La Procuraduría de Lesa Humanidad y la Unidad de Asistencia para causas de Derechos Humanos solicitaron que se investigue a los empresarios por presunta "extorsión" y "persecución por motivos raciales".
El fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la causa de Papel Prensa, recibió un pedido de la Procuraduría de Lesa Humanidad y la Unidad de Asistencia para causas de Derechos Humanos, para que se investigue a los empresarios Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Ernestina de Noble.
Según los fiscales Jorge Auat, Guillermo Friele y Alejandro Alagia las victimas de extorsión y xenofobia fueron los miembros del grupo Graiver, ex propietarios de la empresa papelera.
Se trata de un "proyecto de dictamen" entregado a Taiano. Para los fiscales, debe pedirse la indagatoria al "director ejecutivo del grupo Clarín, Héctor Magnetto, la directora del diario, Ernestina Herrera de Noble, el ex presidente de La Nación S.A., Bartolomé Luis Mitre, el intermediario, Guillermo Juan Gainza Paz y el ex secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura, Raymundo Pío Podestá".
Auat, Friele y Alagia atribuyeron a Magnetto, Mitre, Gainza Paz, Podestá y Herrera de Noble "haber participado el 2 de noviembre de 1976 en la sede del diario La Nación en un convenio para transferir acciones, sometido a condiciones extorsivas -mediante intimidación- y en un contexto de persecución política contra la familia Graiver y allegados a sus negocios ordenada por la primera junta de dictadores". Y agregaron "La maniobra tuvo, entre otros fines, obligar al grupo Graiver a vender únicamente a los imputados" la empresa Papel Prensa S.A., "que no podía quedar en manos de las víctimas al haber sido declaradas por los militares enemigos del país".
Según la acusación, la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, "fue intimidada por el imputado Magnetto que le `ordenó que firmara para conservar la vida de su hija y la suya también` y así suscribió `muchos papeles`", según su testimonio. Ianover, a su vez, dijo haber firmado los documentos de venta ante "el temor y el terror que vivía en ese tiempo" a ser secuestrado.
Para los acusadores, hubo un "desapoderamiento extorsivo" de la empresa. En la causa penal comenzó ya una pericia contable para determinar si las acciones de la empresa se transfirieron a precio vil; en tanto Ercolini ordenó una ronda de declaraciones testimoniales.
El fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la causa de Papel Prensa, recibió un pedido de la Procuraduría de Lesa Humanidad y la Unidad de Asistencia para causas de Derechos Humanos, para que se investigue a los empresarios Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Ernestina de Noble.
Según los fiscales Jorge Auat, Guillermo Friele y Alejandro Alagia las victimas de extorsión y xenofobia fueron los miembros del grupo Graiver, ex propietarios de la empresa papelera.
Se trata de un "proyecto de dictamen" entregado a Taiano. Para los fiscales, debe pedirse la indagatoria al "director ejecutivo del grupo Clarín, Héctor Magnetto, la directora del diario, Ernestina Herrera de Noble, el ex presidente de La Nación S.A., Bartolomé Luis Mitre, el intermediario, Guillermo Juan Gainza Paz y el ex secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura, Raymundo Pío Podestá".
Auat, Friele y Alagia atribuyeron a Magnetto, Mitre, Gainza Paz, Podestá y Herrera de Noble "haber participado el 2 de noviembre de 1976 en la sede del diario La Nación en un convenio para transferir acciones, sometido a condiciones extorsivas -mediante intimidación- y en un contexto de persecución política contra la familia Graiver y allegados a sus negocios ordenada por la primera junta de dictadores". Y agregaron "La maniobra tuvo, entre otros fines, obligar al grupo Graiver a vender únicamente a los imputados" la empresa Papel Prensa S.A., "que no podía quedar en manos de las víctimas al haber sido declaradas por los militares enemigos del país".
Según la acusación, la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, "fue intimidada por el imputado Magnetto que le `ordenó que firmara para conservar la vida de su hija y la suya también` y así suscribió `muchos papeles`", según su testimonio. Ianover, a su vez, dijo haber firmado los documentos de venta ante "el temor y el terror que vivía en ese tiempo" a ser secuestrado.
Para los acusadores, hubo un "desapoderamiento extorsivo" de la empresa. En la causa penal comenzó ya una pericia contable para determinar si las acciones de la empresa se transfirieron a precio vil; en tanto Ercolini ordenó una ronda de declaraciones testimoniales.