Mas alla de eso, pedirles a los empresarios y sindicalistas que piensen en el país es como pedirle a un metrodelegado que te cargue la sube.
Cuando parecía que todo llevaría inevitablemente a una ruptura, el ministro de Trabajo logró encauzar el diálogo con la central sindical. No hubo garantía de bono de fin de año ni siquiera para el sector público. Aun así, la convocatoria a una mesa con empresarios sirvió para distender el clima
El Gobierno obtuvo algo más que tiempo para negociar con los sindicatos: logró superar uno de los escollos políticos más duros a los que se enfrentaba en su peor momento económico.
Cuando parecía que todos los caminos conducían inexorablemente a que la CGT convocara al primer paro para protestar contra las políticas de Mauricio Macri, los funcionarios dieron una inesperada muestra de "cintura" política para desactivar la tensión.
"Estamos avanzando" dijo Héctor Daer, uno de los tres miembros de la cúpula, al salir de la reunión con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
Esta frase sonó como música para los oídos de los funcionarios, ya que traía implícita la aceptación de que no había clima -al menos por ahora- para convocar a una medida de fuerza.
El gesto distendido de los dirigentes sindicales tras la reunión y su disposición a seguir negociando con los empresarios parecen darle la razón a quienes creen que el sector más dialoguista de la CGT está imponiendo su parecer por sobre los más proclives a la protesta.
Por lo pronto, sólo se escucharon las voces disidentes de la CTA de Pablo Micheli y del gremio camionero conducido por Pablo Moyano, algo que en el Gobierno daban por descontado.
"No existimos para el ministro de Trabajo (Jorge Triaca). Él dice que no debería haber paro... como nosotros estamos fuera del diálogo porque discriminan a las dos CTA, entonces podemos hacer paro. Él mismo está incitándonos a eso", aseguró Micheli.
Lo cierto es que, hasta el momento, la negociación le resultó "barata" al Gobierno, tanto desde el punto de vista económico como político.
Aunque Triaca destacó el "gran esfuerzo fiscal" que implica el pago de $1.000 a los jubilados que cobran la mínima y a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, quedó en evidencia que la propuesta que hizo el macrismo fue la menos costosa de todas las que se habían manejado en los días previos.
Si el pago extra llegara a alcanzar a más de 5 millones de personas (la cantidad que se estimó en abril pasado que recibieron la ayuda extra de $500 anunciada por Macri), eso implicaría para el fisco un costo de $5.350 millones.
Una cifra elevada, en un momento en que el rojo de las cuentas fiscales se está transformando en una preocupación creciente en el mercado. Pero mucho menos que lo que habría significado un pago salarial extra en el Estado nacional y en las provincias.
Desde el punto de vista político, también el anuncio salió relativamente bien para el Ejecutivo. En otro contexto, el hecho de que una reunión con dirigentes sindicales hubiera terminado sin respuesta favorable para el reclamo más importante -el bono salarial-, habría sido interpretado como una situación de tensión.
Sin embargo, el Gobierno, con cierta habilidad en el manejo mediático, no sólo evitó una sensación de frustración sino que la conferencia de Triaca y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, tuvo todos los componentes de un anuncio positivo.
Una destreza política del ministro consistió en plantear la necesidad de priorizar la ayuda estatal a los sectores más vulnerables. Esa postura, en el contexto de sensibilidad social generada por la publicación del 32% oficial de pobreza, resulta imposible de rebatir.
"Eso tiene que ver con la contención de los sectores más vulnerables, que es una de las prioridades de nuestra gestión y donde hemos puesto el foco principal", remarcó el ministro.
Y el anuncio fue completado con un guiño a los asalariados de clase media, con la exoneración del pago de Ganancias de $15.000 del medio aguinaldo de diciembre para aquellos sueldos brutos que no superen los $55.000, lo cual involucra a 1.200.000 de trabajadores.
Según los funcionarios, casi la totalidad de los actuales contribuyentes de la cuarta categoría serán alcanzados por el beneficio.
Cuando parecía que todo llevaría inevitablemente a una ruptura, el ministro de Trabajo logró encauzar el diálogo con la central sindical. No hubo garantía de bono de fin de año ni siquiera para el sector público. Aun así, la convocatoria a una mesa con empresarios sirvió para distender el clima
El Gobierno obtuvo algo más que tiempo para negociar con los sindicatos: logró superar uno de los escollos políticos más duros a los que se enfrentaba en su peor momento económico.
Cuando parecía que todos los caminos conducían inexorablemente a que la CGT convocara al primer paro para protestar contra las políticas de Mauricio Macri, los funcionarios dieron una inesperada muestra de "cintura" política para desactivar la tensión.
"Estamos avanzando" dijo Héctor Daer, uno de los tres miembros de la cúpula, al salir de la reunión con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
Esta frase sonó como música para los oídos de los funcionarios, ya que traía implícita la aceptación de que no había clima -al menos por ahora- para convocar a una medida de fuerza.
El gesto distendido de los dirigentes sindicales tras la reunión y su disposición a seguir negociando con los empresarios parecen darle la razón a quienes creen que el sector más dialoguista de la CGT está imponiendo su parecer por sobre los más proclives a la protesta.
Por lo pronto, sólo se escucharon las voces disidentes de la CTA de Pablo Micheli y del gremio camionero conducido por Pablo Moyano, algo que en el Gobierno daban por descontado.
"No existimos para el ministro de Trabajo (Jorge Triaca). Él dice que no debería haber paro... como nosotros estamos fuera del diálogo porque discriminan a las dos CTA, entonces podemos hacer paro. Él mismo está incitándonos a eso", aseguró Micheli.
Lo cierto es que, hasta el momento, la negociación le resultó "barata" al Gobierno, tanto desde el punto de vista económico como político.
Aunque Triaca destacó el "gran esfuerzo fiscal" que implica el pago de $1.000 a los jubilados que cobran la mínima y a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, quedó en evidencia que la propuesta que hizo el macrismo fue la menos costosa de todas las que se habían manejado en los días previos.
Si el pago extra llegara a alcanzar a más de 5 millones de personas (la cantidad que se estimó en abril pasado que recibieron la ayuda extra de $500 anunciada por Macri), eso implicaría para el fisco un costo de $5.350 millones.
Una cifra elevada, en un momento en que el rojo de las cuentas fiscales se está transformando en una preocupación creciente en el mercado. Pero mucho menos que lo que habría significado un pago salarial extra en el Estado nacional y en las provincias.
Desde el punto de vista político, también el anuncio salió relativamente bien para el Ejecutivo. En otro contexto, el hecho de que una reunión con dirigentes sindicales hubiera terminado sin respuesta favorable para el reclamo más importante -el bono salarial-, habría sido interpretado como una situación de tensión.
Sin embargo, el Gobierno, con cierta habilidad en el manejo mediático, no sólo evitó una sensación de frustración sino que la conferencia de Triaca y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, tuvo todos los componentes de un anuncio positivo.
Una destreza política del ministro consistió en plantear la necesidad de priorizar la ayuda estatal a los sectores más vulnerables. Esa postura, en el contexto de sensibilidad social generada por la publicación del 32% oficial de pobreza, resulta imposible de rebatir.
"Eso tiene que ver con la contención de los sectores más vulnerables, que es una de las prioridades de nuestra gestión y donde hemos puesto el foco principal", remarcó el ministro.
Y el anuncio fue completado con un guiño a los asalariados de clase media, con la exoneración del pago de Ganancias de $15.000 del medio aguinaldo de diciembre para aquellos sueldos brutos que no superen los $55.000, lo cual involucra a 1.200.000 de trabajadores.
Según los funcionarios, casi la totalidad de los actuales contribuyentes de la cuarta categoría serán alcanzados por el beneficio.