El Senado mexicano envió al presidente del país, Enrique Peña Nieto, tres de las seis normas secundarias de la polémica reforma energética aprobada en diciembre. La reforma permitirá por primera vez en 76 años la inversión privada en este sector.
Estas medidas, recientemente aprobadas por el Senado y enviadas para su promulgación al Ejecutivo, regularán la industria petrolera y eléctrica del país.
Uno de los puntos más polémicos avalados por los senadores es la legalización del uso para la explotación de hidrocarburos de terrenos mediante arrendamiento, o incluso la ocupación temporal, a pesar de que se haga a cambio de una compensación, indica el portal de noticias Expansión.
Según el analista internacional Fernando Buen Abad, el Gobierno mexicano ha demostrado ser incapaz de defender el patrimonio nacional y los recursos estratégicos en materia energética.
En su opinión, "las reformas no hacen más que profundizar, por un lado la dependencia económica con EE.UU." y por otro, "la devastación de las últimas reservas de soberanía que México tenía particularmente con el petróleo".
Esta iniciativa supone el fin del monopolio de 76 años de la compañía Pemex. Además, las compañías petroleras compensarán económicamente a la población por el uso temporal de sus tierras.
Sin embargo, los propietarios de esos terrenos podrían verse perjudicados, ya que las compañías petroleras extranjeras controlarán la tierra mexicana en la que trabajen. Por otro lado, esta ley promueve el uso de la fractura hidráulica o 'fracking', a pesar de que ecologistas de todo el mundo han denunciado que se trata de un método nocivo y contaminante.
Asimismo, quienes se oponen a la reforma aseguran que, además de un importante daño ecológico, esta normativa generará y conflictos e inestabilidad social.
Los estados de la zona norte del país (Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas) serán los más afectados por la nueva normativa. Pese a las ayudas que se reciban en estas regiones, se prevé que allí surjan problemas de índole social, agrario, ganadero y ambiental que no podrán ser atendidos de forma eficaz.
Estas medidas, recientemente aprobadas por el Senado y enviadas para su promulgación al Ejecutivo, regularán la industria petrolera y eléctrica del país.
Uno de los puntos más polémicos avalados por los senadores es la legalización del uso para la explotación de hidrocarburos de terrenos mediante arrendamiento, o incluso la ocupación temporal, a pesar de que se haga a cambio de una compensación, indica el portal de noticias Expansión.
Según el analista internacional Fernando Buen Abad, el Gobierno mexicano ha demostrado ser incapaz de defender el patrimonio nacional y los recursos estratégicos en materia energética.
En su opinión, "las reformas no hacen más que profundizar, por un lado la dependencia económica con EE.UU." y por otro, "la devastación de las últimas reservas de soberanía que México tenía particularmente con el petróleo".
Esta iniciativa supone el fin del monopolio de 76 años de la compañía Pemex. Además, las compañías petroleras compensarán económicamente a la población por el uso temporal de sus tierras.
Sin embargo, los propietarios de esos terrenos podrían verse perjudicados, ya que las compañías petroleras extranjeras controlarán la tierra mexicana en la que trabajen. Por otro lado, esta ley promueve el uso de la fractura hidráulica o 'fracking', a pesar de que ecologistas de todo el mundo han denunciado que se trata de un método nocivo y contaminante.
Asimismo, quienes se oponen a la reforma aseguran que, además de un importante daño ecológico, esta normativa generará y conflictos e inestabilidad social.
Los estados mexicanos más afectados por la reforma energética
Los estados de la zona norte del país (Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas) serán los más afectados por la nueva normativa. Pese a las ayudas que se reciban en estas regiones, se prevé que allí surjan problemas de índole social, agrario, ganadero y ambiental que no podrán ser atendidos de forma eficaz.