REFORMA DE LA LEY DE EJECUCIÓN PENAL 24.660
A principios de diciembre de 2016 la Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma de la Ley de Ejecución Penal 24.660, impulsada por la UCR y el PRO. Su tratamiento en el senado se pospuso para marzo de 2017, debido a una serie de protestas de organismos de derechos humanos y otras instituciones que pospusieron su sanción, como así también una huelga de hambre que se extendió en diciembre de 2016 en varios penales.
Los internos la llaman “Ley Sepultura” y denuncian que es “regresiva” e inconstitucional, y violenta el principal objetivo de esta ley que es la reinserción social.
De aprobarse, las principales consecuencias serían:
1. Será casi imposible obtener salidas transitorias y libertad condicional.
2. Se termina con el régimen de progresividad, no importa si hacen las cosas bien o mal, no importa si se esfuerzan y trabajan o estudian.
3. Más aún, se termina con el principio de resocialización de los detenidos, complicando su derecho a estudiar y trabajar.
4. Se termina con el principio constitucional de inocencia: las personas serán culpables hasta que demuestren su inocencia.
5. Se podrá condenar dos veces a una persona por el mismo delito.
6. Las personas pasarán a ser culpables por ser peligrosos, antes de cometer un delito.
7. Los acusados no podrán presentar peritos para su defensa en los juicios.
8. El Servicio Penitenciario asume las funciones del juez y decide el otorgamiento o no de la libertad condicional. Su opinión vale más que la de los magistrados.
«Las cárceles argentinas, verdaderos campos de concentración siglo XXI, por los asesinatos, torturas, enfermedades, superpoblación y verdugueo a los familiares que en ellos se perpetran, multiplicarán la devastación humana si se aprueba este engendro que impulsa el gobierno de los monopolios de Macri y sus aliados. El proyecto es del radical Luis Petri quien fue cuestionado hasta por militantes de la Unión Cívica Radical por su iniciativa fascista que busca el marketing y nada tiene que ver con la “seguridad”. Por el contrario, tal como pasó con las leyes del ex ingeniero Juan Carlos Blumberg, en 2004, solo aumentaron el escarnio, los crímenes de estado y también los delitos. La distribución equitativa de los bienes materiales y culturales es el principal mecanismo para bajar el delito. Las penas alternativas al encierro son beneficiosas para la sociedad toda. Que la Universidad vaya a la cárcel y que los detenidos concurran a los centros de estudios dio resultados positivos en nuestro país. Por caso, quienes están en el espacio Centro Universitario Devoto (CUD) solo tienen un 7 por ciento de reincidencia. Y quienes no acceden a esa educación superan el 50 por ciento. Solo una casta política que piensa en los votos y sus fortunas off shore forjadas sobre el dolor y la sangre de los más vulnerables aprobaría este mamarracho legislativo. Hubo en la historia del radicalismo hombres que se preocuparon realmente por las libertades públicas y el derecho. Sin embargo, Luis Petri será recordado por su oportunismo y su fascismo contra los más humildes. Petri, y todos los que la voten, la historia no los absolverá.» (latinta.com.ar)
Según un reciente informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena del Ministerio de Justicia de la Nación, el 50% de los detenidos en cárceles del país NO tiene condena firme.
Oscar Castelnovo, coordinador de la Agencia para la Libertad (APL), aseguró que de aprobarse esta ley se generará una rebelión en todas las cárceles del país.
A principios de diciembre de 2016 la Cámara de Diputados dio media sanción a la reforma de la Ley de Ejecución Penal 24.660, impulsada por la UCR y el PRO. Su tratamiento en el senado se pospuso para marzo de 2017, debido a una serie de protestas de organismos de derechos humanos y otras instituciones que pospusieron su sanción, como así también una huelga de hambre que se extendió en diciembre de 2016 en varios penales.
Los internos la llaman “Ley Sepultura” y denuncian que es “regresiva” e inconstitucional, y violenta el principal objetivo de esta ley que es la reinserción social.
De aprobarse, las principales consecuencias serían:
1. Será casi imposible obtener salidas transitorias y libertad condicional.
2. Se termina con el régimen de progresividad, no importa si hacen las cosas bien o mal, no importa si se esfuerzan y trabajan o estudian.
3. Más aún, se termina con el principio de resocialización de los detenidos, complicando su derecho a estudiar y trabajar.
4. Se termina con el principio constitucional de inocencia: las personas serán culpables hasta que demuestren su inocencia.
5. Se podrá condenar dos veces a una persona por el mismo delito.
6. Las personas pasarán a ser culpables por ser peligrosos, antes de cometer un delito.
7. Los acusados no podrán presentar peritos para su defensa en los juicios.
8. El Servicio Penitenciario asume las funciones del juez y decide el otorgamiento o no de la libertad condicional. Su opinión vale más que la de los magistrados.
«Las cárceles argentinas, verdaderos campos de concentración siglo XXI, por los asesinatos, torturas, enfermedades, superpoblación y verdugueo a los familiares que en ellos se perpetran, multiplicarán la devastación humana si se aprueba este engendro que impulsa el gobierno de los monopolios de Macri y sus aliados. El proyecto es del radical Luis Petri quien fue cuestionado hasta por militantes de la Unión Cívica Radical por su iniciativa fascista que busca el marketing y nada tiene que ver con la “seguridad”. Por el contrario, tal como pasó con las leyes del ex ingeniero Juan Carlos Blumberg, en 2004, solo aumentaron el escarnio, los crímenes de estado y también los delitos. La distribución equitativa de los bienes materiales y culturales es el principal mecanismo para bajar el delito. Las penas alternativas al encierro son beneficiosas para la sociedad toda. Que la Universidad vaya a la cárcel y que los detenidos concurran a los centros de estudios dio resultados positivos en nuestro país. Por caso, quienes están en el espacio Centro Universitario Devoto (CUD) solo tienen un 7 por ciento de reincidencia. Y quienes no acceden a esa educación superan el 50 por ciento. Solo una casta política que piensa en los votos y sus fortunas off shore forjadas sobre el dolor y la sangre de los más vulnerables aprobaría este mamarracho legislativo. Hubo en la historia del radicalismo hombres que se preocuparon realmente por las libertades públicas y el derecho. Sin embargo, Luis Petri será recordado por su oportunismo y su fascismo contra los más humildes. Petri, y todos los que la voten, la historia no los absolverá.» (latinta.com.ar)
Según un reciente informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena del Ministerio de Justicia de la Nación, el 50% de los detenidos en cárceles del país NO tiene condena firme.
Oscar Castelnovo, coordinador de la Agencia para la Libertad (APL), aseguró que de aprobarse esta ley se generará una rebelión en todas las cárceles del país.