UN ESTADO PROXENETA
9 de abril de 2015 | Edición Impresa #1358 | Por Norma Dardick
Se ha hecho una denuncia por una presunta red de trata de personas en la capital de Río Negro. Tiene como víctimas a tres niñas de 13, 14 y 15 años que pertenecen al Centro de Atención Integral a la Niñez y a la Adolescencia (Caina). Un instituto de menores dependiente del Estado Nacional que debería velar por los derechos de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La denuncia existe desde hace más de un año y estuvo cajoneada todo este tiempo. Quienes tenían acceso al expediente de la causa y lo manejaban a gusto y piacere eran los mismos proxenetas de las adolescentes.
Entre los responsables de esta red estarían nada menos que integrantes del Poder Judicial, la cúpula del Ministerio de Desarrollo Social con el ministro Arroyo a la cabeza, a quien los propios trabajadores del ministerio señalan como el máximo responsable, ya que el hogar estaba dentro de su jurisdicción y se encuentra involucrado gran parte de su personal; también estarían involucrados funcionarios del Ministerio de Salud del gobernador Wereltineck, junto a empresarios agrarios y de la medicina.
Las jóvenes denunciaron que eran retiradas del instituto donde permanecían internadas, todos los días a la misma hora por Fabián Peralta (funcionario del Ministerio de Salud, quien se suicidó hace pocos días tras conocer su imputación) y allí eran trasladadas en una camioneta hacia la chacra del juez Bernardi. Luego, las obligaban a practicar relaciones sexuales reiteradas veces con varias personas. Las adolescentes aseguraron que no se trataba de un hecho aislado, sino de una metodología sistemática llevada adelante por una vasta lista de funcionarios estatales y empresarios.
Este nuevo escándalo en Viedma viene precedido por varias desapariciones en la provincia, entre las que se encuentra la de Otoño Uriarte, Atahualpa Vinaya, Karen Alvarez, Daniel Solano y Carlos Painevil, y pone de manifiesto la podredumbre del Estado y el conjunto del régimen político que hacen de la impunidad moneda corriente.
Hasta el momento, Wereltineck no ha salido a dar ningún tipo de declaración; mientras tanto, crece la lista de funcionarios del gobierno provincial sospechados de pertenecer a "la banda de los viejos". Por su parte, Pichetto ha salido a hacer demagogia, queriendo llevar agua para su molino en pleno año electoral; sin embargo, es vox populi que los concejales pichettistas conocían muy bien la existencia de esta red y nada hicieron para desmantelarla. Fue gracias a la complicidad de todo el arco político gobernante que se sostuvo el proxenetismo. Ha salido a la luz que las niñas sufrieron nuevas violaciones, luego de que se radicara la segunda denuncia contra los funcionarios del poder político.
La máxima perversión que pueda imaginarse proviene del Estado. En vez de proteger a los adolescentes de los maltratos y la violencia familiar a través de estos institutos, se los entrega a quienes regentean la prostitución infantil.
El caso de Viedma deja al desnudo la complicidad imprescindible del Estado y sus funcionarios con las redes de trata.
Sólo un gobierno de trabajadores puede acabar con la descomposición de un régimen social que somete a niños y adolescentes a la explotación sexual.
Exigimos el juicio y castigo a todos los responsables. Por el desmantelamiento de todas las redes de trata.
9 de abril de 2015 | Edición Impresa #1358 | Por Norma Dardick
Se ha hecho una denuncia por una presunta red de trata de personas en la capital de Río Negro. Tiene como víctimas a tres niñas de 13, 14 y 15 años que pertenecen al Centro de Atención Integral a la Niñez y a la Adolescencia (Caina). Un instituto de menores dependiente del Estado Nacional que debería velar por los derechos de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La denuncia existe desde hace más de un año y estuvo cajoneada todo este tiempo. Quienes tenían acceso al expediente de la causa y lo manejaban a gusto y piacere eran los mismos proxenetas de las adolescentes.
Entre los responsables de esta red estarían nada menos que integrantes del Poder Judicial, la cúpula del Ministerio de Desarrollo Social con el ministro Arroyo a la cabeza, a quien los propios trabajadores del ministerio señalan como el máximo responsable, ya que el hogar estaba dentro de su jurisdicción y se encuentra involucrado gran parte de su personal; también estarían involucrados funcionarios del Ministerio de Salud del gobernador Wereltineck, junto a empresarios agrarios y de la medicina.
Las jóvenes denunciaron que eran retiradas del instituto donde permanecían internadas, todos los días a la misma hora por Fabián Peralta (funcionario del Ministerio de Salud, quien se suicidó hace pocos días tras conocer su imputación) y allí eran trasladadas en una camioneta hacia la chacra del juez Bernardi. Luego, las obligaban a practicar relaciones sexuales reiteradas veces con varias personas. Las adolescentes aseguraron que no se trataba de un hecho aislado, sino de una metodología sistemática llevada adelante por una vasta lista de funcionarios estatales y empresarios.
Este nuevo escándalo en Viedma viene precedido por varias desapariciones en la provincia, entre las que se encuentra la de Otoño Uriarte, Atahualpa Vinaya, Karen Alvarez, Daniel Solano y Carlos Painevil, y pone de manifiesto la podredumbre del Estado y el conjunto del régimen político que hacen de la impunidad moneda corriente.
Hasta el momento, Wereltineck no ha salido a dar ningún tipo de declaración; mientras tanto, crece la lista de funcionarios del gobierno provincial sospechados de pertenecer a "la banda de los viejos". Por su parte, Pichetto ha salido a hacer demagogia, queriendo llevar agua para su molino en pleno año electoral; sin embargo, es vox populi que los concejales pichettistas conocían muy bien la existencia de esta red y nada hicieron para desmantelarla. Fue gracias a la complicidad de todo el arco político gobernante que se sostuvo el proxenetismo. Ha salido a la luz que las niñas sufrieron nuevas violaciones, luego de que se radicara la segunda denuncia contra los funcionarios del poder político.
La máxima perversión que pueda imaginarse proviene del Estado. En vez de proteger a los adolescentes de los maltratos y la violencia familiar a través de estos institutos, se los entrega a quienes regentean la prostitución infantil.
El caso de Viedma deja al desnudo la complicidad imprescindible del Estado y sus funcionarios con las redes de trata.
Sólo un gobierno de trabajadores puede acabar con la descomposición de un régimen social que somete a niños y adolescentes a la explotación sexual.
Exigimos el juicio y castigo a todos los responsables. Por el desmantelamiento de todas las redes de trata.
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