Acorralado por la Cámara y el fiscal, Lijo sigue ahora la ruta del dinero
Uno de los elementos clave de la causa Ciccone es la ruta del dinero que permitió el levantamiento de la quiebra y posterior puesta en funcionamiento de la imprenta, para determinar si se cometió algún delito y, además, conocer quién estuvo realmente detrás del giro financiero que permitió el salvataje. Luego del duro pronunciamiento de la Cámara Federal, que ordenó seguir esta pista, el juez Ariel Lijo decidió recién el jueves pasado comenzar con la verificación de la documentación que obra en el expediente desde diciembre de 2012. Los resultados de esos peritajes serán determinantes para sostener o no su acusación contra el vicepresidente Amado Boudou sobre la eventual adquisición de la empresa mediante testaferros.
El planteo de la Cámara, sumado a las fricciones con el fiscal Jorge Di Lello por las medidas solicitadas en febrero, destinadas a probar el engranaje financiero de la maniobra que no fueron atendidas, terminaron por acorralar la estrategia del juez de avanzar en medidas procesales que tuvieran solo como objetivo principal la figura de Boudou. Según fuentes cercanas al expediente, parte de ese escenario fue abonado por los vínculos que habría entre el hermano del juez Lijo, Alfredo Fredy Lijo, y el actual abogado de los Ciccone, Marcelo Ruiz, que fue señalado por el vice como un personaje clave en el giro que experimentó la causa en los últimos meses.
Aquella parte de la estrategia también tuvo dos puntos de inflexión en la causa. Por un lado, el dictamen del fiscal de Casación Javier De Luca, que tras dos años de pesquisa exigió clarificar la situación de Boudou, lo que motivó la inmediata decisión de Lijo de comenzar a considerar testigos a los integrantes del clan fundador. Y por el otro, la primera aparición de Ruiz como abogado de los Ciccone, en una audiencia de mediación por el reclamo patrimonial que la familia tramita ante el Juzgado Comercial 16, y en el que también estuvo presente Alejandro Vandenbroele.
Ruiz, un abogado comercialista, apareció también luego acompañando a los integrantes del clan Ciccone en cada una de las declaraciones testimoniales que efectuaron ante Lijo en la causa penal, algo inusual. Esa estrategia de avanzar contra Boudou sin necesidad de profundizar la trama financiera de la causa parece ahora debilitada y la consecuencia fue la orden para la realización de los peritajes.
De acuerdo a los comprobantes y a los documentos societarios que hoy están en la causa Ciccone y a los que pudo acceder Tiempo Argentino, los dueños de la imprenta son dos: desde el punto de vista legal, Guillermo Reinwick –imputado y yerno de Nicolás Ciccone– que posee el 100% de las acciones de la compañía mediante dos empresas offshore que lo tienen como beneficiario final (Dusbel y EuropeanAdvisor y Panel LLC). Y por otro lado, el financista y ex banquero Raúl Juan Pedro Moneta, que es quien aparece como el aportante de los fondos para levantar la quiebra, y se hizo cargo de los préstamos de la ex Ciccone Calcográfica para su mantenimiento, utilizados en varios tramos del rescate.
Reinwick, dos años después de la operación, dijo que fue obligado a firmar todos los documentos certificados ante escribano público que fueron parte del acuerdo con Alejandro Vandenbroele, el titular de The Old Fund, que controló la empresa. Es clave para determinar su rol el “Preacuerdo de Prestación de Servicios” bajo el cual termina siendo el único accionista del 70% de la empresa que había quedado en medio de una compleja trama de sociedades (ver aparte). El 30% restante siempre quedó en manos de la familia fundadora.
Cuando declaró como testigo dijo haber sido amenazado para firmar, pero lo cierto es que la justicia nunca accedió a realizar los peritajes caligráficos para saber si su firma se plasmó en esos documentos cuya existencia es la principal prueba de su participación directa en la maniobra. En paralelo, denunció que Boudou, su socio y amigo José María Núñez Carmona, y Vandenbroele, fueron los que le arrebataron la empresa a los Ciccone, pero una vez que estalló el escándalo fue él quien firmó una solicitada aparecida en los medios en la que se hizo cargo de la imprenta. Este punto tampoco fue profundizado.
A su vez, Moneta es quien reclama una indemnización al Estado por la estatización de parte de los activos de la firma a través de su empresa Mayer BusinessCorp, que es la que en los documentos figura con giros financieros a las cuenta de The Old Fund (TOF). Tanto en la justicia comercial como en el fuero contencioso administrativo reclama una compensación por ser el dueño de los fondos y la inconstitucionalidad de la expropiación. Nunca se lo citó a declarar o se pidió la verificación de los movimientos financieros que dijo acreditar. Hasta el momento, es su faz financiera la causa acumula 18 anexos con documentación, a lo que se suman chequeos de composición societaria e informes provistos por la UIF.
Uno de los elementos clave de la causa Ciccone es la ruta del dinero que permitió el levantamiento de la quiebra y posterior puesta en funcionamiento de la imprenta, para determinar si se cometió algún delito y, además, conocer quién estuvo realmente detrás del giro financiero que permitió el salvataje. Luego del duro pronunciamiento de la Cámara Federal, que ordenó seguir esta pista, el juez Ariel Lijo decidió recién el jueves pasado comenzar con la verificación de la documentación que obra en el expediente desde diciembre de 2012. Los resultados de esos peritajes serán determinantes para sostener o no su acusación contra el vicepresidente Amado Boudou sobre la eventual adquisición de la empresa mediante testaferros.
El planteo de la Cámara, sumado a las fricciones con el fiscal Jorge Di Lello por las medidas solicitadas en febrero, destinadas a probar el engranaje financiero de la maniobra que no fueron atendidas, terminaron por acorralar la estrategia del juez de avanzar en medidas procesales que tuvieran solo como objetivo principal la figura de Boudou. Según fuentes cercanas al expediente, parte de ese escenario fue abonado por los vínculos que habría entre el hermano del juez Lijo, Alfredo Fredy Lijo, y el actual abogado de los Ciccone, Marcelo Ruiz, que fue señalado por el vice como un personaje clave en el giro que experimentó la causa en los últimos meses.
Aquella parte de la estrategia también tuvo dos puntos de inflexión en la causa. Por un lado, el dictamen del fiscal de Casación Javier De Luca, que tras dos años de pesquisa exigió clarificar la situación de Boudou, lo que motivó la inmediata decisión de Lijo de comenzar a considerar testigos a los integrantes del clan fundador. Y por el otro, la primera aparición de Ruiz como abogado de los Ciccone, en una audiencia de mediación por el reclamo patrimonial que la familia tramita ante el Juzgado Comercial 16, y en el que también estuvo presente Alejandro Vandenbroele.
Ruiz, un abogado comercialista, apareció también luego acompañando a los integrantes del clan Ciccone en cada una de las declaraciones testimoniales que efectuaron ante Lijo en la causa penal, algo inusual. Esa estrategia de avanzar contra Boudou sin necesidad de profundizar la trama financiera de la causa parece ahora debilitada y la consecuencia fue la orden para la realización de los peritajes.
De acuerdo a los comprobantes y a los documentos societarios que hoy están en la causa Ciccone y a los que pudo acceder Tiempo Argentino, los dueños de la imprenta son dos: desde el punto de vista legal, Guillermo Reinwick –imputado y yerno de Nicolás Ciccone– que posee el 100% de las acciones de la compañía mediante dos empresas offshore que lo tienen como beneficiario final (Dusbel y EuropeanAdvisor y Panel LLC). Y por otro lado, el financista y ex banquero Raúl Juan Pedro Moneta, que es quien aparece como el aportante de los fondos para levantar la quiebra, y se hizo cargo de los préstamos de la ex Ciccone Calcográfica para su mantenimiento, utilizados en varios tramos del rescate.
Reinwick, dos años después de la operación, dijo que fue obligado a firmar todos los documentos certificados ante escribano público que fueron parte del acuerdo con Alejandro Vandenbroele, el titular de The Old Fund, que controló la empresa. Es clave para determinar su rol el “Preacuerdo de Prestación de Servicios” bajo el cual termina siendo el único accionista del 70% de la empresa que había quedado en medio de una compleja trama de sociedades (ver aparte). El 30% restante siempre quedó en manos de la familia fundadora.
Cuando declaró como testigo dijo haber sido amenazado para firmar, pero lo cierto es que la justicia nunca accedió a realizar los peritajes caligráficos para saber si su firma se plasmó en esos documentos cuya existencia es la principal prueba de su participación directa en la maniobra. En paralelo, denunció que Boudou, su socio y amigo José María Núñez Carmona, y Vandenbroele, fueron los que le arrebataron la empresa a los Ciccone, pero una vez que estalló el escándalo fue él quien firmó una solicitada aparecida en los medios en la que se hizo cargo de la imprenta. Este punto tampoco fue profundizado.
A su vez, Moneta es quien reclama una indemnización al Estado por la estatización de parte de los activos de la firma a través de su empresa Mayer BusinessCorp, que es la que en los documentos figura con giros financieros a las cuenta de The Old Fund (TOF). Tanto en la justicia comercial como en el fuero contencioso administrativo reclama una compensación por ser el dueño de los fondos y la inconstitucionalidad de la expropiación. Nunca se lo citó a declarar o se pidió la verificación de los movimientos financieros que dijo acreditar. Hasta el momento, es su faz financiera la causa acumula 18 anexos con documentación, a lo que se suman chequeos de composición societaria e informes provistos por la UIF.