Documentos oficiales revelan su participación en el Batallón 601
Héctor Mario Espina, jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación -segundo en la jerarquía del ente que rige las normas del campo-, revistió como agente de inteligencia en el Batallón 601 durante la dictadura militar. Así consta en los registros oficiales desclasificados en el año 2010. El Batallón 601 fue un nido de espías que se ocupó de vigilar, infiltrar y buchonear al activismo que engrosaría la lista de los desaparecidos bajo el último gobierno de los milicos. No es el único funcionario kirchnerista que prestó servicios como buchón de la dictadura, ya que también formaron parte de ese organismo el actual jefe del ejército César Milani y el sindicalista hiperK Gerardo Martínez.
En 2010 el propio Milani -que oficiaba como jefe de Inteligencia del ejército- entregó a la secretaría de Derechos Humanos, en ese momento dirigida por Eduardo Luis Duhalde, el listado desclasificado de los miembros del Batallón 601. Allí figura, según revelaron notas periodísticas durante esta semana, en el casillero Nº 1153 “Espina, Héctor Mario” y el documento 12643077. Es el mismo nombre y el mismo documento que aparecen en el decreto 2015/2013, firmado por la presidenta Cristina Fernández, esignándolo como Jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura, acompañando a Carlos Casamiquela (el mismo tándem había dirigido el Inta hasta su designación).
En los listados desclasificados el rol atribuido a Espina es el de “Apoyo y proc.”, que se refiere a quienes estaban destinados a operaciones y al análisis de información. El funcionario oficialista Espina -quien también formó parte del grupo de funcionarios cercanos a los Kirchner que compró tierras en El Calafate a precio vil- debería dar explicaciones a la Justicia sobre el rol que jugó en el organismo de inteligencia durante el Proceso. Al mismo tiempo, el gobierno que se reclama como el adalid de la investigación a las violaciones de los derechos humanos bajo la dictadura debería separarlo de su cargo hasta que se establezcan sus responsabilidades y penas. Algo que no cumplió con Gerardo Martínez ni César Milani, a quienes decidió bancar. Por eso, dilucidar el rol que el funcionario kirchnerista tuvo bajo la dictadura dependerá del papel que protagonicen los organismos de derechos humanos independientes del gobierno y de la lucha de los sectores populares.
Ariel Schraiber
Héctor Mario Espina, jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación -segundo en la jerarquía del ente que rige las normas del campo-, revistió como agente de inteligencia en el Batallón 601 durante la dictadura militar. Así consta en los registros oficiales desclasificados en el año 2010. El Batallón 601 fue un nido de espías que se ocupó de vigilar, infiltrar y buchonear al activismo que engrosaría la lista de los desaparecidos bajo el último gobierno de los milicos. No es el único funcionario kirchnerista que prestó servicios como buchón de la dictadura, ya que también formaron parte de ese organismo el actual jefe del ejército César Milani y el sindicalista hiperK Gerardo Martínez.
En 2010 el propio Milani -que oficiaba como jefe de Inteligencia del ejército- entregó a la secretaría de Derechos Humanos, en ese momento dirigida por Eduardo Luis Duhalde, el listado desclasificado de los miembros del Batallón 601. Allí figura, según revelaron notas periodísticas durante esta semana, en el casillero Nº 1153 “Espina, Héctor Mario” y el documento 12643077. Es el mismo nombre y el mismo documento que aparecen en el decreto 2015/2013, firmado por la presidenta Cristina Fernández, esignándolo como Jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura, acompañando a Carlos Casamiquela (el mismo tándem había dirigido el Inta hasta su designación).
En los listados desclasificados el rol atribuido a Espina es el de “Apoyo y proc.”, que se refiere a quienes estaban destinados a operaciones y al análisis de información. El funcionario oficialista Espina -quien también formó parte del grupo de funcionarios cercanos a los Kirchner que compró tierras en El Calafate a precio vil- debería dar explicaciones a la Justicia sobre el rol que jugó en el organismo de inteligencia durante el Proceso. Al mismo tiempo, el gobierno que se reclama como el adalid de la investigación a las violaciones de los derechos humanos bajo la dictadura debería separarlo de su cargo hasta que se establezcan sus responsabilidades y penas. Algo que no cumplió con Gerardo Martínez ni César Milani, a quienes decidió bancar. Por eso, dilucidar el rol que el funcionario kirchnerista tuvo bajo la dictadura dependerá del papel que protagonicen los organismos de derechos humanos independientes del gobierno y de la lucha de los sectores populares.
Ariel Schraiber