“No hay justicia en Sudán”

“No hay justicia en Sudán” ■ En el país hay muchas familias de confesión mixta condenada por apostasía ■ Sudán condena a muerte a una mujer por convertirse al cristianismo La condena a muerte impuesta por un tribunal sudanés a Meriam Yehya Ibrahim representa una chispa para un país inflamable como pocos. Sentenciada por apostasía —aunque es hija de padre musulmán y madre cristiana, el tribunal considera que debe profesar el Islam—, esta mujer de 27 años lucha por no morir en la horca mientras una multitud de familias como la suya cruzan los dedos. “Esta gente vive ahora en paz, pero si alguien les denuncia el tribunal no les considerará cristianos. Es un precedente muy peligroso y una amenaza contra los sudaneses que tienen un progenitor no musulmán”, explica Alí Agab, abogado sudanés especialista en derechos humanos. Regido por la sharía —legislación islámica— el país se asoma a la radicalización tras la independencia de Sudán del Sur. Aunque varios estados contemplan la pena de muerte como castigo por abandonar la fe islámica, la sentencia de Meriam apenas tiene precedentes. Sudán, que aplica la pena de muerte por apostasía en el artículo 126 de su Constitución, ejecutó al teólogo reformista Mohamed Taha en 1985 en un caso con claros tintes de revancha política. Mientras Malasia incorpora el mismo castigo en su ordenamiento, la pena capital es una opción factible en países como Arabia Saudí, Mauritania o Irán. “Las acusaciones por apostasía generalmente han sido motivadas por razones políticas. Sucede, hay casos, pero no con la frecuencia que sugiere el gobierno sudanés”, asegura Khataza Gondwe, responsable para África y Oriente Medio de la organización Christian Solidarity Worldwide. Las autoridades dan un determinado plazo al acusado para que abrace el Islam —en el caso de Meriam fueron tres días— y, si rectifica, suele ser puesto en libertad. El abogado Agab, que representó a la profesora británica condenada a muerte por llamar Mahoma a un peluche para ser después absuelta, ve una clara razón detrás de la sentencia a Meriam: “Como la sharía es aplicable solo a los musulmanes, si alguien dice que es cristiano el tribunal no puede condenarle. El Gobierno está tratando de bloquear esa escapatoria imponiendo a cambio la pena de muerte”. Si los dos progenitores son musulmanes, el tribunal no contempla que el hijo no lo sea. Sin embargo, la opción es generalmente aceptada si padre o madre pertenecen a otra confesión. Los abogados de Meriam han presentado una apelación que debería resolverse en los próximos seis meses. Si fuera rechazada, aún podrían recurrir al Supremo y a la Corte Constitucional. Aunque la Carta Magna debería prevalecer, el sistema vive en el terreno de lo arbitrario. “Si la ley les beneficia, la aplican por encima de la Constitución, como cuando prohíben las manifestaciones en Jartum [la capital] pese a que está permitido constitucionalmente. Si no les interesa la ley, recurren al mandato constitucional. No hay justicia en Sudán”, explica el abogado. El Gobierno “tiene un control total sobre el sistema judicial” y prevalece sobre el Constitucional en altas decisiones políticas y seguridad. La mayoría de la población sudanesa defiende una interpretación sufí del Islam, especialmente tolerante. No creen que haya que perseguir a nadie por sus creencias: consideran que el hombre es libre de creer en lo que quiera hasta su juicio divino. "Muchos denuncian que en Sudán no se aplica la sharía, sino unas leyes implantadas por un grupo de islamistas radicales", explica el abogado. El país choca con las obligaciones internacionales de derechos humanos a las que se ha comprometido. “Hay una gran preocupación por la discriminación y formas de violencia establecidas hacia las mujeres”, subraya Lutz Oette, doctor de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres y partícipe en un amplio proyecto de reforma legal en Sudán. Tras la independencia de Sudán del Sur, en 2011, el sistema tiende hacia la radicalización. Ha habido denuncias sobre torturas y otras prácticas violentas hacia colectivos sursudaneses que han permanecido en el país. “Sudán les considera musulmanes, aunque en realidad son casi todos cristianos que practicaban libremente su religión, para aplicarles la sharía en su totalidad”, explica el abogado Agab. “Los tribunales se están mostrando más rígidos a la hora de aplicar las leyes criminales islámicas. El riesgo al que se enfrentan las minorías es constante y no hay suficientes herramientas para protegerles”, añade Oette. La repercusión de la sentencia a Meriam —hay cerca de un millón de firmas para pedir su libertad, más de 50.000 en España— traslada el caso al entorno más próximo del presidente Omar Al-Bashir, reclamado por la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes contra la humanidad en la región de Darfur. “Ganará la apelación, no veo ninguna opción de que sea ejecutada, sobre todo con el impacto mediático que ha tenido. No hay forma de que el Gobierno permita que muera”, asegura una integrante del grupo Sudan Change Now que no quiere dar su nombre por seguridad. La plataforma, integrada por unas 200 personas que viven en Sudán, lucha por una transición pacífica. “Estado y religión deben convivir separados. Estamos en contra de la sharía como medio para gobernar a la población porque en cualquier código religioso hay aspectos incompatibles con los derechos humanos”. El movimiento, fundado en 2010, tiene miembros desde los 19 a los 39 años. “Nunca le hemos preguntado a nadie por su religión, no es asunto nuestro. Tenemos otros problemas como la igualdad, los casos de corrupción y el altísimo coste de vida”. Pese a sus esfuerzos, la mujer, de 38 años y responsable del área de comunicación, reconoce las dificultades del movimiento para llegar a la población sudanesa debido al control mediático de las autoridades: “Logramos más atención internacional. Aunque esa comunicación no llega a los sudaneses, sí mete presión al Gobierno”. Sudán cuenta con avances poco habituales en otros países islámicos como el acceso de la mujer a la política o la judicatura, unos derechos que, sin embargo, se aplican de forma arbitraria. “Hay casos de corrupción contra Gobiernos locales, especialmente en Jartum, por lo que esto sirve para desviar la atención y que nos olvidemos del político que se llevó 100 millones”, subraya la integrante de Sudan Change Now. Madre de un hijo de año y medio que le acompaña en prisión, Meriam dio a luz a una niña este martes, informa Amnistía Internacional. Una familia víctima del cautiverio de cuyo destino dependen las vidas de una multitud de compatriotas y la paz de un país que vuelve a jugar con fuego. Meriam Yehya Ibrahim deberá pagar con su vida haber roto un compromiso que nunca firmó. Un tribunal sudanés ha condenado a muerte a esta mujer cristiana de 27 años por renunciar a la fe musulmana que estaba obligada a abrazar de nacimiento. Ibrahim permanece detenida con su hijo de año y medio y está embarazada de ocho meses, informa la ONG Amnistía Internacional. “Le hemos dado tres días para que se retractara, pero como usted insiste en no volver al islam la condeno a morir en la horca”, ha concluido el juez Al-Khalifa ante la mirada impasible de la acusada en un tribunal de Jartum, la capital de Sudán, informa la agencia de noticias AFP. Este país africano cuenta con una amplia mayoría musulmana, fundamentalmente afincada en el norte, y una minoría cristiana que tradicionalmente ha vivido en el sur. Ibrahim fue criada como cristiana ortodoxa, la religión de su madre. Su padre, musulmán, no estuvo presente durante su infancia. Las autoridades le consideran musulmana por su origen paterno, pero ella se define como cristiana, por lo que su matrimonio con un hombre cristiano no supone una renuncia al islam, pues nunca se habría abrazado a él. Aunque Sudán introdujo la sharía —ley islámica— en 1983, la suya es la primera condena a muerte por este motivo en el país, informa la agencia Reuters. Aunque las embajadas de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Holanda pidieron al Gobierno que respetara “la libertad religiosa, incluido el derecho a que una persona cambie sus creencias”, al tribunal no le tembló el pulso cuando la mujer ratificó por última vez su fe ante un tribunal que se dirigía a ella por su supuesto nombre islámico. “No soy apóstata, soy cristiana”. Amnistía Internacional cuenta que Ibrahim fue arrestada en agosto de 2013. Un familiar le había acusado de haberse casado con un hombre cristiano —Sudán considera adulterio que un musulmán contraiga matrimonio con una persona de otra religión—. El tribunal también le imputó por apostatar al islam después de declararse cristiana el pasado febrero y las autoridades sudanesas han considerado inválido su matrimonio. “Esto no ocurre solo en Sudán. En Arabia Saudí, como en todos los países islámicos, no está permitido que un musulmán cambie su religión”, ha declarado el ministro sudanés de Información, Ahmed Bilal Osman. La mujer ha sido condenada a recibir 100 latigazos antes de ser ejecutada. En las últimas semanas, varios grupos de estudiantes universitarios han dirigido una serie de protestas junto a la Universidad de Jartum pidiendo el fin de los abusos contra derechos humanos en el país. Cerca de 50 personas esperaban esta mañana a la entrada del juzgado con pancartas en defensa de la libertad religiosa. “Los detalles del caso sacan a la luz la descarada interferencia del régimen en la vida privada de los ciudadanos”, critica el movimiento juvenil Sudan Change Now. Mientras, varios islamistas celebraban el veredicto: “Alá es el más grande”. Amnistía Internacional denuncia que dos sudanesas de 23 años fueron condenadas a morir lapidadas por adulterio en 2013. Ambas confesaron tras sufrir coacciones y fueron liberadas. Ibrahim, víctima de un pecado con el que vino al mundo, aún suspira para que un halo de justicia ilumine un futuro cubierto de prejuicios. El mundo se vuelca en la campaña por salvar a Meriam Yehya Ibrahim Una campaña en la plataforma Change.org ha recibido ya más de 17.000 firmas para pedir al gobierno sudanés la anulación de la ejecución. Decenas de activistas y ciudadanos que se congregaron frente al Tribunal Penal del este de Jartum para protestar contra el severo castigo a Ishaq. El mundo entero se ha volcado en una campaña para condenar la ejecución de Meriam Yehya Ibrahim, una sudanesa de 27 años que será ejecutada por convertirse al cristianismo. El pasado miércoles un juez del país la condenó después de que ella, cristiana, se negara a renunciar a su fe. Le sudanesa, médico de profesión, está embarazada de 8 meses y tiene otro hijo de 20 meses. Amnistía Internacional difundió un duro comunicado en el que calificó de "aberrante" la sentencia contra la joven doctora y añadió que los delitos de los que fue hallada culpable, apostasía y adulterio, no deberían ser considerados como tales. A este clamor se han unido otros como Human Rights Watch u ONG regionales como el Centro Africano para Estudios de Justicia y Paz. A través de internet ya ha comenzado una campaña en la plataforma Change.org, para pedir al gobierno sudanés que impida la ejecución. Sobre el terreno, los más vociferantes fueron las decenas de activistas y ciudadanos que se congregaron frente al Tribunal Penal del este de Jartum para protestar contra el severo castigo a Ishaq, con pancartas como "Mariam tiene derecho a ser cristiana" o "La libertad religiosa es un derecho constitucional". Desde distintas partes del mundo, los gobiernos han rechazado la condena. El Gobierno español ha condenado la sentencia y ha subrayado que se trata de una decisión que vulnera la libertad de religión o creencia reconocida en los tratados internacionales de los que forma parte Sudán y en la propia Constitución de este país. La organización en defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional calificó de "abominable" la sentencia del tribunal. El investigador de Amnistía Internacional sobre Sudán Manar Idriss denunció en un comunicado que "es atroz que una mujer haya sido condenada a muerte por su elección religiosa, y a flagelación por estar casada con un hombre de una religión presuntamente diferente". Además, añadió que "el adulterio y la apostasía son actos que no deben considerarse delitos en modo alguno”, por lo que su condena a muerte es "una vulneración flagrante del derecho internacional de los derechos humanos”. Sudán es uno de los países más estrictos de la región en asuntos relacionados con la moral pública y en gran parte del país rige la "sharía" o código legal islámico. Fuente http://elpais.com/elpais/2014/05/30/planeta_futuro/1401449896_857524.html http://elpais.com/elpais/2014/05/15/planeta_futuro/1400177263_073109.html http://www.teinteresa.es/mundo/campana-salvar-Meriam-Yehya-Ibrahim_0_1139886364.html#&ts=undefined