Por el DNU de Macri, más de 150 extranjeros presos en Mendoza podrían ser deportados, El Gobierno nacional estableció un proceso para agilizar la deportación de foráneos que hayan cometido delitos. Los tribunales de la provincia deberán informar a Migraciones sobre la situación procesal de estos internos.
El Gobierno nacional estableció mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (70/2017) cambios en la Ley de Migraciones y más controles a la hora de desalentar el ingreso de extranjeros con antecedentes delictivos en su país. Además, la norma tiene un correlato directo en la población carcelaria de cada una de las provincia porque los tribunales de las distintas jurisdicciones deberán informar a Migraciones en qué etapa del proceso judicial se encuentra el foráneo en conflicto con la ley penal.
La disposición destaca que "la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35% de la población carcelaria total". Actualmente, los extranjeros representan apenas el 4,5% de la población del país.
En Mendoza, de un total de 4.991 presos,151 son de extranjeros; de los cuales 133 están alojados en penitenciarías y 20 gozan del beneficio de la prisión domiciliaria.
En términos cuantitativos el dato pasa inadvertido, teniendo en cuenta que sólo representa el 2,5% del total de la población penitenciaria local. Sin embargo, en contexto que hay unos 133 extranjeros que están privados de la libertad en cárceles superpobladas y con condiciones de detención infrahumanas, objetadas por los organismos de Derechos Humanos, la estadística cobra otra dimensión.
Con esta medida, el Gobierno de Mauricio Macri pone en la mira el ingreso de extranjeros pero también el control y la permanencia en el país de aquellos foráneos que tengan antecedentes penales en la Argentina.
La nueva norma (Art. 29) reza que no podrán ingresar las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan antecedentes –tanto en Argentina como el exterior- "por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad" o "delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas".
Además, la existencia de causas penales servirá para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado "cualquiera fuese su antigüedad".
Para tal fin, la Justicia deberá notificar a Migraciones sobre "todo auto de procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable y de toda condena por delito penal dictada contra un extranjero, en el plazo de 5 días hábiles de producido".
Como la norma es muy reciente, desde la delegación de Migraciones de la provincia prefirieron no dar declaraciones hasta que se envié el protocolo de actuación que podría establecerse en los próximos días.
Fallaron los controles
Un caso emblemático en Mendoza que puso en el ojo de la tormenta la efectividad de los controles migratorios -además de otros como los que debería haber hecho el Arzobispado y la DGE- fue el caso del cura pedófilo Nicola Corradi, quien tenía antecedentes de ataques sexuales a menores en el Instituto Próvolo de Verona, en Italia, pero de igual forma ingresó al país.
Su primer lugar de residencia en Argentina fue en el Instituto Próvolo para niños sordos en La Plata. Luego se radicó en la provincia, donde quedó al frente de la coordinación de ese establecimiento en Luján de Cuyo.
Por años quedaron ocultas las denuncias tanto de las víctimas de Verona, como de La Plata, hasta que saltó el escándalo de las aberraciones a niños y adolescentes con una limitación en el habla.
El octogenario quedó detenido y con prisión preventiva en el penal de Boulogne Sur Mer, pero por su delicado estado de salud se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria.
El Gobierno nacional estableció mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (70/2017) cambios en la Ley de Migraciones y más controles a la hora de desalentar el ingreso de extranjeros con antecedentes delictivos en su país. Además, la norma tiene un correlato directo en la población carcelaria de cada una de las provincia porque los tribunales de las distintas jurisdicciones deberán informar a Migraciones en qué etapa del proceso judicial se encuentra el foráneo en conflicto con la ley penal.
La disposición destaca que "la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35% de la población carcelaria total". Actualmente, los extranjeros representan apenas el 4,5% de la población del país.
En Mendoza, de un total de 4.991 presos,151 son de extranjeros; de los cuales 133 están alojados en penitenciarías y 20 gozan del beneficio de la prisión domiciliaria.
En términos cuantitativos el dato pasa inadvertido, teniendo en cuenta que sólo representa el 2,5% del total de la población penitenciaria local. Sin embargo, en contexto que hay unos 133 extranjeros que están privados de la libertad en cárceles superpobladas y con condiciones de detención infrahumanas, objetadas por los organismos de Derechos Humanos, la estadística cobra otra dimensión.
Con esta medida, el Gobierno de Mauricio Macri pone en la mira el ingreso de extranjeros pero también el control y la permanencia en el país de aquellos foráneos que tengan antecedentes penales en la Argentina.
La nueva norma (Art. 29) reza que no podrán ingresar las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplan condena o tengan antecedentes –tanto en Argentina como el exterior- "por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad" o "delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas".
Además, la existencia de causas penales servirá para cancelar las residencias que se hubiesen otorgado "cualquiera fuese su antigüedad".
Para tal fin, la Justicia deberá notificar a Migraciones sobre "todo auto de procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable y de toda condena por delito penal dictada contra un extranjero, en el plazo de 5 días hábiles de producido".
Como la norma es muy reciente, desde la delegación de Migraciones de la provincia prefirieron no dar declaraciones hasta que se envié el protocolo de actuación que podría establecerse en los próximos días.
Fallaron los controles
Un caso emblemático en Mendoza que puso en el ojo de la tormenta la efectividad de los controles migratorios -además de otros como los que debería haber hecho el Arzobispado y la DGE- fue el caso del cura pedófilo Nicola Corradi, quien tenía antecedentes de ataques sexuales a menores en el Instituto Próvolo de Verona, en Italia, pero de igual forma ingresó al país.
Su primer lugar de residencia en Argentina fue en el Instituto Próvolo para niños sordos en La Plata. Luego se radicó en la provincia, donde quedó al frente de la coordinación de ese establecimiento en Luján de Cuyo.
Por años quedaron ocultas las denuncias tanto de las víctimas de Verona, como de La Plata, hasta que saltó el escándalo de las aberraciones a niños y adolescentes con una limitación en el habla.
El octogenario quedó detenido y con prisión preventiva en el penal de Boulogne Sur Mer, pero por su delicado estado de salud se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria.