Por Alejandro Olmos Gaona
Existen algunos antecedentes históricos que pueden ilustrar con mucha claridad, como en otras épocas el repudio de la deuda, no trajo en ningún caso resultados catastróficos, ni los países que se negaron a pagar fueron siempre objeto de medidas coercitivas. Quizás el antecedente más viejo que viene a la memoria sea el repudio de la deuda externa de Méjico, por parte del Presidente Juárez en 1861, quién desconoció la totalidad de las obligaciones externas contraídas por el Emperador Maximiliano con Gran Bretaña, EE.UU. Francia y España. A pesar de las presiones que recibió la deuda nunca fue pagada. Es cierto que recibió el apoyo del gobierno norteamericano, pero se enfrentó a los acreedores europeos, mostrando que no tenía ninguna posibilidad de afrontar las obligaciones contraídas. Después de la guerra de secesión, los EE.UU. repudiaron la deuda de los estados del Sur, contraída con Francia y Gran Bretaña, y se estableció a través de la enmienda 14 de la Constitución Federal que toda obligación debía ser instrumentada por ley, y si no lo era, resultaba nula
En 1918, después de la revolución de octubre el Soviet repudió la deuda contraída por los zares con EE.UU. e Inglaterra, que importaba la suma de 11.300 millones de dólares. La deuda fue repudiada, y a pesar del desconocimiento de la misma los EE.UU. siguieron comerciando con la Rusia sovietica y en 1925 en su principal exportador, además del segundo inversor en bienes de capital. A EE.UU. no le interesó la naturaleza del régimen ni el repudio de la deuda, sino los buenos negocios que podía seguir haciendo en un mercado tan importante. La relación con los británicos fue diferente, pero de todas maneras la deuda se arreglo con ellos recién en 1986, mientras que los norteamericanos no cobraron nunca los créditos de hace un siglo. Estos repudios no significaron en ningún caso ni represalias política, ni económicas, y se continuaron realizando operaciones de intercambio comercial.
Después de la primera Guerra mundial, la deuda aliada con los EE.UU: alcanzaba a los 11.750 millones de dólares, y Alemania en virtud de las estipulaciones del Tratado de Versalles debía a los aliados más de 33.000 de dólares. En 1920, ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos que se reclamaban Gran Bretaña solicitó a los EE.UU. una reprogramación de los mismos diciendo textualmente que"" Ese dinero lo necesita el Imperio Inglés para comprar trigo y productos porcinos para alimentar a su población" Les resultaba inaceptable pagar la deuda a costa del hambre del pueblo. EE.UU. aceptó esa posición, en el convencimiento que no se podía someter a un pueblo al hambre para el pago de una deuda, por más legítima que ella fuera.
Se produjeron diversas reprogramaciones, hasta que la deuda no se pagó más, y EE.UU. suspendió el cobro de todas las acreencias. Como podrá observarse, la idea del no pago no responde a una idea delirante instalada por algunos agitadores, sino que tiene antecedentes muy relevantes.
Cuando se analizó el problema de la deuda de Alemania y los estados de Europa con EE.UU., se creó una Comisión de Deudas de Guerra que fue analizando los préstamos y reprogramándolos, porque no solo no podía pagar Alemania, sino que tampoco lo podía hacer Francia ni Gran Bretaña, ni Italia. Se estableció, entonces un Comité Conjunto parta ver si ese no pago obedecía a circunstancias reales de la economía. A través de rigurosos análisis, se pudo establecer la falta de toda posibilidad del pago. Si este se producía iba a resultar imposible el desarrollo económico de Europa. En un momento se estableció una cifra que llegaba al 2% del total de la deuda a pagar por cada año, porque Gran Bretaña no podía ir más allá con sus recursos. Ante la reticencia de los EE.UU. la Comisión Conjunta de Consolidación de Deudas de Guerra dictaminó que "Aún cuando deba preservarse el principio de la integridad de las obligaciones internacionales, es incontrovertible que no se puede exigir a un país que pague a otros gobiernos sumas que excedan su capacidad de pago. Tampoco requiere del principio de la capacidad de pago que el deudor extranjero pague hasta el limite de su capacidad actual o futura. Debe permitirse mantener y mejorar su situación económica, equilibrar su presupuesto y dar una base sólida a sus finanzas y su moneda así como mantener y en lo posible mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. A causa de tal resolución, el Secretario del Tesoro de los EE.UU. M. Mellows, refrendando el dictamen de esa Comisión, pronunció un célebre discurso el 31 de enero de 1938, cuando ya se había condonado la totalidad de la deuda. Dijo: Ninguna Nación, salvo por la presión de la opinión pública y su propia necesidad de crédito puede ser obligada a pagar una deuda a otro país. La insistencia en el cumplimiento de un convenio que supere la capacidad de pago de una Nación le serviría de justificación para negarse a cualquier arreglo. Nadie puede hacer lo imposible para que el Deudor tenga la posibilidad de pagar y el acreedor pueda recibir algo. Es indispensable que el arreglo sea justo para ambos países, pero no sobre el sufrimiento económico de su pueblo. Queremos insistir en que las cláusulas imposibles están propiciando, en última instancia, que los países repudien en forma completa la deuda." El plan Dans, elaborado en esos años decía que un país solo puede pagar sus deudas internacionales si dispone en su presupuesto de un suficiente exceso de ingresos sobre los gastos y a su vez un exceso de exportaciones sobre las importaciones.
En 1932, cuando estaba a punto de condonarse la deuda europea el Presidente de los EE.UU: Herbert Hoover dijo: estoy seguro que el pueblo norteamericano no tiene deseo alguno de tratar de extraer sumas que excedan la capacidad de pago de los pueblos deudores".
Después de la guerra de la independencia de Cuba, al finalizar el conflicto EE.UU tomó a este país como un protectorado de hecho. El Gobierno de España ante la pérdida de una de las últimas de sus colonias exigió el pago inmediato de la deuda externa cubana, y EE.UU. rechazó ese pago, sosteniendo que esa deuda, era un peso impuesto al pueblo de Cuba sin su consentimiento y por la fuerza de las armas, y fue uno de los principales males que se le ocasionaron. Agregaban que ese endeudamiento fue empleado en forma contraria a los intereses de esa Nación, entendiéndose que quienes otorgaron los créditos desde un comienzo asumieron los riesgos de la inversión. La misma garantía nacional de los créditos, además que demuestra por un lado el carácter nacional de la deuda, por el otro proclama el notorio riesgo que tuvo la deuda en su origen.
Costa Rica repudió la deuda contraída por la dictadura de Tinoco con el Royal Bank Of. Canada. Debido a eso Gran Bretaña sometió a litigio internacional a ese país, y fue nombrado arbitro de la cuestión el Presidente de la Corte Suprema de los EE.UU. M. Taft, quien analizó el reclamo de los acreedores ingleses, y desestimó la demanda, diciendo que cualquier banco acreedor en el caso del reclamo de una deuda debe fundamentar su demanda en el suministro real de los fondos enviados al gobierno legítimo, y el banco no había podido justificar tal extremo, debido al carácter ilegal de la dictadura.
Respecto a estas cuestiones de préstamos a gobiernos ilegales, debe recordarse el dictamen que emitieron en 1982 los asesores del First Nacional Bank of Chicago, quienes sostuvieron que las consecuencias para los acuerdos crediticios de un cambio de soberanía, depende del empleo de los fondos por el estado predecesor. Si la deuda del predecesor es calificada de ilegítima, es decir que los fondos no fueron empleados considerando los intereses de la población, esa deuda no puede recaer sobre su sucesor.
También los EE.UU. repudiaron y nunca pagaron la deuda contraída con España cuando la independencia, y así podríamos seguir acumulando testimonios de no pago, como también antecedentes jurídicos y doctrinarios que servirían como antecedente para justificar una posición en tal sentido por parte del Estado. Pero además hay otra serie de elementos que son realmente de extraordinaria importancia, y que tienen que ver con una adecuada fundamentación, porque hablar simplemente de no pago, o de repudio de deuda, parece mas bien un slogan vacío e contenido y no una actitud seria y responsable ante una problema del de la magnitud que nos ocupa.
Hay también una respetada tradición jurídica que nos habla de la corresponsabilidad de los actos, o de lo que también es llamada culpa concurrente, ante los hechos dañosos, y ese es también uno de los elementos importantes a tener en cuenta de los que tampoco se habla. En 1987, cuando se discutía el tema de la deuda, la Comisión de Asuntos Económicos de las Naciones Unidas, aprobó una resolución donde se merituaba la corresponsabilidad de los acreedores, en una resolución aprobada por 131 votos a favor y solo el voto de los Estados Unidos en contra
Hace muy poco tiempo accedí a un informe donde se analiza la forma en que se efectuaron muchos préstamos, no solo a la Argentina, sino a otros países, que demuestra la liviandad de los acreedores y la perversidad en el procedimiento empleado, y que lleva a la reflexión de que existía un deliberado propósito de provocar endeudamientos irresponsables, que no se pudieran pagar, y de tal manera generar un tributo permanente, que se incrementara a través del tiempo. Algunos ejemplos de lo que digo son la Central Nuclear de Bataan, en Filipinas, construida en los años 80 y que ha causado una deuda que llega hoy a los 23.000 de dólares. Se construyó sobre una falla tectónica y por sus rajaduras no puede generar electricidad. La fábrica de papel de Santiago de cao en el Perú que no pudo funcionar por no tener suficiente agua, o el inconcluso tren eléctrico de Lima; la refinería de estaño de Karachipampa, Bolivia, la cual por estar ubicada a 4000 metros de altura no tiene suficiente oxígeno para operar; la procesadora de basura para Guayaquil que nunca se instaló; la acería ACEPAR en Paraguay, que no funciona desde su culminación hace 16 años, o la imprenta del Ministerio de Educación de Quito, instalada en 1991 a mas de 12 años de haber sido comprada, cuando el país de origen la República Democrática Alemana no existía, y que no funciona.
Todas esas obras fueron realizadas por empresas transnacionales, previos estudios de factibilidad realizadas por consultoras del mismo origen y financiadas por bancos asociados que indudablemente conocían el destino de la inversión, además de contar en muchos caso con la fiscalización de los organismos multilaterales de crédito. Como puede verse esta cuestión de la ilicitud y la corresponsabilidad no solo afecta a la Argentina, sino que es un problema del tercer mundo. Pero existen algunas cuestiones por demás significativas que evidencian que tales prestamos fueron estructurados en un principio para el conocido reciclaje de petrodólares, y luego se fue perfeccionando el objetivo de someter a determinadas regiones y convertirlas en tributarias del nuevo sistema financiero. Debe recordarse que la mayor parte del origen de los préstamos, parte de convenios celebrados con gobiernos ilegítimos y con altos índices de corrupción, y que en ciertos casos excepcionales donde algunos funcionarios honestos del Banco Mundial, advirtieron que los fondos se estaban desviando, reciclando a otras inversiones o depositando en cuentas privadas de los funcionarios en los bancos suizos, no solo no se tomó ninguna medida, sino que se siguieron suministrando generosos créditos. Un ejemplo de estas situaciones, es el de Blumenthal, que fue nombrado veedor en el Zaire por el FMI, y en un informe elevado a las autoridades, explicó la enorme corrupción del régimen, manifestando que no podía continuar en su función porque no tenía posibilidades administrativas de hacerlo cumpliendo con las normas legales. Después de ese informe el Banco Mundial volvió a suministrar nuevos créditos al gobierno. De la deuda Nigeriana, de más de 40.000 de dólares, ninguno de los fondos prestados fue utilizado en beneficio de su población. Estos son solo algunos ejemplos de esa corresponsabilidad de la que he venido hablando, y que en nuestro país ha funcionado adecuadamente.
Otro de los aspectos a considerar, es plantear la cuestión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la denegación de justicia que supone desconocer la investigación efectuada por el Juzgado Federal No 2, llegando eventualmente ante la Corte Interamericana en salvaguarda de los derechos de nuestro pueblo, que siguen siendo avasallados por el gobierno, quien no reconoce ninguna limitación en su accionar, y tiene como objetivo esencial "honrar la deuda" aunque para ello deba sacrificar sin vacilaciones a la Nación toda.
Finalmente y para terminar con el enunciado de estas posibilidades de no pago, habría que realizar un trabajo exhaustivo sobre las consecuencias reales de una actitud semejante, porque resulta obvio, que hay que prevenir las reacciones de los acreedores. Hace ya muchos años el embajador Thomas Enders, Secretario de Estado Adjunto del Departamento de Estado, realizó un ensayo, para determinar que ocurriría si los países latinoamericanos repudiaran su deuda en conjunto, y cada uno de ellos en forma particular, y si la pagaran parcialmente o recurrieran a una moratoria unilateral. Los resultados a los que llegó en caso de que el repudio se hiciera en bloque, fueron que EE.UU. perdería más de 200.000 empleos y 77.000 de dólares al año. Ese estudio fue hecho en 1982, y si las cifras se extrapolaran a estos días los resultados serían mucho más graves para ellos. También llegó a la conclusión que del bloque de países solo la Argentina y Venezuela estaba en condiciones de hacerlo sin correr mayores riesgos, y que esa moratoria era lo que más les convenía.
También se debe observar, que actitudes soberanas como las que comento traerían serias consecuencias al sistema financiero internacional, debido a lo cual siempre se buscan otras alternativas, que significan hacer crecer los préstamos aunque sea nominalmente. Cuando el Ministro de Economía de México, Silva Hertzog, se comunicó con el gobierno norteamericano para informar que no se podía cumplir con los compromisos de la deuda en la década del 80, EE.UU. no ejerció ningún tipo de presión, ni recurrió a ningún bloqueo, ni los acreedores recurrieron a medidas extremas. No hubo otra alternativa que ir en auxilio del país, reprogramar la deuda, e inyectar más de 8.000 millones de dólares de dinero fresco para evitar un colapso que hubiera afectado al mundo entero. Méjico lo hizo porque carecía de alternativas, y pudo salir a costa de seguir afectando la economía de su pueblo. Pero esto señala una evidencia, y es que ante planteo realistas, las respuestas de los grupos financieros también son realistas, y conocen perfectamente las consecuencias que les puede acarrear que una Nación se plante frente a sus exigencias, y recupere el control de su economía. Hubo algunos intentos de acuerdo entre varios países para coordinar una acción común como la Declaración de Acapulco del 29 de noviembre de 1987, emitida por 6 presidentes, y el pronunciamiento de los países africanos reunidos en Addis Abeba el 1 de diciembre del mismo año, pero no pasaron de la mera retórica y no tuvieron ninguna consecuencia práctica, mas allá de un simple enunciado de buenas intenciones.
En este tema no hay soluciones únicas, y deben evaluarse diversas alternativas, teniendo en cuenta no solo las posibilidades reales, sino también sus eventuales consecuencias, alejándonos de las simplificaciones del discurso político, y enfrentando el problema con una actitud sólida y responsable, que sirva para demostrar a los acreedores que no pueden seguir extrayendo recursos que son vitales para el crecimiento de nuestro país. Tenemos que tener en cuenta, que el principio que mantiene es que se deben pagar los intereses, porque a través de ese mecanismo, se aseguran un permanente flujo de capitales, que permanece ininterrumpido, y que determina que siempre tengan el control de la economía. Si la Argentina emprendiera un camino distinto otros países sudamericanos seguirían el ejemplo, y existiría la posibilidad de formar un frente común.
Pero también se debe considerar que el no pago de la deuda, no puede ser un hecho aislado, porque carecería no solo de sentido sino de efectividad, y las consecuencias serían irreparables, sino que tiene que formar parte de un gran proyecto nacional, donde ese no pago sea parte de una estrategia diferente, y donde ese sometimiento del que hablaba pueda ser cambiado de raíz. Resulta imposible dentro del esquema en el que estamos hablar del no pago de la deuda, seguir con la convertibilidad, afectar el crédito público, y seguir enganchado a las decisiones que se toman desde los centros de poder. Hay que tener en cuenta que ante una actitud soberana podrían ocurrir muchas cosas: desde el bloqueo de cuentas bancarias en el exterior, el embargo de las reservas de oro y divisas, hasta el corte de suministros fundamentales para nuestra economía, y debe tenerse debida conciencia de todo lo que esto debe significar estando dispuesto a asumirlo en aras de recuperar el control de lo que se ha perdido.
Otras de las cuestiones, a tener en cuenta y de las que tanto se habla es de los depósitos de argentinos en el exterior que exceden los 110.000 millones de dólares, que no se dicen de quiénes son y se toman como una circunstancia natural. Debemos suponer que no pertenecen a jubilados, ni ha pequeños ahorristas, y si con seguridad a los grandes grupos empresarios que viven presionando a los gobiernos, o a los célebres "mercados" de los que siempre se habla con un respeto reverencial. Y si decimos mercados debemos decir bancos, y si decimos bancos debemos señalar a aquellos que fueron deudores privados, y que transfirieran mediante maniobras delictivas sus obligaciones al Estado, con la complicidad de los funcionarios del momento. Es preciso tener en cuenta que hoy nos encontramos que se ha asumido una verdadera ficción jurídica a través de las manipulaciones de consultoras, abogados y contadores, que han determinado que la Nación deba asumir la deuda de Renault con su casa matriz, del City Bank de Buenos Aires, con su controlante el City Corp, de Fiat, con sus dueños en el exterior. Entonces, si no es algo fácil hablar del no pago de la deuda, si resulta sencillo rastrear y plantear todos los antecedentes concretos que lo justificarían
Yendo a la responsabilidad que le cabe al FMI, en la constitución de la deuda, es necesario tener en cuenta que siempre tuvo conocimiento de cómo se gestó, y por eso su responsabilidad es aún mayor. No es que sus autoridades se encuentran con una deuda inmanejable que apareció de pronto, sino de préstamos que fue siguiendo día a día desde el 24 de marzo de 1976 hasta hoy. En el Banco Central, el FMI tiene una delegación permanente, que ejerce una suerte de control sobre las operaciones. Hoy se sabe que el Sr. Gilbert Terrier es quien lo representa, pero en otros momentos tuvieron otros funcionarios que daban cuenta de todo lo que se hacía. Las misiones que llegan de EE.UU. simplemente vienen a implementar los reiterados planes de ajuste, porque los informes los tienen invariablemente al día. No solo a través del funcionario de turno que tienen en el Banco Central, sino a través de las propias autoridades económicas.
El tema jurídico al que me vengo refiriendo no es una cuestión menor, porque tiene la fuerza suficiente para plantear esta cuestión dentro de los marcos legales en los que se manejan los propios acreedores, que utilizan todos los recursos de esta índole para justificar sus exacciones, y es hora de terminar con ello. Hace cierto tiempo el Tribunal Constitucional de Gran Bretaña resolvió que en el caso de la deuda de Ruanda, ella había contraída por un gobierno ilegítimo, era ilicita en su esencia, y debía ser repudiada, y ese fallo como tantos otros que recoge la historia y la tradición jurídica deben servirnos como elementos insustituibles para esta lucha en la defensa de nuestros derechos.
También es cierto, que las presiones de los mercados, muchas veces resultan asfixiantes, y las amenazas ante la eventualidad del no pago asumen formas diversas, en las que un nutrido coro de perduellis alertan sobre las consecuencias aterradoras que ello podría significar, debido a lo cual se pierde la serenidad, se confunden las situaciones, se oscurece la realidad; empero ante esa fabricada estrategia, cuyos resultados se conocen habitualmente, se debe oponer un planteo serio, responsable, alejado del discurso politiquero de cualquier signo, porque existen más que suficientes argumentos para hacerlo, y la razón está del lado de los que deben. Sobre esto no queda ya ninguna duda.
Entiendo que urge discutir una posición de no pago en las universidades, en los sindicatos, en las organizaciones no gubernamentales, y en todos aquellos espacios donde sea posible debatir el tema, para así forzar al Estado a que asuma una conducta distinta, o por lo menos que tenga enfrente a la gran mayoría del pueblo con un proyecto distinto y no dispuesto a convalidar las mismas políticas de sometimiento llevadas a cabo hasta ahora. No es el momento de los discursos vacíos, sino de las explicaciones contundentes, y las posiciones firmes. No se puede decir simplemente que "no hay que pagar la deuda". Si se debe decir que solo se pagará lo que se deba, previo un exhaustivo análisis de cada suma que se reclame en cuanto a su licitud, repudiando todo reclamo carente de justificación alguna, y además plantear que se está dispuesto a sumir las consecuencias de lo que pueda ocurrir, porque sabemos que resulta imposible, que la situación se vuelva mas difícil de la que estamos transitando.
También es necesario tener en cuenta que ningún integrante de la clase política opositora, ni aún los más radicalizados de la izquierda, hacen este planteo. Solo se limitan a simples enunciados partidistas y sectarios absolutamente ineficientes, o se refugian en un activismo, carente de alternativas. Y la experiencia indica, que los enunciados altisonantes, y ciertas movilizaciones muy acotadas mueven a risa a los mercados, que saben que son simples expresiones ocasionales que carecen de fuerza real, y están desprovistas de fundamentos serios, aún cuando sean indudable expresión de una situación de injusticia que se quiere remediar.
Los economistas, son profundos ignorantes de la historia, y es por eso, que sus abstracciones numéricas los condicionan de manera irreversible. El que puede penetrar en los hechos del pasado, y recoge algunos antecedentes muy significativos, sabe que ante un planteo concreto de un país soberano, el acreedor evalúa las consecuencias de sus desmedidos reclamos, y si le conviene seguir negociando o no a riesgo de perderlo todo. El dinero que sale de la Argentina y se transfiere al exterior es realmente cuantioso, adquiriendo las características de un verdadero saqueo. Ante el caso de una moratoria unilateral, existiría la posibilidad de que -como lo dijera antes- se incautaran los fondos que existen en el exterior, lo que no representaría un gran problema, porque esos 120.000 millones de dólares, han sido sustraídos al circuito de producción, y no generan rédito alguno a la Nación. Pero simultáneamente se podría realizar una incautación de todos los activos de las empresas transnacionales, que representan un capital verdaderamente enorme, y buscar mercados alternativos, que sustituyan a aquellos que nos tuvieran como eternos tributarios. Esta es una discusión que debemos realizar, y donde no existe una solución única, sino distintas posibilidades que deben mensurarse a través del análisis serio y la reflexión.
Es necesario, que se tenga plena conciencia, de que hay una continuidad estructural en el tema del endeudamiento externo argentino, que ha sido perfeccionado en los últimos tiempos a través de las diversas formas de la ingeniería financiera. Para ello se han utilizado a una serie de personajes, verdaderos responsables del fraude, que con algunos cambios han permanecido como funcionarios, como consultores o de otra manera al frente de las finanzas públicas en forma ininterrumpida desde 1976 hasta ahora, y de tal manera han podido consolidar un poder que pareciera inatacable y que es preciso destruir sin contemplaciones.
En lo que respecta a esa artificiosa diferenciación de deuda vieja y deuda nueva, y que esta última está repartida en miles de acreedores que carecen de eventual responsabilidad en los orígenes de la misma, y que ya no son los gobiernos ni las grandes corporaciones los que poseen los títulos, debido a lo cual no es posible un repudio que perjudicaría el crédito de la Argentina, ante tenedores "inocentes" ,creo que se trata de un sofisma, que solo pueden creer los incautos, y representa una falta de respeto a la inteligencia, hacer manifestaciones en tal sentido que no se compadecen con la realidad. Lo cierto es que los títulos a los que se hace referencia están administrados por las grandes corporaciones financieras, quienes conocen perfectamente su origen espúreo. Además, todos los problemas que tienen que ver con los acreedores son manejados invariablemente por ese triángulo que componen el FMI y el Banco Mundial por un lado, los gobiernos que integran el Club de París por el otro, y los bancos acreedores en el tercer segmento. No se puede negociar con los bancos sin la conformidad del FMI, y no se puede llegar a ningún acuerdo con esta institución, si no se cuenta con la previa conformidad de los bancos, y lo mismo ocurre con el Club de París. Es decir que esos miles de acreedores fantasmas, tienen representantes visibles, que han conocido desde siempre como fue el origen del endeudamiento.
Como un llamado importante para considerar la iniquidad de una situación el Episcopado de los Estados Unidos, elaboró un documento después de años de discusiones, de los cuales extractamos algunos párrafos, por la contundencia de los argumentos, y la claridad con la que han reclamado por una solución a este problema. Decían los obispos en 1990 que: El hecho trágico es el de que, al tratar de pagar sus deudas, los países más necesitados están sacrificando su futuro y la vida de millones de ciudadanos para contribuir capital a los países más ricos mediante el servicio de la deuda y el pago de la deuda…. La miseria cada vez más profunda de las víctimas es oscurecida por una avalancha de datos estadísticos y por la complejidad de las soluciones propuestas. Un fin de nuestra reflexión es dar una faz humana a la realidad y denunciar la injusticia que encubre las cifras, los informes y las propuestas: lo que los obispos latinoamericanos nos describieron como "un aro de hierro alrededor del cuello de nuestro pueblo… Porqué han de soportar los pobres de los países deudores, que no tuvieron ninguna parte en la decisión de acumular la deuda y que han recibido tan poco o ningún beneficio de ella, el peso mayor de su reembolso?…las propuestas estadounidenses sobre la deuda no han respondido en forma adecuada a la urgencia o magnitud del problema. Han estados concebidas más en interés del sistema financiero internacional que en el interés de los pobres…muchos afirman que es claro que los pobres del mundo en desarrollo no tuvieron voz en decidir sobre la acumulación de la deuda y recogieron poco o ningún beneficio del dinero prestado, su interés debería predominar y el servicio de la deuda no debería atenderse en absoluto. El argumento no es simplemente un caso político/económico/ real de que la deuda no puede pagarse; es una afirmación moral que no debería pagarse… Cuando los costos sociales minan la dignidad personal, ocasionando hambre, falta de vivienda, enfermedad y muerte, los principios de la justicia apuntan no hacia el reembolso por los deudores sino hacia la remisión de la deuda…Nuestros obispos hermanos nos recuerdan una y otra vez que muchas personas, seres humanos creados a imagen de Dios, especialmente los más vulnerables, las mujeres y los niños, están muriendo literalmente debido a las exigencias de la deuda y esto es intolerable…" Estas luminosas palabras muy diferentes a las tibias expresiones de nuestros obispos, también plantean el problema desde una dimensión no económica, sino desde los principios elementales de la justicia, y de la ley moral, que los prestamistas han desconocido siempre.
Existen algunos antecedentes históricos que pueden ilustrar con mucha claridad, como en otras épocas el repudio de la deuda, no trajo en ningún caso resultados catastróficos, ni los países que se negaron a pagar fueron siempre objeto de medidas coercitivas. Quizás el antecedente más viejo que viene a la memoria sea el repudio de la deuda externa de Méjico, por parte del Presidente Juárez en 1861, quién desconoció la totalidad de las obligaciones externas contraídas por el Emperador Maximiliano con Gran Bretaña, EE.UU. Francia y España. A pesar de las presiones que recibió la deuda nunca fue pagada. Es cierto que recibió el apoyo del gobierno norteamericano, pero se enfrentó a los acreedores europeos, mostrando que no tenía ninguna posibilidad de afrontar las obligaciones contraídas. Después de la guerra de secesión, los EE.UU. repudiaron la deuda de los estados del Sur, contraída con Francia y Gran Bretaña, y se estableció a través de la enmienda 14 de la Constitución Federal que toda obligación debía ser instrumentada por ley, y si no lo era, resultaba nula
En 1918, después de la revolución de octubre el Soviet repudió la deuda contraída por los zares con EE.UU. e Inglaterra, que importaba la suma de 11.300 millones de dólares. La deuda fue repudiada, y a pesar del desconocimiento de la misma los EE.UU. siguieron comerciando con la Rusia sovietica y en 1925 en su principal exportador, además del segundo inversor en bienes de capital. A EE.UU. no le interesó la naturaleza del régimen ni el repudio de la deuda, sino los buenos negocios que podía seguir haciendo en un mercado tan importante. La relación con los británicos fue diferente, pero de todas maneras la deuda se arreglo con ellos recién en 1986, mientras que los norteamericanos no cobraron nunca los créditos de hace un siglo. Estos repudios no significaron en ningún caso ni represalias política, ni económicas, y se continuaron realizando operaciones de intercambio comercial.
Después de la primera Guerra mundial, la deuda aliada con los EE.UU: alcanzaba a los 11.750 millones de dólares, y Alemania en virtud de las estipulaciones del Tratado de Versalles debía a los aliados más de 33.000 de dólares. En 1920, ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos que se reclamaban Gran Bretaña solicitó a los EE.UU. una reprogramación de los mismos diciendo textualmente que"" Ese dinero lo necesita el Imperio Inglés para comprar trigo y productos porcinos para alimentar a su población" Les resultaba inaceptable pagar la deuda a costa del hambre del pueblo. EE.UU. aceptó esa posición, en el convencimiento que no se podía someter a un pueblo al hambre para el pago de una deuda, por más legítima que ella fuera.
Se produjeron diversas reprogramaciones, hasta que la deuda no se pagó más, y EE.UU. suspendió el cobro de todas las acreencias. Como podrá observarse, la idea del no pago no responde a una idea delirante instalada por algunos agitadores, sino que tiene antecedentes muy relevantes.
Cuando se analizó el problema de la deuda de Alemania y los estados de Europa con EE.UU., se creó una Comisión de Deudas de Guerra que fue analizando los préstamos y reprogramándolos, porque no solo no podía pagar Alemania, sino que tampoco lo podía hacer Francia ni Gran Bretaña, ni Italia. Se estableció, entonces un Comité Conjunto parta ver si ese no pago obedecía a circunstancias reales de la economía. A través de rigurosos análisis, se pudo establecer la falta de toda posibilidad del pago. Si este se producía iba a resultar imposible el desarrollo económico de Europa. En un momento se estableció una cifra que llegaba al 2% del total de la deuda a pagar por cada año, porque Gran Bretaña no podía ir más allá con sus recursos. Ante la reticencia de los EE.UU. la Comisión Conjunta de Consolidación de Deudas de Guerra dictaminó que "Aún cuando deba preservarse el principio de la integridad de las obligaciones internacionales, es incontrovertible que no se puede exigir a un país que pague a otros gobiernos sumas que excedan su capacidad de pago. Tampoco requiere del principio de la capacidad de pago que el deudor extranjero pague hasta el limite de su capacidad actual o futura. Debe permitirse mantener y mejorar su situación económica, equilibrar su presupuesto y dar una base sólida a sus finanzas y su moneda así como mantener y en lo posible mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. A causa de tal resolución, el Secretario del Tesoro de los EE.UU. M. Mellows, refrendando el dictamen de esa Comisión, pronunció un célebre discurso el 31 de enero de 1938, cuando ya se había condonado la totalidad de la deuda. Dijo: Ninguna Nación, salvo por la presión de la opinión pública y su propia necesidad de crédito puede ser obligada a pagar una deuda a otro país. La insistencia en el cumplimiento de un convenio que supere la capacidad de pago de una Nación le serviría de justificación para negarse a cualquier arreglo. Nadie puede hacer lo imposible para que el Deudor tenga la posibilidad de pagar y el acreedor pueda recibir algo. Es indispensable que el arreglo sea justo para ambos países, pero no sobre el sufrimiento económico de su pueblo. Queremos insistir en que las cláusulas imposibles están propiciando, en última instancia, que los países repudien en forma completa la deuda." El plan Dans, elaborado en esos años decía que un país solo puede pagar sus deudas internacionales si dispone en su presupuesto de un suficiente exceso de ingresos sobre los gastos y a su vez un exceso de exportaciones sobre las importaciones.
En 1932, cuando estaba a punto de condonarse la deuda europea el Presidente de los EE.UU: Herbert Hoover dijo: estoy seguro que el pueblo norteamericano no tiene deseo alguno de tratar de extraer sumas que excedan la capacidad de pago de los pueblos deudores".
Después de la guerra de la independencia de Cuba, al finalizar el conflicto EE.UU tomó a este país como un protectorado de hecho. El Gobierno de España ante la pérdida de una de las últimas de sus colonias exigió el pago inmediato de la deuda externa cubana, y EE.UU. rechazó ese pago, sosteniendo que esa deuda, era un peso impuesto al pueblo de Cuba sin su consentimiento y por la fuerza de las armas, y fue uno de los principales males que se le ocasionaron. Agregaban que ese endeudamiento fue empleado en forma contraria a los intereses de esa Nación, entendiéndose que quienes otorgaron los créditos desde un comienzo asumieron los riesgos de la inversión. La misma garantía nacional de los créditos, además que demuestra por un lado el carácter nacional de la deuda, por el otro proclama el notorio riesgo que tuvo la deuda en su origen.
Costa Rica repudió la deuda contraída por la dictadura de Tinoco con el Royal Bank Of. Canada. Debido a eso Gran Bretaña sometió a litigio internacional a ese país, y fue nombrado arbitro de la cuestión el Presidente de la Corte Suprema de los EE.UU. M. Taft, quien analizó el reclamo de los acreedores ingleses, y desestimó la demanda, diciendo que cualquier banco acreedor en el caso del reclamo de una deuda debe fundamentar su demanda en el suministro real de los fondos enviados al gobierno legítimo, y el banco no había podido justificar tal extremo, debido al carácter ilegal de la dictadura.
Respecto a estas cuestiones de préstamos a gobiernos ilegales, debe recordarse el dictamen que emitieron en 1982 los asesores del First Nacional Bank of Chicago, quienes sostuvieron que las consecuencias para los acuerdos crediticios de un cambio de soberanía, depende del empleo de los fondos por el estado predecesor. Si la deuda del predecesor es calificada de ilegítima, es decir que los fondos no fueron empleados considerando los intereses de la población, esa deuda no puede recaer sobre su sucesor.
También los EE.UU. repudiaron y nunca pagaron la deuda contraída con España cuando la independencia, y así podríamos seguir acumulando testimonios de no pago, como también antecedentes jurídicos y doctrinarios que servirían como antecedente para justificar una posición en tal sentido por parte del Estado. Pero además hay otra serie de elementos que son realmente de extraordinaria importancia, y que tienen que ver con una adecuada fundamentación, porque hablar simplemente de no pago, o de repudio de deuda, parece mas bien un slogan vacío e contenido y no una actitud seria y responsable ante una problema del de la magnitud que nos ocupa.
Hay también una respetada tradición jurídica que nos habla de la corresponsabilidad de los actos, o de lo que también es llamada culpa concurrente, ante los hechos dañosos, y ese es también uno de los elementos importantes a tener en cuenta de los que tampoco se habla. En 1987, cuando se discutía el tema de la deuda, la Comisión de Asuntos Económicos de las Naciones Unidas, aprobó una resolución donde se merituaba la corresponsabilidad de los acreedores, en una resolución aprobada por 131 votos a favor y solo el voto de los Estados Unidos en contra
Hace muy poco tiempo accedí a un informe donde se analiza la forma en que se efectuaron muchos préstamos, no solo a la Argentina, sino a otros países, que demuestra la liviandad de los acreedores y la perversidad en el procedimiento empleado, y que lleva a la reflexión de que existía un deliberado propósito de provocar endeudamientos irresponsables, que no se pudieran pagar, y de tal manera generar un tributo permanente, que se incrementara a través del tiempo. Algunos ejemplos de lo que digo son la Central Nuclear de Bataan, en Filipinas, construida en los años 80 y que ha causado una deuda que llega hoy a los 23.000 de dólares. Se construyó sobre una falla tectónica y por sus rajaduras no puede generar electricidad. La fábrica de papel de Santiago de cao en el Perú que no pudo funcionar por no tener suficiente agua, o el inconcluso tren eléctrico de Lima; la refinería de estaño de Karachipampa, Bolivia, la cual por estar ubicada a 4000 metros de altura no tiene suficiente oxígeno para operar; la procesadora de basura para Guayaquil que nunca se instaló; la acería ACEPAR en Paraguay, que no funciona desde su culminación hace 16 años, o la imprenta del Ministerio de Educación de Quito, instalada en 1991 a mas de 12 años de haber sido comprada, cuando el país de origen la República Democrática Alemana no existía, y que no funciona.
Todas esas obras fueron realizadas por empresas transnacionales, previos estudios de factibilidad realizadas por consultoras del mismo origen y financiadas por bancos asociados que indudablemente conocían el destino de la inversión, además de contar en muchos caso con la fiscalización de los organismos multilaterales de crédito. Como puede verse esta cuestión de la ilicitud y la corresponsabilidad no solo afecta a la Argentina, sino que es un problema del tercer mundo. Pero existen algunas cuestiones por demás significativas que evidencian que tales prestamos fueron estructurados en un principio para el conocido reciclaje de petrodólares, y luego se fue perfeccionando el objetivo de someter a determinadas regiones y convertirlas en tributarias del nuevo sistema financiero. Debe recordarse que la mayor parte del origen de los préstamos, parte de convenios celebrados con gobiernos ilegítimos y con altos índices de corrupción, y que en ciertos casos excepcionales donde algunos funcionarios honestos del Banco Mundial, advirtieron que los fondos se estaban desviando, reciclando a otras inversiones o depositando en cuentas privadas de los funcionarios en los bancos suizos, no solo no se tomó ninguna medida, sino que se siguieron suministrando generosos créditos. Un ejemplo de estas situaciones, es el de Blumenthal, que fue nombrado veedor en el Zaire por el FMI, y en un informe elevado a las autoridades, explicó la enorme corrupción del régimen, manifestando que no podía continuar en su función porque no tenía posibilidades administrativas de hacerlo cumpliendo con las normas legales. Después de ese informe el Banco Mundial volvió a suministrar nuevos créditos al gobierno. De la deuda Nigeriana, de más de 40.000 de dólares, ninguno de los fondos prestados fue utilizado en beneficio de su población. Estos son solo algunos ejemplos de esa corresponsabilidad de la que he venido hablando, y que en nuestro país ha funcionado adecuadamente.
Otro de los aspectos a considerar, es plantear la cuestión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la denegación de justicia que supone desconocer la investigación efectuada por el Juzgado Federal No 2, llegando eventualmente ante la Corte Interamericana en salvaguarda de los derechos de nuestro pueblo, que siguen siendo avasallados por el gobierno, quien no reconoce ninguna limitación en su accionar, y tiene como objetivo esencial "honrar la deuda" aunque para ello deba sacrificar sin vacilaciones a la Nación toda.
Finalmente y para terminar con el enunciado de estas posibilidades de no pago, habría que realizar un trabajo exhaustivo sobre las consecuencias reales de una actitud semejante, porque resulta obvio, que hay que prevenir las reacciones de los acreedores. Hace ya muchos años el embajador Thomas Enders, Secretario de Estado Adjunto del Departamento de Estado, realizó un ensayo, para determinar que ocurriría si los países latinoamericanos repudiaran su deuda en conjunto, y cada uno de ellos en forma particular, y si la pagaran parcialmente o recurrieran a una moratoria unilateral. Los resultados a los que llegó en caso de que el repudio se hiciera en bloque, fueron que EE.UU. perdería más de 200.000 empleos y 77.000 de dólares al año. Ese estudio fue hecho en 1982, y si las cifras se extrapolaran a estos días los resultados serían mucho más graves para ellos. También llegó a la conclusión que del bloque de países solo la Argentina y Venezuela estaba en condiciones de hacerlo sin correr mayores riesgos, y que esa moratoria era lo que más les convenía.
También se debe observar, que actitudes soberanas como las que comento traerían serias consecuencias al sistema financiero internacional, debido a lo cual siempre se buscan otras alternativas, que significan hacer crecer los préstamos aunque sea nominalmente. Cuando el Ministro de Economía de México, Silva Hertzog, se comunicó con el gobierno norteamericano para informar que no se podía cumplir con los compromisos de la deuda en la década del 80, EE.UU. no ejerció ningún tipo de presión, ni recurrió a ningún bloqueo, ni los acreedores recurrieron a medidas extremas. No hubo otra alternativa que ir en auxilio del país, reprogramar la deuda, e inyectar más de 8.000 millones de dólares de dinero fresco para evitar un colapso que hubiera afectado al mundo entero. Méjico lo hizo porque carecía de alternativas, y pudo salir a costa de seguir afectando la economía de su pueblo. Pero esto señala una evidencia, y es que ante planteo realistas, las respuestas de los grupos financieros también son realistas, y conocen perfectamente las consecuencias que les puede acarrear que una Nación se plante frente a sus exigencias, y recupere el control de su economía. Hubo algunos intentos de acuerdo entre varios países para coordinar una acción común como la Declaración de Acapulco del 29 de noviembre de 1987, emitida por 6 presidentes, y el pronunciamiento de los países africanos reunidos en Addis Abeba el 1 de diciembre del mismo año, pero no pasaron de la mera retórica y no tuvieron ninguna consecuencia práctica, mas allá de un simple enunciado de buenas intenciones.
En este tema no hay soluciones únicas, y deben evaluarse diversas alternativas, teniendo en cuenta no solo las posibilidades reales, sino también sus eventuales consecuencias, alejándonos de las simplificaciones del discurso político, y enfrentando el problema con una actitud sólida y responsable, que sirva para demostrar a los acreedores que no pueden seguir extrayendo recursos que son vitales para el crecimiento de nuestro país. Tenemos que tener en cuenta, que el principio que mantiene es que se deben pagar los intereses, porque a través de ese mecanismo, se aseguran un permanente flujo de capitales, que permanece ininterrumpido, y que determina que siempre tengan el control de la economía. Si la Argentina emprendiera un camino distinto otros países sudamericanos seguirían el ejemplo, y existiría la posibilidad de formar un frente común.
Pero también se debe considerar que el no pago de la deuda, no puede ser un hecho aislado, porque carecería no solo de sentido sino de efectividad, y las consecuencias serían irreparables, sino que tiene que formar parte de un gran proyecto nacional, donde ese no pago sea parte de una estrategia diferente, y donde ese sometimiento del que hablaba pueda ser cambiado de raíz. Resulta imposible dentro del esquema en el que estamos hablar del no pago de la deuda, seguir con la convertibilidad, afectar el crédito público, y seguir enganchado a las decisiones que se toman desde los centros de poder. Hay que tener en cuenta que ante una actitud soberana podrían ocurrir muchas cosas: desde el bloqueo de cuentas bancarias en el exterior, el embargo de las reservas de oro y divisas, hasta el corte de suministros fundamentales para nuestra economía, y debe tenerse debida conciencia de todo lo que esto debe significar estando dispuesto a asumirlo en aras de recuperar el control de lo que se ha perdido.
Otras de las cuestiones, a tener en cuenta y de las que tanto se habla es de los depósitos de argentinos en el exterior que exceden los 110.000 millones de dólares, que no se dicen de quiénes son y se toman como una circunstancia natural. Debemos suponer que no pertenecen a jubilados, ni ha pequeños ahorristas, y si con seguridad a los grandes grupos empresarios que viven presionando a los gobiernos, o a los célebres "mercados" de los que siempre se habla con un respeto reverencial. Y si decimos mercados debemos decir bancos, y si decimos bancos debemos señalar a aquellos que fueron deudores privados, y que transfirieran mediante maniobras delictivas sus obligaciones al Estado, con la complicidad de los funcionarios del momento. Es preciso tener en cuenta que hoy nos encontramos que se ha asumido una verdadera ficción jurídica a través de las manipulaciones de consultoras, abogados y contadores, que han determinado que la Nación deba asumir la deuda de Renault con su casa matriz, del City Bank de Buenos Aires, con su controlante el City Corp, de Fiat, con sus dueños en el exterior. Entonces, si no es algo fácil hablar del no pago de la deuda, si resulta sencillo rastrear y plantear todos los antecedentes concretos que lo justificarían
Yendo a la responsabilidad que le cabe al FMI, en la constitución de la deuda, es necesario tener en cuenta que siempre tuvo conocimiento de cómo se gestó, y por eso su responsabilidad es aún mayor. No es que sus autoridades se encuentran con una deuda inmanejable que apareció de pronto, sino de préstamos que fue siguiendo día a día desde el 24 de marzo de 1976 hasta hoy. En el Banco Central, el FMI tiene una delegación permanente, que ejerce una suerte de control sobre las operaciones. Hoy se sabe que el Sr. Gilbert Terrier es quien lo representa, pero en otros momentos tuvieron otros funcionarios que daban cuenta de todo lo que se hacía. Las misiones que llegan de EE.UU. simplemente vienen a implementar los reiterados planes de ajuste, porque los informes los tienen invariablemente al día. No solo a través del funcionario de turno que tienen en el Banco Central, sino a través de las propias autoridades económicas.
El tema jurídico al que me vengo refiriendo no es una cuestión menor, porque tiene la fuerza suficiente para plantear esta cuestión dentro de los marcos legales en los que se manejan los propios acreedores, que utilizan todos los recursos de esta índole para justificar sus exacciones, y es hora de terminar con ello. Hace cierto tiempo el Tribunal Constitucional de Gran Bretaña resolvió que en el caso de la deuda de Ruanda, ella había contraída por un gobierno ilegítimo, era ilicita en su esencia, y debía ser repudiada, y ese fallo como tantos otros que recoge la historia y la tradición jurídica deben servirnos como elementos insustituibles para esta lucha en la defensa de nuestros derechos.
También es cierto, que las presiones de los mercados, muchas veces resultan asfixiantes, y las amenazas ante la eventualidad del no pago asumen formas diversas, en las que un nutrido coro de perduellis alertan sobre las consecuencias aterradoras que ello podría significar, debido a lo cual se pierde la serenidad, se confunden las situaciones, se oscurece la realidad; empero ante esa fabricada estrategia, cuyos resultados se conocen habitualmente, se debe oponer un planteo serio, responsable, alejado del discurso politiquero de cualquier signo, porque existen más que suficientes argumentos para hacerlo, y la razón está del lado de los que deben. Sobre esto no queda ya ninguna duda.
Entiendo que urge discutir una posición de no pago en las universidades, en los sindicatos, en las organizaciones no gubernamentales, y en todos aquellos espacios donde sea posible debatir el tema, para así forzar al Estado a que asuma una conducta distinta, o por lo menos que tenga enfrente a la gran mayoría del pueblo con un proyecto distinto y no dispuesto a convalidar las mismas políticas de sometimiento llevadas a cabo hasta ahora. No es el momento de los discursos vacíos, sino de las explicaciones contundentes, y las posiciones firmes. No se puede decir simplemente que "no hay que pagar la deuda". Si se debe decir que solo se pagará lo que se deba, previo un exhaustivo análisis de cada suma que se reclame en cuanto a su licitud, repudiando todo reclamo carente de justificación alguna, y además plantear que se está dispuesto a sumir las consecuencias de lo que pueda ocurrir, porque sabemos que resulta imposible, que la situación se vuelva mas difícil de la que estamos transitando.
También es necesario tener en cuenta que ningún integrante de la clase política opositora, ni aún los más radicalizados de la izquierda, hacen este planteo. Solo se limitan a simples enunciados partidistas y sectarios absolutamente ineficientes, o se refugian en un activismo, carente de alternativas. Y la experiencia indica, que los enunciados altisonantes, y ciertas movilizaciones muy acotadas mueven a risa a los mercados, que saben que son simples expresiones ocasionales que carecen de fuerza real, y están desprovistas de fundamentos serios, aún cuando sean indudable expresión de una situación de injusticia que se quiere remediar.
Los economistas, son profundos ignorantes de la historia, y es por eso, que sus abstracciones numéricas los condicionan de manera irreversible. El que puede penetrar en los hechos del pasado, y recoge algunos antecedentes muy significativos, sabe que ante un planteo concreto de un país soberano, el acreedor evalúa las consecuencias de sus desmedidos reclamos, y si le conviene seguir negociando o no a riesgo de perderlo todo. El dinero que sale de la Argentina y se transfiere al exterior es realmente cuantioso, adquiriendo las características de un verdadero saqueo. Ante el caso de una moratoria unilateral, existiría la posibilidad de que -como lo dijera antes- se incautaran los fondos que existen en el exterior, lo que no representaría un gran problema, porque esos 120.000 millones de dólares, han sido sustraídos al circuito de producción, y no generan rédito alguno a la Nación. Pero simultáneamente se podría realizar una incautación de todos los activos de las empresas transnacionales, que representan un capital verdaderamente enorme, y buscar mercados alternativos, que sustituyan a aquellos que nos tuvieran como eternos tributarios. Esta es una discusión que debemos realizar, y donde no existe una solución única, sino distintas posibilidades que deben mensurarse a través del análisis serio y la reflexión.
Es necesario, que se tenga plena conciencia, de que hay una continuidad estructural en el tema del endeudamiento externo argentino, que ha sido perfeccionado en los últimos tiempos a través de las diversas formas de la ingeniería financiera. Para ello se han utilizado a una serie de personajes, verdaderos responsables del fraude, que con algunos cambios han permanecido como funcionarios, como consultores o de otra manera al frente de las finanzas públicas en forma ininterrumpida desde 1976 hasta ahora, y de tal manera han podido consolidar un poder que pareciera inatacable y que es preciso destruir sin contemplaciones.
En lo que respecta a esa artificiosa diferenciación de deuda vieja y deuda nueva, y que esta última está repartida en miles de acreedores que carecen de eventual responsabilidad en los orígenes de la misma, y que ya no son los gobiernos ni las grandes corporaciones los que poseen los títulos, debido a lo cual no es posible un repudio que perjudicaría el crédito de la Argentina, ante tenedores "inocentes" ,creo que se trata de un sofisma, que solo pueden creer los incautos, y representa una falta de respeto a la inteligencia, hacer manifestaciones en tal sentido que no se compadecen con la realidad. Lo cierto es que los títulos a los que se hace referencia están administrados por las grandes corporaciones financieras, quienes conocen perfectamente su origen espúreo. Además, todos los problemas que tienen que ver con los acreedores son manejados invariablemente por ese triángulo que componen el FMI y el Banco Mundial por un lado, los gobiernos que integran el Club de París por el otro, y los bancos acreedores en el tercer segmento. No se puede negociar con los bancos sin la conformidad del FMI, y no se puede llegar a ningún acuerdo con esta institución, si no se cuenta con la previa conformidad de los bancos, y lo mismo ocurre con el Club de París. Es decir que esos miles de acreedores fantasmas, tienen representantes visibles, que han conocido desde siempre como fue el origen del endeudamiento.
Como un llamado importante para considerar la iniquidad de una situación el Episcopado de los Estados Unidos, elaboró un documento después de años de discusiones, de los cuales extractamos algunos párrafos, por la contundencia de los argumentos, y la claridad con la que han reclamado por una solución a este problema. Decían los obispos en 1990 que: El hecho trágico es el de que, al tratar de pagar sus deudas, los países más necesitados están sacrificando su futuro y la vida de millones de ciudadanos para contribuir capital a los países más ricos mediante el servicio de la deuda y el pago de la deuda…. La miseria cada vez más profunda de las víctimas es oscurecida por una avalancha de datos estadísticos y por la complejidad de las soluciones propuestas. Un fin de nuestra reflexión es dar una faz humana a la realidad y denunciar la injusticia que encubre las cifras, los informes y las propuestas: lo que los obispos latinoamericanos nos describieron como "un aro de hierro alrededor del cuello de nuestro pueblo… Porqué han de soportar los pobres de los países deudores, que no tuvieron ninguna parte en la decisión de acumular la deuda y que han recibido tan poco o ningún beneficio de ella, el peso mayor de su reembolso?…las propuestas estadounidenses sobre la deuda no han respondido en forma adecuada a la urgencia o magnitud del problema. Han estados concebidas más en interés del sistema financiero internacional que en el interés de los pobres…muchos afirman que es claro que los pobres del mundo en desarrollo no tuvieron voz en decidir sobre la acumulación de la deuda y recogieron poco o ningún beneficio del dinero prestado, su interés debería predominar y el servicio de la deuda no debería atenderse en absoluto. El argumento no es simplemente un caso político/económico/ real de que la deuda no puede pagarse; es una afirmación moral que no debería pagarse… Cuando los costos sociales minan la dignidad personal, ocasionando hambre, falta de vivienda, enfermedad y muerte, los principios de la justicia apuntan no hacia el reembolso por los deudores sino hacia la remisión de la deuda…Nuestros obispos hermanos nos recuerdan una y otra vez que muchas personas, seres humanos creados a imagen de Dios, especialmente los más vulnerables, las mujeres y los niños, están muriendo literalmente debido a las exigencias de la deuda y esto es intolerable…" Estas luminosas palabras muy diferentes a las tibias expresiones de nuestros obispos, también plantean el problema desde una dimensión no económica, sino desde los principios elementales de la justicia, y de la ley moral, que los prestamistas han desconocido siempre.