Facilitan la residencia a inmigrantes de
Senegal
y R. Dominicana
La Dirección Nacional de Migraciones simplificó los trámites de acceso a la residencia y a la documentación para extranjeros provenientes de Senegal y República Dominicana que residan en Argentina y hayan demostrado "su voluntad de arraigo en el país".
Así lo decidió el organismo en sendas resoluciones firmadas por el director nacional de Migraciones, Martín Arias Duval, y el subdirector Guillermo Mazars, según informó Presidencia de la Nación.
La medida se justifica por el "importante número de personas" de nacionalidad senegalesa y dominicana "que se encuentran actualmente residiendo en el Territorio Nacional" y que "han demostrado su voluntad de arraigo, desarrollando actividades en los ámbitos económicos y sociales de los que forman parte".
Las disposiciones 1 y 2 de 2013 de Migraciones ordenan suspender "las medidas de conminación a hacer abandono del país" establecidas en la ley 25.871, "ordenadas respecto de los extranjeros que soliciten su regularización en los términos del presente régimen, se encuentren o no notificadas y/o firmes".
La norma afecta a quienes residan en nuestro país desde antes del 1 de agosto de 2012 "y acrediten medios de vida lícitos y útiles", y el permiso de residencia durará un año desde el momento de emisión. Para obtenerlo, los interesados deberán presentar pasaporte de la nacionalidad de origen, certificado de ingreso legal a la Argentina y certificado de antecedentes penales. Una vez iniciado el trámite, se invitará a los inmigrantes a inscribirse en la categoría de la AFIP correspondiente a su actividad.
En ambos casos, muchos senegaleses y dominicanos "no cuentan con la totalidad de la documentación exigible para obtener su legal residencia en la República Argentina" lo cual "genera dificultades para su inserción en el mercado laboral formal, impidiendo el goce de sus derechos laborales y de seguridad social, como el cumplimiento efectivo de sus deberes y obligaciones".
"Dicha situación –advierte la resolución- puede llegar a ser utilizada por personas u organizaciones con la finalidad de evadir obligaciones impositivas y previsionales como dadores de empleo, dando lugar al abuso de la situación de mayor vulnerabilidad en la que se encuentran".
La Dirección Nacional de Migraciones simplificó los trámites de acceso a la residencia y a la documentación para extranjeros provenientes de Senegal y República Dominicana que residan en Argentina y hayan demostrado "su voluntad de arraigo en el país".
Así lo decidió el organismo en sendas resoluciones firmadas por el director nacional de Migraciones, Martín Arias Duval, y el subdirector Guillermo Mazars, según informó Presidencia de la Nación.
La medida se justifica por el "importante número de personas" de nacionalidad senegalesa y dominicana "que se encuentran actualmente residiendo en el Territorio Nacional" y que "han demostrado su voluntad de arraigo, desarrollando actividades en los ámbitos económicos y sociales de los que forman parte".
Las disposiciones 1 y 2 de 2013 de Migraciones ordenan suspender "las medidas de conminación a hacer abandono del país" establecidas en la ley 25.871, "ordenadas respecto de los extranjeros que soliciten su regularización en los términos del presente régimen, se encuentren o no notificadas y/o firmes".
La norma afecta a quienes residan en nuestro país desde antes del 1 de agosto de 2012 "y acrediten medios de vida lícitos y útiles", y el permiso de residencia durará un año desde el momento de emisión. Para obtenerlo, los interesados deberán presentar pasaporte de la nacionalidad de origen, certificado de ingreso legal a la Argentina y certificado de antecedentes penales. Una vez iniciado el trámite, se invitará a los inmigrantes a inscribirse en la categoría de la AFIP correspondiente a su actividad.
En ambos casos, muchos senegaleses y dominicanos "no cuentan con la totalidad de la documentación exigible para obtener su legal residencia en la República Argentina" lo cual "genera dificultades para su inserción en el mercado laboral formal, impidiendo el goce de sus derechos laborales y de seguridad social, como el cumplimiento efectivo de sus deberes y obligaciones".
"Dicha situación –advierte la resolución- puede llegar a ser utilizada por personas u organizaciones con la finalidad de evadir obligaciones impositivas y previsionales como dadores de empleo, dando lugar al abuso de la situación de mayor vulnerabilidad en la que se encuentran".