México intervenido por corporaciones que controlan al gobierno de los Estados Unidos
Vladimir Lenin: "Para comprender cualquier acontecimiento político complejo, primero hay que buscar a quién le favorece"
En México llevan años señalando que la guerra contra el narcotráfico es una farsa. Pruebas existen de sobra, más sin embargo, el sistema mediático totalitario (de aquí y del mundo) todo lo oculta, legitima esta guerra y cada hecho que está empujando a los pueblos a su destrucción... ¿contra quién es esta guerra entonces?
A más de un sexenio de haber iniciado la militarización del país, los cárteles están todavía más fuertes, expandieron sus fronteras y sus beneficios. Así lo denunció Nancy Flores.
Oficialmente dicha guerra es financiada por Estados Unidos, que tiene tratados de "seguridad" con México (parte del TLCAN que Fox expandió con Bush)... Ahora bien, hay que preguntarse ¿"seguridad" de quién ó de qué?
El financiamiento se realiza entregando recursos (monetarios y armamentísticos) a "los buenos" y a "los malos".
Las preguntas anteriores pueden tener ya una respuesta, este artículo habla de eso...
Neo-protectorado y auto-defensas en México
Estados Unidos intenta deneter su declive como potencia económica. La guerra contra el narcotráfico le ha permitido tener pleno control de México.
Con el auto atentado a las Torres Gemelas en 2001, Estados Unidos inauguró una nueva etapa caracterizada por el despliegue de una ofensiva político-militar a escala global para enfrentar su crisis económica e intentar detener su declive como potencia hegemónica. México, como es obvio, no es ajeno a este proceso y, de hecho, juega un papel principal dentro del mismo. De unos diez años para acá, la potencia vecina emprendió la plena ocupación de México mediante un tipo de guerra irregular llamada "guerra contra el narco", que, como lo vemos ahora, le ha permitido alcanzar pleno control sobre nuestro territorio y nuestros recursos energéticos. De este modo, el agresivo imperio liquida la forma de estado surgida de la revolución mexicana, e inaugura una nueva forma de protectorado en la que México se convierte en un espacio geográfico de apoyo de EE.UU. El propósito es incorporar plenamente a nuestro país al área de seguridad del vecino del norte y convertirlo en una especie de zona de abastecimiento con fines militares, además de los propiamente empresariales y corporativos, para enfrentar los previsibles choques con otras potencias en los años venideros. Tales enfrentamientos entre potencias eventualmente tendrían lugar como producto de las diversas crisis sincronizadas que ya se están manifestando: financiera, económica, energética, alimentaria, climática, social, de representación política, y la propia crisis de hegemonía, entre otras.
El diseño de la "toma" de México dio inicio a principios de la década del 70 con las conclusiones de la Comisión Trilateral, y se ha venido imponiendo de manera implacable desde entonces en los ámbitos económico, político, militar y cultural de la vida pública. Su momento culminante es la reciente promulgación de la reforma energética, que virtualmente otorga control territorial total a la potencia estadounidense sobre nuestro país, sin necesidad de una invasión con fuerzas regulares. Además de la "guerra” contra el narcotráfico, en este proceso de ocupación paulatina ha jugado un papel preponderante, sin duda, la complicidad de los políticos locales, desde el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado hasta el de Enrique Peña Nieto. No es exagerado decir que, en la práctica, el territorio de México ya no pertenece a los mexicanos.
La estrategia para destruir el Estado-Nación
Se trata de una auténtica contra-revolución de proporciones históricas que nos regresa a una situación similar a la que padeció el país durante el porfiriato, a fines del siglo XIX. Una vez que el poder estadounidense colocó en la presidencia a personajes "educados" y "adiestrados" de acuerdo a sus intereses y a la idiosincrasia anglosajona, poco a poco tomaron el control de los elementos que dan sentido y sustento a la soberanía nacional: impusieron una estrategia económica para desmantelar nuestra planta productiva e implantar la suya, mediatizaron el sistema político-electoral para influir decisivamente en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, penetraron las fuerzas armadas para someterlas a la lógica y las necesidades de la seguridad nacional de Estados Unidos, militarizaron nuestra vida cotidiana utilizando la violencia de los carteles del crimen organizado y mediante el terror de los guardias y paramilitares al servicio de los grandes consorcios mineros, petroleros, eléctricos, agro-alimentarios, inmobiliarios, farmacéuticos y turísticos que operan en México, en su mayoría de capital extranjero.
El gigantesco despojo de México en 2013, encabezado por EE.UU., es comparable al de 1847, cuando le fue arrebatada a la nación la mitad de su espacio geográfico. Gracias a agregados de última hora al texto de la contra reforma energética, las corporaciones mineras, que mediante concesión gubernamental intervienen en más de 56 millones de hectáreas equivalentes al 28% del territorio nacional, podrán explotar ahora yacimientos de gas de esquisto o gas shale utilizando la devastadora tecnología de la fractura hidráulica, mejor conocida como fracking. Si a ello se agrega que las corporaciones petroleras, que ya dominan una buena parte del territorio mediante generosas adjudicaciones del gobierno mexicano, seguramente ampliarán su hegemonía a lo largo y ancho del país, entonces el espacio remanente, propiamente soberano, es ya francamente pequeño.
Los 'Z' son auspiciados por Estados Unidos, curiosamente "su territorio" coincide con el área rica en petróleo
Como ya ha venido sucediendo, estas corporaciones actúan como si fuesen dueñas (en los hechos lo son) de los territorios concesionados y adjudicados, a tal punto que regulan el acceso a “sus propiedades", y ello sin considerar los enormes territorios de México en los que sólo existe la ley del crimen organizado. En las imágenes se observa cómo la zona dominada por los llamados Zetas, el cártel más directamente auspiciado por el gobierno de Estados Unidos, coincide con la zona de mayor interés para el imperio, desde el punto de vista de los recursos energéticos presentes en la cuenca de Burgos, así como en la zona costera, la plataforma continental y las aguas profundas del golfo de México, y cómo la zona concesionada a las mineras "se complementa" con la zona asignada a las petroleras.
El proceso inciado en 1986, concluye con la reforma energética que pone fin al pacto social. Se instaurará un régimen autoritario y dictatorial.
De esto último existen pruebas, ya que los "remedos" del Estado se han concentrado en el ejecutivo y las srecretarías de Hacienda y de Gobernación. Al arribo de EPN se pronosticaba que se retomaría el rumbo de Salinas y se construiría un dictador.
La promulgación de la contra reforma energética marca el fin de una larga etapa de transición, iniciada en 1986-87, en la que un segmento muy importante de la sociedad mexicana intentó reformar y democratizar el régimen político post revolucionario, sin conseguirlo. Inaugurada durante el salinato y consolidada con el arribo al poder de una de las más reaccionarias y pragmáticas vertientes del llamado grupo Atlacomulco, esta etapa culmina con un acto de autoridad que representa un gigantesco retroceso que pone fin al pacto social y a la forma de estado surgidos del conflicto armado de 1910 y cristalizados durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas. La contra reforma implica, en consecuencia, una derrota política histórica para el llamado nacionalismo revolucionario, el ala izquierda —ideológica y práctica— de la revolución mexicana triunfante, hecha gobierno y, más tarde escindida, con Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador como las figuras principales del polo renovador.
Si la naturaleza y las formas de organización y articulación entre los elementos constitutivos del estado —territorio, población y poder— ya no serán las mismas, entonces ¿qué sigue? Un escenario probable, dado que la generación de consensos tenderá a trabarse debido a la ruptura del pacto constitucional, es que se acelere la instauración de un régimen político abiertamente autoritario y dictatorial, en el que no tendrá mucho sentido intentar participar en el montaje "democrático", en particular el electoral. Si acaso sólo a nivel municipal, si es que ello aún es posible y sólo cuando las comunidades así lo decidan. Por lo mismo, las izquierdas electorales no parecen tener mucho futuro si es que no modifican su estrategia y sus prácticas, para vincularse a los movimientos desde abajo y construir poder popular desde la base. Los movimientos de resistencia por la seguridad, la defensa del territorio y el control de los bienes comunes, previsiblemente seguirán multiplicándose en todo el país y tenderán a encontrar rutas de convergencia para plantearse así la conquista del poder político. Pero requerirán de mucha organización y la generación de un nuevo cuerpo de ideas que esté muy arraigado en la historia y la realidad actual de México, para poder diseñar una estrategia adecuada a las nuevas condiciones y un proyecto viable de país para cada una de sus regiones y localidades.
En México existe un gran ejército de ocupación que es utilizado para controlar los recursos estratégicos que, hasta hace poco, fueron propiedad de la nación.
En México existe lo que podría ser denominado como un enorme ejército de ocupación, que ha sido muy funcional a la estrategia estadounidense de control territorial, que llegó a su punto culminante, como ya se ha señalado, con la reciente entrega de los recursos energéticos a intereses imperiales y oligárquicos. En 2008, la Secretaría de la Defensa Nacional de México estimaba que en el país existen unas 500 mil personas vinculadas y/o pertenecientes a los distintos carteles del crimen organizado. Este ejército ha sido utilizado por una suma de intereses extranjeros y nativos para "ocupar" el territorio y así lograr el control directo y absoluto de los recursos estratégicos que hasta hace poco tiempo eran propiedad de la nación.
Las autodefensas surgen como reacción contra esta ola de violencia y esta militarización. Aunque existen varias y tienen diferentes objetivos. Ahora lo que quiere el gobierno es frenar de tajo aquéllas que se opongan a la depredación de recursos naturales (como algunas policías comunitarias de Guerrero).
Como respuesta a la situación de violencia, inseguridad e impunidad generada en México a partir del despliegue de la “guerra contra el narco” y de los nocivos impactos sociales, económicos y ambientales provocados por el capital extranjero y nativo, en amplias extensiones del territorio nacional comenzaron a proliferar las denominadas autodefensas, con larga tradición en México, al menos en el estado de Guerrero, contiguo a Michoacán y Oaxaca.
Las autodefensas son de naturaleza diversa según la región: no es lo mismo Apatzingán que Cherán en Michoacán, y tampoco es equivalente la montaña a la costa en Guerrero o a los caracoles zapatistas en Chiapas. En la entidad michoacana predominan las autodefensas integradas por agricultores, ganaderos, comerciantes, profesionistas, trabajadores y gente común. En Guerrero y Chiapas, están íntimamente vinculadas a los usos y costumbres de los pueblos originarios existentes. Quienes resisten y se defienden en Michoacán y otros lugares, no lo hacen por gusto sino por necesidad. Como ellos mismos afirman, optaron por morirse defendiéndose, y no amarrados de pies y manos para ser descuartizados o descabezados. Las autodefensas son una vía legítima y probablemente la única en este momento, mientras no exista un movimiento masivo a nivel nacional que dé cobertura a las comunidades locales que están siendo sometidas por la violencia, con la anuencia y la complicidad del Estado.
El ejecutivo federal, el ejército y el Departamento de Estado de Estados Unidos, pretenden frenar de tajo la posibilidad de que los incipientes movimientos autogestivos locales se propaguen y se legitimen como una vía eficaz para resistir la militarización que, vía “guerra contra el narco”, se ha implantado en vastas regiones del territorio nacional para garantizar la libre explotación de los recursos naturales y humanos de México.
El Estado mexicano ha emprendido, desde meses atrás, una ofensiva cuyo propósito de corto plazo es el desmantelamiento de los grupos de autodefensa y de las policías comunitarias de Guerrero y Michoacán, aunque en el mediano plazo el objetivo parece ser eliminar todo vestigio de autonomías locales en Chiapas y en el resto del país. La gran eficacia mostrada por el régimen para desarmar, encarcelar y asesinar a miembros destacados de las policías comunitarias, primero en Guerrero (a pesar de estar previstas en la Ley 701), y ahora también en Michoacán, no ha sido empleada cuando se trata del necesario sometimiento del crimen organizado.
Si bien hay evidencias de que el gobierno permitió la conformación y la operación de algunos de los grupos de autodefensa en Michoacán (y presumiblemente también en Guerrero), es también evidente que el fenómeno se le fue de las manos hasta convertirse en un verdadero movimiento que abarca toda la región de Tierra Caliente, el cual se agrupa en el Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán. La simpatía social hacia esta iniciativa creció rápidamente y rebasó cualquier pretensión de control o manipulación gubernamental, a tal punto que el ejecutivo tuvo que intervenir una vez más en la entidad, en enero de este año, mediante una nueva ofensiva político-militar que pretende “poner orden” en la entidad sobre la base de una figura irregular de poder, encabezada por un Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado, quien es del grupo político cercano al presidente de la república.
En su intento inicial por desarmar al movimiento de autodefensas, el gobierno propagó en los medios de comunicación el argumento de que es grave que las comunidades "se hagan justicia por propia mano", sin embargo nunca se ha preocupado de la misma forma por la incontenible violencia que azota a México y que ha ocasionado decenas de miles de muertos, heridos, desplazados, así como millones de víctimas del hostigamiento, el chantaje, la humillación y la permanente inseguridad atribuida a grupos del crimen organizado, las fuerzas armadas y las policías. Al contrario, al iniciar el nuevo operativo en Michoacán, los primeros “caídos” no fueron los cabecillas del cartel de los Caballeros Templarios, sino ciudadanos inocentes cuyo único “delito” fue el de simpatizar con los grupos de autodefensa. Esto no sólo es grave sino gravísimo e inadmisible.
En principio, la justicia por propia mano es inaceptable desde el punto de vista jurídico y ético, cuando tiene lugar en un estado legítimo y democrático, tal vez en Holanda o en Suecia. El problema es que estamos en México, que tiene más un perfil de protectorado que de nación, debido a que el grupo en el poder ha dejado la soberanía al lado del camino. Este es un país en el que las instituciones son puramente decorativas y no existe el estado de derecho. La sociedad padece los permanentes excesos de un narco-estado —o, si se quiere, de lo que se ha dado en llamar estado delincuencial—, en el que las instituciones parecen estar al servicio del crimen organizado y deberse a él, y donde el ejercicio cotidiano del poder político y su transmisión en los tres órdenes de gobierno están siendo crecientemente influenciados por intereses espurios, ajenos al interés colectivo.
En este escenario, si la gente decide defenderse de eso, es decir, de una estructura criminal que ha permeado las fuerzas armadas, las policías, el aparato de impartición de justicia y un amplio conjunto de instituciones públicas ¿qué le queda? ¿Atenerse al estado de derecho? ¿Cuál estado de derecho? A la sociedad parece no quedarle otra alternativa que construir un verdadero estado de derecho, de conformidad con el artículo 39 constitucional. Por tal virtud, es posible afirmar que las autodefensas y las policías comunitarias, más que hacerse justicia por propia mano, en estricto sentido hacen la justicia, construyen el nuevo estado democrático, en correspondencia con el concepto de Mahatma Gandhi: "Cuando una ley es injusta, lo mejor es desobedecer".
Se necesita un nuevo pacto social, una gran movilización. Mientras esto no suceda, la gente seguirá defendiéndose como pueda.
La tendencia a la autodefensa se fortalece y se extiende aceleradamente porque la gente la percibe como la única alternativa efectiva y legítima de sobrevivencia. El apoyo de amplios segmentos de la sociedad hacia este movimiento es innegable, no obstante las suspicacias que genera en algunos analistas y observadores políticos. A nuestro entender, lo que el país requiere es la constitución de un gran frente patriótico nacional, que tenga un programa muy bien definido que lleve a la refundación del régimen político, económico y social en México, por la vía de la masiva movilización social y la construcción de organización y poder popular a escala local. Sin embargo, en la medida en que no exista ese nivel de organización y de movilización, la gente seguirá defendiéndose como pueda, y lo que resuelvan las comunidades locales hacer para defenderse de la violencia promovida, tolerada y generada desde el estado, pues es una decisión autónoma de las comunidades.
Puede decirse que las autodefensas constituyen la simiente de la nueva forma de estado que está emergiendo. Existen y existirán a pesar de que el régimen en descomposición pretenda desmantelarlas y reprimirlas. Las autodefensas no son sólo grupos de personas que enfrentan en legítima defensa al crimen organizado, e incluso a la policía federal y al ejército, sino que potencialmente representan el germen de una nueva forma de auto-organización social, de re-nacimiento ético de las comunidades, de rescate del sistema de valores, son nuevas formas de cohesión social que perfilan la implantación de un nuevo sistema de justicia, así como la posibilidad de producir y trabajar en paz en beneficio de la propia comunidad.
En un país que, como México, está en proceso de desmembramiento y eventual balcanización, las autodefensas pueden llegar a ser un instrumento indispensable para la preservación de la soberanía, o de lo que queda de ella, y constituirse así en un recurso de las comunidades y la sociedad en su conjunto para resistir la implantación de un neo-protectorado estadounidense en este país. Si el gobierno opta por la imposición y la violencia frente a los grandes problemas que aquejan a los mexicanos, se abrirá sin duda una etapa de gran incertidumbre y complejidad, de la que es muy difícil prever su alcance y sus consecuencias.
Más pruebas...
Las mineras están detrás de la ola de violencia
Según la nota "Autodefensas y policías comunitarias, diferencias vistas desde los pueblos" que se encuentra en el sitio "América Latina en Movimiento". Las policías comunitarias existen desde hace 18 años, además de hacer justicia contra delincuentes, tambien defienden los recusos naturales.
Al profundizarse esta tremenda entrega del territorio a transnacionales mineras, el gobierno quizo aplicar la estrategia "divide y vencerás" para destruir ese obstáculo, así surgieron otros grupos de autodefensa con intereses similares ó completamente diferentes.
Mineras financian a caballeros templarios y grupos de autodefensa
Mineras que obtuvieron concesiones en la Calderonato financían a los caballeros templarios. Ante lo cuál la gente y grupos de autodefensa exigieron su cierre, las mineras pasaron ahora a financiar grupos de autodefensa.
