La proliferación de los drones de consumo es directamente proporcional al temor que despiertan en las autoridades a que estos sean utilizados de forma negligente o incluso criminal. Alertados por varios incidentes protagonizados por pilotos imprudentes y ante la posibilidad de que puedan ser modificados para llevar a cabo atentados terroristas, los cuerpos y fuerzas de seguridad han comenzado a exigir medidas de protección contra estos aparatos, abonando el terreno para compañías como DroneShield. Esta firma con oficinas en Estados Unidos y Australia ha presentado el DroneGun, un ingenio visualmente a medio camino entre rifle y lanzamisiles que destaca por su capacidad para derribar drones a 2 kilómetros de distancia.
A diferencia de otros aparatos diseñados para deshacerse de drones extraviados, el DroneGun no utiliza redes ni proyectil alguno. En lugar de ello emite interferencias en las frecuencias de 2,4 y 5,8 GHz para cortar el enlace con su piloto.
Puesto que la mayoría de los drones están programados para aterrizar automáticamente al perder la conexión, el aparato aterriza con suavidad (o regresa a su punto de origen, delatando al usuario) en lugar de estrellarse contra el suelo junto con cualquier carga que pudiera transportar.
Además de generar interferencias para impedir el control de los drones en su punto de mira, el DroneGun también puede inhibir la recepción de señales de posicionamiento GPS y GLONASS. Sus prestaciones lo sitúan teóricamente muy por delante de alternativas pioneras como DroneDefender, que solo podía derribar drones a una distancia máxima de 400 metros.
Aunque sin duda son muchas las empresas que estarían interesadas en tener a su disposición uno de estos aparatos para proteger sus instalaciones contra espías industriales y curiosos, su mera tenencia podría ser ilegal dependiendo de las circunstancias. Tal y como señala el fabricante, la venta y utilización del DroneGun depende totalmente de las leyes y los organismos reguladores de cada país. En Estados Unidos, donde no cuenta con la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés), solo el gobierno y sus agencias pueden comprarlo y utilizarlo legalmente.