Quienes integramos Justicia Legítima manifestamos nuestra preocupación frente a la intensa campaña que, durante las últimas semanas, intenta evitar la remisión al ámbito parlamentario del Anteproyecto de Código Penal puesto a consideración del Poder Ejecutivo por la comisión que estuvo a cargo de su redacción (Decreto PEN 678/12).
Los reproches que se han alzado en contra de esta iniciativa legislativa, ponen en evidencia el profundo desconocimiento que existe sobre su contenido y significación jurídica integral. Entre los ejemplos más notables, cabe ubicar el interés por confundir la incidencia del Código Penal respecto de la definición de las políticas de seguridad y, con igual imprecisión, todas aquellas afirmaciones que derivan de la regulación de institutos propios de los códigos de procedimientos en materia penal vigentes en nuestro país, particularmente en lo que refiere al instituto de la prisión preventiva y la excarcelación.
Somos conscientes de que es posible disentir con muchas de las propuestas del proyecto. Es algo natural y previsible, más aún cuando se trata de dar coherencia y racionalidad a un conjunto de leyes penales que en la actualidad se encuentran desordenadas y resultan contradictorias entre sí.
No obstante, resulta claro que supera el error político y colisiona notablemente con la normativa constitucional el reclamo de algunos dirigentes políticos por plebiscitar esta propuesta normativa. En todo caso, detrás de todos estos impulsos, parece clara la negación al debate y, en definitiva, a cualquier propuesta de transformación y cambio.
El Anteproyecto que el Congreso debe tratar es el resultado de un trabajo serio y responsable, que sintetiza el saber jurídico penal de las últimas cuatro décadas y que es el producto de la labor de una comisión plural, de alto perfil técnico y político. Por esta razón, merece una discusión parlamentaria profunda, ajena al vaivén político partidario.
El Código Penal está llamado a regir la vida de los argentinos por muchos años, cualquiera sea el signo del partido de gobierno, y debe contribuir a dar calidad institucional al estado.
Desde Justicia Legítima invitamos a los referentes políticos, jurídicos y sociales a actuar con madurez y sensatez para hacer posible el tratamiento del Anteproyecto de Código Penal. Esta es una de las asignaturas pendientes para consolidar un marco normativo coherente, moderno y acorde con el texto constitucional y los tratados internacionales vigentes en nuestro país.
Los reproches que se han alzado en contra de esta iniciativa legislativa, ponen en evidencia el profundo desconocimiento que existe sobre su contenido y significación jurídica integral. Entre los ejemplos más notables, cabe ubicar el interés por confundir la incidencia del Código Penal respecto de la definición de las políticas de seguridad y, con igual imprecisión, todas aquellas afirmaciones que derivan de la regulación de institutos propios de los códigos de procedimientos en materia penal vigentes en nuestro país, particularmente en lo que refiere al instituto de la prisión preventiva y la excarcelación.
Somos conscientes de que es posible disentir con muchas de las propuestas del proyecto. Es algo natural y previsible, más aún cuando se trata de dar coherencia y racionalidad a un conjunto de leyes penales que en la actualidad se encuentran desordenadas y resultan contradictorias entre sí.
No obstante, resulta claro que supera el error político y colisiona notablemente con la normativa constitucional el reclamo de algunos dirigentes políticos por plebiscitar esta propuesta normativa. En todo caso, detrás de todos estos impulsos, parece clara la negación al debate y, en definitiva, a cualquier propuesta de transformación y cambio.
El Anteproyecto que el Congreso debe tratar es el resultado de un trabajo serio y responsable, que sintetiza el saber jurídico penal de las últimas cuatro décadas y que es el producto de la labor de una comisión plural, de alto perfil técnico y político. Por esta razón, merece una discusión parlamentaria profunda, ajena al vaivén político partidario.
El Código Penal está llamado a regir la vida de los argentinos por muchos años, cualquiera sea el signo del partido de gobierno, y debe contribuir a dar calidad institucional al estado.
Desde Justicia Legítima invitamos a los referentes políticos, jurídicos y sociales a actuar con madurez y sensatez para hacer posible el tratamiento del Anteproyecto de Código Penal. Esta es una de las asignaturas pendientes para consolidar un marco normativo coherente, moderno y acorde con el texto constitucional y los tratados internacionales vigentes en nuestro país.