Proceso de Reorganización Nacional Y Colapso total de la economia Argentina
El golpe de Estado había sido planeado desde octubre de 1975 y el Departamento de Estado de los Estados Unidos sabía de los preparativos dos meses antes de que ocurriera. Es posible que la conducción de Montoneros supiera de la proximidad del golpe incluso con mucho más detalles que la sospecha generalizada. Firmenich dijo sobre ello: "no hicimos nada por impedirlo porque, en suma, también el golpe formaba parte de la lucha interna en el movimiento Peronista"
El plan económico fue presentado el 2 de abril de 1976, y tenía como objetivo explicitado detener la inflación y estimular la inversión extranjera. Se inició una reducción arancelaria que llegó a su máximo nivel en 1978, con la finalidad expresada de incrementar la competitividad de la economía argentina y promover sus «ventajas naturales». El resultado fue un proceso de importaciones masivas y un efecto desastroso sobre la industria. Grandes empresas industriales cerraron sus plantas: General Motors, Peugeot, Citroen y Chrysler, Siam, Decca (Deutz-La Cantábrica), la planta de vehículos utilitarios de Fabricaciones Militares, Aceros Ohler, Tamet, Cura, Olivetti, y otras miles de empresas industriales medianas y pequeñas. Para 1980 la producción industrial había reducido un 10% su aporte al PBI, y en algunas ramas como la hasta entonces extendida industria textil, la caída superó el 15%
Apoyado en una política laboral que produjo una profunda reforma de las leyes laborales, la prohibición de la huelga, la intervención militar de los sindicatos, y la política represiva del Terrorismo de Estado, Martínez de Hoz decretó el congelamiento de salarios y contuvo el descontento general, ante una caída del nivel de vida de la población sin precedentes. El salario real, sobre una base 100 en 1970, había subido a 124 en 1975. En 1976, en un solo año, cae bruscamente a 79, el nivel más bajo desde los años '30 (OIT 1988).
Nunca más ha vuelto a recuperarse. Adicionalmente la pobreza, que desde los años '40 se ubicó siempre debajo del 10%, y que era del 5,8% en 1974, subió al 12,8% en 1980 y al 37,4% de pobreza en 1982 (INDEC, datos correspondientes al Gran Buenos Aires). El desempleo por su parte, se mantuvo relativamente estable, partiendo de un 3,8% en octubre de 1975 y dejando un 3,9% en octubre de 1983, con un pico del 6% en mayo de 1982 (durante la Guerra de Malvinas)
Con el objetivo de controlar la demanda de divisas y mantener una política de atraso cambiario, Martínez de Hoz implementó, a fines de 1978, un sistema de devaluación programada, apodado «la tablita». Junto con la Ley 21.526, de entidades financieras, promulgada en junio del año anterior, la tablita promovería la especulación financiera desmedida. La medida se tomó para intentar compensar las pérdidas ocasionadas a los ahorristas por la diferencia entre la tasa de interés pagada a los depósitos a plazo fijo y la inflación; para proteger a las entidades financieras, el Estado se hizo responsable del pago de los depósitos.
El coste de estas medidas, que ocasionaron el cierre de más de 25 entidades crediticias, cuyos pasivos debió asumir el Estado, fue enorme; también lo fue para los consumidores, que debieron hacer frente a un mercado de crédito liberalizado, cuyas tasas aumentaron parejamente a las pagadas por los depósitos. Los créditos hipotecarios alcanzaron una tasa de interés del 100% anual, que resultó impagables para numerosos deudores, y condujo a una gran parte de la población a perder la propiedad de sus viviendas.
El resultado combinado de las políticas económicas internas y la situación financiera internacional de abundantes capitales buscando plazas de inversión, impulsó un nivel de endeudamiento récord. La deuda externa, que fue producto, incluso, de la estatización de deuda externa privada, se elevó de 7.875 millones de dólares al finalizar 1975, a 45.087 millones de dólares al finalizar 1983.75 El proceso de endeudamiento constituyó esencialmente una operación delictiva ejecutada por empresas nacionales y extranjeras, militares y agentes económicos, según se comprobó en el importante fallo de 196 fojas dictado el 13 de julio de 2000 en el caso «Alejandro Olmos c/ Martínez de Hoz y otros s/ Defraudación»
La Guerra de Malvinas
A principios de los años 1980, el modelo económico neoliberal impuesto por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional dio claras muestras de agotamiento, lo que provocó numerosas tensiones sociales: 90% de inflación anual, recesión profunda, interrupción de buena parte de la actividad económica, generalización del IVA, empobrecimiento de las clases medias, brusco aumento del endeudamiento externo de las empresas y del Estado, salario real cada vez más depreciado, aumento de la pobreza, etc.
Después de los cambios de poder de la junta militar a finales de marzo de 1981, el General Leopoldo Galtieri reemplazó al General Roberto Viola (quien a su vez había sucedido a Jorge Rafael Videla), integrando la Junta con el Brigadier Basilio Lami Dozo y el Almirante Jorge Anaya. Éste último propuso la recuperación de las Malvinas mediante la acción militar como solución al largo conflicto por la soberanía.
La Junta aprobó el plan, entre otras varias razones, tanto por el efecto que podría tener para desviar la atención social de los problemas del momento, como por las posibilidades de recuperar el crédito perdido entre muy amplios sectores del país que serían sensibles ante una acción de interés patriótico como esa.
El periódico La Prensa especuló con que sería un plan a efectuarse paso a paso, comenzando con cortar el suministro a las islas, y que terminaría en acciones directas hacia fines de 1982, si las conversaciones en la ONU hubiesen sido infructuosas.
La decisión final fue tomada bajo las erróneas suposiciones de que el Reino Unido nunca respondería militarmente y de que los Estados Unidos de América se mantendrían prescindentes, respaldando en última instancia a un país americano.
El Gobierno argentino diseñó el plan denominado Operación Rosario para la recuperación militar de los tres archipiélagos en disputa con el Reino Unido y Chile, alterando el estatus quo por la vía de los hechos. La operación fue diseñada entre finales de 1981 y principios de 1982 por el Almirante Jorge Isaac Anaya, miembro de la Junta presidida por Galtieri.
Tras la conquista de las islas, algunas fuentes inciden en la posibilidad concreta de que la Argentina tuviese también por objetivo a medio plazo ocupar militarmente los archipiélagos al sur del Canal de Beagle en disputa con Chile para solucionar el Conflicto del Beagle. Éste se encontraba en esos momentos bajo una mediación del papa Juan Pablo II, por la cual ambos gobiernos se comprometieron a no hacer uso de la fuerza y a abstenerse de tomar medidas que turbasen la armonía entre las dos naciones.15 Esa posibilidad hizo que Chile apoyase en el conflicto a los británicos, a diferencia de los demás países de la región que simpatizaban con la causa argentina.
Políticamente, la derrota en el conflicto precipitó en la Argentina la caída de la Junta Militar del llamado Proceso de Reorganización Nacional que gobernaba el país. Posteriormente, en diciembre de 1983, se realizaron elecciones y se instaló un gobierno democrático.
Libertad y Un pais endeudado y empobresido
Desde fines de 1982, una vez abierto el proceso de transición a la democracia bajo la presidencia del general Reynaldo Bignone, Alfonsín se convirtió, primero en presidente de la Unión Cívica Radical al imponerse el Movimiento de Renovación y Cambio en las elecciones internas partidarias. Poco después fue nominado candidato a presidente de la Nación, cuando el otro precandidato radical, Fernando de la Rúa, declinó su candidatura ante el amplio apoyo que estaba recibiendo Alfonsín en todo el país. Como candidato a vicepresidente fue nominado Víctor H. Martínez. Alfonsín era uno de los dos principales candidatos presidenciales, mientras que el otro era el peronista Ítalo Lúder por el Partido Justicialista (PJ). Existía entonces un generalizado sentimiento de que el peronismo sería un claro ganador, incluso entre los propios dirigentes radicales.
La campaña electoral de Alfonsín se caracterizó por renovar los canales de la comunicación política en Argentina. Ocho meses antes de la elección, Alfonsín contrató al publicista David Ratto para dirigir su campaña. Por entonces los partidos políticos argentinos solían restar importancia a la publicidad como método para lograr adhesión electoral y solía ser realizada por los propios dirigentes políticos. El equipo publicitario decidió personalizar la campaña, centrándola en la imagen del candidato y destacando sus cualidades naturales. Varios lemas tuvieron impacto masivo, como la frase “Ahora Alfonsín”, o la imagen de un escudo con los colores de la bandera argentina y las iniciales "RA", correspondientes tanto a Raúl Alfonsín como a República Argentina. También fue importante el “saludo de Alfonsín”, con la forma de un “abrazo a la distancia”, que surgió del gesto que el propio Alfonsín tuvo en un acto en el Luna Park el 7 de diciembre de 1982.
Un momento clave de la campaña electoral fue la denuncia de un pacto entre la cúpula de las fuerzas armadas y la dirigencia sindical para no juzgar los crímenes cometidos por estos, lo que tuvo repercusión en el mundo.
El 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la Nación. Su gobierno enfrentó dos grandes grupos de problemas: la consolidación de la democracia y la difusión de la misma hacia todos los ámbitos de la sociedad y la relación con las Fuerzas Armadas; y la obra general de gobierno condicionada por la inflación y la crisis de la deuda.
El gobierno de Alfonsín tenía detrás de sí una fuerza nueva: la civilidad que había votado su propuesta de construir un Estado de Derecho, al cual los poderes corporativos (FF.AA., Iglesia y Sindicatos) deberían someterse y consolidar un sistema político que resolviera los conflictos de una manera pacífica, ordenada, transparente y equitativa.
La civilidad vivió la euforia y la ilusión de que la democracia por si sola resolvería los problemas económicos y sociales imponiéndose pacíficamente a los poderosos intereses establecidos que se le oponían.
El gobierno en su diagnóstico de la crisis consideró que los problemas económicos eran menos significativos que los políticos: lo fundamental era eliminar el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de representación de la voluntad ciudadana: se propendió a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, se buscó una sociedad de participación, el pluralismo y el rechazo de los dogmatismos. Se realizó un programa de alfabetización masiva, el congreso pedagógico, la eliminación de la censura en las actividades artísticas.
Hubo profundas transformaciones en la universidad y en el sistema científico. Volvieron los intelectuales del exilio ocupando los medios de comunicación y se los empleó como asesores o funcionarios técnicos. En el campo de las relaciones individuales se promovió la ley de divorcio vincular y la patria potestad compartida
La situación económica y social en la que Alfonsín asumió el gobierno era realmente desfavorable, interna y externamente. En 1982 estallaba la crisis de la deuda latinoamericana, ante la moratoria de México y la negativa de los acreedores a refinanciar préstamos, así como la exigencia de que la deuda se cancelara con los activos de los Estados deudores.
Internamente, la deuda externa argentina había pasado de 7.875 millones de dólares al finalizar 1975, a 45.087 millones de dólares al finalizar 1983.32 Por otro lado el retraso salarial y la pobreza, que había aumentado del 5% en 1975 al 37% en 1982 (datos para el Gran Buenos Aires), anticipaban grandes presiones sociales una vez reconquistada la democracia. Para América Latina, la década de los años ochenta fue conocida como la década perdida.
En una primera etapa Alfonsín recurrió al esquema económico que el radicalismo había utilizado con considerable éxito durante la presidencia de Arturo Illia 20 años antes. Su primer ministro de Economía, Bernardo Grinspun, y gran parte de sus colaboradores habían sido parte de aquel equipo. En ese primer momento Alfonsín y la mayor parte de la Unión Cívica Radical básicamente consideraban que la vigencia de las instituciones democráticas garantizaba que la economía diera respuesta a las necesidades de la población. De esa primera etapa proviene una frase recordada que repitió durante toda la campaña electoral: “Con la democracia se come, se educa y se cura”.
A poco andar fue evidente que el nacionalismo económico clásico del radicalismo, que estaba llevando adelante Grinspun, tenía serios problemas. Al finalizar 1984 el salario real había aumentado un 35%, pero la inflación alcanzó 625% anual.
En febrero de 1985 Alfonsín reemplazó a Grinspun por Juan Vital Sourrouille con el fin de implementar una política económica que atacara frontalmente la inflación. El 14 de junio Alfonsín y Sourrouille anunciaron por televisión la puesta en marcha del Plan Austral, por el que se creaba una nueva moneda, el Austral, se congelaban todos los precios de la economía, y se establecía un mecanismo de "desagio" para desindexar los contratos. El Plan Austral fue un plan no monetarista, que se basaba en la idea de que, en una economía de alta inflación durante varias décadas, como la argentina, el único modo de lograr la estabilidad era frenando lo que llamaban “inflación inercial”, es decir la anticipación de la inflación por parte de los agentes económicos. Sólo después podrían atacarse las causas estructurales.
El Plan Austral funcionó bien al principio. En octubre la tasa de inflación mensual fue del 2%, una tasa inusualmente baja para la economía argentina del último medio siglo. La estabilidad económica jugó un importante papel en el amplio triunfo electoral del radicalismo en las elecciones parlamentarias de noviembre de 1985.
Pero en 1986 la inflación volvió a mostrar una tendencia ascendente y los precios relativos de cada sector comenzaron a verse afectados, situación que se vio agravada por la gran caída de los precios de los productos argentinos de exportación (40% en el período).36 El gobierno anunció entonces una flexibilización de las estrictas normas de congelación de precios establecidas un año atrás que no dio gran resultado.
Para 1987 comenzaba a hacerse evidente que era necesaria una reforma económica estructural que resolviera la brecha entre recursos con que contaba el Estado y las funciones que desarrollaba. El desfinanciamiento crónico del Estado ya no podía ser resuelto ni recurriendo a los fondos de pensiones, ni por el endeudamiento interior y exterior, ni por la emisión monetaria.
El gobierno de Alfonsín no pudo avanzar mucho en este plan de reforma del Estado, en parte por la oposición del peronismo en el Congreso, y en parte porque los partidos políticos populares de entonces, incluida la Unión Cívica Radical, se encontraban sumamente comprometidos con las ideas estatistas y nacionalistas que habían dominado la mayor parte del siglo XX. Finalmente estas reformas serán realizadas drásticamente durante el gobierno de Carlos Menem, utilizando según sus propias palabras, un método de “cirugía mayor sin anestesia”.
Entre las transformaciones económicas estructurales diseñadas por el gobierno de Alfonsín, merece destacarse la iniciación de un proceso de integración económica con Brasil, Uruguay y Paraguay que dio origen al Mercosur. Esta iniciativa ha sido considerada como “el legado más perdurable de toda la política económica del gobierno de Alfonsín”.
En abril de 1988, Argentina entró en moratoria del pago de su deuda externa. En agosto la inflación alcanzaba el 27,6% mensual. En octubre entonces, el gobierno de Alfonsín puso en práctica un plan de salvataje, el Plan Primavera, cuyo objetivo primordial era llegar a las elecciones con la economía bajo un mínimo de control. Básicamente consistía en un acuerdo de moderación del aumento de precios con la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio y un nuevo régimen cambiario, en el que el Estado intermediaba en la compra y venta de divisas.
El Plan Primavera duró poco. Los operadores cambiarios lo rechazaron, no generó confianza y adicionalmente a comienzos de 1989, el Banco Mundial suspendió su ayuda a la Argentina. El 5 de febrero, el ministro Juan Vital Sourrouille, el presidente del Banco Central, José Luis Machinea, y el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, Mario Brodersohn, resolvieron aplicar cambios en la política económica. Para ello dispusieron decretar un feriado bancario por 48 horas. Ante los rumores de inestabilidad, se inició una corrida masiva hacia el dólar. La inflación, que en febrero de 1989 era del 9,6% mensual, alcanzó 78,4% en mayo, mes de las elecciones presidenciales, adelantadas intencionalmente por Alfonsín debido a la fuerza presión de los sindicatos y los grupos económicos (en un principio lo consideró un grave error, pero con el tiempo entendió que estaba en una situación extremadamente compleja).La hiperinflación de 1989, llevó la pobreza de 25% a comienzos de 1989, al récord histórico de 47,3% en octubre del mismo año.
En las elecciones presidenciales del 14 de mayo, el candidato de la Unión Cívica Radical, Eduardo Angeloz, fue derrotado por Carlos Menem. Pero aún faltaban 7 meses para la fecha de entrega del mando que debían transcurrir en medio de la hiperinflación. Ante el riesgo de disolución del Estado y la eventualidad de un nuevo golpe militar, Alfonsín resolvió adelantar el cambio de mando a Carlos Menem para el 9 de julio de 1989, ya que por esos días una escalada de saqueos se dieron en todos los comercios y supermercados del país por parte de
la población marginal. Fueron unos días de mucha tensión, violencia y robos descontrolados.
Saldando la deuda externa , Mas problemas y Una nueva moneda
Carlos Menem asumió la presidencia el 8 de julio de 1989, tras el retiro anticipado de Raúl Alfonsín. Fue por entonces la primera sucesión presidencial entre dos presidentes constitucionales desde 1928, y la primera desde 1916 entre presidentes de diferentes partidos políticos.
El principal problema que debió enfrentar al asumir la presidencia fue el de una economía en crisis con hiperinflación. El gobierno de Menem se plegó a los principios del Consenso de Washington, para esto introdujo una serie de reformas neoliberales: con la aprobación de la Ley de Reforma del Estado fue autorizado a privatizar varias empresas estatales, en la forma que el presidente estimara conveniente. Las primeras privatizaciones efectuadas fueron las de la empresa telefónica Entel y la de Aerolíneas Argentinas.
Las mismas, y otras posteriores, se privatizaron rápidamente buscando conseguir con ello réditos mediáticos que instalaran la idea de la voluntad reformista del gobierno, pero dicha rapidez condujo luego a numerosas críticas y denuncias de irregularidades, omisiones y casos de corrupción. Pronto se privatizaron también la red vial, los canales televisivos (con la excepción de ATC, hoy Canal 7), gran parte de las redes ferroviarias, Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Gas del Estado.
Se desreguló la economía, reduciendo cupos, aranceles y prohibiciones de importaciones, y se estableció la libertad de precios. Con el aumento de impuestos como los del Valor Agregado y Ganancias se aumentó la recaudación fiscal. Aun así, a pesar de dicho aumento y de los ingresos generados por las privatizaciones, la situación económica se mantenía convulsionada y a fines de 1989 se produjo una segunda hiperinflación. El ministro de economía de entonces, Erman González, apeló al Plan Bonex: confiscó los depósitos a plazo fijo y los cambió por bonos de largo plazo en dólares. Asimismo, restringió fuertemente la emisión monetaria.
Crisis del 2001
Durante la gestión de Domingo Cavallo, ministro de Economía de su gobierno, se estableció la Ley de Convertibilidad, cuya aplicación se prolongaría hasta la crisis argentina de fines de 2001 y comienzos de 2002.
El Banco Central de la República Argentina estaba obligado a respaldar la moneda argentina con sus reservas en una relación de cambio en la que un dólar estadounidense equivalía a un peso convertible. De esta forma se restringía la emisión de billetes como medio de financiamiento del Estado.
La crisis de diciembre de 2001 en Argentina fue una crisis financiera y política generada por la restricción a la extracción de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro denominada Corralito, que causaron la renuncia a la presidencia de Fernando de la Rúa el 20 de diciembre de 2001, y llevaron a una situación de acefalía presidencial. La mayor parte de los participantes de dichas protestas fueron autoconvocados, que no respondían a partidos políticos o movimientos sociales concretos. Su lema popular fue: "¡Que se vayan todos!". En los hechos murieron 39 personas por las fuerzas policiales y de seguridad, entre ellos 9 menores.
Nos vemos Negros de mierda !! Yo me voy en mi Helicoptero !!
El gobierno de Eduardo Duhalde
En octubre de 2001 había sido elegido senador nacional por amplio margen. Luego accedió a la presidencia en el caos subsiguiente a la renuncia de De la Rúa, provocada por la crisis económica, social y política que tuvo su clímax cuando el ministro de Economía Domingo Cavallo instauró el corralito. Duhalde es acusado de ser promotor y fogonero de los saqueos a comercios y supermercados en la crisis que llevaría a la renuncia del presidente radical Fernando De la Rúa ; el ex presidente interino hace responsable de los mismos a piqueteros y partidos de izquierda.
El 2 de enero de 2002 Duhalde fue elegido por la Asamblea Legislativa en medio del caos en las calles de Buenos Aires. Se llega a esa decisión a través de un amplio consenso en el peronismo y la oposición para que Duhalde piloteara el país, sumido en la confusión de una crisis terminal, en el ínterin preelectoral. Duhalde fue investido por los diputados y senadores con 262 votos a favor, en contra y 18 abstenciones, y con mandato hasta el 10 de diciembre de 2003, esto es, hasta agotar el ejercicio cuatrienal para el que había sido elegido De la Rúa. No habría, por tanto, comicios anticipados, siendo la opinión mayoritaria de los legisladores que lo que urgía era obtener un Ejecutivo estable con el máximo apoyo partidista
Duhalde ―que en vísperas de la asunción presidencial había expresado su temor a que se produjera una "guerra civil" en Argentina― empezó por reconocer que el país estaba "quebrado" y "fundido", y anunció un Gobierno de unidad nacional con la triple misión de "reconstruir la autoridad política e institucional, garantizar la paz social y sentar las bases para el cambio del modelo económico y social".
Entre las medidas de su gobierno interino se destacan la búsqueda de la pacificación del país a través de instrumentos como el Diálogo Argentino, de distintas medidas económicas tendientes a la reactivación de una economía argentina que venía de sufrir varios años de recesión: devaluación de la moneda, que dio fin a la Ley de Convertibilidad, la pesificación forzada de los depósitos bancarios en moneda extranjera, y una serie de medidas sociales tendientes a atenuar los efectos de una economía recesiva que había incrementado la pobreza e indigencia hasta índices nunca vistos antes en la Argentina.
En materia de política exterior, se recuerda el tajante rechazo de su gobierno al golpe de estado contra Hugo Chávez en 2002,3 las posturas diplomáticas argentina y cubana fueron de importancia para aislar internacionalmente al gobierno de facto.
Su plan económico productivista permitió que la economía argentina cambiara radicalmente, sobre todo a partir del segundo semestre del 2002. Ya en el arranque de 2003 los efectos positivos del cambio de rumbo económico impulsado por Duhalde y gestionado por Roberto Lavagna ya estaban haciéndose notar. La actividad económica resurgía gracias a que el peso devaluado estaba espoleando el comercio exportador y la producción industrial local en detrimento de las importaciones de bienes, de manera que la caída registrada en 2002 del 10,9 % del PIB, dio paso a un crecimiento del 5 % en el primer trimestre de 2003.
El progreso , El trabajo y El gobierno de los kirchner
La política económica que sigue es expansionista. Se registra un aumento sostenido en el gasto público con fines redistributivos.141 La política cambiaria consiste en mantener un dólar estadounidense alto. Por su parte, la política fiscal representa una presión tributaria por encima de la media de Latinoamérica.142 Se critica la regresividad del sistema impositivo argentino. El Impuesto a las ganancias de las personas físicas representa algo más del 5 % del Producto Interno Bruto, por debajo de Brasil (7,7 %), Chile (8,4 %) o Estados Unidos (10,2 %).143 Algunos productos de primera necesidad están exentos de tributar IVA, mientras otros tienen una tasa reducida a la mitad.
La inflación en Argentina según el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) es de alrededor del 11 % anual, aunque según consultoras privadas es del 25,6 %.144 Uno de los puntos más criticados de la gestión de los Kirchner es el cambio que se produjo dentro del citado organismo desde enero de 2007.
Según el mismo Instituto, la pobreza y la indigencia pasaron del 54% y 27,7% en 2003 respectivamente a 6,5% y 1,7% respectivamente en 2012. El presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social en 2003 era de 1781 millones de pesos y de 31.972 millones en 2012. La actividad industrial en 2012 disminuyó un 1,2%, siguiendo la tendencia mundial.91
Los relevamientos estadísticos que realiza el INDEC y los que realizan los institutos de estadística de las provincias arrojan resultados distintos. La oposición política critica los índices basándose en el ingreso de nuevos empleados al instituto y se acusa al gobierno de ocultar los «verdaderos números» de la economía.145 146 Por su parte el Fondo Monetario Internacional amenazó con sanciones si no se «corrige» el índice de precios al consumidor.144 El gobierno defiende su posición diciendo que lo que cambió fue la metodología de relevamiento: se redujo la canasta que se utiliza como base de análisis de ochocientos dieciocho productos a cuatrocientos cuarenta, eliminando artículos de lujo y servicios como castración de felinos, viajes a Cancún y «servicio doméstico». Sobre este último el vicepresidente Amado Boudou le dijo a Maximiliano Montenegro: «claramente no es parte del costo de vida [...] ¿sabe cómo lo medían? Telefónicamente entre tres o cuatro amigos para ver cuánto pagaban cada uno en su casa».147
Anteriores economistas de su gobierno como Martín Lousteau y Martín Redrado, propusieron bajar el gasto y así reducir la presión distributiva, situación no aceptada por Cristina Kirchner.148 149 El objetivo según el gobierno no es bajar el crecimiento a costa de los que menos tienen sino ampliar la oferta.150 Otro de los puntos destacados es la creación de programas de distribución de alimentos a precio de costo. Entre ellos «Carne para todos», «Lácteos para todos» y «Milanesas para todos». Según muchos economistas, entre ellos Maximiliano Montenegro, se critica a estos programas por ser insuficientes para contrarrestar la inflación.
Durante la crisis económica de 2008-2009 que sufrió la economía mundial, se inició una fuga de capitales muy pronunciada. El entonces director de la ANSÉS, Amado Boudou, ideó un plan para estatizar todos los fondos que se encontraban en las AFJP lo que permitió tener disponibilidad. Asimismo otras medidas adoptadas fueron la creación del Ministerio de Producción, moratoria tributaria y reducción de retenciones para el agro, blanqueo, promoción y sostenimiento del trabajo registrado para las pymes, blanqueo y repatriación de capitales y créditos públicos de fomento a la producción y al consumo, con una asignación de 13 200 millones de pesos (4400 millones de dólares), distribuidos a través de la banca privada, a bajo interés.
El viernes 3 de agosto del 2012 se abonaron 2 300 millones de dólares para el pago del Boden 2012, la última cuota de la herramienta financiera puesta en marcha por el gobierno argentino para solucionar el corralito y la pesificación asimétrica de los bancos después de la crisis. Saldados los 19 600 millones de dólares en concepto de capital e intereses, el gobierno kirchnerista devuelve a los ciudadanos el dinero adeudado después del corralito. Esto se suma a la política de desendeudamiento iniciada en el 2003 por el gobierno de Néstor Kirchner (cuando la deuda representaba un 166 % del PBI), hasta el 2012 (cuando solo representa un 41,8 %). Así mismo la deuda en dólares se redujo de un 92 % del PBI al 8,4 %.151
En los últimos años, se crearon 200.000 nuevas empresas en los sectores industria, comercio y servicios. Desde 2003 se duplicó el PBI industrial sustituyendo importaciones por 15.000 mil millones de dólares. Del total de exportaciones del país, las manufacturas de origen industrial son las principales, seguidas de manufacturas de origen agropecuario y luego materia prima. La producción lechera de 2012 la mayor de la historia con 11.500 millones de litros. En 2008 el 98% de los teléfonos celulares del mercado era importado y en 2012 el 99% fabricado en el país. El mercado de tractores pasó en 2003 del 13% de origen nacional al 42% en 2012.91
La cantidad de parques industriales pasó en 2003 de 80 a 330 en 2012. En dichos parques industriales se localizan 8600 empresas con 267.000 trabajadores. Uno de los principales es el polo electrónico en Tierra del Fuego con 9000 trabajadores. Por su parte el INTI elevó su presupuesto de 30 millones de pesos anuales a 450 millones. También el INPI incrementó la cantidad de patentes argentinas registradas.