Gestión Macri: Menos transparencia en la AFI

Los principales cambios que dispuso Macri: 1) Hasta los empleados que prestan servicios de limpieza o de administración son “agentes de inteligencia”. Todos el personal de la AFI pasó a ser considerado “personal de inteligencia”. El decreto anterior (1311/2015) dividía al personal en tres escalafones (Inteligencia, Seguridad y Apoyo, que incluía a los empleados administrativos y a los recursos humanos en general) y restringía, en el artículo 9 de la “Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional”, la protección de identidad sólo a los agentes de inteligencia y para los casos en los que fuera necesario. 2) ¿Qué significa que se haya reestablecido la “disciplina del secreto”? Lo dispuso el artículo 4 del decreto de Macri y significa que el Poder Ejecutivo Nacional estableció que las actividades, el personal, la documentación y las bases de datos de la AFI son información estrictamente reservada. “Representa un retroceso en una democracia que por primera vez, en junio pasado, había logrado dar publicidad a información básica sobre la organización y el funcionamiento del sistema de inteligencia. Se trata además de una decisión infundada, ya que no existen motivos que avalen el régimen del secreto en aspectos como el organigrama o la estructura orgánica y funcional y en aspectos críticos en materia de rendición de cuentas como ser la administración de fondos”, señala el documento de ICCSI. 3) Mayor arbitrariedad y menos centralización de los temas a investigar. Se derogó la metodología de trabajo de “inteligencia por problemas”, es decir que, según la normativa, las tareas se realizaban enfocadas en acciones específicas. Esta medida prevenía que la AFI hiciera inteligencia sobre cuestiones ajenas a las problemáticas de seguridad interior o defensa nacional, e implicaba un resguardo para el personal subalterno, porque toda labor de inteligencia debía tener la autorización del Director General de la agencia. 4) Los espías y los jueces, otra vez juntos. El Anexo II del Decreto N° 1311/15, que también fue derogado, establecía un mecanismo de coordinación de la AFI con el Ministerio Público Fiscal de la Nación y los ministerios públicos provinciales, y limitaba el accionar de los agentes de la AFI sólo a las actividades que no pudieran ser realizadas por las fuerzas de seguridad. La intención oficial fue, en su momento, prevenir la estrecha relación histórica entre parte del personal de inteligencia y los jueces, en especial de la Justicia Federal, como denunció un informe de la ADC publicado en 2015 y personificó la figura del ex agente Antonio Jaime Stiuso. 5) Todo el presupuesto de la AFI volvió a ser secreto. Por último, se dejó sin efecto el régimen de administración de fondos de la agencia, que según el Presupuesto 2016 es de $1.450 millones. En el decreto de 2015, se distinguía entre fondos públicos y reservados, estos últimos destinados únicamente a actividades cuyo objeto requiriera que se mantuvieran en secreto. La obligación de transparentar los fondos de la ex SIDE fue un compromiso asumido por el Estado nacional durante la gestión de Néstor Kirchner con las víctimas del atentado a la AMIA ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).