Desde hace tres décadas, cada jefe del Ejecutivo llega con el gabinete económico que considera como “el mejor del mundo”. Enrique Peña Nieto no se podía quedar atrás y así lo cree también. Cabe recordar que una revista extranjera especializada en finanzas designó a Luis Videgaray como el ministro de Hacienda del año pasado, a nivel mundial. Así avaló el juicio del inquilino de Los Pinos. Lo que no hemos entendido los mexicanos es que nuestros criterios de valoración, son muy diferentes a los que tienen los organismos internacionales y el Grupo de los Siete.
No alcanzamos a discernir que la principal responsabilidad del gobierno mexicano no es la de servir a la nación, y con base en tal modo de pensar seguimos exigiendo lo que en los hechos es imposible. Seguimos pensando que el jefe del Estado mexicano está obligado a enfrentar los problemas que padece la sociedad nacional, cuando en realidad esa no es su principal tarea. No alcanzamos a comprender que las instituciones fueron secuestradas, cooptadas, inhabilitadas, porque quienes dirigen realmente los destinos del país se encuentran fuera de nuestro territorio, y son ellos quienes califican a los funcionarios mexicanos.
Bajo tal punto de vista, es correcto afirmar que los gabinetes económicos de los gobiernos de México, desde los tiempos de Miguel de la Madrid, son los mejores del mundo. Han hecho una labor excepcional, de comprobada eficacia, para empobrecer a los mexicanos, para incrementar los niveles de desigualdad, para impulsar la informalidad como en ninguna otra parte del orbe. Ahora Peña Nieto quiere pasar a la historia como el mejor presidente de México, pero no desde una perspectiva patriótica, sino entreguista y antisocial. Su anhelo es superar a Porfirio Díaz, como lo avalan los resultados luego de año y medio de despachar en Los Pinos.
En este lapso se aceleró la marcha regresiva que se viene dando desde hace cinco sexenios, como lo patentiza la urgencia de poner en marcha las reformas estructurales, que no son otra cosa que políticas públicas antidemocráticas y absolutamente contrarias al interés nacional. Sin las reformas, en los hechos se ha estado actuando como si ya hubieran sido aprobadas las leyes secundarias, sobre todo en el ramo energético y minero, no se diga en lo que respecta a la generación de electricidad. Y ni que decir tiene en lo que toca a normas, reglamentos y programas donde el Ejecutivo no tiene que recurrir a formalismos inútiles.
De ahí que se tengan muchas dudas en relación con el Programa Nacional de Infraestructura, al cual se tienen destinados supuestamente 7.7 billones de pesos, que se invertirán en la construcción de 743 proyectos en gran parte del territorio nacional. El Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CIDAC), acaba de concluir que tan importante cifra, puede ser “un paliativo o ilusión de crecimiento y empleo”, pues el gobierno federal debió haber elegido “un modelo centrado en innovación, impulso tecnológico, desarrollo educativo y productividad”. Además, llegará de manera tardía, pues ya se perdieron casi dos años. Por otro lado, lo que llamó “cañonazo de gasto público”, será manejado por uno de los sectores menos transparentes y con más corrupción: el de la industria de la construcción, donde “no sólo hay una alta tasa de retrasos temporales en los proyectos de infraestructura, en promedio de más de 18 meses, sino un sobrecosto mayor a 30 por ciento”.
En consecuencia, hay un tufo maloliente que despierta muchas sospechas. Sobre todo cuando ese monto podría servir para enderezar realmente el rumbo de una economía que nos lleva directamente a una catástrofe ya muy anunciada, poniendo a funcionar áreas que incentivaran el crecimiento, la innovación tecnológica, el desarrollo de la educación y la productividad, como señala el CIDAC. Además, no se ha explicado de dónde va a salir ese dinero, porque de seguro no lo van a traer empresarios extranjeros, pues ellos vienen a saquear los recursos que todavía tenemos. Decir lo contrario es un insulto.
Como dijo un viejo sabio de la praxis política mexicana: “Sin obras no hay sobras”. Más ahora que con la reforma energética se abre la necesidad de crear mecanismos de confusión que permitan un mejor aprovechamiento del flujo de billetes, cuya contabilidad se vuelva un galimatías imposible de descifrar.
No alcanzamos a discernir que la principal responsabilidad del gobierno mexicano no es la de servir a la nación, y con base en tal modo de pensar seguimos exigiendo lo que en los hechos es imposible. Seguimos pensando que el jefe del Estado mexicano está obligado a enfrentar los problemas que padece la sociedad nacional, cuando en realidad esa no es su principal tarea. No alcanzamos a comprender que las instituciones fueron secuestradas, cooptadas, inhabilitadas, porque quienes dirigen realmente los destinos del país se encuentran fuera de nuestro territorio, y son ellos quienes califican a los funcionarios mexicanos.
Bajo tal punto de vista, es correcto afirmar que los gabinetes económicos de los gobiernos de México, desde los tiempos de Miguel de la Madrid, son los mejores del mundo. Han hecho una labor excepcional, de comprobada eficacia, para empobrecer a los mexicanos, para incrementar los niveles de desigualdad, para impulsar la informalidad como en ninguna otra parte del orbe. Ahora Peña Nieto quiere pasar a la historia como el mejor presidente de México, pero no desde una perspectiva patriótica, sino entreguista y antisocial. Su anhelo es superar a Porfirio Díaz, como lo avalan los resultados luego de año y medio de despachar en Los Pinos.
En este lapso se aceleró la marcha regresiva que se viene dando desde hace cinco sexenios, como lo patentiza la urgencia de poner en marcha las reformas estructurales, que no son otra cosa que políticas públicas antidemocráticas y absolutamente contrarias al interés nacional. Sin las reformas, en los hechos se ha estado actuando como si ya hubieran sido aprobadas las leyes secundarias, sobre todo en el ramo energético y minero, no se diga en lo que respecta a la generación de electricidad. Y ni que decir tiene en lo que toca a normas, reglamentos y programas donde el Ejecutivo no tiene que recurrir a formalismos inútiles.
De ahí que se tengan muchas dudas en relación con el Programa Nacional de Infraestructura, al cual se tienen destinados supuestamente 7.7 billones de pesos, que se invertirán en la construcción de 743 proyectos en gran parte del territorio nacional. El Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CIDAC), acaba de concluir que tan importante cifra, puede ser “un paliativo o ilusión de crecimiento y empleo”, pues el gobierno federal debió haber elegido “un modelo centrado en innovación, impulso tecnológico, desarrollo educativo y productividad”. Además, llegará de manera tardía, pues ya se perdieron casi dos años. Por otro lado, lo que llamó “cañonazo de gasto público”, será manejado por uno de los sectores menos transparentes y con más corrupción: el de la industria de la construcción, donde “no sólo hay una alta tasa de retrasos temporales en los proyectos de infraestructura, en promedio de más de 18 meses, sino un sobrecosto mayor a 30 por ciento”.
En consecuencia, hay un tufo maloliente que despierta muchas sospechas. Sobre todo cuando ese monto podría servir para enderezar realmente el rumbo de una economía que nos lleva directamente a una catástrofe ya muy anunciada, poniendo a funcionar áreas que incentivaran el crecimiento, la innovación tecnológica, el desarrollo de la educación y la productividad, como señala el CIDAC. Además, no se ha explicado de dónde va a salir ese dinero, porque de seguro no lo van a traer empresarios extranjeros, pues ellos vienen a saquear los recursos que todavía tenemos. Decir lo contrario es un insulto.
Como dijo un viejo sabio de la praxis política mexicana: “Sin obras no hay sobras”. Más ahora que con la reforma energética se abre la necesidad de crear mecanismos de confusión que permitan un mejor aprovechamiento del flujo de billetes, cuya contabilidad se vuelva un galimatías imposible de descifrar.
FUENTE http://www.noticiasggl.com/zonadebate/apuntes-12/