El camarista que habilitó el aumento a los bancarios:...

Uno de los camaristas que ordenó cumplir el aumento a los bancarios, Enrique Arias Gibert, rechazó el pedido de juicio político que el Ministerio de Trabajo presentó ante el Consejo de la Magistratura. “Es sorprendente. Es como si procesaran a un diputado por hablar en el recinto”, se quejó el magistrado. El último día de enero, la sala de feria de la Cámara Laboral, integrada por Arias Gibert y Graciela Marino, dictó una cautelar que ordenó el cumplimiento del acuerdo que habían cerrado los bancarios con las cámaras del sector. El aumento convenido, del 24, 12%, era superior al techo del 18% anhelado por el Gobierno para las negociaciones salariales. En 2012, cuando fue impugnada su elección al frente de la CGT, Hugo Moyano recusó a los miembros de la Sala V de la Cámara Laboral que intervenían en la causa. Entre ellos estaba Arias Gibert, quien según la presentación del moyanismo "hasta el 21 de marzo" ejerció "como director académico de la carrera de Derecho de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo", que orienta Hebe de Bonafini. “Lo que no se puede admitir es la lectura malintencionada. Yo tengo que aplicar el derecho. Yo soy juez desde 1989, un poco tarde para darse cuenta de mi falta de idoneidad", rechazó Arias Gibert.Ante la posibilidad de que el Consejo de la Magistratura abra un expediente en su contra por la presentación del Ministerio de Trabajo, Arias Gibert rechazó los argumentos. El camarista también defendió a su colega Marino. "La doctora Marino tuvo premio a la excelencia. No tengo forma de saber por qué lo hacen. Ni siquiera integré Justicia Legítima”, apuntó. Según argumentó “hay una denuncia que plantea la Asociación Bancaria que tenían acuerdo paritario. Dicen que se estaba impidiendo continuar con las negociaciones. No dimos ni un aval ni un no aval. Dijimos que el Ministro de Trabajo puede intervenir, pero no en un derecho que no es ni del Poder Judicial ni el Ejecutivo”, explicó el magistrado. “El Estado no se puede meter si no hay una regla de derecho que lo habilite. Se hizo lugar cautelarmente. Si la Asociación Bancaria no iniciaba la demanda, en 10 días iba a caducar. Decimos que el Presidente de la Nación no puede intervenir porque lo dice la Constitución”, comentó en una entrevista con Radio Provincia.