La extinción de la pena (Pag12)
Numerosos diputados nacionales de diez bloques opositores presentaron un proyecto de ley contra la criminalización de la protesta social, que contempla la amnistía a los más de 5.000 argentinos acusados de reclamar sus derechos. Entre los legisladores que firman se encuentran: Víctor De Gennaro (Unidad Popular) Néstor Pitrola (Partido Obrero), Stolbizer y Fabián Peralta (GEN), Nicolás del Caño (P.T.S.) Alcira Argumedo (Proyecto Sur); Alicia Ciciliani (socialismo); Facundo Moyano (CEC), Victoria Donda (LdS), el dirigente metalúrgico Oscar Martínez, de la CGT oficialista, y Pablo Javkin (Coalición Cívica)
Diputados nacionales de la oposición parlamentaria de izquierda y centroizquierda presentaron ayer un proyecto de ley que dispone la extinción de la pena o la acción penal en todas las causas judiciales abiertas contra personas imputadas por su participación en piquetes o cortes de rutas originados por una reivindicación social. Legisladores de diferentes partidos y frentes electorales hicieron su presentación en una audiencia pública realizada ayer en el anexo de la Cámara baja de la que participaron integrantes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, gremiales y políticas judicializados por este tipo de protestas.
“La presente ley tiene por finalidad garantizar el derecho a la participación popular en la vida pública, el derecho a organizarse en sus distintas formas, así como a la protesta social, a fin de evitar su criminalización”, sostiene el primero de los diez artículos del proyecto rubricado por Virginia Linares, Margarita Stolbizer y Fabián Peralta (GEN), Nicolás del Caño, Pablo López y Néstor Pitrola (FIT); Claudio Lozano y Víctor De Gennaro (UP); Alcira Argumedo (PSur); Alicia Ciciliani (PS); Victoria Donda (LdS), el fueguino Oscar Martínez (MSP), y al que también se sumaron el radical Ricardo Alfonsín, el peronista disidente Facundo Moyano (CEyT) y el lilito Pablo Javkin (CC).
El texto de la iniciativa dispone la extinción de todas las causas penales abiertas y las condenas impuestas “contra personas imputadas a raíz de su participación en hechos ocurridos con motivo de una reivindicación social”. Una amnistía que –según el proyecto– debe alcanzar “a todas las consecuencias penales y sanciones no penales, sean discriminatorias, administrativas o contravencionales”. De prosperar, la iniciativa cerraría –de acuerdo al informe elaborado por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia– unas cinco mil causas abiertas contra militantes sociales en distintas instancias.
La propuesta común de una parte del arco opositor surgió como respuesta a los proyectos de sectores oficialistas para intentar regular los piquetes y cortes de ruta. Entre ellos, el del chaqueño Juan Pedrini, que divide los piquetes en “legítimos e ilegítimos” de acuerdo con su anuncio previo, instala la figura de un mediador y establece un protocolo para las fuerzas de seguridad, que podrán reprimir la protesta (sin portar armas de fuego) si la mediación fracasa tras dos horas de negociación. Luego se sumó el proyecto que presentaron las diputadas Diana Conti (FpV) y Alicia Comelli (MPN), que amplía la mediación al ámbito judicial, al tiempo que también establece una amnistía para todos los procesados por participar de estas metodologías de protesta desde diciembre de 2001 a la fecha.
Danuschi.
Numerosos diputados nacionales de diez bloques opositores presentaron un proyecto de ley contra la criminalización de la protesta social, que contempla la amnistía a los más de 5.000 argentinos acusados de reclamar sus derechos. Entre los legisladores que firman se encuentran: Víctor De Gennaro (Unidad Popular) Néstor Pitrola (Partido Obrero), Stolbizer y Fabián Peralta (GEN), Nicolás del Caño (P.T.S.) Alcira Argumedo (Proyecto Sur); Alicia Ciciliani (socialismo); Facundo Moyano (CEC), Victoria Donda (LdS), el dirigente metalúrgico Oscar Martínez, de la CGT oficialista, y Pablo Javkin (Coalición Cívica)
Diputados nacionales de la oposición parlamentaria de izquierda y centroizquierda presentaron ayer un proyecto de ley que dispone la extinción de la pena o la acción penal en todas las causas judiciales abiertas contra personas imputadas por su participación en piquetes o cortes de rutas originados por una reivindicación social. Legisladores de diferentes partidos y frentes electorales hicieron su presentación en una audiencia pública realizada ayer en el anexo de la Cámara baja de la que participaron integrantes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, gremiales y políticas judicializados por este tipo de protestas.
“La presente ley tiene por finalidad garantizar el derecho a la participación popular en la vida pública, el derecho a organizarse en sus distintas formas, así como a la protesta social, a fin de evitar su criminalización”, sostiene el primero de los diez artículos del proyecto rubricado por Virginia Linares, Margarita Stolbizer y Fabián Peralta (GEN), Nicolás del Caño, Pablo López y Néstor Pitrola (FIT); Claudio Lozano y Víctor De Gennaro (UP); Alcira Argumedo (PSur); Alicia Ciciliani (PS); Victoria Donda (LdS), el fueguino Oscar Martínez (MSP), y al que también se sumaron el radical Ricardo Alfonsín, el peronista disidente Facundo Moyano (CEyT) y el lilito Pablo Javkin (CC).
El texto de la iniciativa dispone la extinción de todas las causas penales abiertas y las condenas impuestas “contra personas imputadas a raíz de su participación en hechos ocurridos con motivo de una reivindicación social”. Una amnistía que –según el proyecto– debe alcanzar “a todas las consecuencias penales y sanciones no penales, sean discriminatorias, administrativas o contravencionales”. De prosperar, la iniciativa cerraría –de acuerdo al informe elaborado por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia– unas cinco mil causas abiertas contra militantes sociales en distintas instancias.
La propuesta común de una parte del arco opositor surgió como respuesta a los proyectos de sectores oficialistas para intentar regular los piquetes y cortes de ruta. Entre ellos, el del chaqueño Juan Pedrini, que divide los piquetes en “legítimos e ilegítimos” de acuerdo con su anuncio previo, instala la figura de un mediador y establece un protocolo para las fuerzas de seguridad, que podrán reprimir la protesta (sin portar armas de fuego) si la mediación fracasa tras dos horas de negociación. Luego se sumó el proyecto que presentaron las diputadas Diana Conti (FpV) y Alicia Comelli (MPN), que amplía la mediación al ámbito judicial, al tiempo que también establece una amnistía para todos los procesados por participar de estas metodologías de protesta desde diciembre de 2001 a la fecha.
Danuschi.