"Este drama social que vive esta familia y que lamentamos todos muchísimo tiene que ser soportado por los servicios sociales, pero en ningun caso por la propiedad del inmueble"
El desahucio que ha tenido lugar en Cádiz en la mañana del lunes y que ha provocado el desalojo de cuatro ediles del partido 'Por Cádiz sí se puede' tiene su cara B. Es la situación por la que atraviesa la propietaria del piso, en una situación económica y de salud muy delicadas, según han explicado fuentes cercanas.
La dueña es una señora de avanzada edad que no vive en Cádiz en este momento y que no ha podido acceder a las peticiones del alcalde, José María González 'Kichi', por estar sufriendo también una circunstancia extrema, ya que lleva dos años sin cobrar nada del alquiler. Esta finca fue objeto de una rehabilitación integral por parte de la Junta de Andalucía, se firmaron contratos de arrendamiento con renta protegida en agosto de 2003, pactando una duración de 10 años. El contrato vencía el 31 de julio de 2013 y la propiedad del inmueble decidió no prorrogar el contrato. Los inquilinos no sólo no entregaron pacíficamente la posesión del inmueble, aseguran estas fuentes, si no que dejaron de pagar la renta, 148,46 euros. Desde agosto de 2013 no se abona ningún tipo de renta.
Tras varios meses de litigio, a última hora del viernes presentó un escrito el Ayuntamiento de Cádiz pidiendo la suspensión del lanzamiento y ofreciendo el pago de un mes de renta para continuar la negociación. Algo que no fue aceptado.
"La propiedad de la finca ha sido muy paciente con la situación, este drama social que vive esta familia y que lamentamos todos muchísimo tiene que ser soportado por los servicios sociales, pero en ningun caso por la propiedad del inmueble, que bastante tiene con dejar de percibir la renta y no tener la vivienda a su disposición a pesar de haber finalizado el contrato", comenta el abogado de la propietaria, que añade que "los hechos de esta mañana eran perfectamente evitables y así se lo he trasladado al alcalde y a sus concejales. Esta situación sólo podía haber generado problemas para los allí presentes".
Aseguran que la pareja desalojada este lunes recibió ayudas económicas del anterior equipo de gobierno, que cifran en 600 euros, para que pudiera saldar parte de la deuda y retrasar o evitar el desahucio. «Sin embargo, la propietaria no recibió nada de ese dinero, no sabemos cómo se gastó ni nos importa pero el caso se ha prolongado durante dos años para perjuicio de la propietaria».
Puede que sigan sin aparecer los buenos ni los malos, siguen sin ser fáciles las soluciones y siempre será prioridad proteger a dos personas del desamparo. Simplemente, se trataba de escuchar a la otra parte antes de repartir papeles.
El desahucio que ha tenido lugar en Cádiz en la mañana del lunes y que ha provocado el desalojo de cuatro ediles del partido 'Por Cádiz sí se puede' tiene su cara B. Es la situación por la que atraviesa la propietaria del piso, en una situación económica y de salud muy delicadas, según han explicado fuentes cercanas.
La dueña es una señora de avanzada edad que no vive en Cádiz en este momento y que no ha podido acceder a las peticiones del alcalde, José María González 'Kichi', por estar sufriendo también una circunstancia extrema, ya que lleva dos años sin cobrar nada del alquiler. Esta finca fue objeto de una rehabilitación integral por parte de la Junta de Andalucía, se firmaron contratos de arrendamiento con renta protegida en agosto de 2003, pactando una duración de 10 años. El contrato vencía el 31 de julio de 2013 y la propiedad del inmueble decidió no prorrogar el contrato. Los inquilinos no sólo no entregaron pacíficamente la posesión del inmueble, aseguran estas fuentes, si no que dejaron de pagar la renta, 148,46 euros. Desde agosto de 2013 no se abona ningún tipo de renta.
Tras varios meses de litigio, a última hora del viernes presentó un escrito el Ayuntamiento de Cádiz pidiendo la suspensión del lanzamiento y ofreciendo el pago de un mes de renta para continuar la negociación. Algo que no fue aceptado.
"La propiedad de la finca ha sido muy paciente con la situación, este drama social que vive esta familia y que lamentamos todos muchísimo tiene que ser soportado por los servicios sociales, pero en ningun caso por la propiedad del inmueble, que bastante tiene con dejar de percibir la renta y no tener la vivienda a su disposición a pesar de haber finalizado el contrato", comenta el abogado de la propietaria, que añade que "los hechos de esta mañana eran perfectamente evitables y así se lo he trasladado al alcalde y a sus concejales. Esta situación sólo podía haber generado problemas para los allí presentes".
Aseguran que la pareja desalojada este lunes recibió ayudas económicas del anterior equipo de gobierno, que cifran en 600 euros, para que pudiera saldar parte de la deuda y retrasar o evitar el desahucio. «Sin embargo, la propietaria no recibió nada de ese dinero, no sabemos cómo se gastó ni nos importa pero el caso se ha prolongado durante dos años para perjuicio de la propietaria».
Puede que sigan sin aparecer los buenos ni los malos, siguen sin ser fáciles las soluciones y siempre será prioridad proteger a dos personas del desamparo. Simplemente, se trataba de escuchar a la otra parte antes de repartir papeles.