Macri lo acordó con China: se relanzan las represas de Santa Cruz, El anuncio se concretaría la semana
Con un presupuesto menor al que fijó Cristina Kirchner para la megaobra hidroeléctrica, el Gobierno de Mauricio Macri relanzará en los próximos días las represas de Santa Cruz. El financiamiento lo proporcionará la República de China (que durante la gestión anterior realizó una serie de desembolsos), acuerdo que se selló durante el último viaje del Presidente al país asiático. El proyecto a cargo de Electroingeniería y la china Gezhouba tendrá menos turbinas que la obra original, pero incorporará una línea de alta tensión.
Después de avances y retrocesos, se retomará la construcción de las represas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”. El ambicioso complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz forma parte de la apuesta del Gobierno para hacer frente en el largo plazo a los problemas energéticos. La millonaria obra será relanzada posiblemente la próxima semana, según señalaron fuentes oficiales a Clarín.
La obra sufrirá algunas modificaciones: de los 1.760 MW que iba a generar originalmente según la licitación del gobierno de Cristina Kirchner, se pasarán a 1.290 MW de potencia. Se reduce así la cantidad de turbinas de cada represa: la Néstor Kirchner tendrá cinco en vez de seis turbinas, y la Jorge Cepernic se reducirá de cinco a tres.
Esta nueva redistribución de la energía se complementará con una línea de alta tensión de 500 Kv que llegará hasta la localidad de Piedra Buena, ubicada a 240 kilómetros al noreste de Río Gallegos. Aseguran que la generación de energía no se reducirá sino que "se distribuye de otra manera, "serán centrales de base (se utilizan más horas por día y de forma constante) cuando antes estaban pensadas para ser represa de punta (se inyectaba más energía al sistema en horas de mayor consumo)”, detallaron fuentes oficiales.
El costo del ambicioso proyecto que el kirchnerismo licitó dos veces, justamente por no conseguir el financiamiento la primera vez, se afrontará con financiamiento de China. Esto terminó de acordarse durante el viaje que realizó recientemente el Presidente.
El proyecto original contemplaba un desembolso de US$ 6.000 millones, algo que se incorporó al último presupuesto nacional. La Casara Rosada estima que la inversión global será de US$ 4.700 millones y un plazo de obra de cinco años para su culminación. El año pasado ingresaron al Banco Central cuatro desembolsos por unos US$ 300 millones.
Para avanzar con la nueva propuesta hubo que contar con la aprobación de China, que junto al préstamo, trae los equipos. Varios de los cuales ingresaron a Santa Cruz desde el puerto de Punta Quilla.
En el terreno donde se emplazaron las villas para los trabajadores que en un futuro se convertirá en su hogar permanente, el movimiento fue mínimo los últimos meses. La obra estuvo detenida -también por la veda invernal- pero rodeada de incertidumbre sobre su continuidad. Después de muchas idas y venidas, el Gobierno acordó con Electroingeniería las variaciones al proyecto que licitó Julio De Vido y los trabajos se retomarán después de septiembre. La contratación de mano de obra llegará en su punto máximo a 5.000 obreros.
Por decisión del actual Ministerio de Energía, que dirige Juan José Aranguren, las represas quedaron bajo la órbita del Estado Nacional, y la provincia que gobierna Alicia Kirchner recibirá en concepto de regalías el 12% por la energía que genere.
La represas están atravesadas por denuncias de sectores ambientalistas. La Asociación de Abogados Ambientalistas reclamó ante la Corte que se defina sobre la medida cautelar solicitada hace más de un año, para que la obra hidroeléctrica no se realice.
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Banco de Bosques, Flora y Fauna, Fundación Naturaleza para el Futuro (FuNaFu) y Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) reclaman al Estado Nacional la suspensión de la construcción de las represas del complejo hidroeléctrico Kirchner-Cepernic sobre el lecho del rio Santa Cruz, ubicado en la provincia homónima y último río glaciario de la Patagonia que corre libre desde la cordillera hasta el mar.
Ante la noticia de ayer, difundida en Diario La Nación, sobre la renegociación del Gobierno argentino con la República Popular China por el avance de las obras, la coalición formada por las organizaciones mencionadas considera que existen tres razones fundamentales por las cuales debe desestimarse este proyecto que no cumple, desde su origen, con procedimientos transparentes, mecanismos de participación pública y un análisis adecuado de los posibles impactos ambientales que una obra de tal magnitud puede ocasionar al ecosistema. Además, no resulta un proyecto prioritario y no está en línea con los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de París para atender la problemática del cambio climático global.
1.Carencia en la justificación energética y económica
Las grandes represas no son consideradas energías renovables porque tienen un alto impacto sobre el ambiente natural y una escasa vida útil por acumulación de sedimentos, dejándolas inoperables. Además su productividad o factor de planta sería del 34% (comparada con Yacyretá que tiene un 71%), y sólo el 43% de la energía que generarían podría ser aprovechada por la capacidad de los tendidos eléctricos actuales. En su diseño se desconoció, asimismo, la importancia estratégica del proyecto en un marco de análisis integral e interministerial, como también, el costo real de los MW generados y cómo y quién lo pagaría.
La Canciller Susana Malcorra manifestó asimismo que el proyecto de las represas de Santa Cruz será menos ambicioso que lo presupuestado, pero que se logrará. En esa línea, se informó que las represas en cuestión pasarán de tener 11 a 8 turbinas, se reducirá el monto de la obra de US$ 7600 millones a US$ 4000 millones, se aplazarán los tiempos de la misma y que la provincia de Santa Cruz obtendrá un 12% de regalías por la energía transportada al país, aunque el Estado Nacional mantendrá la propiedad de las obras. Esto visibiliza que el proyecto hidroeléctrico responde meramente a compromisos financieros con otra nación para evitar una eventual situación de cross default, más que por genuinas prioridades energéticas y ambientales, consensuadas estratégica y participativamente entre todos los argentinos.
2.Impacto socio-ambiental
Dentro de la comunidad científica, existe consenso al afirmar que la construcción de represas es una de las mayores causas de disrupciones en los flujos de agua. Al mismo tiempo, son factores destructivos primarios del hábitat acuático, contribuyendo sustancialmente a la destrucción de pesquerías, la extinción de especies y la pérdida generalizada de servicios ecosistémicos de los cuáles depende la economía humana. Un informe sobre impactos particulares del complejo hidroeléctrico Kirchner-Cepernic realizado por la Administración de Parques Nacionales destacó el riesgo en la pérdida de la biodiversidad, comunidades limnológicas, así como de valores culturales, debido a la pérdida de información arqueológica y patrimonio paleontológico.
Un complejo hidroeléctrico como éste convertiría al río Santa Cruz en grandes embalses artificiales, devastando un ecosistema irremplazable como el área de influencia del Parque Nacional Los Glaciares (declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco) que alberga los glaciares Perito Moreno y Upsala, y el Parque Nacional Monte León. Asimismo, la confluencia y desembocadura de los ríos Chico y Santa Cruz ha sido declarada como AICA (Área de Importancia para la Conservación de las Aves). El sitio es clave como lugar de invernada para el críticamente amenazado macá tobiano (Podiceps gallardoi), ave endémica de la Argentina registrada sólo en la provincia de Santa Cruz y declarada Monumento Natural Provincial.
3.Déficits en materia de transparencia e información pública ambiental
El proyecto se encuentra viciado desde sus inicios, caracterizándose por una preocupante y sistemática ausencia de información vital, impidiendo al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) cumplir con sus fines preventivos y precautorios y violando las previsiones de las leyes General del Ambiente (25675), de Protección de Glaciares (26639) y de Parques Nacionales (22351). Esta clase de deficiencias le fueron planteadas por sendas acciones judiciales a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual recientemente exhortó al Estado a que informe si se han llevado a cabo estos estudios, previo a la construcción de las represas.
Entre las irregularidades más notables se destacan principalmente dos: la falta de un proceso de adjudicación transparente, realizado previo a la aprobación de la construcción, violando además el procedimiento administrativo de EIA, ya que se inició meses antes de realizar un estudio que permitiera evaluar adecuadamente los efectos de la obra en el ambiente y la comunidad; y la instancia defectuosa de participación ciudadana que impidieron una real y genuina contribución del público, haciendo que dicho ejercicio quedara reducido a un mero formalismo.
Ayer se informó públicamente que se avanzará, en lo inmediato, con las obras de ingeniería y quedará habilitado sin más trabas el resto de la línea de créditos chinos, avivando otro debate que es el rol del financiamiento extranjero, en este caso chino, en nuestra economía. Pareciera que la presión para realización de las obras excede las necesidades nacionales para enfrentar la crisis energética y este proyecto sería un bastión en la Asociación Estratégica Integral. En efecto, en respuesta desde el gobierno de China se advirtió que frenarían otros convenios acordados a partir de julio de 2014, entre los que se encuentran las obras para las centrales nucleares y un swap financiero, herramienta para estabilizar el tipo de cambio y de esta manera fortalecer el nivel nacional de reservas.
En definitiva, se avanza aun cuando no atravesó el proceso jurídico-administrativo de la EIA y Evaluación Ambiental Estratégica. Hoy se desconocen los potenciales daños que las represas podrían generar, incluso con el nuevo diseño. El indicar que por el simple pase de 11 a 8 turbinas, se evitará que la potencia de las represas impacte en el ambiente es, por lo menos, una irresponsabilidad del Estado Nacional.
Con un presupuesto menor al que fijó Cristina Kirchner para la megaobra hidroeléctrica, el Gobierno de Mauricio Macri relanzará en los próximos días las represas de Santa Cruz. El financiamiento lo proporcionará la República de China (que durante la gestión anterior realizó una serie de desembolsos), acuerdo que se selló durante el último viaje del Presidente al país asiático. El proyecto a cargo de Electroingeniería y la china Gezhouba tendrá menos turbinas que la obra original, pero incorporará una línea de alta tensión.
Después de avances y retrocesos, se retomará la construcción de las represas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”. El ambicioso complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz forma parte de la apuesta del Gobierno para hacer frente en el largo plazo a los problemas energéticos. La millonaria obra será relanzada posiblemente la próxima semana, según señalaron fuentes oficiales a Clarín.
La obra sufrirá algunas modificaciones: de los 1.760 MW que iba a generar originalmente según la licitación del gobierno de Cristina Kirchner, se pasarán a 1.290 MW de potencia. Se reduce así la cantidad de turbinas de cada represa: la Néstor Kirchner tendrá cinco en vez de seis turbinas, y la Jorge Cepernic se reducirá de cinco a tres.
Esta nueva redistribución de la energía se complementará con una línea de alta tensión de 500 Kv que llegará hasta la localidad de Piedra Buena, ubicada a 240 kilómetros al noreste de Río Gallegos. Aseguran que la generación de energía no se reducirá sino que "se distribuye de otra manera, "serán centrales de base (se utilizan más horas por día y de forma constante) cuando antes estaban pensadas para ser represa de punta (se inyectaba más energía al sistema en horas de mayor consumo)”, detallaron fuentes oficiales.
El costo del ambicioso proyecto que el kirchnerismo licitó dos veces, justamente por no conseguir el financiamiento la primera vez, se afrontará con financiamiento de China. Esto terminó de acordarse durante el viaje que realizó recientemente el Presidente.
El proyecto original contemplaba un desembolso de US$ 6.000 millones, algo que se incorporó al último presupuesto nacional. La Casara Rosada estima que la inversión global será de US$ 4.700 millones y un plazo de obra de cinco años para su culminación. El año pasado ingresaron al Banco Central cuatro desembolsos por unos US$ 300 millones.
Para avanzar con la nueva propuesta hubo que contar con la aprobación de China, que junto al préstamo, trae los equipos. Varios de los cuales ingresaron a Santa Cruz desde el puerto de Punta Quilla.
En el terreno donde se emplazaron las villas para los trabajadores que en un futuro se convertirá en su hogar permanente, el movimiento fue mínimo los últimos meses. La obra estuvo detenida -también por la veda invernal- pero rodeada de incertidumbre sobre su continuidad. Después de muchas idas y venidas, el Gobierno acordó con Electroingeniería las variaciones al proyecto que licitó Julio De Vido y los trabajos se retomarán después de septiembre. La contratación de mano de obra llegará en su punto máximo a 5.000 obreros.
Por decisión del actual Ministerio de Energía, que dirige Juan José Aranguren, las represas quedaron bajo la órbita del Estado Nacional, y la provincia que gobierna Alicia Kirchner recibirá en concepto de regalías el 12% por la energía que genere.
La represas están atravesadas por denuncias de sectores ambientalistas. La Asociación de Abogados Ambientalistas reclamó ante la Corte que se defina sobre la medida cautelar solicitada hace más de un año, para que la obra hidroeléctrica no se realice.
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Banco de Bosques, Flora y Fauna, Fundación Naturaleza para el Futuro (FuNaFu) y Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) reclaman al Estado Nacional la suspensión de la construcción de las represas del complejo hidroeléctrico Kirchner-Cepernic sobre el lecho del rio Santa Cruz, ubicado en la provincia homónima y último río glaciario de la Patagonia que corre libre desde la cordillera hasta el mar.
Ante la noticia de ayer, difundida en Diario La Nación, sobre la renegociación del Gobierno argentino con la República Popular China por el avance de las obras, la coalición formada por las organizaciones mencionadas considera que existen tres razones fundamentales por las cuales debe desestimarse este proyecto que no cumple, desde su origen, con procedimientos transparentes, mecanismos de participación pública y un análisis adecuado de los posibles impactos ambientales que una obra de tal magnitud puede ocasionar al ecosistema. Además, no resulta un proyecto prioritario y no está en línea con los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de París para atender la problemática del cambio climático global.
1.Carencia en la justificación energética y económica
Las grandes represas no son consideradas energías renovables porque tienen un alto impacto sobre el ambiente natural y una escasa vida útil por acumulación de sedimentos, dejándolas inoperables. Además su productividad o factor de planta sería del 34% (comparada con Yacyretá que tiene un 71%), y sólo el 43% de la energía que generarían podría ser aprovechada por la capacidad de los tendidos eléctricos actuales. En su diseño se desconoció, asimismo, la importancia estratégica del proyecto en un marco de análisis integral e interministerial, como también, el costo real de los MW generados y cómo y quién lo pagaría.
La Canciller Susana Malcorra manifestó asimismo que el proyecto de las represas de Santa Cruz será menos ambicioso que lo presupuestado, pero que se logrará. En esa línea, se informó que las represas en cuestión pasarán de tener 11 a 8 turbinas, se reducirá el monto de la obra de US$ 7600 millones a US$ 4000 millones, se aplazarán los tiempos de la misma y que la provincia de Santa Cruz obtendrá un 12% de regalías por la energía transportada al país, aunque el Estado Nacional mantendrá la propiedad de las obras. Esto visibiliza que el proyecto hidroeléctrico responde meramente a compromisos financieros con otra nación para evitar una eventual situación de cross default, más que por genuinas prioridades energéticas y ambientales, consensuadas estratégica y participativamente entre todos los argentinos.
2.Impacto socio-ambiental
Dentro de la comunidad científica, existe consenso al afirmar que la construcción de represas es una de las mayores causas de disrupciones en los flujos de agua. Al mismo tiempo, son factores destructivos primarios del hábitat acuático, contribuyendo sustancialmente a la destrucción de pesquerías, la extinción de especies y la pérdida generalizada de servicios ecosistémicos de los cuáles depende la economía humana. Un informe sobre impactos particulares del complejo hidroeléctrico Kirchner-Cepernic realizado por la Administración de Parques Nacionales destacó el riesgo en la pérdida de la biodiversidad, comunidades limnológicas, así como de valores culturales, debido a la pérdida de información arqueológica y patrimonio paleontológico.
Un complejo hidroeléctrico como éste convertiría al río Santa Cruz en grandes embalses artificiales, devastando un ecosistema irremplazable como el área de influencia del Parque Nacional Los Glaciares (declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco) que alberga los glaciares Perito Moreno y Upsala, y el Parque Nacional Monte León. Asimismo, la confluencia y desembocadura de los ríos Chico y Santa Cruz ha sido declarada como AICA (Área de Importancia para la Conservación de las Aves). El sitio es clave como lugar de invernada para el críticamente amenazado macá tobiano (Podiceps gallardoi), ave endémica de la Argentina registrada sólo en la provincia de Santa Cruz y declarada Monumento Natural Provincial.
3.Déficits en materia de transparencia e información pública ambiental
El proyecto se encuentra viciado desde sus inicios, caracterizándose por una preocupante y sistemática ausencia de información vital, impidiendo al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) cumplir con sus fines preventivos y precautorios y violando las previsiones de las leyes General del Ambiente (25675), de Protección de Glaciares (26639) y de Parques Nacionales (22351). Esta clase de deficiencias le fueron planteadas por sendas acciones judiciales a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual recientemente exhortó al Estado a que informe si se han llevado a cabo estos estudios, previo a la construcción de las represas.
Entre las irregularidades más notables se destacan principalmente dos: la falta de un proceso de adjudicación transparente, realizado previo a la aprobación de la construcción, violando además el procedimiento administrativo de EIA, ya que se inició meses antes de realizar un estudio que permitiera evaluar adecuadamente los efectos de la obra en el ambiente y la comunidad; y la instancia defectuosa de participación ciudadana que impidieron una real y genuina contribución del público, haciendo que dicho ejercicio quedara reducido a un mero formalismo.
Ayer se informó públicamente que se avanzará, en lo inmediato, con las obras de ingeniería y quedará habilitado sin más trabas el resto de la línea de créditos chinos, avivando otro debate que es el rol del financiamiento extranjero, en este caso chino, en nuestra economía. Pareciera que la presión para realización de las obras excede las necesidades nacionales para enfrentar la crisis energética y este proyecto sería un bastión en la Asociación Estratégica Integral. En efecto, en respuesta desde el gobierno de China se advirtió que frenarían otros convenios acordados a partir de julio de 2014, entre los que se encuentran las obras para las centrales nucleares y un swap financiero, herramienta para estabilizar el tipo de cambio y de esta manera fortalecer el nivel nacional de reservas.
En definitiva, se avanza aun cuando no atravesó el proceso jurídico-administrativo de la EIA y Evaluación Ambiental Estratégica. Hoy se desconocen los potenciales daños que las represas podrían generar, incluso con el nuevo diseño. El indicar que por el simple pase de 11 a 8 turbinas, se evitará que la potencia de las represas impacte en el ambiente es, por lo menos, una irresponsabilidad del Estado Nacional.