Se trata de Gustavo Matar, imputado junto a Alejandro Cazabán por sobreprecios en servicios de comunicación. Desde Cultura, reconocieron haberlo contratado para realizar la transmisión de actividades vendimiales.
Se tiraron la pelota pero, finalmente, lo reconocieron. Desde el Gobierno provincial admitieron que Gustavo Matar volvió a prestar servicios para el Estado en las actividades vendimiales. Matar es el publicista sanrafaelino que ha sido imputado por la Justicia por sobreprecios en servicios de comunicación durante la gestión Jaque, el escándalo en el que también aparece acusado Alejandro Cazabán. Pese a este antecedente, desde el tercer piso de la Casa de Gobierno no dudaron en volver a emplear al empresario, cuyo crecimiento patrimonial en los últimos tres años llamó poderosamente la atención. En esta oportunidad, Matar prestó servicios para el Ministerio de Cultura e instaló su camión de transmisión para la Semana Federal y la Bendición de los Frutos. Esto fue confirmado desde el mismo ministerio que dirige Marizul Ibáñez a través del área de Prensa, ya que las autoridades no respondieron los llamados directos.
Según pudo saberse, durante la Bendición de los Frutos, el equipo de Matar realizó la transmisión del circuito cerrado para Cultura, un camión equipado como unidad de exteriores con patente KZC 158, propiedad de Emilio Gustavo Matar. En el último mes, el productor sanrafaelino fue visto en varias oportunidades en el tercer piso de la Casa de Gobierno, donde tiene su oficina el subsecretario de Comunicación Pública, Pablo Bicego.
Por su parte, en el Palacio Cívico afirmaron que desde Gobernación no habían contratado a la empresa del productor sanrafaelino. Comunicación Pública, sin embargo, es la que aprueba las contrataciones de los servicios que requieren las distintas áreas del Gobierno. En esa dependencia dieron a entender que el pago por los nuevos servicios del polémico proveedor se realizaría con fondos del Consejo Federal de Inversiones, desligando a la Provincia de la contratación.
VERSIONES CRUZADAS EN GOBIERNO. Así como el camión de transmisión de Matar fue fácil de hallar en las actividades programadas por Cultura, no fue tan sencillo que los funcionarios admitieran que el imputado está facturando de nuevo para el Estado provincial. De hecho, desde la Subsecretaría de Comunicación y desde Cultura cruzaron versiones respecto de cuál era el área oficial responsable de haber aceptado los servicios del cuestionado publicista.
Finalmente, desde Cultura señalaron que la nueva contratación fue por pedido de Bicego, el asesor comunicacional del gobernador Francisco Pérez. Desde Prensa de Gobernación se desligaron al señalar que la contratación de Matar pudo haber sido tercerizada.
Otras fuentes indicaron que Matar pugnaba por quedarse con la transmisión de la señal única para el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia –de la que se nutrirán los canales abiertos de TV–. Finalmente, el Gobierno otorgó este servicio a otra productora audiovisual, a través de una licitación pública.
Lo que llama la atención es que Matar había quedado fuera de la lista de proveedores del Estado debido a su situación judicial, según publicó El Sol en junio del 2013. La Dirección de Compras y Suministros del Ministerio de Hacienda decidió darle de baja como proveedor del Estado por varios incumplimientos, en una lista que incluía a 350 empresas. Los proveedores tienen que cumplir con dos requisitos: estar al día con el pago de los impuestos provinciales y tener actualizada la información contable y societaria. Sur Talent SRL, la empresa con la que facturó hasta que saltó el escándalo político judicial, ya no figura como proveedor en la web de Compras y Suministros.
En este caso, el fotógrafo sanrafaelino habría accedido a través de otra empresa, Kaffee Coronado. Se trata de una productora que está a nombre de su hijo, Gustavo Brahim Matar, como presidente de la misma, y de Daniel Alejandro García como director suplente. Kaffee Coronado tiene domicilio en Necochea 409, de Capital, y figura como agencia de publicidad en la Dirección de Compras y Suministros.
LOS VÍNCULOS CON CAZABÁN. El caso Matar fue el escándalo políticojudicial del 2013. Por la denuncia realizada en el 2011 por legisladores radicales –Alejandro Limas, Daniel Dimartino y Roberto Infante–, el fiscal de Delitos Complejos Santiago Garay imputó por defraudación en concurso real e incumplimiento de deberes de funcionario público a Alejandro Cazabán, ex secretario general de Gobierno durante la gestión de Jaque. Cazabán tenía bajo su órbita la pauta publicitaria y la contratación de servicios a distintas productoras del medio que proveen al Gobierno. Hay más de una decena de casos donde se registran precios exorbitantes pagados por el Estado provincial.
No es el único vínculo que une a Matar con Cazabán. El fotógrafo está casado con la diputada justicialista Evangelina Godoy, que milita en el sector del otrora influyente ex funcionario, que se ha desligado del escándalo y de la causa judicial.
Además de Cazabán, el fiscal Garay también imputó bajo los mismos cargos a los responsables del área de Comunicación. Se trata de Pablo Catania y de Ricardo Funez, actualmente, jefe de Prensa del Ministerio de Seguridad. De acuerdo con la investigación, los jefes de Prensa firmaban las facturas bajo las directrices de Cazabán.
Matar fue imputado como partícipe necesario en la maniobra de defraudación. De acuerdo con la denuncia, en tres años facturó alrededor de 30 millones de pesos, a través de Sur Talent SRL, firma que también tenía entre sus titulares a su esposa, la diputada justicialista.
Los sobreprecios fueron constatados cuando el fiscal Garay solicitó a diversas productoras mendocinas los presupuestos por los mismos trabajos realizados por Matar (filmaciones, fotografías, edición de video, alquiler de equipos, entre otros). Allí saltaron las diferencias notables, lo que evidenció la duplicación de los precios en las facturas presentadas por el publicista ante el Estado provincial. Un salto abrupto que se nota en la facturación que realizó comparativamente en un año: en el 2010, Matar le facturó al Estado alrededor de 900 mil pesos. En el 2011, un total de 12 millones, justo en medio de la campaña electoral del PJ.
Matar también intentó adquirir el Canal 6 de San Rafael al grupo Vila-Manzano, pero la negociación finalmente se cayó días después que la Justicia allanó las oficinas del empresario en la ciudad sureña. Los imputados tienen prohibido salir del país.
¿Cuál es el estado de la causa actualmente? El fiscal Garay ha dispuesto algunas medidas solicitadas por la defensa, pero ya tiene elementos para elevarla a juicio.
Gustavo Matar acusado de ser testaferro entre otras cosas de Alejandro Cazaban
Se tiraron la pelota pero, finalmente, lo reconocieron. Desde el Gobierno provincial admitieron que Gustavo Matar volvió a prestar servicios para el Estado en las actividades vendimiales. Matar es el publicista sanrafaelino que ha sido imputado por la Justicia por sobreprecios en servicios de comunicación durante la gestión Jaque, el escándalo en el que también aparece acusado Alejandro Cazabán. Pese a este antecedente, desde el tercer piso de la Casa de Gobierno no dudaron en volver a emplear al empresario, cuyo crecimiento patrimonial en los últimos tres años llamó poderosamente la atención. En esta oportunidad, Matar prestó servicios para el Ministerio de Cultura e instaló su camión de transmisión para la Semana Federal y la Bendición de los Frutos. Esto fue confirmado desde el mismo ministerio que dirige Marizul Ibáñez a través del área de Prensa, ya que las autoridades no respondieron los llamados directos.
Según pudo saberse, durante la Bendición de los Frutos, el equipo de Matar realizó la transmisión del circuito cerrado para Cultura, un camión equipado como unidad de exteriores con patente KZC 158, propiedad de Emilio Gustavo Matar. En el último mes, el productor sanrafaelino fue visto en varias oportunidades en el tercer piso de la Casa de Gobierno, donde tiene su oficina el subsecretario de Comunicación Pública, Pablo Bicego.
Por su parte, en el Palacio Cívico afirmaron que desde Gobernación no habían contratado a la empresa del productor sanrafaelino. Comunicación Pública, sin embargo, es la que aprueba las contrataciones de los servicios que requieren las distintas áreas del Gobierno. En esa dependencia dieron a entender que el pago por los nuevos servicios del polémico proveedor se realizaría con fondos del Consejo Federal de Inversiones, desligando a la Provincia de la contratación.
VERSIONES CRUZADAS EN GOBIERNO. Así como el camión de transmisión de Matar fue fácil de hallar en las actividades programadas por Cultura, no fue tan sencillo que los funcionarios admitieran que el imputado está facturando de nuevo para el Estado provincial. De hecho, desde la Subsecretaría de Comunicación y desde Cultura cruzaron versiones respecto de cuál era el área oficial responsable de haber aceptado los servicios del cuestionado publicista.
Alejandro Cazaban ,ligado al trafico de drogas y lavado de dinero
Finalmente, desde Cultura señalaron que la nueva contratación fue por pedido de Bicego, el asesor comunicacional del gobernador Francisco Pérez. Desde Prensa de Gobernación se desligaron al señalar que la contratación de Matar pudo haber sido tercerizada.
Otras fuentes indicaron que Matar pugnaba por quedarse con la transmisión de la señal única para el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia –de la que se nutrirán los canales abiertos de TV–. Finalmente, el Gobierno otorgó este servicio a otra productora audiovisual, a través de una licitación pública.
Lo que llama la atención es que Matar había quedado fuera de la lista de proveedores del Estado debido a su situación judicial, según publicó El Sol en junio del 2013. La Dirección de Compras y Suministros del Ministerio de Hacienda decidió darle de baja como proveedor del Estado por varios incumplimientos, en una lista que incluía a 350 empresas. Los proveedores tienen que cumplir con dos requisitos: estar al día con el pago de los impuestos provinciales y tener actualizada la información contable y societaria. Sur Talent SRL, la empresa con la que facturó hasta que saltó el escándalo político judicial, ya no figura como proveedor en la web de Compras y Suministros.
En este caso, el fotógrafo sanrafaelino habría accedido a través de otra empresa, Kaffee Coronado. Se trata de una productora que está a nombre de su hijo, Gustavo Brahim Matar, como presidente de la misma, y de Daniel Alejandro García como director suplente. Kaffee Coronado tiene domicilio en Necochea 409, de Capital, y figura como agencia de publicidad en la Dirección de Compras y Suministros.
LOS VÍNCULOS CON CAZABÁN. El caso Matar fue el escándalo políticojudicial del 2013. Por la denuncia realizada en el 2011 por legisladores radicales –Alejandro Limas, Daniel Dimartino y Roberto Infante–, el fiscal de Delitos Complejos Santiago Garay imputó por defraudación en concurso real e incumplimiento de deberes de funcionario público a Alejandro Cazabán, ex secretario general de Gobierno durante la gestión de Jaque. Cazabán tenía bajo su órbita la pauta publicitaria y la contratación de servicios a distintas productoras del medio que proveen al Gobierno. Hay más de una decena de casos donde se registran precios exorbitantes pagados por el Estado provincial.
No es el único vínculo que une a Matar con Cazabán. El fotógrafo está casado con la diputada justicialista Evangelina Godoy, que milita en el sector del otrora influyente ex funcionario, que se ha desligado del escándalo y de la causa judicial.
Además de Cazabán, el fiscal Garay también imputó bajo los mismos cargos a los responsables del área de Comunicación. Se trata de Pablo Catania y de Ricardo Funez, actualmente, jefe de Prensa del Ministerio de Seguridad. De acuerdo con la investigación, los jefes de Prensa firmaban las facturas bajo las directrices de Cazabán.
Matar fue imputado como partícipe necesario en la maniobra de defraudación. De acuerdo con la denuncia, en tres años facturó alrededor de 30 millones de pesos, a través de Sur Talent SRL, firma que también tenía entre sus titulares a su esposa, la diputada justicialista.
Los sobreprecios fueron constatados cuando el fiscal Garay solicitó a diversas productoras mendocinas los presupuestos por los mismos trabajos realizados por Matar (filmaciones, fotografías, edición de video, alquiler de equipos, entre otros). Allí saltaron las diferencias notables, lo que evidenció la duplicación de los precios en las facturas presentadas por el publicista ante el Estado provincial. Un salto abrupto que se nota en la facturación que realizó comparativamente en un año: en el 2010, Matar le facturó al Estado alrededor de 900 mil pesos. En el 2011, un total de 12 millones, justo en medio de la campaña electoral del PJ.
Matar también intentó adquirir el Canal 6 de San Rafael al grupo Vila-Manzano, pero la negociación finalmente se cayó días después que la Justicia allanó las oficinas del empresario en la ciudad sureña. Los imputados tienen prohibido salir del país.
¿Cuál es el estado de la causa actualmente? El fiscal Garay ha dispuesto algunas medidas solicitadas por la defensa, pero ya tiene elementos para elevarla a juicio.