Días antes del procesamiento de Boudou, con una sincronización que difícilmente sea casual, se difundieron escuchas judiciales en las que el presunto narcotraficante Juan Ignacio Suris, novio de Mónica Farro y amigo de Leonardo Fariña, menciona una relación “de negocios de exportación e importación” con Zamora y su hijo.
Evidentemente, estas escuchas están siendo filtradas por un sector de los servicios de inteligencia y del propio poder judicial que buscan intervenir conspirativamente en la crisis política nacional. Estos sectores no tienen interés alguno en ir a fondo contra las redes de narcos, de las cuales incluso forman parte y que se vienen convirtiendo en un factor de crisis muy profundo en todo el país, particularmente en el norte.
En una reciente reunión oficial en Salta, jueces federales de todo el NOA (entre ellos, el tío de la gobernadora Claudia Zamora) admitieron que la región se ha convertido en tierra liberada para el narcotráfico. Santiago del Estero, en particular, se ha convertido en un paraíso narco: existen cientos de pistas de aterrizaje clandestinas, que también se vinculan con el tráfico de bebés, particularmente centrado en Añatuya. A la vez, con el auspicio estatal y subsidios oficiales, ha habido un crecimiento exponencial de hoteles y casinos, ámbito ideal para el lavado de dinero.
La ubicación y el accionar de los narcos son de público conocimiento en la provincia, pero no hay ningún tipo de investigación ni accionar por parte de los jueces, que en Santiago se limitan a perseguir consumidores (por ejemplo, el joven Alexis Torrijo, quien pasó meses detenido, acusado de “narco” por llevar un porro en su mochila).
Desde el Partido Obrero exigimos una investigación a fondo de las denuncias de vinculación del gobierno y el régimen político con el narcotráfico, así como una auditoría pública y exhaustiva de los casinos y hoteles que funcionan en la provincia, y la apertura de las cuentas del Banco Santiago del Estero, vinculado a este sector económico.
Edmon