La Guerra del Gas es el nombre con el que se conoce un conflicto social ocurrido en Bolivia durante 2003,el conflicto se centró en la explotación de las reservas de gas natural que se descubrieron en el departamento de Tarija, a mediados de la década de 19901 y catalogadas conjuntamente como el segundo yacimiento más grande de Sudamérica.
La guerra del Gas
La guerra del gas es un nombre que se dieron a los conflictos desde septiembre a octubre del año 2003, relacionados con la exportación de gas natural de Bolivia a Estados Unidos y México. El conflicto principal surge por la decisión del gobierno presidido por Gonzalo Sánchez de Lozada de exportar gas natural por Chile. Las principales demandas de la guerra del gas era a la no exportación del gas natural hasta que existiera una política para abastecer el mercado interno, de la misma manera por los precios bajos (considerados casi de regalo) a los que se pretendía exportar el gas, que eran menores de un dólar el millar de BTU. La segunda demanda era una Asamblea Constituyente, es decir, crear un nuevo pacto social hacia un nuevo Estado de consenso.
Conflicto
Plan República
"El Plan República", el cual fue elaborado por los departamentos de Inteligencia de las tres Fuerzas Armadas con meses de anticipación ante posibles movilizaciones sociales o de insurgencia armada, que no era necesariamente de conocimiento de la población civil, por su calificación de "Secreto de estado", resultaron en la salida de los militares a las calles el día 16 de septiembre de 2003.
El 11 de septiembre de 2003, se da "alerta roja" poniendo en ejecución el "Plan República". Las tropas tomaron posiciones estratégicas ante los hechos que ocurrían en Warisata, Sorata y posteriormente en El Alto y en la ciudad de La Paz.
El General Arnez, testimonia que los regimientos: Calama, Boquerón, Vidaurre, Ranger, Aroma, Independencia, se alojaron en el Regimiento Ingavi y en otras dependencias militares desde el 8 al 10 de octubre, en ejecución -se entiende-, "del Plan República".
Enfatiza que recibió órdenes de custodiar Senkata el 9 de octubre, a las 11 y que el 10 de octubre recibió órdenes de escoltar las cisternas desde Senkata, enviando varios vehículos blindados. Expresa que en fecha 11 de octubre arribó a El Alto y a la ciudad de La Paz el primer convoy transportando gas licuado (GLP) para consumo de la población, más un carro cisterna para eventualidades.
Warisata
Un mes antes que se emita el Decreto 27209/03 el 20 de septiembre del 2003 los militares efectuaron represión en contra del pueblo de Warisata debido a los conflictos, bloqueos y enfrentamientos causados por los campesinos y comunarios del lugar, que dejó seis muertos, de los que cinco eran campesinos y un soldado. Ante ese resultado, los campesinos desafiaron al Gobierno con fusiles Mauser y carabinas en mano siendo esto el principio de la insurrección en contra del gobierno de Gonzalo Sanchez de Lozada .
El Alto
Los pobladores de la ciudad de El Alto, con personas de los pueblos andinos que llegaron a la ciudad del Alto a reclamar por gas, son los protagonistas principales del conflicto de octubre de 2003. Este empieza más o menos en los primeros días de octubre, especialmente cuando El Alto declara un paro cívico. El día 13 de octubre, el gobierno decide llevar un convoy con gasolina y víveres para algunas familias de la ciudad de La Paz. En la zona de la portada, militares con armas de guerra y grandes ametralladoras empiezan a disparar contra un población, armada de palos y piedras; los helicópteros empiezan a disparar contra los techos de las casas y crecen las constantes denuncias mediáticas de los asesores estadounidenses en Bolivia.
En el conflicto muere un niño de cinco años que había salido al balcón de su casa y recibió un balazo, con un tiro certero de los militares parapetados en el puente de La Ceja de El Alto, y con línea directa a la casa del niño. Mueren alrededor de 65 personas y los dirigentes de las organizaciones y comunidades claman la renuncia de Sánchez de Lozada, ante eso se suman otras organizaciones como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo, los residentes bolivianos en el exterior, etc., que buscaban la pacificación del país. Las marchas en contra de Sánchez de Lozada se extienden en todo el territorio nacional y la ciudad de La Paz, también se manifiesta desde todas sus latitudes.
Estatalización de la industria gasífera
Las elecciones fueron postergadas por la Corte Electoral, luego de un reclamo judicial por el reclamo de bancas por parte del departamento de Santa Cruz. Finalmente, la fecha para las elecciones generales bolivianas se fijó para el 18 de diciembre de 2005.
En el año 2005, Evo Morales gana las elecciones nacionales con un histórico 54%, (por primera vez un candidato en Bolivia obtiene la mayoría de los votos). Esto significaba que no eran necesarias las alianzas post-electorales. Dentro de las principales promesas del actual presidente estaban la estatalización de los hidrocarburos y la Asamblea Constituyente. El primero de mayo del año 2006 después de negociaciones con las Empresas Transnacionales (quienes nunca había ratificado sus contratos con el parlamento nacional) se firman nuevos contratos. A partir de la estatalización se incrementan los ingresos por la explotación del gas; primeramente por la Ley aprobada después del referéndum del gas que establecía que un 50% debía pagarse en regalías para el Estado y un 18% por ciento en impuestos. El Estado pasa a ganar del 51% aprobado en el Referendo de 2004 en el gobierno de Carlos Mesa al 82% del negocio del gas. Cabe mencionar que el gobierno cobró el 82% a los megacampos entre mayo y octubre de 2006, es decir solo durante seis meses. A fines de octubre se firmaron los “nuevos” contratos” que mantuvieron el tiempo original de concesión de los campos, las mismas parcelas, etc. A partir de entonces el porcentaje básico es de 50% de los impuestos aprobados por el pueblo en el Referendo de 2004, sin embargo de acuerdo a cada campo y en función de cálculos específicos, podemos decir que los megacampos dejaban algo más del 60%, pero ni en sueños el 82%.
Finalmente el día 1 de mayo de 2006, firmó un decreto que indicaba que todas las reservas del gas debían ser estatalizadas. El aviso fue realizado para coincidir con el día del trabajo, el 1 de mayo. Ordenando a los militares y a los ingenieros de YPFB que, durante la firma, ocuparan y aseguraran las instalaciones gasíferas. Morales dio a las compañías extranjeras un plazo de seis meses como “período de transición” para renegociar los contratos, o sino serían expulsadas del país. Sin embargo, el presidente Morales indicó que la estatalización no tomaría la forma de expropiaciones o de incautaciones. El vicepresidente Álvaro García Linera dijo en la plaza principal de La Paz, que las ganancias por el gas del gobierno llegarían hasta los $780 millones el año siguiente, creciendo casi seis veces si se las compara con el año 2002, esto debido principalmente al enorme incremento del precio de los hidrocarburos . Entre las 53 instalaciones afectadas por la medida están Petrobras del Brasil, uno de los inversionistas más grandes de Bolivia, que controla el 14% de las reservas del gas en el país. El Ministro de energía de Brasil, Rondeau de Silas, reaccionó, considerando el movimiento como “antipático” y contrariamente al entendimiento histórico entre su país y Bolivia. Petrobras, Repsol YPF, PLC Británico del grupo del productor BG de gas y petróleo, Repsol y la francesa Total son las principales compañías del gas presentes en el país. Según Reuters, “el eco de las acciones de Bolivia, donde el presidente venezolano Hugo Chávez, aliado de Evo Morales, el quinto exportador más grande de petróleo del mundo con las migraciones forzadas y las alzas del impuesto retroactivo, hizo que los comandantes aceptaran gran parte de las condiciones del contrato.” YPFB pagaría a las compañías extranjeras sus servicios, ofreciendo cerca del 50% del valor de la producción, aunque el decreto indicó que las compañías en los campos de gas más grandes del país conseguirían apenas el 18%.5
La negociación y aprobación de los contratos por el poder legislativo (las cuales se realizaban por primera vez; es decir que anteriormente ninguna empresa capitalizada en Bolivia cumplía con todas las formalidades de la ley), tropieza con una oposición que no estaba dispuesta a discutir la aprobación de los contratos que mediante la presión popular se logra constitucionalizar en contratos petroleros.
Se estuvo negociando durante un período de 6 meses; dicha negociación había sido difícil, especialmente con la compañía brasileñá Petrobras. Petrobras rechazaba ls aumentos o la reducción a un abastecedor de servicios. Como resultado Andrés Soliz Rada, el ministro de energía boliviano, atascado en las negociaciones, terminó dimitiendo en octubre y fue substituido por Carlos Villegas. “nos obligan vivir con el Brasil en una unión sin divorcio, porque ambos nos necesitamos”, dijo Evo Morales en la ceremonia de firma del contrato, lo cual subraya la dependencia mutua de Brasil y de Bolivia en la producción del gas boliviano.6
La estatalización no termina con las empresas productoras, hoy en día también se estatalizó Transredes, la transportadora del gas que se encargaba de mantener y construir los gaseoductos. La estatalización de los hidrocarburos bolivianos coadyuva a la soberana decisión en la integración energética de la región sudamericana. Hasta el momento, los pactos realizados entre Argentina, Bolivia, Brasil, y Venezuela, demostraban un proceso de integración energética sudamericana.
Las negociaciones entre el gobierno boliviano y las compañías extranjeras se intensificaron durante la semana previa al plazo que finalizaba el 28 de octubre de 2006. Un día antes se alcanzó un acuerdo con dos de las compañías (incluida Total) y el sábado antes del plazo con el resto de las diez compañías restantes (Petrobras y Repsol YPF, entre ellas) el funcionamiento en Bolivia también había surgido de un acuerdo. Los detalles completos de los nuevos contratos no se habían dado a conocer, pero el objetivo del gobierno de levantar los réditos de los dos campos principales del 60% al 82% parecía haber sido alcanzado. La parte del rédito para el gobierno en los campos de menor importancia se fijaba en 60%.
La guerra del Gas
La guerra del gas es un nombre que se dieron a los conflictos desde septiembre a octubre del año 2003, relacionados con la exportación de gas natural de Bolivia a Estados Unidos y México. El conflicto principal surge por la decisión del gobierno presidido por Gonzalo Sánchez de Lozada de exportar gas natural por Chile. Las principales demandas de la guerra del gas era a la no exportación del gas natural hasta que existiera una política para abastecer el mercado interno, de la misma manera por los precios bajos (considerados casi de regalo) a los que se pretendía exportar el gas, que eran menores de un dólar el millar de BTU. La segunda demanda era una Asamblea Constituyente, es decir, crear un nuevo pacto social hacia un nuevo Estado de consenso.
Conflicto
Plan República
"El Plan República", el cual fue elaborado por los departamentos de Inteligencia de las tres Fuerzas Armadas con meses de anticipación ante posibles movilizaciones sociales o de insurgencia armada, que no era necesariamente de conocimiento de la población civil, por su calificación de "Secreto de estado", resultaron en la salida de los militares a las calles el día 16 de septiembre de 2003.
El 11 de septiembre de 2003, se da "alerta roja" poniendo en ejecución el "Plan República". Las tropas tomaron posiciones estratégicas ante los hechos que ocurrían en Warisata, Sorata y posteriormente en El Alto y en la ciudad de La Paz.
El General Arnez, testimonia que los regimientos: Calama, Boquerón, Vidaurre, Ranger, Aroma, Independencia, se alojaron en el Regimiento Ingavi y en otras dependencias militares desde el 8 al 10 de octubre, en ejecución -se entiende-, "del Plan República".
Enfatiza que recibió órdenes de custodiar Senkata el 9 de octubre, a las 11 y que el 10 de octubre recibió órdenes de escoltar las cisternas desde Senkata, enviando varios vehículos blindados. Expresa que en fecha 11 de octubre arribó a El Alto y a la ciudad de La Paz el primer convoy transportando gas licuado (GLP) para consumo de la población, más un carro cisterna para eventualidades.
Warisata
Un mes antes que se emita el Decreto 27209/03 el 20 de septiembre del 2003 los militares efectuaron represión en contra del pueblo de Warisata debido a los conflictos, bloqueos y enfrentamientos causados por los campesinos y comunarios del lugar, que dejó seis muertos, de los que cinco eran campesinos y un soldado. Ante ese resultado, los campesinos desafiaron al Gobierno con fusiles Mauser y carabinas en mano siendo esto el principio de la insurrección en contra del gobierno de Gonzalo Sanchez de Lozada .
El Alto
Los pobladores de la ciudad de El Alto, con personas de los pueblos andinos que llegaron a la ciudad del Alto a reclamar por gas, son los protagonistas principales del conflicto de octubre de 2003. Este empieza más o menos en los primeros días de octubre, especialmente cuando El Alto declara un paro cívico. El día 13 de octubre, el gobierno decide llevar un convoy con gasolina y víveres para algunas familias de la ciudad de La Paz. En la zona de la portada, militares con armas de guerra y grandes ametralladoras empiezan a disparar contra un población, armada de palos y piedras; los helicópteros empiezan a disparar contra los techos de las casas y crecen las constantes denuncias mediáticas de los asesores estadounidenses en Bolivia.
En el conflicto muere un niño de cinco años que había salido al balcón de su casa y recibió un balazo, con un tiro certero de los militares parapetados en el puente de La Ceja de El Alto, y con línea directa a la casa del niño. Mueren alrededor de 65 personas y los dirigentes de las organizaciones y comunidades claman la renuncia de Sánchez de Lozada, ante eso se suman otras organizaciones como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo, los residentes bolivianos en el exterior, etc., que buscaban la pacificación del país. Las marchas en contra de Sánchez de Lozada se extienden en todo el territorio nacional y la ciudad de La Paz, también se manifiesta desde todas sus latitudes.
Estatalización de la industria gasífera
Las elecciones fueron postergadas por la Corte Electoral, luego de un reclamo judicial por el reclamo de bancas por parte del departamento de Santa Cruz. Finalmente, la fecha para las elecciones generales bolivianas se fijó para el 18 de diciembre de 2005.
En el año 2005, Evo Morales gana las elecciones nacionales con un histórico 54%, (por primera vez un candidato en Bolivia obtiene la mayoría de los votos). Esto significaba que no eran necesarias las alianzas post-electorales. Dentro de las principales promesas del actual presidente estaban la estatalización de los hidrocarburos y la Asamblea Constituyente. El primero de mayo del año 2006 después de negociaciones con las Empresas Transnacionales (quienes nunca había ratificado sus contratos con el parlamento nacional) se firman nuevos contratos. A partir de la estatalización se incrementan los ingresos por la explotación del gas; primeramente por la Ley aprobada después del referéndum del gas que establecía que un 50% debía pagarse en regalías para el Estado y un 18% por ciento en impuestos. El Estado pasa a ganar del 51% aprobado en el Referendo de 2004 en el gobierno de Carlos Mesa al 82% del negocio del gas. Cabe mencionar que el gobierno cobró el 82% a los megacampos entre mayo y octubre de 2006, es decir solo durante seis meses. A fines de octubre se firmaron los “nuevos” contratos” que mantuvieron el tiempo original de concesión de los campos, las mismas parcelas, etc. A partir de entonces el porcentaje básico es de 50% de los impuestos aprobados por el pueblo en el Referendo de 2004, sin embargo de acuerdo a cada campo y en función de cálculos específicos, podemos decir que los megacampos dejaban algo más del 60%, pero ni en sueños el 82%.
Finalmente el día 1 de mayo de 2006, firmó un decreto que indicaba que todas las reservas del gas debían ser estatalizadas. El aviso fue realizado para coincidir con el día del trabajo, el 1 de mayo. Ordenando a los militares y a los ingenieros de YPFB que, durante la firma, ocuparan y aseguraran las instalaciones gasíferas. Morales dio a las compañías extranjeras un plazo de seis meses como “período de transición” para renegociar los contratos, o sino serían expulsadas del país. Sin embargo, el presidente Morales indicó que la estatalización no tomaría la forma de expropiaciones o de incautaciones. El vicepresidente Álvaro García Linera dijo en la plaza principal de La Paz, que las ganancias por el gas del gobierno llegarían hasta los $780 millones el año siguiente, creciendo casi seis veces si se las compara con el año 2002, esto debido principalmente al enorme incremento del precio de los hidrocarburos . Entre las 53 instalaciones afectadas por la medida están Petrobras del Brasil, uno de los inversionistas más grandes de Bolivia, que controla el 14% de las reservas del gas en el país. El Ministro de energía de Brasil, Rondeau de Silas, reaccionó, considerando el movimiento como “antipático” y contrariamente al entendimiento histórico entre su país y Bolivia. Petrobras, Repsol YPF, PLC Británico del grupo del productor BG de gas y petróleo, Repsol y la francesa Total son las principales compañías del gas presentes en el país. Según Reuters, “el eco de las acciones de Bolivia, donde el presidente venezolano Hugo Chávez, aliado de Evo Morales, el quinto exportador más grande de petróleo del mundo con las migraciones forzadas y las alzas del impuesto retroactivo, hizo que los comandantes aceptaran gran parte de las condiciones del contrato.” YPFB pagaría a las compañías extranjeras sus servicios, ofreciendo cerca del 50% del valor de la producción, aunque el decreto indicó que las compañías en los campos de gas más grandes del país conseguirían apenas el 18%.5
La negociación y aprobación de los contratos por el poder legislativo (las cuales se realizaban por primera vez; es decir que anteriormente ninguna empresa capitalizada en Bolivia cumplía con todas las formalidades de la ley), tropieza con una oposición que no estaba dispuesta a discutir la aprobación de los contratos que mediante la presión popular se logra constitucionalizar en contratos petroleros.
Se estuvo negociando durante un período de 6 meses; dicha negociación había sido difícil, especialmente con la compañía brasileñá Petrobras. Petrobras rechazaba ls aumentos o la reducción a un abastecedor de servicios. Como resultado Andrés Soliz Rada, el ministro de energía boliviano, atascado en las negociaciones, terminó dimitiendo en octubre y fue substituido por Carlos Villegas. “nos obligan vivir con el Brasil en una unión sin divorcio, porque ambos nos necesitamos”, dijo Evo Morales en la ceremonia de firma del contrato, lo cual subraya la dependencia mutua de Brasil y de Bolivia en la producción del gas boliviano.6
La estatalización no termina con las empresas productoras, hoy en día también se estatalizó Transredes, la transportadora del gas que se encargaba de mantener y construir los gaseoductos. La estatalización de los hidrocarburos bolivianos coadyuva a la soberana decisión en la integración energética de la región sudamericana. Hasta el momento, los pactos realizados entre Argentina, Bolivia, Brasil, y Venezuela, demostraban un proceso de integración energética sudamericana.
Las negociaciones entre el gobierno boliviano y las compañías extranjeras se intensificaron durante la semana previa al plazo que finalizaba el 28 de octubre de 2006. Un día antes se alcanzó un acuerdo con dos de las compañías (incluida Total) y el sábado antes del plazo con el resto de las diez compañías restantes (Petrobras y Repsol YPF, entre ellas) el funcionamiento en Bolivia también había surgido de un acuerdo. Los detalles completos de los nuevos contratos no se habían dado a conocer, pero el objetivo del gobierno de levantar los réditos de los dos campos principales del 60% al 82% parecía haber sido alcanzado. La parte del rédito para el gobierno en los campos de menor importancia se fijaba en 60%.