Es por la presunta administración fraudulenta en la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI).
Un fiscal penal pidió hoy la indagatoria de los actores Pablo Echarri, Pepe Soriano, Martín Seefeld, Jorge Marrale y Osvaldo Santoro por presunta administración fraudulenta en la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI)
El fiscal Augusto Troncoso formuló el pedido a la jueza Karina Zucconi, sobre la base de un acuerdo de pago de derechos con la empresa de televisión de pago DirecTV.
Según la acusación, la conducción de SAGAI había ganado un juicio contra DirecTV por más de $ 500 millones en concepto de derechos de imagen e interpretación de los actores. Pero cuando el fallo aún no estaba firme, las partes celebraron un acuerdo extrajudicial y el pago total por parte de DirecTV se cerró en $ 111 millones.
El acuerdo incluía un pago de más de $ 20 millones para el abogado que representó a SAGAI en la gestión.
Según el fiscal Troncoso, los integrantes de la comisión directiva de SAGAI “deberán ser indagados por el presunto delito de administración fraudulenta por haber adoptado una decisión patrimonial perjudicando los intereses de sus socios”.
El dictamen sostiene que los asociados a SAGAI debieron “haber votado y decidido en asamblea cuál era la decisión que mejor se adecuaba a sus intereses”.
Un fiscal penal pidió hoy la indagatoria de los actores Pablo Echarri, Pepe Soriano, Martín Seefeld, Jorge Marrale y Osvaldo Santoro por presunta administración fraudulenta en la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI)
El fiscal Augusto Troncoso formuló el pedido a la jueza Karina Zucconi, sobre la base de un acuerdo de pago de derechos con la empresa de televisión de pago DirecTV.
Según la acusación, la conducción de SAGAI había ganado un juicio contra DirecTV por más de $ 500 millones en concepto de derechos de imagen e interpretación de los actores. Pero cuando el fallo aún no estaba firme, las partes celebraron un acuerdo extrajudicial y el pago total por parte de DirecTV se cerró en $ 111 millones.
El acuerdo incluía un pago de más de $ 20 millones para el abogado que representó a SAGAI en la gestión.
Según el fiscal Troncoso, los integrantes de la comisión directiva de SAGAI “deberán ser indagados por el presunto delito de administración fraudulenta por haber adoptado una decisión patrimonial perjudicando los intereses de sus socios”.
El dictamen sostiene que los asociados a SAGAI debieron “haber votado y decidido en asamblea cuál era la decisión que mejor se adecuaba a sus intereses”.