habiéndose agotado la instancia de represión a cargo de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, sin lograr restablecer el orden alterado; y ante la inoperancia de la Justicia (por temor no había dictado ninguna condena desde el 25 de mayo de 1973 hasta la fecha, a pesar de la magnitud de los hechos producidos por los elementos terroristas); parecía llegado el momento de apelar, como último recurso, al empleo de las Fuerzas Armadas a fin de combatir al terrorismo subversivo.
La decisión de emplear a las Fuerzas Armadas para cumplir con ese cometido implicaba, de hecho, reconocer un estado de guerra interna con sus consiguientes secuelas, ya que las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para reprimir (nodisponían de balines de goma, ni escudos, ni bastones, y, fundamentalmente, carecían de entrenamiento para cumplir esa función) ya que estaban organizadas, equipadas e instruidas para combatir; es decir para hacer la guerra, donde se muere o se mata.
En atención a ello, se propusieron cuatro cursos de acción, en grado creciente de libertad de acción. El primero, muy pautado, garantizaba que no se cometieran errores o excesos, pero hacía suponer una prolongación “sine die” del conflicto. Entendíamos por excesos, delitos comunes que pudiera cometer personal militar al amparo de la guerra a desarrollar. Vale recordar que al término del Proceso de Reorganización Nacional, se hallaban cumpliendo condena más de doscientos cincuenta uniformados, acusados por haber cometido delitos de esa naturaleza.
Los cursos de acción segundo y tercero, eran un gradiente mayor de libertad de acción. El curso de acción cuarto (que resultó seleccionado) preveía el despliegue de las Fuerzas Armadas, así como de las Policiales y las de Seguridad -estas dos bajo el control operacional de las primeras- en la totalidad del territorio nacional; y, a partir de ese despliegue disperso, nada fácil de controlar, actuar simultáneamente en la búsqueda del enemigo para combatirlo donde fuera hallado. Cabe destacar que el agresor actuaba en la clandestinidad, dentro de una organización celular difícil de penetrar, que imponía una paciente tarea de inteligencia para localizarlo.
Debo rendir homenaje al coraje cívico demostrado por el Doctor Luder en esa ocasión quien, sin hesitar, seleccionó este curso de acción que era el más riesgoso en cuanto a la posibilidad de que ocurrieran errores o excesos, pero que garantizaba la derrota del terrorismo en no más de un año y medio de lucha. Es más, ante un pedido de intervención por parte de uno de los ministros asistentes, el Doctor Luder manifestó tener decidida su resolución y con ello cerró el debate.
Esta firmeza del Doctor Luder no fue la misma cuando, al deponer como testigo en el juicio a las Juntas, se limitó a hacer una interpretación semántica del término aniquilar, sin reparar que los reglamentos vigentes a la fecha, definían con precisión, el alcance de dicho término. Más grave aún, olvidó, fuera de todo tecnicismo doctrinario, que la acción de aniquilar constituía la interpretación más acabada de lo que expresara el General Perón, en la carta dirigida a la Guarnición Militar de Azul, luego del intento de copamiento del que fuera objeto. De dicha carta se rescata la siguiente frase, referida a los terroristas atacantes:
“que el reducido número de psicópatas que va quedando sea exterminado uno a uno para el bien de la República”.