Un informe de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) detalla las fallas del control sobre el sistema de espionaje.
El domingo último fue encontrado muerto el fiscal Alberto Nisman, quien investigaba el atentado a la AMIA ocurrido en 1994, en el que murieron 85 personas. Las sospechas sobre el rol que tuvieron los servicios de inteligencia en el caso reavivaron el debate sobre la necesidad de un control efectivo de estos organismos.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) publicó un informe que muestra las falencias que se arrastran desde la vuelta de la democracia. El documento es producto de una investigación de varios años que incluyó un pedido de acceso a la información sobre el tema en 2012, y fue realizada por Ramiro Álvarez Ugarte.
Los principales puntos son:
• La actividad de inteligencia en la Argentina goza de inaceptables grados de autonomía que implican un riesgo para los derechos de los ciudadanos y las instituciones democráticas.
• Desde 1983 los gobiernos democráticos no han sabido o querido establecer controles efectivos y los servicios de inteligencia se convirtieron en una parte esencial del poder presidencial en la Argentina. Ese poder se ejerce en muchas ocasiones de una manera que viola los derechos de los ciudadanos, en especial, el derecho a la privacidad y a la libertad de asociación y expresión.
• El mecanismo de control parlamentario creado por la Ley 25.520 [Ley de Inteligencia Nacional] no funciona y debe ser objeto de una revisión profunda y una reforma integral.
• Las actividades de inteligencia en la Argentina están amparadas por un grado de secretismo excesivo, que alcanza incluso a las autoridades encargadas de controlar que no se cometan delitos o se violen los derechos ciudadanos.
• El espionaje político interno es una de las principales actividades de inteligencia en la Argentina a pesar de que se encuentra expresamente prohibido por una ley del Congreso. Eso es consecuencia de la falta de controles parlamentarios y judiciales eficientes.
• La Argentina cuenta con una adecuada capacidad de interceptación de comunicaciones privadas. Todo indica que posee la capacidad técnica de interceptar comunicaciones telefónicas y hay indicios de que ello ocurre con la colaboración de las empresas prestatarias de servicios de telecomunicaciones. Esta capacidad se extendería a los datos que circulan en Internet.
• Ninguno de los escándalos [políticos y judiciales] producidos en los últimos años generó cambios significativos en el control de las actividades de inteligencia.
El domingo último fue encontrado muerto el fiscal Alberto Nisman, quien investigaba el atentado a la AMIA ocurrido en 1994, en el que murieron 85 personas. Las sospechas sobre el rol que tuvieron los servicios de inteligencia en el caso reavivaron el debate sobre la necesidad de un control efectivo de estos organismos.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) publicó un informe que muestra las falencias que se arrastran desde la vuelta de la democracia. El documento es producto de una investigación de varios años que incluyó un pedido de acceso a la información sobre el tema en 2012, y fue realizada por Ramiro Álvarez Ugarte.
Los principales puntos son:
• La actividad de inteligencia en la Argentina goza de inaceptables grados de autonomía que implican un riesgo para los derechos de los ciudadanos y las instituciones democráticas.
• Desde 1983 los gobiernos democráticos no han sabido o querido establecer controles efectivos y los servicios de inteligencia se convirtieron en una parte esencial del poder presidencial en la Argentina. Ese poder se ejerce en muchas ocasiones de una manera que viola los derechos de los ciudadanos, en especial, el derecho a la privacidad y a la libertad de asociación y expresión.
• El mecanismo de control parlamentario creado por la Ley 25.520 [Ley de Inteligencia Nacional] no funciona y debe ser objeto de una revisión profunda y una reforma integral.
• Las actividades de inteligencia en la Argentina están amparadas por un grado de secretismo excesivo, que alcanza incluso a las autoridades encargadas de controlar que no se cometan delitos o se violen los derechos ciudadanos.
• El espionaje político interno es una de las principales actividades de inteligencia en la Argentina a pesar de que se encuentra expresamente prohibido por una ley del Congreso. Eso es consecuencia de la falta de controles parlamentarios y judiciales eficientes.
• La Argentina cuenta con una adecuada capacidad de interceptación de comunicaciones privadas. Todo indica que posee la capacidad técnica de interceptar comunicaciones telefónicas y hay indicios de que ello ocurre con la colaboración de las empresas prestatarias de servicios de telecomunicaciones. Esta capacidad se extendería a los datos que circulan en Internet.
• Ninguno de los escándalos [políticos y judiciales] producidos en los últimos años generó cambios significativos en el control de las actividades de inteligencia.