Detalle del alogamiento del personal que intervino en el allanamiento.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pagó con fondos de los contribuyentes el operativo que la Policía Metropolitana realizó en Río Gallegos en el marco de la causa Hotesur por disposición del juez federal Claudio Bonadio. La pesquisa que tenía por finalidad obtener información sobre la empresa inmobiliaria de Máximo Kirchner fue realizada por medio centenar de efectivos de la fuerza creada por Mauricio Macri que no tiene alcance federal. El financiamiento de toda esa logística que se desarrolló durante seis días fue afrontado enteramente por las arcas porteñas en lugar de recurrir a la partida dispuesta para esos tramites prevista en el propio sistema judicial y de seguridad federal. En total se gastaron 10 millones de pesos.
• Disposición
El juez Bonadio dejó el procedimiento en manos de la Metropolitana y no requirió los fondos del Poder Judicial. Esta es una táctica habitual en la mayoría de los jueces federales que dejan los aspectos logísticos en manos de las fuerzas que utilizan. A nivel nacional solo pueden ser tres: la Policía Federal, la Gendarmeria y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El accionar de una fuerza de naturaleza municipal en un procedimiento federal abre interrogantes sobre las nociones en materia de seguridad que ofrece uno de los principales candidatos a la presidencia.
La operación de reserva de traslados y alojamiento se realizó mediante la agencia de turismo "Furlong Fox" firma de referencia en materia viajes corporativos y organización de encuentros y seminarios. Anoche, consultadas por este diario, fuentes judiciales negaban en forma terminante que Bonadio haya solicitado pedido alguno para financiar el operativo del caso Hotesur. En realidad, debe decirse, aún si lo hubiera hecho, la posibilidad de que ese requerimiento sea aceptado es nula.
La de ayer fue una madrugada de inquietud en el entorno del jefe de gobierno porque ya es casi seguro que en las próximas horas será denunciado por malversar fondos de los contribuyentes porteños.
• Custodia
Cincuenta policías que deberían custodiar las calles de la Capital se encontraban realizando operaciones en Santa Cruz. Sencillamente inaudito en términos de gestión eficiente y transparencia institucional. La onda expansiva de ese vendaval, en plena campaña, incluirá al ministro de Justicia Guillermo Montenegro, al jefe de la Metropolitana Horacio Jiménez y al subjefe Ricardo Pédase.
Los efectivos de la Metropolitana viajaron en micro 2500 kilómetros. Fueron dos días de ida y otros dos de regreso. En Río Gallegos se alojaron en el hotel El Comercio. Allí debieron alquilar vehículos (autos y camionetas). Todas las gestiones del viaje se hicieron con Furlong Fox. Intervinieron, tal cual se desprende de comunicaciones por correo electrónico, la gerente Susana Germana y la ejecutiva de cuentas María Marcela Blanco.
Esta disposición del gobierno de Macri se constituye en un contexto en el cual el propio Poder Judicial discute cómo ser más eficiente. Una cuestión que aparece en reiterados discursos del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti que tampoco recibió ningún tipo de consulta o información sobre una maniobra claramente signada por la ilegalidad y enmarcada en una campaña sucia que solo tiene por finalidad lograr algún tipo de injerencia en la arena electoral.