Hace ahora 300 años, con la firma del tratado de Utrecht entre Gran Bretaña y España en 1713, la Corona española cedió a la Corona británica el territorio de Gibraltar, una pequeña península localizada en la angostura del estrecho de Gibraltar estratégicamente posicionada y con control de acceso al mar Mediterráneo, "con entero derecho y para siempre", según el documento. Y desde aquel mismo momento la recuperación de Gibraltar ha sido un objetivo permanente de la política exterior española. Con este propósito, durante el siglo XVIII, se utilizaron indistintamente instrumentos diplomáticos y bélicos. En dos ocasiones, España intento por la vía de las armas recuperar la plaza, sin ningún éxito.
No obstante, hay que tener en cuenta que en el artículo X del Tratado de Utrecht se especificaba que solo se cedían la ciudad y el castillo de Gibraltar junto con su puerto, defensas y fortalezas. Eso implica que España no cedió el istmo, las aguas territoriales o el espacio aéreo suprayacente. Además, en el documento figuraba que España tiene un derecho preferente para recuperar este territorio en el caso en que la Corona británica decida darlo, venderlo o enajenarlo de cualquier modo.
Desde 1963 Gibraltar está incluido en la lista de territorios sometidos a descolonización, dentro del ámbito de actuación del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Y en la Declaración de Lisboa de 1980 entre España y el Reino Unido ambos Gobiernos se comprometían a resolver el problema de Gibraltar en un espíritu de amistad y de acuerdo con las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas sobre la necesidad de descolonizar Gibraltar. La Declaración de Lisboa fue desarrollada posteriormente por la Declaración de Bruselas, de 1984, en la que España y el Reino Unido sentaron las bases de un nuevo proceso negociador, que quedó interrumpido por el Reino Unido y no ha sido retomado hasta la fecha.