Desmontar el neoliberalismo requiere modificar de raíz la interrelación Gobierno-Estado-Pueblo
Las contradicciones, crisis, amenazas y situaciones crecientes de reversibilidad de los procesos democráticos populares en Latinoamérica colocan nuevamente en el centro de las reflexiones una interrogante histórica: ¿Es posible transformar-superar la sociedad capitalista desde adentro, o es necesaria una ruptura drástica mediante la toma del poder?
La pregunta ‑como las respuestas-, condensa un largo debate presente en el pensamiento y la acción socio-transformadoras desde antes de los tiempos de Marx hasta la actualidad. Pero cualquiera sea el posicionamiento político, las respuestas no pueden obviar reconceptualizar lo que significa hoy “capitalismo”, “socialismo”, “revolución social”, “toma del poder”, “¿cuál poder?”, construcción de poder “desde abajo”, “democracia”, “hegemonía”, “lucha de clases”, entre otros.
En dependencia de las respuestas, el mundo político de la izquierda del siglo XX se dividía –grosso modo‑, entre reformistas (cambios graduales) y revolucionarios (toma del poder). Eran centralmente diferencias político-ideológicas que, invisibilizadas tras una supuesta “cuestión de métodos”, planteaban –en síntesis‑ dos concepciones estratégicas:
-Hacer reformas para mejorar el capitalismo (“desarrollarlo”, para lograr que maduren las premisas señaladas por Marx)[1], y luego “pasar” al socialismo (reformistas).
-Hacer la revolución con un acto de ruptura ‑toma del poder‑, para luego implementar los cambios propios de la transición al socialismo dirigiendo la administración del Estado (leninismo: estatización como medio de control total del metabolismo social).
Ambas concepciones coincidían en un punto: tanto las reformas sociales como la revolución se producirían desde la superestructura político-institucional (arriba).
Marcando un punto de inflexión respecto de tal posicionamiento político-cultural, los sujetos populares que protagonizaron y protagonizan las resistencias y luchas sociales enfrentando los embates neoliberales a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, fueron construyendo otras respuestas a las anteriores interrogantes acerca de la transformación del poder del capital y del cambio social, incorporaron también otras preguntas y, de conjunto, germinaron una concepción integral del poder, recuperando en gran medida la mirada marxiano-gramsciana: social, económica, política y cultural.
La vieja disyuntiva reforma o revolución ‑aunque está presente transversalmente en todas las propuestas y acciones políticas de los procesos populares en el continente‑, hoy resulta insuficiente para analizarlos y aportar a los temas puestos en debate: Sujetos, poder, independencia, desarrollo, conducción política…
Resignificando el concepto marxiano de revolución social, los movimientos sociales develan otras dimensiones, aristas e intersecciones de los procesos de transformación de la sociedad capitalista encaminados a su superación civilizatoria: en vez de apostar a la desgastada y derrotada concepción de una revolución superestructural, partidista y jerárquica (desde “arriba”, propia del siglo XX), apuestan a la creación y construcción del poder popular, participativo, comunitario, a partir de su protagonismo, reconociéndose sujetos sociopolíticos del campo popular.
Así, desde sus prácticas concretas, en procesos como los de Bolivia y Venezuela ha venido germinando un nuevo poder popular desde “abajo”, comunitario y comunal que, en tanto tal, es –a la vez‑ un proceso de empoderamiento (conciencia, organización, gestión…) de sus protagonistas. Lo mismo ocurre también en las luchas y construcciones de movimientos sociales en Brasil, en Uruguay, en México, en El Salvador…
La perspectiva revolucionaria de los procesos políticos populares en curso y está íntimamente ligada a la acción de los pueblos y a la posibilidad de reflexionar críticamente acerca de sus experiencias, recuperando sus luchas y empeños en crear y construir poder popular. Se trata de un poder diferente a todo lo existente-heredado, que es a la vez: destituyente del viejo Estado (Gramsci), y constituyente e instituyente de un nuevo Estado en marcha hacia una nueva civilización. En caso contrario, por mucho que se pregone la revolución, esta quedará aprisionada y anulada por las tenazas de la legalidad e institucionalidad del poder constituido‑heredado, por sus normas (el saber hacer) y por hábitos (el dejar hacer…).
Reformas hay y habrá en cualquier posicionamiento estratégico, pero ¿cómo se definen?: ¿mediante la participación protagónica de los pueblos o dictadas “desde arriba” y anunciadas luego como logros de “benefactores revolucionarios” (dádivas asistencialistas)? Al ganar las elecciones y llegar al gobierno de un país, las fuerzas progresistas o de izquierda se hallan ante la tarea de recuperar el Estado, sacarlo de la esfera neoliberal; la interrogante es: ¿Se busca que el Estado esté “al servicio del pueblo” o convertirlo en una herramienta del pueblo para transformar la sociedad y transformarse a sí mismo en ese proceso, en sujeto protagonista de su historia?
La respuesta a esta interrogante es medular. Define las tareas, los actores sociopolíticos y los horizontes en disputa de los gobiernos populares, las posibilidades de profundización de sus tendencias revolucionarias, o su anulación reformista socialdemócrata que ‑atenuada tras una retórica de cambios‑, hace que gobernantes y funcionarios públicos se limiten a cumplir las normas propias de la gobernabilidad establecida por el poder hegemónico del capital, allanando el camino hacia la restauración.
En virtud de ello, lo que constituye el parteaguas real de la respuesta a la pregunta reforma o revolución es: Si las decisiones se toman “desde arriba” (superestructuralmente) por un grupo iluminado de “vanguardia” (élite), o si se toman colectivamente convocando a la participación e iniciativa populares, informando, formando y promoviendo la autoorganización y el empoderamiento de los pueblos, estimulando procesos formativos-educativos, potenciando su voluntad de crear, construir y constituir(se) en un nuevo poder, el poder comunal, comunitario, popular, construido “desde abajo”.
En los procesos de cambio social abiertos por los gobiernos populares, progresistas o revolucionarios esta cualidad ha estado presente, pero no siempre con la centralidad política que estos requieren para ser irreversibles. Este desplazamiento o secundarización del eje político del protagonismo popular se tornó debilidad político-social y se expresó, por ejemplo, en el revés que obtuvo la propuesta popular-gubernamental en las elecciones, en Argentina; en la movida reaccionaria contra Dilma, en Brasil; en los resultados del referendo, en Bolivia; en la desestabilización desatada virulentamente en Venezuela ‑para solo nombrar algunos ejemplos.
Voceros del poder rápidamente trataron de calificar y clasificar tales acontecimientos como propios de un “fin de ciclo” progresista en el continente; afirmando con ello la idea de que no es posible construir procesos políticos populares irreversibles, ni hacer sostenibles sus proyectos de justicia social, equidad, derechos para todos y poner fin a la exclusión: fin del hambre, del analfabetismo, de las enfermedades curables…
Simultáneamente, los voceros del poder histórico de las oligarquías introdujeron el concepto de “alternancia” como una cualidad sine qua non de las democracias. Es decir, si no hay cambio de gobierno, no hay democracia. Enfilaron directamente sus cañoneras para revertir las conquistas y logros obtenidos con los gobiernos populares, siendo, un objetivo central, para ello, poner fin a tales gobiernos: impulsando proyectos desestabilizadores, guerra económica, política, cultural y mediática; destruyendo a los principales referentes políticos, por vías de su desacreditación, esgrimiendo impedimentos jurídicos a reelecciones, o –combinadamente‑, levantando acusaciones de delitos que viabilicen la realización de golpes “suaves”, “parlamentarios” o “constitucionales”, sin descartar la eliminación física –si fuera necesario‑, de quienes consideran ‑no su adversario, como dicen, sino‑ su enemigo.
Es vital entonces, hacer una alto en el camino, aprender de lo realizado y compartir –en apretada síntesis‑, algunas reflexiones a modo de enseñanzas de este tiempo de atrevimiento colectivo de los pueblos, capaces de desafiar al poder hegemónico del capital para crear y construir sus destinos.
Me referiré aquí a un grupo de pasos diferenciados de este proceso, pero ello solo responde a los rigores de la exposición analítica, pues en la vida social no existen pasos lineales secuencialmente organizados. La conquista de un paso posibilita otro a la vez que lo define, condiciona y habilita, y viceversa… interdefiniéndose todos en la movediza realidad social, en tanto todo proceso creativo de lo nuevo es parte de otros de adecuación-transformación de lo existente. Una suerte de “todo mezclado” contradictorio con el que hay que aprender a convivir, construyendo en cada momento la dirección política colectiva en sintonía con las dinámicas de los procesos sociales y la direccionalidad del horizonte civilizatorio buscado.
De la “recuperación” del Estado a las democracias populares
Entre tantas situaciones, problemáticas y propuestas a procesar en tiempos de la arremetida revanchista restauradora, se abren paso aquellos planteamientos y prácticas políticas que centran las fortalezas de los procesos de cambios y su irreversibilidad, es decir, la continuidad de gobiernos populares revolucionarios, en la participación popular: en el gobierno, el Estado, la economía y las dimensiones político-culturales de los procesos.
Es la participación de los pueblos la que impulsa procesos de creación colectiva de lo nuevo y, a la vez, sienta las bases para la superación de lo establecido (Estado neoliberal, democracia burguesa). Sobre esa base, se van abriendo compuertas institucionales político-sociales que van transformando la característica posneoliberal inicial de los gobiernos populares hacia gobiernos de democracias populares (revolucionarias). Vale desgranar –a continuación‑, aspectos claves de esas tareas, sus tiempos político-sociales y sus actores.
►Desmontar el modelo neoliberal y recuperar el Estado como agente de acción social
Marcados por la necesidad de superar la herencia neoliberal, una tarea común –e ineludible‑ de los gobiernos populares, progresistas o revolucionarios ha sido, inicialmente, la de desmontar el andamiaje neoliberal, y buscar vías para recuperar-recomponer el Estado en virtud de ponerlo en función de políticas públicas que se hagan cargo de los derechos sociales del pueblo, en toda la diversidad en que ellos existan o se presenten. En tal sentido, en el período posneoliberal, la tendencia predominante de estos gobiernos ha sido: reconstruir al Estado como actor sociopolítico central, administrado por la fuerza política gobernante y sus funcionarios de cabecera. Esto puede reconocerse como un punto de partida ineludible, pero ¿es suficiente?, ¿es el horizonte del cambio?
En tanto el Estado-nación es ‑en el sentido gramnsciano del concepto‑, un sistema social integral, la recuperación de la centralidad del Estado como agente impulsor de políticas públicas populares se anudó con una suerte de neodesarrollismo keynesiano “de izquierda” que concentró el eje de los cambios sociales en el accionar económico–social del Estado y el gobierno. De ahí que, en ese tiempo, en la mayoría de estos procesos, la apuesta productiva predominante no estuviera encaminada a estimular la creación y desarrollo de alternativas económicas superadoras del modelo propuesto por el orden global del capital, que conminó a nuestras economías a ser proveedoras de materias primas, apostando por diversas modalidades de extractivismo y rentismo.
Cabe pensar que, tal vez, el tareísmo contingente que emergió de las coyunturas de crisis del neoliberalismo, nubló la visión de la importancia de impulsar –simultáneamente con la búsqueda de soluciones a problemas urgentes‑, procesos de creación y construcción de caminos de transformación productiva que sentaran bases para un nuevo modo de producción y reproducción en el continente, sustrato de un horizonte común sostenible de integración, diferente al del capital.
Esto quedó –de hecho‑ fuera de agenda. Y también el protagonismo popular (de movimientos indígenas, movimientos sociales, de mujeres…). Ambos factores pasaron a una dimensión secundaria, consideradas de “poco peso” ante las cuestiones urgentes “de Estado”. En algunos casos se trató de buscar el apoyo político de los movimientos populares otorgando a algunos de sus referentes determinados cargos públicos en aras de sumarlos a las tareas del momento, pero ‑en lo fundamental‑ el protagonismo popular fue desplazado y suplantarlo por el funcionariado, considerando –de hecho‑, que si el Estado es administrado por militantes revolucionarios, es –automáticamente‑ revolucionario.
Las contradicciones, crisis, amenazas y situaciones crecientes de reversibilidad de los procesos democráticos populares en Latinoamérica colocan nuevamente en el centro de las reflexiones una interrogante histórica: ¿Es posible transformar-superar la sociedad capitalista desde adentro, o es necesaria una ruptura drástica mediante la toma del poder?
La pregunta ‑como las respuestas-, condensa un largo debate presente en el pensamiento y la acción socio-transformadoras desde antes de los tiempos de Marx hasta la actualidad. Pero cualquiera sea el posicionamiento político, las respuestas no pueden obviar reconceptualizar lo que significa hoy “capitalismo”, “socialismo”, “revolución social”, “toma del poder”, “¿cuál poder?”, construcción de poder “desde abajo”, “democracia”, “hegemonía”, “lucha de clases”, entre otros.
En dependencia de las respuestas, el mundo político de la izquierda del siglo XX se dividía –grosso modo‑, entre reformistas (cambios graduales) y revolucionarios (toma del poder). Eran centralmente diferencias político-ideológicas que, invisibilizadas tras una supuesta “cuestión de métodos”, planteaban –en síntesis‑ dos concepciones estratégicas:
-Hacer reformas para mejorar el capitalismo (“desarrollarlo”, para lograr que maduren las premisas señaladas por Marx)[1], y luego “pasar” al socialismo (reformistas).
-Hacer la revolución con un acto de ruptura ‑toma del poder‑, para luego implementar los cambios propios de la transición al socialismo dirigiendo la administración del Estado (leninismo: estatización como medio de control total del metabolismo social).
Ambas concepciones coincidían en un punto: tanto las reformas sociales como la revolución se producirían desde la superestructura político-institucional (arriba).
Marcando un punto de inflexión respecto de tal posicionamiento político-cultural, los sujetos populares que protagonizaron y protagonizan las resistencias y luchas sociales enfrentando los embates neoliberales a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, fueron construyendo otras respuestas a las anteriores interrogantes acerca de la transformación del poder del capital y del cambio social, incorporaron también otras preguntas y, de conjunto, germinaron una concepción integral del poder, recuperando en gran medida la mirada marxiano-gramsciana: social, económica, política y cultural.
La vieja disyuntiva reforma o revolución ‑aunque está presente transversalmente en todas las propuestas y acciones políticas de los procesos populares en el continente‑, hoy resulta insuficiente para analizarlos y aportar a los temas puestos en debate: Sujetos, poder, independencia, desarrollo, conducción política…
Resignificando el concepto marxiano de revolución social, los movimientos sociales develan otras dimensiones, aristas e intersecciones de los procesos de transformación de la sociedad capitalista encaminados a su superación civilizatoria: en vez de apostar a la desgastada y derrotada concepción de una revolución superestructural, partidista y jerárquica (desde “arriba”, propia del siglo XX), apuestan a la creación y construcción del poder popular, participativo, comunitario, a partir de su protagonismo, reconociéndose sujetos sociopolíticos del campo popular.
Así, desde sus prácticas concretas, en procesos como los de Bolivia y Venezuela ha venido germinando un nuevo poder popular desde “abajo”, comunitario y comunal que, en tanto tal, es –a la vez‑ un proceso de empoderamiento (conciencia, organización, gestión…) de sus protagonistas. Lo mismo ocurre también en las luchas y construcciones de movimientos sociales en Brasil, en Uruguay, en México, en El Salvador…
La perspectiva revolucionaria de los procesos políticos populares en curso y está íntimamente ligada a la acción de los pueblos y a la posibilidad de reflexionar críticamente acerca de sus experiencias, recuperando sus luchas y empeños en crear y construir poder popular. Se trata de un poder diferente a todo lo existente-heredado, que es a la vez: destituyente del viejo Estado (Gramsci), y constituyente e instituyente de un nuevo Estado en marcha hacia una nueva civilización. En caso contrario, por mucho que se pregone la revolución, esta quedará aprisionada y anulada por las tenazas de la legalidad e institucionalidad del poder constituido‑heredado, por sus normas (el saber hacer) y por hábitos (el dejar hacer…).
Reformas hay y habrá en cualquier posicionamiento estratégico, pero ¿cómo se definen?: ¿mediante la participación protagónica de los pueblos o dictadas “desde arriba” y anunciadas luego como logros de “benefactores revolucionarios” (dádivas asistencialistas)? Al ganar las elecciones y llegar al gobierno de un país, las fuerzas progresistas o de izquierda se hallan ante la tarea de recuperar el Estado, sacarlo de la esfera neoliberal; la interrogante es: ¿Se busca que el Estado esté “al servicio del pueblo” o convertirlo en una herramienta del pueblo para transformar la sociedad y transformarse a sí mismo en ese proceso, en sujeto protagonista de su historia?
La respuesta a esta interrogante es medular. Define las tareas, los actores sociopolíticos y los horizontes en disputa de los gobiernos populares, las posibilidades de profundización de sus tendencias revolucionarias, o su anulación reformista socialdemócrata que ‑atenuada tras una retórica de cambios‑, hace que gobernantes y funcionarios públicos se limiten a cumplir las normas propias de la gobernabilidad establecida por el poder hegemónico del capital, allanando el camino hacia la restauración.
En virtud de ello, lo que constituye el parteaguas real de la respuesta a la pregunta reforma o revolución es: Si las decisiones se toman “desde arriba” (superestructuralmente) por un grupo iluminado de “vanguardia” (élite), o si se toman colectivamente convocando a la participación e iniciativa populares, informando, formando y promoviendo la autoorganización y el empoderamiento de los pueblos, estimulando procesos formativos-educativos, potenciando su voluntad de crear, construir y constituir(se) en un nuevo poder, el poder comunal, comunitario, popular, construido “desde abajo”.
En los procesos de cambio social abiertos por los gobiernos populares, progresistas o revolucionarios esta cualidad ha estado presente, pero no siempre con la centralidad política que estos requieren para ser irreversibles. Este desplazamiento o secundarización del eje político del protagonismo popular se tornó debilidad político-social y se expresó, por ejemplo, en el revés que obtuvo la propuesta popular-gubernamental en las elecciones, en Argentina; en la movida reaccionaria contra Dilma, en Brasil; en los resultados del referendo, en Bolivia; en la desestabilización desatada virulentamente en Venezuela ‑para solo nombrar algunos ejemplos.
Voceros del poder rápidamente trataron de calificar y clasificar tales acontecimientos como propios de un “fin de ciclo” progresista en el continente; afirmando con ello la idea de que no es posible construir procesos políticos populares irreversibles, ni hacer sostenibles sus proyectos de justicia social, equidad, derechos para todos y poner fin a la exclusión: fin del hambre, del analfabetismo, de las enfermedades curables…
Simultáneamente, los voceros del poder histórico de las oligarquías introdujeron el concepto de “alternancia” como una cualidad sine qua non de las democracias. Es decir, si no hay cambio de gobierno, no hay democracia. Enfilaron directamente sus cañoneras para revertir las conquistas y logros obtenidos con los gobiernos populares, siendo, un objetivo central, para ello, poner fin a tales gobiernos: impulsando proyectos desestabilizadores, guerra económica, política, cultural y mediática; destruyendo a los principales referentes políticos, por vías de su desacreditación, esgrimiendo impedimentos jurídicos a reelecciones, o –combinadamente‑, levantando acusaciones de delitos que viabilicen la realización de golpes “suaves”, “parlamentarios” o “constitucionales”, sin descartar la eliminación física –si fuera necesario‑, de quienes consideran ‑no su adversario, como dicen, sino‑ su enemigo.
Es vital entonces, hacer una alto en el camino, aprender de lo realizado y compartir –en apretada síntesis‑, algunas reflexiones a modo de enseñanzas de este tiempo de atrevimiento colectivo de los pueblos, capaces de desafiar al poder hegemónico del capital para crear y construir sus destinos.
Me referiré aquí a un grupo de pasos diferenciados de este proceso, pero ello solo responde a los rigores de la exposición analítica, pues en la vida social no existen pasos lineales secuencialmente organizados. La conquista de un paso posibilita otro a la vez que lo define, condiciona y habilita, y viceversa… interdefiniéndose todos en la movediza realidad social, en tanto todo proceso creativo de lo nuevo es parte de otros de adecuación-transformación de lo existente. Una suerte de “todo mezclado” contradictorio con el que hay que aprender a convivir, construyendo en cada momento la dirección política colectiva en sintonía con las dinámicas de los procesos sociales y la direccionalidad del horizonte civilizatorio buscado.
De la “recuperación” del Estado a las democracias populares
Entre tantas situaciones, problemáticas y propuestas a procesar en tiempos de la arremetida revanchista restauradora, se abren paso aquellos planteamientos y prácticas políticas que centran las fortalezas de los procesos de cambios y su irreversibilidad, es decir, la continuidad de gobiernos populares revolucionarios, en la participación popular: en el gobierno, el Estado, la economía y las dimensiones político-culturales de los procesos.
Es la participación de los pueblos la que impulsa procesos de creación colectiva de lo nuevo y, a la vez, sienta las bases para la superación de lo establecido (Estado neoliberal, democracia burguesa). Sobre esa base, se van abriendo compuertas institucionales político-sociales que van transformando la característica posneoliberal inicial de los gobiernos populares hacia gobiernos de democracias populares (revolucionarias). Vale desgranar –a continuación‑, aspectos claves de esas tareas, sus tiempos político-sociales y sus actores.
►Desmontar el modelo neoliberal y recuperar el Estado como agente de acción social
Marcados por la necesidad de superar la herencia neoliberal, una tarea común –e ineludible‑ de los gobiernos populares, progresistas o revolucionarios ha sido, inicialmente, la de desmontar el andamiaje neoliberal, y buscar vías para recuperar-recomponer el Estado en virtud de ponerlo en función de políticas públicas que se hagan cargo de los derechos sociales del pueblo, en toda la diversidad en que ellos existan o se presenten. En tal sentido, en el período posneoliberal, la tendencia predominante de estos gobiernos ha sido: reconstruir al Estado como actor sociopolítico central, administrado por la fuerza política gobernante y sus funcionarios de cabecera. Esto puede reconocerse como un punto de partida ineludible, pero ¿es suficiente?, ¿es el horizonte del cambio?
En tanto el Estado-nación es ‑en el sentido gramnsciano del concepto‑, un sistema social integral, la recuperación de la centralidad del Estado como agente impulsor de políticas públicas populares se anudó con una suerte de neodesarrollismo keynesiano “de izquierda” que concentró el eje de los cambios sociales en el accionar económico–social del Estado y el gobierno. De ahí que, en ese tiempo, en la mayoría de estos procesos, la apuesta productiva predominante no estuviera encaminada a estimular la creación y desarrollo de alternativas económicas superadoras del modelo propuesto por el orden global del capital, que conminó a nuestras economías a ser proveedoras de materias primas, apostando por diversas modalidades de extractivismo y rentismo.
Cabe pensar que, tal vez, el tareísmo contingente que emergió de las coyunturas de crisis del neoliberalismo, nubló la visión de la importancia de impulsar –simultáneamente con la búsqueda de soluciones a problemas urgentes‑, procesos de creación y construcción de caminos de transformación productiva que sentaran bases para un nuevo modo de producción y reproducción en el continente, sustrato de un horizonte común sostenible de integración, diferente al del capital.
Esto quedó –de hecho‑ fuera de agenda. Y también el protagonismo popular (de movimientos indígenas, movimientos sociales, de mujeres…). Ambos factores pasaron a una dimensión secundaria, consideradas de “poco peso” ante las cuestiones urgentes “de Estado”. En algunos casos se trató de buscar el apoyo político de los movimientos populares otorgando a algunos de sus referentes determinados cargos públicos en aras de sumarlos a las tareas del momento, pero ‑en lo fundamental‑ el protagonismo popular fue desplazado y suplantarlo por el funcionariado, considerando –de hecho‑, que si el Estado es administrado por militantes revolucionarios, es –automáticamente‑ revolucionario.